Estado del Sistema Humanitario 2026, publicado por ALNAP (Red de Aprendizaje Activo para la Rendición de Cuentas y el Desempeño en la acción humanitaria), ha revelado que el año pasado recibieron ayuda 64 millones de personas menos.

Las agencias de ayuda se centraban exclusivamente en quienes corrían un peligro inmediato de muerte, al tiempo que reducían drásticamente su apoyo a las necesidades a largo plazo y a las medidas destinadas a garantizar la capacidad de recuperación ante las crisis.

El sistema humanitario ha sufrido una de sus mayores contracciones desde su creación en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial como resultado de un recorte del 30 por ciento en las contribuciones a la ayuda humanitaria entre 2022 y 2025, de 47.500 millones a 33.300 millones de dólares, y la pérdida de miles de empleos de trabajadores de ayuda humanitaria.

ALNAP advirtió que el sistema de ayuda humanitaria se está desmoronando en medio de recortes de financiación, las crecientes demandas y la escalada de la violencia estatal. Su principal conclusión es también la que cuenta con un mayor respaldo empírico: la violencia ejercida por los Estados es hoy el principal motor del desplazamiento de población en el mundo, muy por encima de los desastres naturales, las sequías y los terremotos, así como de la violencia perpetrada por grupos armados no estatales. La inmensa mayoría de las personas que hoy se ven obligadas a abandonar sus hogares huyen de los ejércitos estatales, las políticas gubernamentales y las crisis provocadas deliberadamente por los propios gobiernos.

Desde 1991, Estados Unidos, respaldado por sus aliados, ha estado involucrado en guerras perpetuas que han desplazado a poblaciones completas y destruido a sociedades completas. Una estimación conservadora del número de personas desplazadas por estas guerras, basada en datos del Costs of War Project (Universidad de Brown), ronda los 40 millones, con un límite superior plausible de 50 a 60 millones.

Los gobiernos no se limitan a incumplir su obligación de proteger a la población civil, sino que son directamente responsables de ponerla en peligro, incluso mediante el desplazamiento forzoso, la obstrucción de la ayuda humanitaria y los ataques contra los trabajadores humanitarios.

Estado del Sistema Humanitario 2026 documenta la obstrucción al acceso humanitario a través de una serie de mecanismos administrativos, territoriales, militares, legales, políticos e informativos. La violencia estatal es hoy la principal fuente de amenazas y daños contra el personal humanitario, mediante ataques aéreos, bombardeos de artillería, detenciones, criminalización, intimidación, vigilancia, propaganda y violencia ejercida a través de grupos interpuestos, utilizados deliberadamente como instrumentos de guerra y de control gubernamental para restringir la ayuda humanitaria y controlar a la población civil.

En 2025, por ejemplo, más de 1.180 trabajadores humanitarios de todo el mundo fueron víctimas de ataques graves, impulsados en gran medida por la guerra genocida de Israel en los territorios palestinos ocupados, donde murieron 187 trabajadores humanitarios, 80 resultaron heridos, 23 fueron detenidos y dos fueron secuestrados. Los gobiernos son hoy los principales responsables de las violaciones de las normas humanitarias —y lo hacen deliberadamente—, al atacar a la población civil y a los trabajadores humanitarios, obstaculizar el acceso a la ayuda, destruir infraestructuras y utilizar la privación de recursos como arma.

El informe concluye que el sistema humanitario se está derrumbando porque los Estados han dejado de ser garantes de la protección para convertirse en responsables de causar daños a gran escala. Los mismos gobiernos —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón— que antes afirmaban defender el sistema humanitario global ahora lo están desmantelando activamente.

ALNAP solo ha confirmado lo que las organizaciones internacionales de derechos humanos y las agencias de la ONU han documentado durante años: la violencia estatal —no los desastres, ni los actores no estatales— es el principal motor del desplazamiento, daños civiles y ataques a los trabajadores humanitarios.

El informe es significativo porque ALNAP es una red que agrupa a las principales ONG nacionales e internacionales, organismos de las Naciones Unidas, miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, organizaciones donantes bilaterales y multilaterales, académicos y centros de estudios. Su misión es evaluar el desempeño del sistema humanitario y tiene su sede en Londres, en el Overseas Development Institute (ODI).

Aunque ALNAP documenta el papel político que desempeñan los gobiernos en la generación de desplazamientos forzosos, ignora el papel de la economía política mundial de destrucción, austeridad y desigualdad, impulsada por las principales potencias capitalistas, cuyas políticas vienen dictadas por las grandes corporaciones y las instituciones financieras, a instancias de los oligarcas que las controlan.

Como todas las ONG, agencias de la ONU y agencias humanitarias, ALNAP afirma que el colapso del sistema humanitario puede resolverse mediante más financiación, mejor coordinación, mejor acceso y un renovado respeto a las normas humanitarias. Apela a los mismos Estados que han generado crisis a una escala que ningún aparato humanitario podría absorber, y que ahora están retirando los recursos que antes mantenían la ilusión de la atención global.

Durante décadas, tras la Segunda Guerra Mundial, los estados imperialistas utilizaron el humanitarismo para ocultar la violencia de su política exterior y externalizar la responsabilidad de las crisis, manteniendo así una legitimidad moral barata y estabilizando regiones sin aceptar refugiados. Ante la profundización de la crisis del capitalismo mundial, esta política está siendo abandonada en favor de la violencia estatal contra los más oprimidos.

