La noche del 8 de octubre, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abandonaron las negociaciones en la Secretaría de Gobernación (Segob) después de más de siete horas sin resultados. Convocaron un paro nacional por iniciativa propia, sin la aprobación de su sindicato y en oposición a este. Al anochecer, habían instalado tiendas de campaña frente a la sede del IMSS, en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México.

Para la mañana siguiente, los trabajadores habían suspendido la atención ambulatoria en clínicas de Chihuahua y bloqueaban carreteras en Ciudad de México, el Estado de México, San Luis Potosí y Querétaro. A lo largo de esos dos días, hubo protestas de trabajadores en al menos 17 estados y en la capital.

La mesa de la Segob pretendía encauzar la rebelión de las bases hacia los canales oficiales antes de la votación del 14 de octubre sobre el acuerdo salarial negociado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que contempla apenas un aumento del 2,9 por ciento al salario base, por debajo de la tasa de inflación.

Sin embargo, ocurrió lo contrario. Las siete horas en la calle Bucareli mostraron a los delegados que la Secretaría y la burocracia sindical actuaban de manera conjunta para imponer ese acuerdo; los trabajadores respondieron tomando la lucha en sus propias manos.

Una mesa concebida para intimidar, no para negociar

Las negociaciones comenzaron poco después de las 11:00 a. m. en el Palacio de Cobián, sede de la Segob en Bucareli. Tonatiuh Ramírez, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría, representó a la Segob. El SNTSS envió a Jesús Adrián Manjarrez Lafarga, su secretario de Conflictos. Frente a ellos estaban 37 delegados, uno por cada sección sindical, y Eduardo Vinicio Hernández, en representación de los jubilados. Ningún informe sitúa en la mesa al secretario general, Rafael Olivos Hernández.

Una delegada cuyo nombre no se ha dado a conocer describió las conversaciones a Salud FM frente al edificio:

Repasamos los puntos que habíamos llevado y pedimos explícitamente una respuesta a cada uno de ellos. Sin embargo, en ningún momento dieron una respuesta directa; todo el tiempo se limitaron a leer la historia del sindicato, los estatutos y diversas cláusulas… Finalmente, los 37 acordamos preguntar una última vez: ¿habían venido a negociar o solo a conversar con nosotros? En esencia, respondieron que habían venido a escuchar nuestras demandas, no a negociar.

Según la delegada y los informes de prensa, al entrar les quitaron los teléfonos a los delegados. Ella afirmó que la Segob “mantuvo acceso constante a cámaras, teléfonos celulares y medios de comunicación con el mundo exterior”, con el argumento de que, dado que controlaba “todo el país”, los 37 “no podían detener la atención de otros asuntos”. Los delegados denunciaron que esto violaba su libertad de expresión, pues no podían contarles a los trabajadores que esperaban afuera lo que se estaba diciendo.

Por la tarde, según los delegados, los abogados presentes en la sala los amenazaron con sanciones administrativas. Cuando intentaron salir, no se lo permitieron. Un delegado logró avisar a quienes estaban afuera que los estaban intimidando y reteniendo. La multitud respondió coreando “¡Esto es un secuestro!” y “¡Queremos a los 37 más uno!”. Los dirigentes del movimiento pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Después, Manjarrez se quejó de que “no hubo disposición para escucharnos” y declaró que “nadie debe pretender sustituir la voluntad de las bases”. El blanco eran los 37 delegados: la burocracia que redactó el acuerdo invoca a las bases para negar toda autoridad a los delegados de las secciones en protesta e imponer su propia votación. El sindicato añadió que “condena las acciones violentas que puedan ocurrir hoy o mañana”.

Los delegados dieron una versión distinta. Vinicio Hernández dijo en una entrevista que los 37 se levantaron de la mesa porque el propio sindicato les dijo: “No queremos negociar”. Añadió: “En vez de actuar como árbitro, Gobernación intentó imponer que esta votación siguiera adelante”.

