Detrás de las elecciones de medio mandato del martes, que produjeron la mayor derrota del partido de un presidente en funciones en medio siglo, se encuentra un crecimiento inmenso de la ira social por el costo de vida, la guerra, la desigualdad social y el asalto a los derechos democráticos. Esa ira no puede ni será contenida dentro de formas electorales. Estallará en la forma de la lucha de clases.

Tres días después de la votación, el proceso ya es visible. A la medianoche del viernes, el contrato de la Ciudad de Nueva York y el distrito 37 del sindicato Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés) se venció. Cubre a unos 90.000 trabajadores municipales, incluidos empleados administrativos, trabajadores sociales, asistentes escolares, trabajadores de bibliotecas y operadores del 911. El acuerdo al que reemplazó, firmado en 2023, preveía aumentos del 3 por ciento anual y un salario mínimo de 18 dólares, un dólar por encima del mínimo de la ciudad.

Un salario de 18 dólares por hora equivale a 37.440 dólares al año para un trabajo de tiempo completo, antes de impuestos. La renta media solicitada en la Ciudad de Nueva York alcanzó la cifra récord de 4.199 dólares mensuales en mayo, según StreetEasy, o más de 50.000 dólares al año. Un trabajador municipal con el salario mínimo tendría que entregar más de un año completo de salario bruto para alquilar el apartamento típico en el mercado.

Estas condiciones son universales. En las encuestas a boca de urna de la elección, el 90 por ciento de los votantes mencionó el costo de vida como una preocupación principal, y quienes reportaron dificultades financieras se desplazaron 60 puntos contra Trump y los republicanos. Casi el 70 por ciento dijo que el sistema económico favorece a los ricos.

El informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales del viernes mostró que los ingresos medios por hora aumentaron 3,1 por ciento en el año, mientras que los precios al consumidor subieron 3,7 por ciento en los 12 meses hasta septiembre, impulsados por los precios de la gasolina elevados por la guerra. Es decir, los salarios reales están cayendo. En el área metropolitana de Nueva York, los precios aumentaron 4,5 por ciento, y las cifras oficiales subestiman la inflación que enfrentan los trabajadores en gasolina y alimentos.

También hay despidos masivos en el horizonte. Las empresas han citado la inteligencia artificial en 121.401 recortes de empleo anunciados en 2026, alrededor de uno de cada cinco del total. Una encuesta de la consultora Mercer a comienzos de este año encontró que el 99 por ciento de los ejecutivos corporativos espera que la inteligencia artificial impulse reducciones de personal en los próximos dos años.

La mañana del miércoles, el día después de que Iowa eligiera a un senador y una gobernadora demócratas, Deere anunció el cierre de sus plantas de Ottumwa, tras 115 años operando, y de Clarion. En Detroit, Dakkota Integrated Systems está cerrando su planta de tableros de instrumentos y eliminando 397 empleos.

Los próximos meses llevarán estos conflictos a un punto crítico en todos los sectores de la clase trabajadora. En Nueva York, DC 37 se suma a los 40.000 trabajadores del metro y los autobuses del Local 100 del Sindicato de Trabajadores del Transporte, que han trabajado bajo un contrato vencido desde mayo, mientras la Autoridad Metropolitana de Transporte ofrece aumentos del 2 por ciento y exige duplicar los costos de salud. En Boston, más de 4.000 enfermeros del Brigham and Women’s Hospital han convocado una huelga de duración indefinida para el 12 de noviembre.

Los trabajadores de posgrado de Harvard están en huelga desde el 27 de octubre, y se acercan plazos de huelga este mes en el MIT y la Universidad Estatal de California. Decenas de miles de trabajadores siderúrgicos de US Steel y Cleveland-Cliffs han trabajado sin contrato desde el 1 de septiembre. En Nuevo Hampshire, 250 trabajadores de un almacén de comestibles están en huelga, y UPS está eliminando hasta 30.000 empleos.

Los demócratas han respondido a la abrumadora oposición a Trump con llamados al “bipartidismo” y al “terreno común”. Esto está motivado, sobre todo, por el temor, compartido por todos los sectores de la clase dominante, al crecimiento de la lucha de clases. Decenas de millones votaron por salarios más altos, atención médica asequible, el fin de la guerra y el fin del dominio oligárquico. Pero la nueva Cámara de Representantes y el nuevo Senado demócratas han recibido sus órdenes de Wall Street: rescatar los mercados y financiar la guerra.

Sea cual fuere su postura antes de la votación, los demócratas se verán obligados a librar una guerra contra la clase trabajadora. ¿Quién pagará una deuda nacional que se aproxima a 40 billones de dólares? ¿Cómo se elevará el presupuesto militar a 1,5 billones de dólares? La respuesta de ambos partidos es la misma, y una colisión es inevitable.

Esto ya se está desarrollando en las ciudades y estados que gobiernan los demócratas, incluidos los gobernados por su facción de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés).

En California, la negativa del gobernador Gavin Newsom a atender las demandas de los trabajadores estatales provocó la primera huelga en la historia del Local 1000 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), de 100.000 trabajadores, el 21 de octubre. En Chicago, bajo la administración del demócrata Brandon Johnson, exfuncionario del Sindicato de Maestros de Chicago respaldado por el DSA, la ciudad y su distrito escolar enfrentan déficits de más de 1.500 millones de dólares. Se están anunciando planes de recortes enormes y de “reestructuración” mientras comienzan las elecciones municipales.

