El miércoles pasado, trabajadores de 670 hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron un acuerdo salarial respaldado por el sindicato y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. De los 475.000 trabajadores habilitados para votar, participaron unos 282.000, y los recuentos publicados por los trabajadores de base mostraron mayorías abrumadoras contra el acuerdo, que incluía una reducción salarial en términos reales. Los trabajadores exigen un aumento de al menos el 10 por ciento y el fin de la escasez de medicamentos e insumos, mientras los grupos de base preparan una huelga nacional.

Ese mismo día, miles de personas marcharon en Bogotá y otras ciudades en la primera huelga nacional contra el nuevo presidente derechista de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien había firmado el día anterior un decreto que ordenaba una ofensiva represiva.

El 15 de octubre, el sindicato de trabajadores estatales de Argentina, la ATE, realizó una huelga nacional contra el megadecreto desregulador 70/23 del presidente Javier Milei.

En Chile, 709 mineros de Centinela están en huelga desde el 7 de octubre, y los supervisores de Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, propiedad de BHP, rechazaron la oferta de la empresa con un 94,8 por ciento de los votos. Decenas de miles de estudiantes y profesores chilenos marcharon a principios de este mes contra la austeridad del presidente de ultraderecha José Antonio Kast.

En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz desplegó tropas alrededor de La Paz para hacer frente a las protestas por el aumento del 83 por ciento del precio del diésel, y declaró: “Quien quiera bloquear, quiere la muerte”. Esto ocurre después de una huelga general de 51 días a comienzos de este año contra las alzas del combustible en Bolivia.

En Brasil, la segunda vuelta del 25 de octubre enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el fascista Flávio Bolsonaro, quien encabeza las encuestas. Esto sigue a meses de huelgas de trabajadores bancarios, postales, docentes y automotrices contra las medidas de austeridad de Lula.

En Venezuela, trabajadores de la salud y la educación, empleados universitarios y jubilados marcharon el 13 de octubre hacia el palacio presidencial de Miraflores para exigir que se descongelen las escalas salariales y se restablezcan los convenios colectivos. La policía les bloqueó el paso. Se celebraron protestas similares ante las oficinas de gobernadores de todo el país.

Estas luchas forman parte de un movimiento internacional. El 25 de septiembre, más de 45.000 estudiantes de secundaria alemanes hicieron huelga contra el servicio militar obligatorio bajo el lema “La guerra y la crisis devoran tu vida”. Más de 800.000 estudiantes y trabajadores marcharon por Francia, y decenas de miles marcharon en Milán, Italia, “contra las guerras y el aumento del costo de vida”. A ambos lados del Atlántico, las clases dominantes están pagando la guerra y sus consecuencias mediante recortes del gasto social, los salarios y las pensiones, y la clase obrera y la juventud están diciendo: “¡Basta!”

En América Latina, los trabajadores y los jóvenes han atravesado experiencias políticas concretas durante la última década. Han visto cómo los dictados del capital financiero y del imperialismo son impuestos tanto por los gobiernos de la llamada “marea rosa” latinoamericana como por los partidos tradicionales de derecha, mientras las burocracias sindicales y los grupos pseudoizquierdistas les ofrecen una cubierta. 

El estallido masivo de luchas demuestra que la reciente elección de fuerzas de extrema derecha como De la Espriella, Kast, Paz y Milei no expresó un giro a la derecha de la clase obrera y los sectores pobres, sino, ante todo, un deseo de cambio radical y de castigar a las fuerzas políticas que imponen la austeridad social. En cuestión de semanas, los nuevos gobiernos han demostrado que representan una forma aún más brutal de las mismas políticas, al tiempo que aceleran los preparativos para una dictadura abierta y el fascismo.

