A lo largo del mes de octubre se han sucedido importantes protestas en Portugal que han aglutinado reivindicaciones contra el aumento del coste de la vida y en defensa de los salarios, las pensiones y los servicios públicos, así como por el derecho a la vivienda y contra los desahucios.

El 2 de octubre, trabajadores de la administración pública participaron en un día de huelgas y manifestaciones para exigir aumentos salariales, reconocimiento profesional y cambios en el sistema de evaluación del desempeño. Las protestas afectaron a diversos servicios públicos. A lo largo del mes también se convocaron nuevas movilizaciones de trabajadores de la enseñanza, personal no docente, empleados de la Agencia para la Integración, la Migración y el Asilo (AIMA), trabajadores bancarios y otros colectivos.

El 10 de octubre, la plataforma 'Não dá mais para viver assim' ('No podemos seguir viviendo así') convocó manifestaciones en Aveiro, Braga, Lisboa y Oporto. El 17 de octubre, miles de personas volvieron a salir a las calles de Lisboa, Oporto y Coímbra con motivo de una jornada nacional de movilización convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), que reclamó subidas salariales, mejores pensiones y servicios públicos, y denunció el encarecimiento de la vivienda, los combustibles y los alimentos.

Al mismo tiempo, jóvenes, estudiantes, trabajadores precarios y familias asfixiadas por unos alquileres exorbitantes participaban en acampadas en defensa del derecho a la vivienda. En Lisboa, los manifestantes montaron tiendas de campaña en la Plaza del Rossio, mientras que en Oporto ocuparon la Plaza D. João I. El 20 de octubre, la Policía de Seguridad Pública (PSP) intervino simultáneamente en ambas plazas y desalojó violentamente a los manifestantes que intentaban resistir. La operación resultó en 55 detenciones. Lejos de poner fin a las protestas, la represión policial provocó nuevas movilizaciones.

El sábado 24 de octubre, miles de personas participaron en una nueva manifestación en Lisboa bajo el lema '¡Não temos casa, montamos tendas!' ('¡No tenemos casa, montamos tiendas!'). Los manifestantes regresaron a las plazas y decidieron reanudar los campamentos en Lisboa y Oporto. Sin embargo, en las primeras horas del domingo 25 de octubre, la policía volvió a desalojar la plaza. Decenas de agentes, algunos acompañados de perros policía, intervinieron para retirar las tiendas de campaña y golpearon a los manifestantes con porras. En Lisboa fueron detenidas 25 personas y al menos 20 manifestantes tuvieron que ser trasladados al hospital. En Oporto fueron detenidas seis personas, mientras que los organizadores denunciaron que se habían producido 37 heridos.

Los jóvenes que lideran las acampadas han hecho un llamamiento a una huelga general ibérica el 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga convocada en España, para unir las luchas de ambos países contra unos alquileres inasumibles y en defensa de las reivindicaciones salariales y laborales. Las principales confederaciones sindicales de Portugal, la CGTP-IN y la UGT, buscan ahora desviar la presión para convocar dicha huelga. La CGTP ha declarado que no descarta una huelga general, pero insiste en que no debe convocarse 'precipitadamente' y que deben existir una preparación adecuada y las condiciones necesarias para asegurar su éxito. Mientras tanto, la UGT ha permanecido en silencio ante la demanda.

Las movilizaciones en Portugal forman parte de una ola de conflictividad social que recorre Europa en protesta contra el aumento de los precios, el estancamiento de los salarios, los problemas en la vivienda y el deterioro de los servicios públicos, mientras los gobiernos dan prioridad a la disciplina fiscal y al gasto militar. Millones de jóvenes y trabajadores han salido a las calles en países como Francia, Italia, España, Bélgica y Albania. La propuesta de una huelga general ibérica el 11 de noviembre apunta a la posibilidad de coordinar estas luchas a través de las fronteras nacionales. Sin embargo, para que se desarrolle tal convergencia, tendrá que superar las divisiones nacionales y la resistencia de los líderes sindicales a comprometerse con una movilización general.

