El Gobierno del PSOE-Sumar cayó esta mañana, tras las explosivas protestas que tuvieron lugar en todo el país el sábado por la crisis de la vivienda. Cientos de miles de trabajadores y jóvenes salieron a las calles para protestar contra la crisis de la vivienda, después de que el Parlamento rechazara dos decretos del Gobierno destinados a prohibir los desahucios. Las protestas se desarrollaron en más de 50 ciudades, bajo la consigna dominante de: “Hacia la huelga general”.
Esta mañana, el presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, alegando que necesitaba una “mayoría progresista mucho más amplia” para poder gobernar. Sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas se produjo ante la explosiva oposición al Gobierno desde la izquierda por parte de amplias masas de trabajadores y jóvenes.
El sábado, en Madrid, cuatro columnas confluyeron en la plaza de Cibeles. El Sindicato de Inquilinas, convocante de la protesta, cifró la asistencia en 500.000 personas. Las consignas reflejaban una oposición generalizada a la especulación inmobiliaria, al gobierno PSOE-Sumar y a políticos de derechas. Los manifestantes coreaban lemas contra los arrendatarios y los fondos de inversión: “¡Ni casas sin gente, ni gente sin casa!”, “Los invasores son los inversores”, “Fuera rentistas de nuestros barrios” y “Casas para vivir, no para invertir”. Había pancartas y cánticos de ' Hace falta ya una huelga general.'
Hubo una fuerte oposición al gobierno PSOE-Sumar y a su predecesor, el gobierno PSOE-Podemos, que se proclaman 'progresistas' pero aplican políticas contra los trabajadores. Los manifestantes coreaban, “¿Dónde está el Gobierno progresista?”, “Rentista culpable, Gobierno responsable”, “PSOE y Sumar, traidores responsables”, “¿Para quién gobernáis?” y “Ocho días de apoyo popular han hecho más que ocho años de Gobierno progresista.”
La movilización del sábado fue la culminación de una semana de protestas centradas en la ocupación de Puerta del Sol, en el centro de Madrid. La ocupación comenzó el 26 de septiembre, tras las protestas que convocaron el desalojo de Maricarmen. Este fin de semana, contaba con más de 1.200 tiendas de campaña.
Las acampadas se han extendido por toda España, mientras las protestas y huelgas juveniles sacuden Francia y se extienden por Europa. En Barcelona, la acampada de la plaza de Catalunya contaba con más de 500 tiendas. En Sevilla, cientos de personas participaron en la acampada, con más de 100 tiendas, mientras que en Málaga había entre 150 y 170 tiendas. También continúan las acampadas en Valencia, Bilbao, Santander, Palma y Las Palmas de Gran Canaria.
Más allá de Madrid, se celebraron manifestaciones en ciudades como Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Málaga, Santander, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Huelva, Granada, Santiago de Compostela, León, Zaragoza, Alicante, Castellón, Girona, Vigo, A Coruña, Lugo y Valladolid.
En Valencia participaron miles de manifestantes que terminaron enfrentándose con la policía al tratar de acceder al Palau de Les Arts, donde se celebraba el “Valencia Real Estate Summit 2026”, un congreso dedicado a la inversión y al negocio inmobiliario. Un grupo de manifestantes intentó romper el cordón policial y acceder al edificio. La Policía respondió con cargas, gas lacrimógeno y pelotas de goma, produciéndose enfrentamientos en los que fueron detenidas cinco personas.
La movilización comenzó tras el desalojo de Maricarmen, de 87 años, que había vivido en su casa en el barrio del Retiro de Madrid desde 1956. Tras tres intentos previos frustrados por protestas populares, el desalojo se llevó a cabo el 23 de septiembre. Maricarmen fue trasladada en camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Su caso puso de manifiesto la incapacidad de acceder a la vivienda para los trabajadores en España y a nivel internacional.
Durante ocho años, los gobiernos del PSOE, luego del PSOE-Podemos y finalmente del PSOE-Sumar no han tomado medidas para resolver la crisis de la vivienda. Los alquileres y los precios de la vivienda siguieron subiendo, mientras que los desahucios y la especulación inmobiliaria aumentaban.
Los socialdemócratas españoles y sus aliados pseudoizquierdistas están directamente implicados en la persecución de los inquilinos. CaixaBank es actualmente el mayor propietario privado de viviendas en alquiler identificado en España, con cerca de 22.000 inmuebles arrendados, por encima de los aproximadamente 19.600 que posee Blackstone. El Estado mantiene alrededor del 18 por ciento de las acciones de CaixaBank y está representado en su Consejo de Administración.
En ningún momento los sucesivos gobiernos en los que han participado el PSOE, Podemos o Sumar han intentado utilizar esta posición para defender a los inquilinos. Por el contrario, solo en 2025 se llevaron a cabo más de 25.500 desahucios y recuperaciones de viviendas por orden judicial.
La semana pasada, sacudido por las grandes movilizaciones, el Gobierno del PSOE-Sumar aprobó apresuradamente dos decretos de emergencia en materia de vivienda. Estos incluían una suspensión temporal de los desalojos para ciertas categorías de inquilinos vulnerables hasta 2030; restricciones limitadas a los aumentos anuales de alquiler, sin reducir alquileres ya exorbitantes; y prórrogas de los contratos de alquiler existentes.
