Los camioneros mexicanos están convocando a una huelga nacional para liberar a un compañero detenido tras una colisión ocurrida el 25 de septiembre con un vehículo de patrulla de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Carretera Federal 54, cerca de la comunidad de Sierra Vieja, en Villa de Cos, Zacatecas. Un agente perdió la vida. Las autoridades anunciaron a las pocas horas que habían detenido a “la persona responsable”, antes de que se presentaran cargos o pruebas. Los trabajadores han rechazado de manera abrumadora la versión oficial, y muchos acusan a los agentes de intentar extorsionar al conductor.

La convocatoria a la huelga es la señal más reciente de la creciente militancia entre los camioneros de toda América del Norte. Del 3 al 6 de septiembre, cientos de conductores mexicanos transfronterizos bloquearon los puertos de entrada de Mexicali-Calexico y San Luis Río Colorado-Yuma para protestar contra la revocación masiva de sus visas B-1 por parte de la administración de Trump. En Estados Unidos, se extendieron los llamados a un paro el 1 de octubre entre los conductores agobiados por los precios del diésel, que alcanzaron los 6,44 dólares por galón a finales de septiembre, impulsados al alza por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A ambos lados de la frontera, los camioneros se están organizando a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, al margen de las cámaras patronales y los sindicatos oficiales, y se enfrentan a un Estado que los trata como sospechosos.

La lucha por liberar al camionero de Zacatecas plantea cuestiones políticas fundamentales para los trabajadores en México y a nivel internacional. Los puestos de control de la FGR que los camioneros denuncian como esquemas de extorsión forman parte del aparato de seguridad que el gobierno de Morena (Movimiento Nacional de Regeneración) de la presidenta Claudia Sheinbaum ha ampliado en estrecha coordinación con Washington, y que ha vuelto repetidamente en contra de los camioneros y agricultores que protestan. Las cámaras patronales y las organizaciones de transporte han pasado el último año “coordinándose” con esas mismas agencias. La defensa de este conductor, y de los conductores en general, recae en las bases, organizadas independientemente de Morena, los patronos y las burocracias sindicales, y unidas a los trabajadores del transporte y la logística en Estados Unidos y en todas las Américas que se enfrentan a las mismas empresas, las mismas cadenas de suministro y la misma crisis impulsada por la guerra.

Relatos oficiales contradictorios

El día del accidente, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, informó que un agente de la FGR había fallecido y tres resultaron heridos mientras realizaban “tareas operativas” en la carretera.

Los informes iniciales indicaban que los agentes se encontraban en un punto de inspección. El 27 de septiembre, la FGR emitió un comunicado en el que negaba esto. “Contrario a lo que han indicado algunos informes de prensa, los hechos no ocurrieron en un punto de control”, afirmó la agencia. Según su versión, tres agentes de la Policía Ministerial Federal le hicieron señas a un camión para que se detuviera, el conductor huyó y, durante la persecución, el camión “embistió a la unidad policial que lo perseguía”, volcándola, lo que causó la muerte de un agente y dejó heridos a otros dos.

Ninguna de las versiones explica por qué los agentes ordenaron que el camión se detuviera, qué hacían en ese tramo de la carretera ni si se identificaron. No se ha hecho pública ninguna evidencia que demuestre que el conductor causó el choque. Más de 10 días después del arresto, las autoridades no han revelado su identidad ni dónde se encuentra detenido, y no se han anunciado cargos en su contra.

“Están ahí para robarnos”

El conductor ha recibido una oleada masiva de apoyo en las redes sociales. En un video de Facebook con más de 850.000 visitas, un camionero llamó a los trabajadores a defender al conductor y denunció la criminalidad de las agencias de seguridad. “Todos sabemos qué hacían esos agentes allí”, dijo. “Están ahí para robarnos”. Acusó a los agentes de la FGR de instalar habitualmente puestos de control en lugares de poca visibilidad, enmascarados, comportándose de manera agresiva y sin identificarse ni identificar sus vehículos.

Argumentó que las autoridades temen dar a conocer la identidad del conductor porque “saben que todos estamos del lado de ese hombre”, e instó a los camioneros a “apoyar a su compañero” mientras las autoridades le imponen “todo el peso de la ley”. Contrastó la rapidez de la detención con la impunidad que rodea los ataques diarios contra los conductores: “¿Cuántos camioneros son atacados en la carretera cada día y no han obtenido justicia?”