El carácter internacional de las luchas que estallan ahora confirma que están impulsadas por procesos globales: la guerra imperialista para volver a repartirse el planeta, la recolonización del hemisferio por parte del imperialismo estadounidense, la guerra comercial y las exigencias de la aristocracia financiera. Objetivamente, plantean el derrocamiento del sistema político y económico existente y apuntan hacia un movimiento socialista mundial, no hacia el retorno de una “izquierda” nacionalista y reformista remozada, por más que estas fuerzas afirmen defender la democracia frente al fascismo. Estos objetivos aún no son conscientes ni están organizados, y las burocracias sindicales y los grupos pseudoizquierdistas de la clase media aprovechan esa situación para promover ilusiones en la política capitalista.

Gobiernos impopulares

Los gobiernos de derecha elegidos durante el último año nunca contaron con un entusiasmo popular. Diez meses después de que Kast ganara la presidencia de Chile, su índice de aprobación cayó al 27 por ciento, según Criteria, mientras que el 64 por ciento lo desaprueba. La aprobación de Keiko Fujimori en Perú cayó del 60 al 42 por ciento durante su primer mes en el cargo, según Datum, y el 52 por ciento de los peruanos dijo a la encuestadora IEP que su gobierno es “más de lo mismo”. La aprobación de Milei ronda el 35 por ciento. El guatemalteco Bernardo Arévalo, elegido en 2023 como reformista anticorrupción, tiene ahora un índice de aprobación del 31 por ciento. En Venezuela, el 63 por ciento desaprobaba en junio a Delcy Rodríguez, quien administra el país en nombre de Washington desde que las fuerzas estadounidenses secuestraron a Nicolás Maduro el 3 de enero.

Las políticas que se aplican tienen el mismo carácter en todas partes. El presupuesto de Kast para 2027 aumenta el gasto en seguridad un 9,1 por ciento, mientras congela todo lo demás y suspende las comidas escolares para 1,6 millones de estudiantes. Paz eliminó el subsidio al diésel en virtud de un acuerdo de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y gobierna bajo un estado de excepción desde junio. La guerra contra Irán hizo que el precio del crudo superara los 100 dólares por barril en septiembre. En Guatemala, el diésel llegó a un récord de 50,89 quetzales por galón y los bloqueos de carreteras se extendieron a 10 de los 22 departamentos del país. Arévalo desplegó al Ejército y afirmó que los manifestantes estaban vinculados con narcotraficantes. En Honduras, los transportistas bloquearon carreteras por los nuevos aumentos del combustible.

Los gobiernos que todavía se identifican con la marea rosa no ofrecen ninguna alternativa. Lula llega a la segunda vuelta después de cortejar a los banqueros y nombrar a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, garante de la “responsabilidad fiscal”, al tiempo que pide un frente amplio para defender la democracia. En la primera vuelta, 33,4 millones de brasileños se abstuvieron, la cifra más alta desde 1998.

Sheinbaum conserva índices de aprobación cercanos al 70 por ciento, basados en gran medida en las transferencias monetarias y su postura de resistencia frente a Trump. Pero la votación del IMSS y las huelgas masivas anteriores de maestros, mientras el Gobierno prioriza los pagos de intereses, los incentivos empresariales y el gasto en seguridad por encima de la salud y la educación públicas, representan una rebelión creciente de una parte importante de los trabajadores contra el partido gobernante de “izquierda”, Morena.

Guerra y dictadura

En América Latina predomina cada vez más la sensación de que la guerra y la dictadura están a las puertas. La administración Trump invadió Venezuela en enero y ha amenazado con invadir México, Panamá y Cuba, mientras mantiene el mayor despliegue militar en la región en décadas.

En este contexto, el Gobierno estadounidense presiona a los países para que se militaricen, supuestamente para combatir el crimen transnacional; en junio pidió específicamente a los países latinoamericanos que elevaran el gasto militar al 3,5 por ciento del PIB. Argentina y Perú están gastando miles de millones en aviones F-16, mientras el gasto en seguridad aumenta rápidamente en toda la región, tanto para preparar una represión masiva en cada país como para participar en guerras en el extranjero.