Los delegados salieron sin ilusiones de que el proceso “democrático” fuera otra cosa que una agenda pactada entre el sindicato y el Gobierno. Se desvaneció su esperanza de convocar un congreso extraordinario. Según dijeron, los dirigentes y funcionarios sindicales se negaron a modificar el acuerdo o las condiciones de la votación y los instaron a llevar a las bases a las urnas para ratificar un aumento del 2,9 por ciento, muy por debajo del 10 por ciento que exigían los trabajadores.

La Segob solo ofreció supervisar la votación y garantizar su “imparcialidad y validez jurídica”, dijo la delegada cuyo nombre no se ha dado a conocer. Preguntó:

¿Cómo pueden garantizar la validez de un proceso cuando todos los días me ponen un cuchillo en la garganta y me dicen: “Si votas ‘sí’, seguimos trabajando; si votas ‘no’, te vas a huelga”? Todos los trabajadores están bajo amenaza; esto no es una consulta democrática, está amañada.

Por medio de la Segob, los delegados pidieron a los representantes del SNTSS una garantía por escrito de que el sindicato no perseguiría, hostigaría ni reprimiría a ningún trabajador. “Al final, se negaron a dárnosla”, dijo Vinicio Hernández. La delegada anónima dejó claro de qué lado estaba el sindicato: “Responsabilizo por nuestra seguridad a los miembros del congreso que estuvieron presentes hoy, al secretario general y a nuestros compañeros funcionarios sindicales… Los hago responsables de cualquier cosa que pueda pasarnos”.

La mesa pretendía funcionar como una válvula de escape. Estalló ese mismo día. “Ahora vamos a tomar medidas radicales; vamos a bloquear las calles”, dijo la delegada. “Ni un solo paso atrás”.

Un paro convocado desde abajo

Después de que los delegados abandonaran la mesa alrededor de las 6 p. m., las bases convocaron paros por encima de la dirigencia sindical. “Estamos convocando un paro nacional. Necesitamos que los compañeros tomen sus centros de trabajo”, dijo América Barragán, enfermera de la Sección 3 de Jalisco.

Esa noche, los trabajadores informaron de paros escalonados en unas 20 unidades del IMSS. Durante el día, trabajadores en activo y jubilados habían marchado en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. En Ciudad de México, trabajadores de San Luis Potosí, Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro y Tabasco habían mantenido bloqueada la avenida Reforma a la altura de Insurgentes durante más de ocho horas, y al menos 50 trabajadores bloquearon la sede del IMSS durante toda la noche.

En San Luis Potosí, una marcha bloqueó la carretera 57 y después los trabajadores instalaron un plantón frente a las oficinas de la Sección 18 del SNTSS. Una enfermera llamada Karina dijo que los trabajadores compran con su propio dinero glucómetros, tiras reactivas, brazaletes para medir la presión arterial y termómetros. “El salario mínimo aumentó un 13 por ciento en todo México, y el nuestro, un 2,9 por ciento”, señaló.

Para la mañana del viernes, el campamento había cerrado Reforma desde Río de la Plata hasta la fuente de la Diana Cazadora, con tiendas de campaña instaladas sobre la calzada. Los trabajadores bloquearon Bucareli, la avenida Chapultepec, Circuito Interior y otras arterias, una unidad del IMSS en Tláhuac y la calzada del Hueso frente al Hospital General de Zona 32. En el Estado de México, bloquearon el Hospital General Regional 200 de Tecámac, la Clínica 72 de la avenida Gustavo Baz y la carretera México-Pachuca, además del Periférico Norte. También se reportaron protestas en Hidalgo, Baja California Sur, Puebla y Coahuila.

