La noche del 1 de noviembre, habitantes del oriente de Guadalajara bloquearon el cruce de la avenida Javier Mina y la calle Pedro Celestino Negrete, obligando al desfile de Catrinas del Día de Muertos de la ciudad a cambiar su recorrido. Los manifestantes, de San Felipe, Oblatos, La Ex Penal, Blanco y Cuéllar, La Loma y otros barrios obreros, dijeron que llevaban 32 días sin agua. “Lamento lo del desfile, pero perdónennos y entiéndannos también, llevamos más de un mes sin una gota de agua”, dijo Leticia Hernández a UnoTV. Prometieron seguir bloqueando calles hasta que se restablezca el suministro.

En el cercano barrio de El Retiro, el agua del grifo, que durante días había salido marrón y con olor a aguas negras, se volvió de un turquesa intenso. El organismo operador, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), no ha ofrecido ninguna explicación. Mantiene a 627 colonias bajo tandeos, cortes rotativos del suministro, y el gobernador Pablo Lemus, del derechista Movimiento Ciudadano (MC), admite que alrededor de un tercio de una zona metropolitana de más de cinco millones de habitantes enfrenta interrupciones.

Estas protestas siguen a un mes de movilizaciones masivas a las que el gobierno de Jalisco respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua, golpizas y encarcelamientos. La presidenta Claudia Sheinbaum y su partido nacionalista de “izquierda”, Morena, primero denunciaron la represión y exigieron la renuncia de Lemus. Luego, el 28 de octubre, lo llevaron a la mañanera de la presidenta en el Palacio Nacional para anunciar un plan de 25.000 millones de pesos (unos 1.350 millones de dólares), cuyas principales obras comenzarán en 2027 y deben concluir a finales de 2028.

El gobierno federal actuó para contener la crisis política, no para poner fin a la crisis del agua. Ante un movimiento que amenazaba con confluir con las huelgas y protestas que se extienden por México, Morena cerró filas con el gobernador de MC.

Su plan ofrece promesas para 2028 y deja intactos las tuberías con fugas, el envenenamiento de las fuentes de agua de la ciudad por la industria y la agroindustria, y el sistema que trata el agua como una mercancía. El colapso en Guadalajara es una expresión de una crisis hídrica nacional y mundial que el capitalismo ha producido y no puede resolver.

El 23 de agosto, veinte agrupaciones encabezadas por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) marcharon por agua limpia y para exigir que rindan cuentas las corporaciones que la contaminan y acaparan: inmobiliarias, embotelladoras, cerveceras, corredores industriales y agroindustrias. Solo en agosto, las quejas contra el SIAPA representaron el 51 por ciento de todas las presentadas ante la comisión de derechos humanos de Jalisco.

El 11 de octubre, unas 10.000 personas marcharon hacia Casa Jalisco, la residencia del gobernador, llevando botellas de agua marrón de sus grifos. La policía las dispersó con gases lacrimógenos y cañones de agua. Treinta y nueve personas fueron detenidas, algunas enviadas a una prisión de máxima seguridad, y varios abogados denunciaron torturas dentro de Casa Jalisco. “La policía me abrió la cabeza”, dijo el detenido Teodoro Jesús Torres Valdez.

Lemus culpó primero a 400 integrantes de “grupos de choque” infiltrados. Al día siguiente, cuando los videos de las golpizas circulaban por todo el país, admitió un “uso excesivo de la fuerza”. De los 230 policías desplegados, 17 enfrentan un procedimiento administrativo.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ha conservado su cargo y ahora tiene a policías repartiendo agua en camiones cisterna a las colonias con suministro racionado.

Las protestas continuaron el 18 de octubre y dieron lugar a bloqueos vecinales en Guadalajara y Tonalá. Al mismo tiempo, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han estado bloqueando hospitales en todo el país, incluido Jalisco, y los camioneros realizaron un paro nacional. El 19 de octubre, al defender los subsidios a los combustibles, Sheinbaum advirtió: “Miren lo que está pasando en varios países del mundo”, en referencia a las protestas masivas en Francia. Detrás de sus disputas partidistas, Morena y MC comparten una preocupación: impedir que estas luchas se unan y se dirijan contra todo el sistema podrido que ambos defienden.

Cómo se envenena el agua

Para evaluar el plan del 28 de octubre, los trabajadores necesitan saber cómo llega el agua a sus hogares. Entre la mitad y dos tercios del agua de Guadalajara proviene del lago de Chapala, que recibe al río Lerma después de que este atraviesa el corazón industrial del centro de México, junto con escorrentías agrícolas cargadas de agroquímicos. Parte de esa agua llega a la ciudad por un canal abierto construido en la década de 1950, donde recibe aguas residuales domésticas e industriales y basura. Las autoridades admiten ahora la existencia de 150 descargas ilegales en el canal.

