Los conductores de camiones y pequeños operadores de transporte bloquearon u obstaculizaron parcialmente el tráfico en decenas de puntos de México el lunes y martes 26 y 27 de octubre, en un paro nacional contra los robos, la extorsión y los asesinatos que han convertido las carreteras del país en un lugar de trabajo mortal.

La mañana del lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) contabilizó 38 puntos de protesta en 19 estados. Los conductores cerraron la carretera en Tlaxco, Tlaxcala, y en el kilómetro 17 a las afueras de Nuevo Laredo, el principal cruce de carga hacia Estados Unidos. En Veracruz, los conductores cerraron la carretera hacia Cardel y bloquearon el acceso al puerto.

Para el martes, la Segob anunció que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y sus aliados se habían comprometido a “retirar permanentemente los bloqueos y suspender las manifestaciones” a cambio de cuatro “mesas de trabajo” con dependencias federales. La Jornada informó que las carreteras fueron despejadas después de 34 horas.

Las actas comprometen a las organizaciones a “evitar nuevas afectaciones al público y al libre tránsito”. No hay indicios de que los conductores fueran consultados.

El paro demostró el poder social de los trabajadores que mueven 2,6 millones de toneladas de carga diarias por las carreteras de México. Pero fue levantado rápidamente por una cámara empresarial que utilizó los agravios de los conductores como palanca para obtener concesiones fiscales. El gobierno de Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum desactivó la lucha, como lo ha hecho durante dos años, con mesas de trabajo y promesas.

La chispa inmediata se produjo en Puebla, donde la noche del 21 de octubre hombres armados asesinaron a Estanislao Hernández Lozano, delegado de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), y se llevaron su camión. “En un mes, 18 camiones de carga han sido asaltados”, dijo el representante de AMOTAC en Puebla, Andy Rossini Martínez. Las fiscalías estatales registraron 882 robos a trabajadores del transporte en Puebla de enero a septiembre, 832 de ellos violentos.

En Tehuacán, el coordinador de AMOTAC, Juan Carlos Romero, dijo a Municipios Puebla que los delincuentes exigen hasta 200.000 pesos (10.600 dólares) para devolver los camiones robados.

Los conductores identifican a las autoridades como parte del problema. En agosto, camioneros de Lázaro Cárdenas protestaron frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia contra la extorsión en los retenes y los cargos por grúas de hasta 120.000 pesos. Un camionero, Andrés, escribió en Facebook durante el paro: “Soy camionero y estoy orgulloso de serlo, y lo único que exigimos es que se detenga la inseguridad en las carreteras, y la extorsión y los robos de las ratas de uniforme y placa”.

Ni la violencia en las carreteras ni ninguno de los demás problemas que enfrentan los camioneros serán resueltos por un Estado capitalista cuyas propias policías y fiscales están enredados con las redes criminales, y que defiende el orden social que las engendra.

A comienzos de septiembre, más de 300 conductores, organizados sin CANACAR ni ninguna otra cámara, bloquearon durante cuatro días el cruce Mexicali-Calexico contra la revocación de las visas de unos 20.000 conductores mexicanos por parte de Washington. Sheinbaum declaró que retirar una visa es “una decisión soberana de un Estado” y que “no podemos intervenir”, y el bloqueo fue levantado en una sola reunión entre funcionarios, grupos empresariales y un puñado de “representantes” no elegidos de los conductores.

El 1 de octubre, cientos y quizás miles de propietarios-operadores de todo Estados Unidos estacionaron sus camiones contra los precios del diésel elevados por la guerra estadounidense contra Irán, en una protesta organizada en las redes sociales.

Los conductores mexicanos forman parte de un ascenso internacional de las luchas de la clase trabajadora contra las consecuencias de la guerra, la inflación y la austeridad.

Algunos camioneros lo han reconocido. “Únanse a la marcha que los compañeros, los trabajadores del Seguro Social, están organizando para mañana”, instó un camionero a un grupo en Facebook, en referencia a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se han rebelado contra un acuerdo salarial impuesto por su sindicato y el gobierno, y convocaron una marcha nacional para el 30 de octubre.

CANACAR no es una organización de trabajadores. Según la ley mexicana, las cámaras empresariales son “órganos de consulta y colaboración del Estado”. Representa a empresas de transporte desde pequeñas compañías hasta grandes flotas y encabezó una coalición con AMOTAC, FEMATRAC e INDECO.

Su plataforma incluye una demanda de nuevos impuestos junto con la seguridad en las carreteras. La ley de ingresos de 2027 reduce el techo de ingresos anuales de 300 millones a 250 millones de pesos para las empresas que pueden acreditar hasta la mitad de su gasto en peajes contra el impuesto sobre la renta. Su presidente, Augusto Ramos Melo, le dijo a Sheinbaum antes del paro: “Apoyamos el Plan México… Somos sus aliados”.

