María Corina Machado, laureada con el Premio Nobel de la Paz y dirigente de larga data de la derecha venezolana financiada por Estados Unidos, apareció sin previo aviso el domingo por la mañana en una misa en una capilla a las afueras de Barquisimeto, en el estado occidental de Lara, donde hay bastiones de apoyo fuerte a la oposición de derecha. Luego encabezó una caravana de 400 kilómetros por Yaracuy, Carabobo y Aragua, ante miles de simpatizantes y curiosos. Llegó a Caracas después de las 9 p. m.

Machado había abandonado el país en diciembre, sacada en secreto por un equipo estadounidense. Según Reuters, voló de Panamá a Colombia y cruzó por tierra en una operación coordinada con los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Colombia, aprobada por Donald Trump y custodiada por contratistas de seguridad estadounidenses.

David Alandete, corresponsal en Washington del diario español ABC, informó que “la administración Trump estaba dividida hasta el último momento”. Lo que resultó decisivo, dijeron sus fuentes, fue “la presión de legisladores de Florida, que advirtieron a la Casa Blanca del grave coste político que suponía dar la impresión de estar bloqueando el regreso de la Nobel de la Paz, especialmente a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre.”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reivindicó el regreso como un logro de Washington:

Las condiciones que permiten el regreso seguro de la señora Machado a Venezuela son el resultado directo de las reuniones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos, que ya han visto la liberación de cientos de prisioneros políticos y el regreso del exilio de cientos de figuras de la oposición política.

Trump afirmó no saber nada al respecto, la llamó “una mujer muy agradable” y añadió: “Pero nos está yendo muy bien en Venezuela”. Ese mismo fin de semana dijo a Fox News que Estados Unidos “tiene totalmente el control de Venezuela” y que está “sacando millones de barriles de petróleo” cada semana.

Machado no ha sido traída de regreso para desafiar el protectorado que Washington administra a través de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sino para ayudar a contener la oposición a este.

Un movimiento de trabajadores contra los salarios de pobreza, los apagones y el saqueo del petróleo del país está creciendo, y ni el aparato chavista, ni la oposición en la mesa de negociaciones patrocinada por Estados Unidos, ni la burocracia sindical han podido contenerlo. Washington apuesta a que la política opositora más conocida del país pueda canalizar esa ira detrás de las negociaciones y la promesa de elecciones.

El 3 de enero, el día en que las fuerzas especiales estadounidenses apresaron a Nicolás Maduro, Trump apartó a Machado: “Ella no tiene apoyo ni respeto dentro del país”. Washington recurrió entonces a Rodríguez y la maquinaria estatal chavista, que controla al ejército y la policía, y mantuvo a Machado fuera de las negociaciones.

Rubio explicó la razón en septiembre: un gobierno electo “heredaría una catástrofe completa, económica y social”. Una fuente dijo a Axios que “un gobierno democrático se enfrentará a masivas protestas callejeras por la inflación, la economía. Podría amenazar todo el proyecto”. La preocupación nunca fue la legitimidad. Era la clase trabajadora.

Sin embargo, Machado sigue siendo la figura opositora más prominente. Ganó las primarias opositoras de 2023 con más del 90 por ciento de los votos, y una encuesta de AtlasIntel realizada del 2 al 7 de octubre le otorgaba 52 por ciento, frente al 19 por ciento de Rodríguez.

Fuentes en Caracas dijeron a El País que, para Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, Machado es “sobre todo un factor de desestabilización”, que amenaza “equilibrio que han logrado mantener bajo el imperativo tutelaje de Washington”. Estiman que, “sin capacidad para resolver los problemas cotidianos de los venezolanos… la estrategia de movilización de la opositora acabará volviéndose en su contra”. El diario lo calificó de “apuesta incierta”, ya que el efecto de su regreso en las calles “sigue siendo bastante impredecible, al igual que el papel que Estados Unidos le ha reservado”.