En la ciudad de Chihuahua, los trabajadores cerraron las avenidas frente al Hospital Morelos la noche del jueves y, el viernes por la mañana, suspendieron los servicios de consulta externa, farmacia y laboratorio del Hospital Morelos y de varias unidades de medicina familiar. El paro mostró quién mantiene en funcionamiento las clínicas. En Ciudad Juárez, el personal convocó una protesta para la tarde del viernes por la escasez de medicamentos.

En Querétaro, unos 250 trabajadores se concentraron en la capital del estado y 130 en San Juan del Río. Una movilización de esta magnitud solo fue posible porque los trabajadores se organizaron de manera independiente y en oposición tanto al Gobierno como al sindicato.

El Gobierno y el sindicato cierran filas

La presidenta Claudia Sheinbaum no mencionó a los huelguistas en su conferencia de prensa del 9 de octubre. En cambio, anunció una gira por hospitales del IMSS-Bienestar “desde ahora hasta diciembre”. El IMSS-Bienestar, el sistema federal al que su Gobierno ha incorporado los servicios de salud de 24 estados, es distinto del IMSS, donde se desarrolla el paro. Sheinbaum dijo que iría “a ver cuál es el problema, qué hace falta”, y que se reuniría con directores de hospitales, coordinadores regionales y el director del sistema, Alejandro Svarch.

El 22 de septiembre, Sheinbaum dijo a los periodistas que “no era cierto” que hubiera protestas en todo el país. Ahora que las bases se han vuelto imposibles de ignorar, recorrerá las salas hospitalarias con los administradores que las dirigen, no con los trabajadores cuyas demandas su Gobierno acaba de rechazar en la Segob.

La Segob negó que alguien hubiera sido retenido e instó a los trabajadores a “no afectar a la población con bloqueos de calles”. La Secretaría presenta a los trabajadores que mantienen en funcionamiento los hospitales en deterioro como una amenaza para la población que depende de ellos.

Por su parte, el SNTSS adopta una postura verdaderamente orwelliana. “El respeto al derecho a la protesta debe ir acompañado del respeto a la salud y la vida de los pacientes”, decía su comunicado. El sindicato invoca la salud y la vida de los pacientes para condenar a sus propios miembros, mientras guarda silencio sobre el daño que la austeridad impuesta a la salud pública por el Gobierno de Morena causa a los pacientes. Todos los días, estos se enfrentan a la escasez de medicamentos, puestos vacantes y a que se agoten las suturas y la esponja hemostática Gelfoam en el quirófano, mientras las enfermeras de neonatología llevan sus propios insumos.

Las prioridades del Gobierno están plasmadas en el presupuesto de 2027 que Sheinbaum envió al Congreso el 8 de septiembre. La presidenta presume de un aumento del 11,3 por ciento para salud; sin embargo, el gasto total en salud alcanzaría apenas el 2,9 por ciento del PIB, menos de la mitad del 6 por ciento recomendado por la Organización Panamericana de la Salud. El gasto en educación, ciencia y cultura sería del 3,5 por ciento. El servicio de la deuda pública costaría 1,575 billones de pesos, o el 4 por ciento del PIB, más de lo que el Gobierno planea pedir prestado durante todo el año. El gasto en programas de cuidados caería un 1,6 por ciento en términos reales, mientras que el presupuesto de la Marina aumentaría casi un 20 por ciento después de descontar la inflación. El 2 de octubre, el Fondo Monetario Internacional pidió una consolidación fiscal más ambiciosa y acelerada, es decir, recortes más profundos.

El sindicato prometió que “no habrá represalias contra ningún trabajador por expresar su desacuerdo”. Su comunicado decía que la protesta “no constituye, por sí misma, una falta disciplinaria”. Las palabras “por sí misma” dejan abierta la puerta. El artículo 136 Bis, incorporado en septiembre a los estatutos sindicales para castigar a los trabajadores que denuncien públicamente la escasez, sigue vigente. En Querétaro, los trabajadores ya han informado de amenazas contra el personal que se sumó al paro.