En Seattle, la alcaldesa Katie Wilson, una socialista democrática autodeclarada aunque no miembro del DSA, ha propuesto recortes de casi 50 millones de dólares al año mientras aumenta el financiamiento policial en 68 millones de dólares. Los bomberos abarrotaron a comienzos del mes pasado la audiencia presupuestaria del Concejo Municipal para protestar por recortes que, según el jefe de bomberos, destruirían unidades de servicio.

La propia Ciudad de Nueva York es gobernada por el miembro del DSA, Zohran Mamdani, quien ha encabezado a los demócratas en forjar una alianza política con Trump. Ante un déficit presupuestario proyectado de entre 7.000 y 9.000 millones de dólares el próximo año, ha ordenado dos rondas de recortes de gasto en las agencias y ha demandado para bloquear bonos de 10.000 dólares para asistentes paraprofesionales bajo la Ley Taylor, el estatuto estatal que prohíbe a los empleados públicos hacer huelga.

En la colisión que se desarrolla, el aparato sindical desempeña un papel decisivo al intentar suprimir la lucha de clases. Mamdani también ha incorporado el aparato sindical a su administración. Julie Su, quien como secretaria del Trabajo interina de Biden ayudó a bloquear las huelgas nacionales de los ferrocarriles y los puertos, es su “viceministra de Justicia Económica”, y Jahmila Edwards, una alta funcionaria de DC 37, dirige su oficina de asuntos intergubernamentales. Si se invoca la Ley Taylor contra los trabajadores municipales, un miembro del DSA la aplicará.

La burocracia del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria Automotriz (UAW, por sus siglas en inglés) bajo Shawn Fain volcó sus recursos en elegir demócratas, en lo que Fain llamó su “mayor programa político” en décadas, mientras suprimía cada lucha en las plantas. En Bradford White, aisló una huelga de 47 días y devolvió cuatro veces las condiciones de la empresa hasta que fueron ratificadas. No ha hecho nada para luchar contra los cierres en Dakkota y Deere.

El presidente de los Teamsters, Sean O’Brien, hizo campaña por los republicanos, incluida la senadora de Florida Ashley Moody. El Sindicato Unido de Trabajadores del Acero (USW, por sus siglas en inglés) acaba de anunciar un acuerdo tentativo con Cleveland-Cliffs que incluye aumentos apenas por encima de la tasa de inflación, después de mantener a miles de trabajadores siderúrgicos en el empleo bajo extensiones sucesivas de 48 horas. Ya sea que respalde a los demócratas o a los republicanos, el aparato ata a los trabajadores a las corporaciones y al Estado, y bloquea cualquier movimiento independiente de la clase trabajadora.

Los trabajadores necesitan organizaciones propias: comités de base en cada lugar de trabajo, controlados democráticamente por los trabajadores e independientes de la burocracia y de ambos partidos. La Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) encabeza la lucha por construir tales comités y vincularlos entre lugares de trabajo, industrias y fronteras.

El mismo proceso se desarrolla internacionalmente. En Francia, los trabajadores del sector público hicieron huelga a nivel nacional el jueves. España enfrenta una huelga general el 11 de noviembre, Irlanda una huelga del sector público el 12 de noviembre e Italia una huelga general el 20 de noviembre, mientras los sindicatos en todas partes confinan la lucha a acciones de un día. Los trabajadores de todos los países confrontan la misma crisis y la misma exigencia de que paguen la guerra mediante la austeridad.

La AIO-CB plantea demandas que no están basadas en lo que las corporaciones y los presupuestos municipales afirman poder pagar, sino en lo que los trabajadores necesitan: aumentos que compensen la inflación y aumenten automáticamente con los precios, cobertura médica garantizada, ningún despido ni cierre y control sobre las nuevas tecnologías por parte de aquellos cuyo trabajo está siendo utilizado para reemplazarlas. En Nueva York, eso significa comités en cada agencia municipal, preparados para desafiar la Ley Taylor.

Todas estas luchas plantean cuestiones políticas fundamentales. La igualdad y el fin del dominio de la sociedad por la oligarquía no pueden lograrse bajo el capitalismo. El DSA habla por sectores privilegiados de la clase media-alta, que no buscan poner fin a la riqueza de la oligarquía, sino una distribución más favorable de esta dentro del 10 por ciento superior de la población. El socialismo genuino significa la transferencia del poder a la clase trabajadora, la expropiación de la riqueza mal habida de la oligarquía y la colocación de los bancos y las grandes corporaciones bajo el control democrático de la clase trabajadora.

La cuestión decisiva es la dirección. La radicalización expresada en la votación no se desarrollará espontáneamente en un movimiento consciente por el socialismo. Eso requiere llevar esta perspectiva a cada lucha: denunciar el papel de los demócratas, el DSA y el aparato sindical, construir comités de base y ganar a los trabajadores y jóvenes más avanzados para el socialismo. Esa es la tarea del Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 08/11/2026)