Según informó el New York Times el 14 de octubre, un batallón de 600 soldados de la 10.ª División de Montaña de EE,YY, está desplegándose en Panamá, Colombia y Honduras; se han trasladado drones Reaper a Colombia y Ecuador; y el Pentágono planea pasar de los ataques contra embarcaciones, que han matado al menos a 239 personas, a ataques en tierra.

El general Joseph Ryan, jefe del Comando del Ejército para el Hemisferio Occidental, explicó el objetivo: “Hemos cedido el dominio económico de la región a un adversario, y eso es un hecho. Ahora luchamos para recuperar terreno: marítimo y terrestre, humano y cognitivo”. El adversario es China. El “terreno”, presentado como otro campo de batalla de la incipiente Tercera Guerra Mundial, es América Latina.

A medida que crece la amenaza de una catástrofe nuclear y la OTAN y Rusia, así como Estados Unidos y China, se acercan a un conflicto directo, la pregunta que se plantea es si esta generación tendrá algún futuro del todo.

Más allá de las repercusiones militares, Trump hizo amenazas económicas si los candidatos que él apoyaba no ganaban. “Si pierde, no seremos generosos con Argentina”, dijo de Milei antes de las elecciones legislativas del año pasado, cuando estaba en juego un rescate de 40.000 millones de dólares. En Honduras, advirtió que si Nasry Asfura perdía, “Estados Unidos no seguirá tirando dinero bueno tras dinero malo”, y concedió el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por tráfico de cocaína. Tras la victoria de Kast, se jactó: “La persona a la que apoyé en Chile, que no encabezaba las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad”. Dio a De la Espriella su “respaldo completo y total” e impuso aranceles del 50 por ciento a Brasil por el procesamiento y encarcelamiento de Jair Bolsonaro por su plan golpista. Flávio Bolsonaro, que se reunió con Trump antes de las elecciones, promete indultar a su padre y destituir a jueces del Tribunal Supremo.

El caso de Fernando Cerimedo ha dejado al descubierto una injerencia estadounidense más amplia. El consultor argentino, socio comercial del exjefe de campaña de Trump Brad Parscale, dirigió las operaciones digitales de Bolsonaro y Milei, asesoró a Asfura y fue el principal asesor de Paz. Medios peruanos informan que su red trabajó a favor de Fujimori. En Chile, admitió haber trabajado contra el borrador de Constitución de 2022, y el expresidente colombiano Gustavo Petro lo acusa de gestionar dos millones de cuentas automatizadas o bots para elegir a De la Espriella. Cerimedo fue encarcelado en Bolivia en agosto, acusado de ordenar el asesinato de su expareja. Cuando el fiscal general de Bolivia impulsó el caso, el Departamento de Estado le revocó la visa y la policía boliviana lo arrestó dos días después.

¿Quién abrió las puertas a la extrema derecha?

Pero ¿qué otra cosa se podría esperar del imperialismo? Washington ha organizado golpes de Estado e invasiones en América Latina durante más de un siglo. La conclusión no es que la región esté indefensa ante los caprichos del Tío Sam. La responsabilidad política por permitir que fuerzas derechistas impopulares tomen y mantengan el poder mientras los trabajadores se desplazan hacia la izquierda debe buscarse en otra parte. Ninguna granja de bots provocó el colapso del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, que mantuvo intacto el Estado capitalista durante dos décadas en el poder y dejó tras de sí una crisis de combustible y dólares. Ninguna granja de bots produjo las promesas incumplidas de Gabriel Boric en Chile, ni la capitulación de Pedro Castillo y las masacres de Dina Boluarte en Perú. La extrema derecha se alimentó de la desilusión que generaron estos gobiernos.