Los funcionarios estadounidenses le habían pedido posponer su regreso, informa Reuters. Que ahora la dejen entrar muestra que consideran la situación lo bastante inestable como para que desviar la ira popular requiriera todas las manos disponibles.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 1.101 protestas en septiembre, 37 por día y casi seis veces las 187 de septiembre de 2025. De estas, 531 fueron por cortes de electricidad.

La segunda causa fueron los salarios. El salario mínimo está congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares, que hoy valen menos de 30 centavos de dólar. Los trabajadores públicos reciben 240 dólares en bonos que no cuentan para las pensiones, mientras que la comida para una familia de cinco personas costó 761,35 dólares en septiembre.

El 13 de octubre, los trabajadores de salud y educación marcharon en el centro de Caracas hasta que la policía les impidió llegar al palacio de Miraflores.

El 20 de octubre, los trabajadores petroleros activos y jubilados en Zulia realizaron un paro contra salarios de 5 dólares por semana y advirtieron sobre una huelga petrolera nacional. Un Comité de Damnificados por Apagones y Comunas, una corriente de grupos chavistas disidentes, ha convocado a una protesta nacional para el martes. “Se llevan el petróleo, nos dejan la oscuridad”, declaró el comité.

El 24 de octubre, Rodríguez presumió de una producción récord en Petrozamora y de 17 acuerdos energéticos con Estados Unidos, un día después de que un asesor económico del Departamento de Estado recorriera el campo Bachaquero junto con Alejandro Betancourt, jefe de la empresa petrolera NABEP respaldada por el Pentágono.

Caracas todavía debe solicitar permiso a Estados Unidos para gastar sus ingresos petroleros, informó el Financial Times en septiembre. “¿Saben cuánto dinero estamos sacando de Venezuela? Cientos de millones de dólares”, dijo Trump en un acto en Kentucky el 17 de octubre. El 14 de octubre, el Tesoro levantó las sanciones contra Jorge, hermano de Rodríguez.

La portavoz de Machado señaló su papel al decir el lunes que está lista para sentarse “no solo con Delcy, sino con quien deba sentarse”, ya que “no hay un proceso creíble de transición o elección sin la fuerza y la legitimidad del pueblo que ella representa”. La oferta es aportar esa “fuerza” a las negociaciones.

La Plataforma Unitaria de la oposición celebró su regreso como un impulso hacia una “transición democrática, pacífica y ordenada”, en línea con el plan de tres fases de la administración Trump. El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, dijo el sábado que el objetivo era “llegar a la tercera fase”. Las conversaciones cerraron su tercera ronda la semana pasada al acordar revisar la ley sobre inhabilitaciones políticas y formar una comisión conjunta sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. No se acordó nada sobre los salarios.

La burocracia sindical avanza del mismo modo, añadiendo la demanda de elecciones presidenciales “lo antes posible” al petitorio de los trabajadores. El 24 de septiembre los sindicatos entregaron el escenario de una marcha frente al Ministerio del Trabajo a Juan Pablo Guanipa, del derechista partido Primero Justicia.

El cálculo es que se necesita un canal político para el descontento a medida que se implementan medidas económicas aún más impopulares.

Este mes, el gobierno flexibilizó los requisitos tributarios para las pequeñas empresas, redujo el registro de “contribuyentes especiales” de altos ingresos de 132.000 a 44.000 y prometió una reforma tributaria para “armonizar la carga fiscal” de la producción privada. Junto con las federaciones empresariales FEDECAMARAS y FEDEINDUSTRIA y la central sindical alineada con el gobierno, la CBST, prepara una “Ley de Emergencia Laboral” para recortar los costos laborales, dirigida sobre todo a la disposición de 2012 que calcula las prestaciones sociales sobre el último salario del trabajador.

Machado, que durante mucho tiempo ha defendido la privatización de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y una desregulación radical, representa los mismos intereses empresariales.

El saqueo que Washington pretende requiere una clase trabajadora pobre y políticamente desarmada. El regreso de Machado no resolverá la crisis del dominio burgués en el protectorado, sino que solo la profundizará.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26/10/2026)