En más de 3.700 comentarios, los trabajadores exigieron la liberación del conductor, convocaron a una huelga nacional y denunciaron los robos por parte de agentes de la FGR. El comentario más destacado pedía “un paro nacional de una o dos horas al día”, argumentando que un paro general del transporte a nivel nacional causaría grandes pérdidas económicas y obligaría al gobierno a responder. Un conductor describió la rutina: “Siempre te preguntan qué tipo de carga llevas. Si no les interesa, simplemente te dicen que sigas tu camino, pero si les gusta lo que llevas, eso ya es otra historia”.

Extorsión en las carreteras

La indignación refleja las condiciones que enfrentan los conductores todos los días. La Guardia Nacional registró 6.263 robos a vehículos de carga en 2025. Las autoridades se jactan de que la cifra disminuyó en el primer semestre de 2026, pero fuentes del sector le dijeron a El Financiero que siete de cada diez robos ahora implican violencia. La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) estima que alrededor de 200 conductores han desaparecido desde que Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024.

El propio gobierno de Zacatecas había reconocido la extorsión por parte de agentes de la FGR. El 10 de junio, el gobernador David Monreal, de Morena, denunció un “puesto de control de extorsión” operado por la delegación de la FGR en Coahuila en la Carretera 54, en la frontera con Zacatecas, donde, según él, los agentes habían extorsionado a migrantes y otros viajeros durante casi dos décadas. El 22 de septiembre, tres días antes del accidente, la legislatura estatal instó por unanimidad a la FGR a investigar su puesto de control en la Carretera 49, en Rancho Grande, en Fresnillo, tras testimonios de que se había obligado a los conductores a pagar entre 50.000 y 60.000 pesos bajo la amenaza de ser entregados a las autoridades federales.

Las mismas prácticas han sido denunciadas en Michoacán. El 24 de agosto, una caravana de conductores del puerto de Lázaro Cárdenas se dirigió a las oficinas de la FGR en Morelia para protestar contra la extorsión en los puestos de control de las carreteras y exigir la liberación de un colega detenido por agentes de la FGR en un puesto de control cerca de Taretan. La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) hizo pública una denuncia en la que se afirmaba que un funcionario regional de la FGR había exigido pagos mensuales para eliminar los controles, y lo citó diciendo:

Tiene derecho a instalar los puestos de control que quiera, y si queremos que los quite, tenemos que pagar las cuotas mensuales. Sus acciones cuentan con el respaldo de Ernestina Godoy, la fiscal de la FGR, y nadie va a hacer nada en su contra porque él es la ley en Michoacán.

Los conductores denunciaron que se les exigían hasta 300.000 pesos por camión.

El gobierno de Morena cierra filas

La respuesta del mismo gobierno estatal ante los puestos de control fue solicitar a la FGR que suspendiera el de Rancho Grande y proponer, a través del secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, que los que permanecieran operaran en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La extorsión por parte de una fuerza policial debe ser controlada por otra: la Guardia Nacional, que Morena puso bajo el mando del Ejército mediante una enmienda constitucional en septiembre de 2024.

Esta es la política federal. El 5 de septiembre, tres semanas antes del accidente, Sheinbaum convocó al Gabinete de Seguridad Nacional en Zacatecas junto con Monreal, los secretarios de Defensa y de la Marina, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y elogió la “coordinación” entre las fuerzas federales y estatales. La FGR es formalmente autónoma, pero está dirigida por Ernestina Godoy, exasesora jurídica de Sheinbaum, a quien el Senado, controlado por Morena, nombró en diciembre de 2025 para un mandato de nueve años después de que la presidenta orquestara la salida de su predecesor, Alejandro Gertz Manero.

El gobierno ha mostrado la misma hostilidad hacia los camioneros que actúan por su cuenta. Antes de la huelga nacional del 6 de abril de camioneros y agricultores contra la inseguridad y el aumento vertiginoso de los precios del diésel, Sheinbaum declaró que “no había razón” para bloquear las carreteras y culpó a “tres o cuatro líderes”. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, preguntó: “¿Cuál es la razón por la que están protestando?”. Cuando la huelga se llevó a cabo, la policía antidisturbios de Tlaxcala, enviada por la gobernadora de Morena, Lorena Cuéllar, disolvió un bloqueo con gas lacrimógeno y cañones de agua y detuvo a los manifestantes. La ANTAC suspendió la acción y declaró:

Las mismas autoridades que han estado ausentes tantas veces cuando la delincuencia roba, ataca, desaparece y quita vidas se presentaron esta vez… pero para reprimir, golpear y detener a quienes solo piden vivir y trabajar con dignidad.