La marea rosa preparó el terreno político. Frente a la delincuencia alimentada por la pobreza, la informalidad y el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos, todo el establishment político, incluida la izquierda nominal, adoptó programas de Estado policial. El Gobierno del Partido Libre de Xiomara Castro en Honduras impuso un estado de excepción contra las pandillas en diciembre de 2022 y no dejó de prorrogarlo. Boric firmó la ley Naín-Retamal, que amplió la licencia de la policía para matar, y mantuvo el sur mapuche bajo ocupación militar. Sheinbaum completó el traspaso de la Guardia Nacional al mando del Ejército y entregó a Washington a decenas de personas acusadas de pertenecer a cárteles. Lula hace campaña con la consigna de “cárcel para el criminal”.

Una vez que la “izquierda” aceptó que los barrios pobres son un problema que corresponde a los soldados y las cárceles, mientras abandonaba cualquier reforma social significativa, el terreno quedó abierto para quienes prometían ir aún más lejos. Nayib Bukele gobierna El Salvador bajo un estado de excepción desde marzo de 2022, encarcelando a más de 85.000 personas sin el debido proceso, y su megacárcel se ha convertido en modelo para la extrema derecha. Flávio Bolsonaro promete un “modelo Milei-Bukele”. De la Espriella y Kast hicieron campaña con la promesa de encarcelamientos masivos. Costa Rica abrió su propia megacárcel al estilo de Bukele la semana pasada. El aparato construido contra la “delincuencia” se utiliza ahora contra la clase obrera: a nivel regional se ha acordado un guion para tildar a los manifestantes y huelguistas de “narcoterroristas”.

Ante la intervención de Washington, los dirigentes de la marea rosa se han acomodado a Trump y han apelado a la ONU y a las propias fuerzas armadas para obtener apoyo, al ser incapaces de hacer un llamado auténtico a la clase obrera, ni estar dispuestos de hacer tal llamado.

Las burocracias sindicales y la pseudoizquierda han hecho el resto. En junio, la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) puso fin a una huelga general y una rebelión de 51 días, en las que la policía y los soldados mataron al menos a cuatro manifestantes. Firmaron un acuerdo de “pacificación” con Paz y, al día siguiente, un decreto autorizó al Ejército a despejar las carreteras.

En Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha llegado a un entendimiento con Milei que asegura los privilegios de la burocracia, al tiempo que desvía la ira hacia la promesa de un “gobierno nacional y popular” en 2027. Además, todo el establishment político ha adoptado la campaña nacionalista de Milei en torno a la recuperación de las Malvinas.

La pseudoizquierda proporciona a este nacionalismo una cobertura radical. El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO) de Argentina critican la inacción de la CGT, pero aceptan su marco de “soberanía” e industria nacional, y nunca hacen un llamamiento a los trabajadores de Brasil, Chile o Estados Unidos empleados por las mismas corporaciones. En Brasil, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y los grupos morenistas hacen campaña por Lula como el “mal menor”. Todo ello prepara a los trabajadores para que sigan al próximo nacionalista burgués y caigan en la misma trampa.

Las lecciones de Chile

Petro, Lula, Sheinbaum y Boric invocan regularmente el ejemplo del presidente chileno Salvador Allende, quien murió durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Lo presentan como un mártir del imperialismo.

La conspiración imperialista contra el Gobierno de Unidad Popular de Allende fue real. En septiembre de 1970, Richard Nixon ordenó a la CIA que “hiciera chillar la economía”. La agencia gastó 8 millones de dólares en labores de desestabilización entre 1970 y 1973, financiando el periódico El Mercurio y los cierres patronales y las huelgas de camioneros, mientras que ITT ofreció dinero para impedir la investidura de Allende.