El acceso a la vivienda para los jóvenes y los trabajadores en Portugal se ha vuelto cada vez más difícil, cuando no imposible. Entre 2015 y finales de 2025, los precios de la vivienda aumentaron aproximadamente un 182 %, uno de los mayores incrementos de toda la Unión Europea. Esta escalada ha continuado: en el primer trimestre de 2026, los precios aumentaron un 17,8 % interanual, mientras que los de las viviendas de segunda mano registraron una subida del 19,7 %. Los alquileres también se han disparado, especialmente en Lisboa y Oporto, donde la demanda turística, los alquileres a corto plazo y la inversión inmobiliaria han contribuido al aumento de los costes de la vivienda. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2021, el 19 por ciento de las viviendas se utilizaban como alojamiento vacacional, mientras que el 12 por ciento permanecía vacío.

Sin embargo, los salarios no han seguido el ritmo de este aumento. En la última década, han subido aproximadamente un 48 por ciento, lo que significa que los precios de la vivienda han crecido casi cuatro veces más rápido que los salarios. Los trabajadores tienen cada vez más dificultades para permitirse comprar una vivienda y tienen que dedicar una proporción creciente de sus ingresos al alquiler. Como resultado, miles de jóvenes y familias de clase trabajadora se ven obligadas a compartir alojamiento. La vivienda, una necesidad social básica, se ha convertido así en un activo de inversión cuyo precio queda cada vez más fuera del alcance de quienes dependen de su trabajo para ganarse la vida.

El gobierno portugués de Luís Montenegro, del derechista Partido Socialdemócrata (PSD), está impulsando ahora una reforma de la ley de arrendamientos que prioriza los intereses de los propietarios y del mercado inmobiliario por encima de la protección de los inquilinos. La propuesta elimina el tope del 2 por ciento en los aumentos de alquiler para nuevos contratos y facilita los desahucios.

El Partido Socialista (PS), el Partido Comunista Portugués (PCP) y el Bloco de Esquerdas (BE) votaron en contra de la ley, una postura que puede caracterizarse como hipócrita y cínica a la luz de su historial político. Fue durante la denominada geringonça —el acuerdo parlamentario que permitió al PS gobernar en minoría entre 2015 y 2019 con el apoyo del BE y el PCP— cuando los precios de la vivienda comenzaron su pronunciado ascenso, en medio de una creciente especulación inmobiliaria, mientras persistían el empleo precario y los bajos salarios.

El PS mantuvo su compromiso con las políticas de austeridad de la Unión Europea y la defensa de la rentabilidad privada, mientras que el BE y el PCP sostuvieron al Gobierno en el Parlamento con el argumento de que podían presionarlo para que adoptara políticas más favorables a los trabajadores. Este apoyo ayudó a contener la oposición social dentro de los límites de la política parlamentaria, permitiendo que la austeridad y los ataques a la clase trabajadora continuaran.

El propio programa del PCP para las elecciones de 2024 reconocía que los sucesivos gobiernos del Partido Socialista habían fomentado la inversión especulativa de los fondos inmobiliarios y los grandes propietarios, mientras que los gastos de vivienda absorbían una proporción cada vez mayor de los ingresos familiares. Sin embargo, ni el Bloco de Esquerdas ni el PCP rompieron con su estrategia de apoyo parlamentario al PS.

Ambos respaldaron sus presupuestos durante años y retiraron su apoyo solo en 2021, cuando la creciente conflictividad laboral y la oposición al presupuesto de 2022 hicieron insostenible su colaboración. El gobierno de derechas que asumió el poder en 2024 ha continuado las políticas seguidas por los anteriores gobiernos del PS, que contaban con el apoyo parlamentario del PCP y del Bloco de Esquerdas.

Las movilizaciones en Portugal y otros países europeos expresan una crisis común del capitalismo, en la que los gobiernos imponen recortes sociales y precariedad mientras destinan recursos crecientes al militarismo y la guerra. Para avanzar, los trabajadores y los jóvenes deben superar las fronteras nacionales y construir comités de acción de base en los centros de trabajo, las escuelas, las universidades y los barrios. Esos comités deben ser elegidos democráticamente y controlados por quienes participan en la lucha, independientes de las burocracias sindicales y de los partidos que defienden el orden capitalista.

Esto exige una ruptura política con las fuerzas que se presentan como izquierda, pero subordinan las movilizaciones a la negociación parlamentaria y a la continuidad de los gobiernos capitalistas. La tarea es unir las luchas en una movilización internacional de la clase trabajadora contra la austeridad, la represión y la guerra, sobre la base de un programa socialista que sitúe las necesidades sociales por encima del beneficio privado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de octubre de 2026)