Como explicó el World Socialist Web Site en su análisis del desmantelamiento de USAID por parte de la administración Trump: La USAID fue fundada en 1961 para “proporcionar una cobertura democrática y humanitaria a la defensa de los intereses imperialistas en todo el mundo”. Su abandono es una señal de que el imperialismo estadounidense, en bancarrota, ya no puede permitirse la cobertura humanitaria de sus acciones depredadoras y que, a partir de ahora, recurrirá a una violencia brutal para defender sus intereses.

En cambio, el gasto en defensa para las guerras existentes y futuras está aumentando. Estados Unidos ha superado por primera vez el umbral del billón de dólares en gasto militar, lo que representa alrededor del 34 % del gasto militar mundial. China ha aumentado su presupuesto hasta aproximadamente 336.000 millones de dólares, un incremento superior al 40 % en cinco años. Rusia destina 190.000 millones de dólares al gasto militar, un aumento del 65 % en cinco años. El rearme europeo no tiene precedentes. Las potencias imperialistas europeas combinadas casi igualaron a Estados Unidos, con un gasto que aumentó un 14 por ciento hasta 864.000 millones de dólares en medio de una gran campaña de rearme. El gasto militar alemán se ha disparado hasta 114.000 millones, un 75 por ciento más en cinco años, mientras que Polonia ha incrementado su gasto en un 120 por ciento.

A nivel mundial, el gasto militar ha alcanzado un récord de 2,9 billones de dólares, aumentando durante diez años consecutivos y subiendo un 9,4 % solo en 2024, el aumento más pronunciado desde finales de la Guerra Fría.

Desde ayudar a personas desplazadas a contenerlas

Hay otro punto. Las definiciones y las normas contables ofrecen criterios prácticos para determinar qué se considera ayuda. La advertencia de ALNAP sobre el desplome de la financiación se refiere específicamente a la ayuda humanitaria, no a la categoría más amplia de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Los recortes de la ayuda humanitaria se producen en el marco de una reestructuración más amplia de la asistencia al desarrollo, en la que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se destina cada vez más a cubrir los costes internos de los refugiados, al control de la migración y a objetivos de seguridad.

Una proporción cada vez mayor de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del Reino Unido se destina ahora a cuestiones de “seguridad” —operaciones policiales en el extranjero, control de fronteras y refuerzo de las capacidades de lucha contra el terrorismo— en lugar de dedicarse a reducir la pobreza o prestar ayuda humanitaria. Aunque en 2023-2024 solo entre el 2 % y el 3 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del Reino Unido figuraba oficialmente como gasto en seguridad a través del Fondo para los Conflictos, la Estabilidad y la Seguridad (Conflict, Stability and Security Fund), si se incluyen los programas de control migratorio financiados con AOD, la formación policial y judicial en el extranjero, el desarrollo de capacidades de lucha contra el terrorismo y el nuevo Fondo Integrado de Seguridad (Integrated Security Fund), al menos entre el 5 % y el 7 % de la AOD británica se destina actualmente a la “seguridad” exterior.

Reino Unido, como las demás grandes potencias, está ahora militarizando sus fronteras, externalizando el proceso de asilo, criminalizando el rescate en el mar, rechazando refugiados y desmantelando el derecho al asilo. Tras haber creado la crisis, ahora criminalizan a quienes huyen de ella. Mientras que el sistema humanitario proporciona mecanismos para gestionar a las personas desplazadas en sus propios países o en los países vecinos, los regímenes fronterizos impiden que lleguen a los países avanzados. Ambos sirven para mantener confinadas a las víctimas de la violencia estatal.

Del mismo modo, una proporción cada vez mayor del presupuesto de la AOD se destina a sufragar el gasto público general en refugiados y solicitantes de asilo en el Reino Unido. Este gasto interno, que incluye el alojamiento en hoteles y la tramitación de las solicitudes de asilo, pasó de representar entre el 9 % y el 11 % de la AOD antes de 2021 a alcanzar la cifra sin precedentes del 29 % en 2022. Al anunciar un nuevo paquete de financiación humanitaria en diciembre de 2024, un comunicado de prensa del Gobierno de Starmer afirmó explícitamente que la ayuda humanitaria se está utilizando para cumplir objetivos de seguridad fronteriza y control migratorio, al declarar: “Estos programas… contribuirán a abordar los flujos migratorios en origen y a reforzar la seguridad de las fronteras del Reino Unido”.

La cuestión no es si los gobiernos disponen de suficiente dinero para proporcionar asistencia humanitaria. Mantienen la capacidad de movilizar sumas muy grandes cuando identifican un interés estratégico. Ucrania demuestra lo que ocurre cuando una crisis se considera estratégicamente importante para un donante importante: La asistencia humanitaria va acompañada de recursos de una escala completamente diferente para fines militares. El Reino Unido había proporcionado 357 millones de libras en ayuda humanitaria a Ucrania desde el inicio de la guerra hasta mediados de 2026, pero eso se sumaba a un compromiso militar enorme de 13.700 millones de libras en el mismo periodo.

Los medios para alimentar, alojar y cuidar a todos los seres humanos existen en abundancia: el mundo produce suficiente comida para alimentar a todos, pero casi 3.000 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable. Esto es el resultado directo de la producción basada en el beneficio privado y el conflicto entre estados imperialistas rivales por controlar y saquear los recursos del mundo. La única fuerza capaz de resolver la crisis es la clase obrera internacional, unida por encima de las fronteras cuya barbarie queda al descubierto en la crisis de los refugiados, en una lucha por sustituir el capitalismo por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de octubre de 2026)