Estos decretos no eran más que simples parches. No abordaban el aumento anual del 12,2 por ciento de los precios de la vivienda ni el hecho de que alquilar una vivienda cuesta ya el equivalente al 98,7 por ciento del salario mensual medio de un trabajador joven. Estos decretos tampoco abordaban el problema esencial que subyace a la crisis de la vivienda: la especulación inmobiliaria y la anarquía de los mercados financieros, es decir, al propio sistema capitalista.
Sin embargo, los diputados del partido nacionalista catalán de derechas Junts se sumaron a los del Partido Popular (PP), también de derechas, y a los del partido fascista Vox para rechazar los decretos.
Mientras Sánchez convoca elecciones y pide a los votantes que le den una mayoría más amplia, la política del PSOE y sus aliados pseudoizquierdistas como Podemos y Sumar no es satisfacer las demandas de los trabajadores.
Sánchez está tratando de crear las condiciones para estrangular y reprimir el emergente movimiento de masas, impedir el desarrollo de un movimiento huelguístico en los centros de trabajo y profundizar las políticas de austeridad y de guerra. En efecto, Sánchez convocó elecciones a pesar de que las encuestas indican que, si se celebrasen hoy, darían lugar a un Gobierno del PP y Vox. Al mismo tiempo, el Gobierno del PSOE-Sumar está trabajando para desplazar la situación política hacia la derecha, particularmente poniendo en el punto de mira a los migrantes.
El domingo, en el enclave español en África de Ceuta, tras la masacre del 30 y 31 de julio de migrantes procedentes de Marruecos, la Policía Nacional española y unidades militares, incluida la Guardia Civil, comenzaron a desalojar un campamento de más de 3.000 personas en la playa de El Tarajal. Detuvieron a menores y los trasladaron a dependencias policiales, mientras que los adultos fueron trasladados a un campo de internamiento en El Tarajal para su deportación a Marruecos.
Se puede predecir con seguridad que la brutal represión de los migrantes por parte del gobierno PSOE-Sumar alimentará la propaganda xenófoba de la extrema derecha española.
Está surgiendo un enfrentamiento entre la clase trabajadora y todo el establishment político español que plantea cuestiones críticas de perspectiva y estrategia política. Amplias capas de trabajadores y jóvenes sienten que solo una huelga general, es decir, la movilización total del poder social de la clase trabajadora puede resolver los problemas sociales que enfrentan. Sin embargo, esto plantea la cuestión de cómo construir un movimiento que prepare una huelga general y qué tareas afrontaría la clase trabajadora si, y cuando, estallara una huelga general.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, dijo el 3 de octubre que las protestas eran “un aviso a navegantes”, y pidió que “el poder vuelve a las calles”. Sin embargo, propuso que los trabajadores dejaran la preparación de la huelga general a las burocracias sindicales. Dijo, “la huelga general todavía no tiene fecha, no la podemos poner nosotras. Y para que sea realmente histórica tiene que haber un consenso entre todos los sindicatos laborales, pero seguramente será pronto porque lo está pidiendo la calle”.
Pero las dos principales confederaciones sindicales españolas, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), buscan en realidad contener y desactivar el movimiento.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, respondió a la demanda de una huelga general señalando que “es fácil de anunciar, registrar y, un poco más complejo, hacerlo” y que las organizaciones sindicales debían realizar primero un “debate interno” y hablar con el Sindicato de Inquilinas.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, propuso vagamente participar en el movimiento, afirmando que las movilizaciones debían “tener una dimensión laboral que fijaremos en los próximos días”.
La movilización del 3 de octubre demuestra que hay una enorme disposición para luchar. Pero esa disposición requiere construir organizaciones en la clase trabajadora y entre la juventud, independientes de las burocracias sindicales y de los partidos que defienden el orden existente, y que puedan superar el obstáculo que suponen para la lucha de clases revolucionaria.
Los trabajadores y los jóvenes deben arrebatar la lucha de las manos de las burocracias sindicales. Estas están estrechamente vinculadas al Gobierno del PSOE-Sumar: la burocracia de UGT con el PSOE y la burocracia de CCOO con los elementos estalinistas de Sumar. Llamar a los trabajadores a esperar a que las burocracias sindicales organicen una lucha significa, en realidad, retrasar y obstaculizar el desarrollo de la lucha de clases.
La cuestión no consiste en ejercer una presión abstracta sobre las direcciones sindicales para que “hagan algo”, sino en construir organizaciones desde abajo capaces de transformar la enorme indignación social existente en la clase trabajadora en lucha social y, en última instancia, en acción revolucionaria internacional.
Los trabajadores deben organizar asambleas en sus lugares de trabajo y barrios y formar comités de base, independientes de las burocracias sindicales. Estos comités pueden coordinarse entre sí, unir a trabajadores de distintas ramas y de distintos países y preparar colectivamente una huelga general. La lucha debe avanzar desde la defensa de la vivienda hacia una ofensiva general de la clase trabajadora, vinculando la lucha por la vivienda con la lucha contra la guerra, la austeridad, los bajos salarios y los despidos.
Los trabajadores no pueden resolver la crisis de la vivienda sin enfrentarse al sistema capitalista que la produce. Para que la vivienda y otras necesidades dejen de ser mercancías sujetas a la especulación y se conviertan en derechos sociales, deben abolirse los privilegios de la oligarquía capitalista, tanto en España como internacionalmente.
Dotar a la clase trabajadora de una perspectiva política de este tipo exige construir una dirección revolucionaria de la clase trabajadora, con secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en España y en toda Europa, que luche por la unidad internacional de la clase obrera y por la reorganización socialista de la sociedad.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de octubre de 2026)