La mesa de la Secretaría de Hacienda discutirá incentivos fiscales y financiamiento para renovar los camiones. El IMSS y la Secretaría del Trabajo discutirán “mecanismos para incorporar a los operadores al régimen de seguridad social”, un reconocimiento de que muchos conductores no tienen seguro ni prestaciones sociales formales, y “las particularidades del autotransporte ante la reducción de la jornada laboral”.

Sheinbaum trató el paro como una revuelta fiscal de “un sector muy pequeño”, afirmando que el cambio afecta a 170 de las 2.580 empresas beneficiarias. “Lo que no puede haber es una defensa de privilegios”, dijo el 27 de octubre, preguntándose por qué los camioneros “tenían que parar ayer y cerrar las carreteras si había diálogo”.

No dijo nada sobre los conductores asesinados y desaparecidos.

En noviembre de 2025, un bloqueo de cuatro días de camioneros y agricultores terminó con Segob prometiendo una fiscalía especial para delitos en carreteras y cámaras de vigilancia. En agosto, ANTAC dijo que las promesas se habían cumplido solo “gota a gota” e informó que 20 conductores habían desaparecido solo en enero. Bajo el comunicado de la Segob, un comentario lo llamó “puro atole con el dedo”, la expresión mexicana para las promesas vacías destinadas a mantener callada a la gente.

Quienes no se conformaron con esas promesas han sido objeto de violencia estatal. El 7 de abril, las autoridades lanzaron gas lacrimógeno contra un bloqueo de camioneros y agricultores en la carretera Arco Norte, en Tlaxcala.

La mesa de seguridad se realizará con la FGR, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch, es decir, las mismas fuerzas que los conductores acusan de extorsión. El 6 de octubre, la propia CANACAR atribuyó una disminución de los robos a la remoción de “funcionarios locales o elementos coludidos con bandas criminales”.

Genaro García Luna, quien dirigió la seguridad federal bajo el presidente Felipe Calderón, cumple una condena de prisión en Estados Unidos por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. García Harfuch ascendió en la Policía Federal en aquellos años bajo el principal subordinado de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, y su nombre aparece en el propio informe del gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, lo cual él niega.

El problema, sin embargo, no son unos cuantos funcionarios corruptos, sino el carácter de clase del Estado. Sus policías, fiscales y soldados defienden la propiedad capitalista y un orden social que produce criminalidad a gran escala. Según el instituto de estadística INEGI, el 54,3 por ciento de la fuerza laboral de México, 32,6 millones de personas, trabajaba en la informalidad en septiembre, sin contratos, atención médica ni pensiones.

Un proyecto de ley presentado en el Senado en agosto limitaría los turnos de los conductores a 14 horas diarias, una medida de las horas que trabajan actualmente. El programa de Morena, construido sobre la asociación con las empresas mediante el Plan México, defiende la desigualdad de la que el crimen organizado recluta a sus filas.

Las demandas de los conductores en materia de seguridad, seguro médico

, jornadas y salarios no encuentran salida a través de estos canales. Las mesas reúnen a ministerios del gobierno con asociaciones dominadas por los propietarios de las flotas más grandes, cuyas prioridades son los créditos fiscales, los subsidios para camiones y la flexibilidad en las jornadas. Las condiciones de los conductores serán negociadas por las mismas fuerzas responsables de ellas.

Lo que se necesita

Una cuestión decisiva es quién controla la lucha. Los conductores necesitan comités de base, independientes de las cámaras empresariales, los sindicatos y Morena, que movilicen su poder independiente.

También deben oponerse a cualquier intento de utilizar la “seguridad” como pretexto para fortalecer a la policía, la Guardia Nacional y el ejército. Estas fuerzas pertenecen a un Estado capitalista cuyo propósito es defender la propiedad y las ganancias de la clase dominante. Las ha utilizado para despejar bloqueos con gas lacrimógeno y encarcelar a conductores, mientras sus propios agentes extorsionan a los camioneros en los retenes. Todo nuevo poder que se les otorgue en nombre de combatir el crimen será vuelto contra los trabajadores que hagan huelga, bloqueen carreteras o protesten.

Estos comités también deben organizar la defensa de los conductores, compartiendo información sobre rutas y amenazas y movilizando a otros trabajadores cada vez que un conductor sea atacado, desaparecido o encarcelado. Deben vincularse con los trabajadores del IMSS, los trabajadores automotrices y portuarios, y con los conductores de Estados Unidos, a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB).

Poner fin a la violencia en las carreteras de México exige poner fin a la pobreza, la informalidad y la desigualdad de las que se alimenta el crimen organizado. Eso significa una lucha contra el propio sistema capitalista, organizada internacionalmente sobre un programa socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30/10/2026)