El patrón se extiende a la frontera. Durante el bloqueo de la B-1, las autoridades celebraron una reunión con la Secretaría de Gobernación a la que no se invitó a los conductores. Sheinbaum ha desplegado 10.000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional en la frontera norte a petición de Trump y firmó un pacto de seguridad con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. La prioridad del gobierno de Morena es el flujo ininterrumpido de mercancías a través de las cadenas de suministro norteamericanas que Washington está integrando en su economía de guerra. Su policía sirve como mecanismo para extorsionar a los conductores y como fuerza para despejar las carreteras de sus protestas.

El historial de la Fiscalía General de la República no deja lugar a ilusiones. En la Operación Limpieza de 2008, los investigadores descubrieron infiltración de los cárteles en las altas esferas de su predecesora, la PGR, incluyendo a altos funcionarios acusados de vender información clasificada al crimen organizado. La comisión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 lo calificó como un “crimen de Estado” en el que participaron la policía federal, los fiscales, el ejército y los servicios de inteligencia. Fue la PGR la que dirigió la investigación inicial de 2014 —y su encubrimiento—.

Las cámaras patronales y la “coordinación” con la FGR

Las organizaciones oficiales de transporte han reaccionado de manera muy diferente a la de las bases. Antes de la huelga de abril, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) se unió a otras organizaciones para rechazar la movilización, calificando las acciones de bloqueo como «ajenas a los canales institucionales». Durante el bloqueo B-1, un representante de la CANACAR dijo: “Espero que no se extienda a Tijuana”. Los conductores en el cruce de Mexicali entendieron de qué lado estaba la cámara. Cuando un funcionario local de la CANACAR explicó que se había estado reuniendo con el ICE y la CBP cuando se revocaron 17 visas, un trabajador le respondió: “Exacto, tú estás con el ICE y la CBP”.

En Michoacán, la protesta fue liderada por Conatram, una asociación local de transporte, y un sindicato de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores y Campesinos (CROC), un pilar del aparato laboral corporativista construido bajo el PRI. Terminó en un acuerdo negociado para retirar los puestos de control en ese estado, sin cuestionar el aparato que los respalda. Un representante declaró: “No nos oponemos a las inspecciones”, y solo pidió que se llevaran a cabo de manera legal y “con respeto”. Una semana después, el 1 de septiembre, Conatram, CANACAR y otros grupos de la industria se reunieron con Héctor Elizalde, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR —la misma agencia cuyos agentes estuvieron involucrados en el accidente de Zacatecas— y reafirmaron su “disposición a trabajar de manera coordinada con las autoridades”.

Al momento de la publicación, ninguna de las principales organizaciones de transporte analizadas para este artículo ha exigido públicamente la liberación del conductor de Zacatecas. El contraste con los miles de conductores que exigen medidas de huelga y se organizan a través de las redes sociales no podría ser más marcado.

Una lucha internacional

Las luchas de los conductores mexicanos no pueden ganarse dentro de las fronteras nacionales. La misma crisis de combustible provocada por la guerra está asfixiando a los conductores y a los propietarios-operadores a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, y los conductores transfronterizos transportan la carga de las mismas corporaciones a ambos lados de la frontera. La administración de Trump ha revocado más de 25.000 visas B-1 de conductores comerciales mexicanos, según estimaciones de CANACAR, acusándolos de cabotaje ilegal con argumentos de lo más endebles. En Estados Unidos, aprovechó un accidente mortal ocurrido en Florida en agosto de 2025, en el que estuvo involucrado un conductor inmigrante, para lanzar una campaña de represión generalizada contra las licencias comerciales de los camioneros inmigrantes. En ambos países, un accidente se convierte en el pretexto para criminalizar a los conductores.

El llamado a una huelga nacional demuestra el instinto correcto. Para tener éxito, los conductores necesitan sus propias organizaciones: comités de base, controlados democráticamente por los propios conductores, independientes de las cámaras patronales, de la CROC y de las demás burocracias sindicales, así como de Morena y de todos los partidos capitalistas. Dichos comités pueden exigir la liberación del conductor, la divulgación pública de lo que hacían los agentes en la Carretera 54 y el desmantelamiento de los puestos de control extorsivos. Deben acercarse a los trabajadores de logística, puertos, automotrices y agrícolas en México y conectarse con los conductores en Estados Unidos y Canadá a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB), uniendo a los trabajadores a través de las fronteras contra las corporaciones y los gobiernos que les sirven.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de octubre de 2026)