La promesa demuestra el temor de la burocracia ante las bases, y los trabajadores tienen motivos para no confiar en ella. En 2019, cuando decenas de miles de trabajadores de las maquiladoras de Matamoros hicieron huelga desafiando a su sindicato, las empresas despidieron al menos a 4.000 de ellos y el Gobierno recién instalado de Andrés Manuel López Obrador no hizo nada para protegerlos. Por el contrario, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, instó al sindicato local y a sus aliados a poner fin a la huelga, y los trabajadores denunciaron entonces que había ordenado a la policía estatal de Tamaulipas desalojar los piquetes y reabrir las puertas de las fábricas.

“Nos dejaron solos”

Afuera de la Segob, los trabajadores dijeron que la Secretaría “siempre ha estado del lado del SNTSS” y que las negociaciones eran una “distracción”. Según ellos, el Gobierno federal y el sindicato habían “traicionado a las bases”. Esa noche, frente a la sede del IMSS, los trabajadores dijeron de la dirigencia sindical: “Ellos son quienes rompieron este pacto con el trabajador. Nos dejaron solos”. Enfermeras en Reforma dijeron que una parte del sindicato les había “dado la espalda”.

Los trabajadores rechazan las condiciones de la votación del 14 de octubre que la Segob intentó imponer. El sindicato redactó la pregunta, integra los comités electorales en cada sección y contará las papeletas, mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral certificará el resultado. Miroslava Vargas, enfermera del Hospital Carlos McGregor de Ciudad de México, dijo: “Tienen que votar que no, porque lo que queremos es un congreso claro y transparente”.

Javier Vázquez, representante del movimiento en Reforma, dijo a los periodistas que este surgió de las bases. Ahí reside su fuerza. El paro fue convocado en la calle, no por el sindicato, y lo llevaron a cabo los trabajadores en sus propias unidades.

La publicación de la delegada anónima sobre las negociaciones ha recibido 42.600 “me gusta” y 10.000 compartidos. “Está clarísimo que todos ellos —el secretario general, el director del IMSS, el secretario de Gobernación, etc.— son una MAFIA”, escribió una persona en los comentarios. Otra escribió simplemente: “Al estilo de la 4T”, en alusión burlona a la “Cuarta Transformación” que prometieron López Obrador y Morena.

El camino a seguir

En dos días, los trabajadores han demostrado que son ellos, y no el SNTSS, quienes deciden si las clínicas funcionan. Los paros necesitan ahora una organización que responda ante ellos. Los trabajadores del IMSS deben elegir comités de base en cada hospital, clínica y departamento, independientes del SNTSS, del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), de Morena y de todos los demás partidos capitalistas, con delegados elegidos en asambleas en los centros de trabajo y sujetos a revocación.

Esos comités pondrían la dirección de los paros en manos de los propios trabajadores y vincularían el campamento de Reforma con el plantón en San Luis Potosí, las clínicas de Chihuahua y los trabajadores del IMSS-Bienestar cuyos hospitales recorre ahora la presidenta. Deben exigir que las listas electorales y el recuento del 14 de octubre se hagan públicos, y deben colocar observadores propios en cada centro de votación para impedir cualquier intimidación y coacción.

El Gobierno y el aparato sindical han demostrado que sus intereses están del lado de los acreedores e inversionistas a los que sirve el presupuesto, y de la supresión de las quejas de los trabajadores que eso exige. Los comités de base pueden convertirse en el núcleo de un movimiento por el cual los trabajadores luchen por el poder político, para que la atención médica y las demás industrias esenciales de la sociedad se administren de acuerdo con las necesidades sociales, no con las ganancias de banqueros y financieros.

La Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) se fundó para unir estas luchas a través de las fronteras. El World Socialist Web Site insta a los trabajadores del IMSS y del IMSS-Bienestar que quieran construir estos comités a ponerse en contacto con nosotros.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10/10/2026)