A las 8:54 de la mañana del miércoles, un tren de alta velocidad AVE de Renfe embistió a un tren de Iryo que se encontraba detenido cerca de Urda, en la provincia española de Toledo. Al menos 69 personas han muerto y unas 110 han resultado heridas, nueve meses después de que una colisión similar de alta velocidad en la misma línea Madrid-Andalucía matara a 46 personas en Adamuz. Las imágenes de los restos de los trenes han conmocionado a millones de personas en todo el mundo.

Esta catástrofe no es un accidente ni, como ha afirmado el gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, el producto de un “error humano”, en ningún sentido significativo de estas palabras. Por el contrario, revela de manera contundente problemas fundamentales de la sociedad capitalista.

Se produce en medio de un movimiento de masas cada vez más amplio de jóvenes y trabajadores de toda Europa contra los ataques a los servicios públicos, la desigualdad social, la represión policial, la extrema derecha y la guerra. Hay protestas masivas por la vivienda en España, por el acceso de los jóvenes a la educación y al empleo en Francia y Bélgica, y contra la guerra y el servicio militar obligatorio en Italia y Alemania. Hoy se lleva a cabo una huelga de estibadores europeos contra la militarización de los puertos, y el mes próximo habrá huelgas nacionales de un día en España, Francia e Italia.

La catástrofe de Urda revela cuestiones fundamentales a las que se enfrenta este movimiento en desarrollo. Pone al descubierto la subordinación de las necesidades elementales de la vida social al lucro privado y al militarismo bajo el capitalismo. Constituye un argumento irrefutable a favor de una política socialista que ponga los ferrocarriles y la economía en su conjunto bajo el control democrático de la clase trabajadora.

En cuestión de horas, el gobierno del PSOE y Sumar se movilizó para culpar a un solo trabajador. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que a las 8:30 de la mañana un fallo informático dejó fuera de servicio el antiguo sistema de seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros, lo que detuvo automáticamente a los trenes que circulaban por allí. A las 8:36, afirmó, un operador del centro de control de Adif en la estación madrileña de Atocha indicó al maquinista del AVE que reanudara la “marcha normal”, pese a una señal roja, aun cuando el tren de Iryo había informado a Atocha de que seguía inmóvil en la vía.

Puente calificó esto de “inexplicable”, y el gobierno filtró a la prensa grabaciones de la sala de control, tratando de fundamentar sus acusaciones contra el operador.

Atribuir el desastre a un “error humano” es un fraude, se haya producido o no realmente un error humano. Todos los problemas que condujeron a las catástrofes de Urda y Adamuz podían preverse y fueron previstos; de hecho, los trabajadores advirtieron sobre ellos. Pero los encargados de las empresas y el gobierno del PSOE y Sumar ignoraron sistemáticamente estas advertencias.

La ingeniería de seguridad moderna existe para que el error de una persona no pueda matar a tantas personas. El peligro se conocía. En 2024, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) examinó un incidente en Cuenca. Advirtió que sustituir los sistemas automáticos por la verificación humana es “susceptible de fallar” y recomendó pasar de sistemas obsoletos a un sistema de seguridad moderno, el ERTMS de nivel 2.

En cuanto al operador de Atocha, el sindicato CSIF advirtió en septiembre que el personal de Adif trabajaba turnos de hasta 12 horas, cinco noches seguidas. El agotamiento y la falta de personal, y los accidentes que conllevan, fueron decisiones de la dirección.

En agosto de 2025, el sindicato de maquinistas SEMAF escribió a Adif que los maquinistas observaban un “grave desgaste” en las vías, incluso en el lugar donde después descarriló el tren de Adamuz. Tras Adamuz, los trabajadores ferroviarios fueron a la huelga en todo el país el 9 de febrero. Pero SEMAF desconvocó nuevas acciones de huelga ese mismo día, después de que el gobierno prometiera más contrataciones, fondos para mantenimiento y protocolos de seguridad. Estas promesas eran mentiras.

El 16 de octubre, SEMAF se vio obligado a convocar una nueva huelga de un día para el 29 de octubre, ya que “los acuerdos firmados sobre seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas y fiabilidad del material rodante estaban bloqueados administrativamente… Todo está paralizado como en mayo”. Esa huelga tuvo lugar ayer y suprimió el 48 por ciento de los servicios de cercanías en las inmediaciones de Madrid. Sin embargo, el gobierno del PSOE y Sumar no respondió a la huelga de SEMAF ni prometió más contrataciones o mejores condiciones de seguridad.

Las asociaciones de víctimas de las catástrofes de Angrois de 2013 y de Adamuz de 2026 en España sacaron la conclusión en un comunicado conjunto: “Ha vuelto a ocurrir, y volverá a ocurrir”.