Pero la clase obrera chilena era mucho más fuerte que sus enemigos. En 1972 y 1973, los trabajadores construyeron los cordones industriales, redes de comités obreros que organizaban la producción, el abastecimiento y la defensa en los cinturones industriales de Santiago. Sin embargo, la dirección política desarmó a la clase obrera. Después de un fallido ataque de tanques contra el palacio presidencial en junio de 1973, el dirigente del Partido Comunista, Luis Corvalán, declaró: “Seguimos apoyando el carácter absolutamente profesional de las instituciones armadas”. Allende incorporó generales al gabinete y en agosto de 1973 nombró a Augusto Pinochet comandante del Ejército. Fidel Castro recorrió Chile durante más de tres semanas en 1971, prestando sus credenciales de izquierda al Gobierno de Unidad Popular.

Sin embargo, el papel decisivo lo desempeñó el pablismo, la corriente revisionista que rompió con el trotskismo en la década de 1950 al insistir en que fuerzas estalinistas y nacionalistas podían dirigir la revolución. En 1965, los cuadros trotskistas chilenos del Partido Obrero Revolucionario (POR) fueron disueltos dentro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), castrista, que dio “apoyo crítico” a Allende y en marzo de 1973 retiró su oposición electoral al Gobierno de Unidad Popular. Como escribió el Comité Internacional el 18 de septiembre de 1973, “el partido trotskista fue destruido en Chile, no por el estalinismo ni por ninguna junta”, sino por los revisionistas que “sustituyeron este partido por las ideas y los métodos de Guevara y Castro”.

Los años de preparación de la CIA para el golpe y para un régimen de terror fascista solo tuvieron éxito porque la clase obrera chilena carecía de una dirección revolucionaria independiente que la ayudara a romper con la política capitalista y tomar el poder. Y esto ocurrió en el apogeo de una oleada revolucionaria mundial. Desde la huelga general de mayo-junio de 1968 en Francia, cientos de millones de personas se habían levantado en todo el mundo, desde el Cordobazo en Argentina hasta el “Otoño Caliente” de Italia y las luchas que derribarían las dictaduras de Portugal y Grecia en el año posterior al golpe chileno.

En todos los casos, las direcciones estalinistas, socialdemócratas y pablistas se dedicaron a mantener estos movimientos dentro del marco del capitalismo, y la clase obrera chilena pagó el precio. Unas 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron bajo la dictadura que siguió, y decenas de miles fueron torturadas. Las juntas militares organizaron la Operación Cóndor con el respaldo de la CIA para coordinar la represión en toda la región.

El camino a seguir

La clase obrera de América Latina es mucho más numerosa y poderosa que en 1973. Los mineros del cobre de Antofagasta, los trabajadores automotrices de Puebla y Bahía, los camioneros que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México y los trabajadores sanitarios del IMSS son eslabones de un único sistema de producción globalizada. Sus aliados más poderosos no son los partidos capitalistas nacionales ni las burocracias que se presentan como amigos de los trabajadores o de izquierda, sino los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo que se enfrentan al mismo enemigo. La administración que envía tropas al hemisferio está construyendo el aparato de la dictadura en su propio país.

El naufragio de la marea rosa —el más reciente de una larga historia de proyectos nacionalistas burgueses fallidos en la región— ha confirmado una vez más los principios fundamentales de la teoría de la Revolución Permanente de Trotsky. Esta perspectiva estableció que, en la época del imperialismo, la burguesía nacional de América Latina y de otros países oprimidos es orgánicamente incapaz de librar una lucha consecuente contra el imperialismo o de completar las tareas democráticas fundamentales, debido a su dependencia del imperialismo y a su temor a la clase obrera.

Estas tareas corresponden a la clase obrera de las Américas, del Norte y del Sur, que debe unificar sus luchas construyendo comités de base en cada lugar de trabajo, independientes de las burocracias sindicales y de todos los partidos capitalistas. Estos comités deben vincularse internacionalmente a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB).

Sobre todo, el cambio radical al que aspiran los trabajadores y los jóvenes debe convertirse en un programa consciente e informado históricamente. Esto exige construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en toda América Latina, para dotar a este movimiento del programa de la revolución permanente y de la lucha por el socialismo mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19/10/2026)