El agua llega entonces a la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle, de 70 años de antigüedad, que abastece a aproximadamente el 42 por ciento de la población. El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, admitió que la planta es demasiado antigua para tratar agua con esa carga de contaminantes. Lo que no puede eliminar fluye hacia los hogares. De allí, el agua entra en unos 8.000 kilómetros de tuberías deterioradas que pierden entre el 40 y el 50 por ciento por fugas.

Un registro del IMDEC de 1.477 reportes de 520 colonias encontró que el 84 por ciento recibía agua maloliente o turbia, a menudo durante más de un año, y dos tercios de los afectados reportaron afecciones de la piel. En los alrededores de Chapala, en Poncitlán, miles de niños sufren daño renal, y Jalisco presenta algunas de las tasas de enfermedad renal crónica más altas del mundo. De 784 quejas formales a las que el IMDEC dio seguimiento, el SIAPA resolvió seis.

Los trabajadores están pagando la crisis. María Morales, quien participó en la protesta del 1 de noviembre, dijo a UnoTV que su hogar gastó entre 5.000 y 6.000 pesos (270-325 dólares) en agua embotellada y camiones cisterna privados en seis semanas, alrededor del 40 por ciento de lo que gana en ese tiempo un trabajador con salario mínimo, mientras seguía pagando los recibos del SIAPA.

El plan Sheinbaum-Lemus consiste en dos acueductos federales. El primero, de 42 kilómetros, llevará hasta 8.000 litros por segundo en una tubería cerrada desde las cercanías de Chapala hasta el tanque del Cerro del Cuatro, evitando parte del canal abierto. El segundo elevará el caudal procedente de las presas El Zapotillo y Calderón de 2.300 a 3.500 litros por segundo. El estado reconstruirá Miravalle en un plazo de dos años y cerrará las descargas ilegales.

Nada de esto responde a la emergencia. Los acueductos no entregarán un litro antes de 2028. No hay un programa para reemplazar la red de distribución, por lo que cada nuevo litro entrará en tuberías que pierden casi la mitad. No se menciona a las industrias a lo largo de los ríos Lerma y Santiago, que han envenenado Chapala durante décadas, ni a las embotelladoras, cerveceras e inmobiliarias señaladas por los manifestantes.

El rechazo de Sheinbaum a la privatización se presenta como la gran diferencia con Lemus, cuyo plan de 42.000 millones de pesos de junio proponía asociaciones público-privadas. Pero el propio anuncio puso al descubierto el historial de todo el establishment político. Lemus reveló que el estado acababa de recuperar la Planta Potabilizadora No. 4 de Toluquilla, entregada a un operador privado en 2012. Su contrato estipulaba entregar 1.000 litros por segundo y entregaba una décima parte. Durante 14 años, los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y MC no hicieron nada.

El propio historial de Morena muestra dónde están sus prioridades. En el verano de 2022, los grifos de Monterrey se secaron durante semanas mientras las cerveceras y embotelladoras seguían bombeando. En febrero de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no permitiría que Tesla construyera una gigafábrica en Nuevo León: “Si no hay agua, no”. Después de dos videollamadas con Elon Musk, dio marcha atrás. Musk archivó el proyecto de la planta en 2024 y esta nunca se construyó. La escasez de agua era algo que se podía negociar con un multimillonario, no un límite a las exigencias corporativas.

En la Ciudad de México, la extracción de agua subterránea está hundiendo el centro histórico hasta 40 centímetros al año. En las tres ciudades sede del Mundial, según un estudio universitario, se destinó dinero público a infraestructura turística mientras los conflictos por el agua seguían sin resolverse.

El agua de México se distribuye mediante concesiones bajo la Ley de Aguas Nacionales impuesta en 1992 por Carlos Salinas de Gortari, que la convirtió en un activo para las corporaciones agroindustriales, mineras, de bebidas e industriales. La ley de aguas de Morena de diciembre de 2025 prohibió la reventa privada de concesiones, pero mantuvo el sistema vigente.

A escala internacional, un informe de la Universidad de las Naciones Unidas de este año encontró que gran parte del mundo ha entrado en una “bancarrota hídrica”, con 2.200 millones de personas sin agua potable segura y el 70 por ciento de los acuíferos en declive a largo plazo. Como explicó el World Socialist Web Site, las propuestas del informe de reasignar los derechos sobre el agua y proteger a los pobres son “utópicas en las condiciones actuales”, porque chocan con la propiedad privada capitalista y el sistema de Estados nación.

Garantizar el agua requiere un programa de emergencia para reemplazar las redes y sanear Chapala y el río Santiago, la expropiación de las corporaciones que envenenan y acaparan el agua y la colocación de todo el sistema bajo el control democrático de los trabajadores. Ese es un programa socialista e internacionalista y requiere construir una dirección revolucionaria en la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 05/11/2026)