Se está dejando que la infraestructura pública se deteriore hasta el colapso. La liberalización ferroviaria española trajo a los operadores privados italiano y francés Iryo y Ouigo a la red de alta velocidad de España en 2022 y 2021, respectivamente, bajo el gobierno del PSOE y Podemos, predecesor del actual. Multiplicó el tráfico, pero las contrataciones y el mantenimiento no siguieron el mismo ritmo. Según los cálculos del gobierno autonómico andaluz, el gasto en mantenimiento por tren-kilómetro había caído un 26 por ciento para 2024.

Este es un fenómeno europeo. En Grecia, la catástrofe ferroviaria de Tempi de 2023 mató a 57 personas, muchas de ellas estudiantes, después de que el gobierno de SYRIZA (“Coalición de la Izquierda Radical”), con su programa proausteridad, privatizara los ferrocarriles. En Serbia, el derrumbe de la marquesina de la estación de Novi Sad en 2024 mató a 16 personas.

Todas las potencias europeas desvían incesantemente recursos sociales a los bolsillos de los ricos y al rearme, mientras se descuidan los procedimientos elementales de seguridad y catástrofes evitables se cobran un número cada vez mayor de vidas.

Los multimillonarios de la Unión Europea han aumentado su riqueza casi un 70 por ciento, de 1,44 billones de euros en marzo de 2020 a 2,4 billones en noviembre de 2025. Los multimillonarios franceses duplicaron su riqueza hasta los 440.000 millones de euros durante la década de Macron en el poder y poseen más riqueza que la mitad de la población. Los 33 multimillonarios de España poseían 197.500 millones de euros en 2025, más que el 39 por ciento de la población española; su hombre más rico, Amancio Ortega, pasó de 70.000 millones a 110.000 millones de euros bajo los gobiernos del PSOE y Podemos y del PSOE y Sumar.

La UE también está saqueando los programas sociales para financiar al ejército, particularmente a medida que intensifica la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Desde 2021, el gasto militar de los 27 países de la UE se ha más que duplicado, según la Agencia Europea de Defensa, de 218.000 millones de euros a 454.000 millones. En España, según el instituto SIPRI, el gasto en defensa aumentó un 121 por ciento en la última década, hasta los 34.300 millones de euros.

La catástrofe de Urda muestra cómo, a medida que incontables miles de millones de euros se destinan a enriquecer a la oligarquía y a fortalecer la maquinaria de matanza masiva y represión, se empuja a la sociedad al colapso.

Los trabajadores no pueden oponerse a esto dentro de los confines de la política capitalista. España ilustra de manera contundente cómo no solo la derecha, sino también sectores del establishment capitalista que los medios burgueses promueven falsamente como de “izquierda”, tienen responsabilidad política por ello.

Al igual que SYRIZA en Grecia, los sucesivos gobiernos del PSOE y Podemos y del PSOE y Sumar han enriquecido enormemente a la oligarquía, fortalecido al ejército y pisoteado las necesidades sociales básicas y los intereses de los trabajadores. Llegaron al poder prometiendo mejorar las condiciones sociales y poner fin a las peores medidas de austeridad de la UE. En cambio, supervisaron rescates bancarios, la liberalización ferroviaria, la militarización y crecientes ataques contra la clase trabajadora.

Tras las protestas masivas por la vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disolvió el gobierno y convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Hay que decirlo sin rodeos: la votación del 29 de noviembre no cambiará ninguna de las políticas que producen catástrofes como las de Adamuz y Urda.

Estas catástrofes señalan, sin embargo, el camino a seguir no solo para los trabajadores ferroviarios, sino para los trabajadores y jóvenes que se movilizan en lucha contra los gobiernos capitalistas de toda Europa. Las empresas implicadas deben ser expropiadas y transformadas en empresas de servicios públicos europeas, sujetas al control y la supervisión democráticos de la clase trabajadora. Esto, a su vez, debe estar ligado a un movimiento político de la clase trabajadora, en España y en toda Europa, para detener las guerras imperialistas y expropiar las fortunas mal habidas de la oligarquía capitalista.

Los trabajadores deben formar comités de acción de base, independientes de las burocracias sindicales, para unir sus luchas a través de las fronteras nacionales. En el sector ferroviario, estos tendrían el poder de supervisar e imponer los protocolos de seguridad y la modernización necesarios, y de contratar y formar al personal requerido. La lucha por construir estas organizaciones es esencial para unir al movimiento de masas que surge en toda Europa, preparar la transferencia del poder económico y político a la clase trabajadora y reemplazar la Unión Europea por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30/10/2026)