En su primera entrevista tras la derrota republicana en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, transmitida el domingo por “60 Minutes” de CBS, Donald Trump incluyó a Venezuela entre sus victorias.

“Hemos ganado Venezuela y ya hemos sacado miles de millones y miles de millones y miles de millones de dólares”, dijo. “Y sacaremos muchos miles de millones de dólares”. Cuando le preguntaron sobre el país, respondió: “Podrías llamarlo un territorio, podrías llamarlo como quieras. Ganamos esa guerra en menos de una hora”.

Tras el mayor repudio electoral a un presidente en funciones en medio siglo, Trump sigue fortalecido, sabiendo que no enfrenta una oposición real del Partido Demócrata contra sus políticas ilegales en Venezuela.

El Gobierno chavista de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pasó los días siguientes demostrándole que tenía razón. El lunes, Rodríguez presidió la firma de un memorando de entendimiento para el regreso del gigante petrolero estadounidense ExxonMobil, que abandonó Venezuela en 2007 después de que Hugo Chávez nacionalizara los últimos campos petroleros operados por empresas privadas. El martes, la Asamblea Nacional puso fin al monopolio estatal sobre la electricidad establecido por Chávez, abriendo la generación, transmisión y distribución a empresas privadas y extranjeras.

El viernes anterior, Rodríguez y el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, reinauguraron la Plaza George Washington en Caracas, donde estudiantes agitaron banderas estadounidenses. Barrett llamó a Washington “un líder muy parecido a Bolívar” y dijo que ambas figuras “simbolizan una nueva amistad”. El acto resumió la dinámica de clases de la situación actual.

Simón Bolívar, el general nacido en Venezuela que dirigió las guerras de independencia contra España a principios del siglo XIX, es celebrado hoy como el “Libertador” de América Latina. Pero Marx, en su artículo de 1858 “Bolívar y Ponte”, expuso el papel de clase detrás de ese mito. Bolívar era un representante de la burguesía terrateniente criolla, la “nobleza criolla” de Caracas, que liberó al continente del decadente Imperio español solo para entregarlo en manos del capital británico en ascenso y, posteriormente, del capital estadounidense.

Marx lo descalificó como una figura cobarde y traicionera. Recurrir a Bolívar para bendecir la recolonización de un país latinoamericano es, por tanto, completamente coherente con su legado real.

Washington, por su parte, fue el primer presidente estadounidense que dirigió la Guerra de Independencia contra Reino Unido y encarna el legado revolucionario de 1776. Marx y Engels consideraron la Primera Revolución estadounidense como la gran apertura de la era burguesa-democrática moderna: la revolución que, como dijo Marx, “hizo sonar la alarma” para las revoluciones europeas que le siguieron.

Washington dirigió una lucha armada contra el dominio colonial, y la Revolución estadounidense sigue siendo, en palabras del WSWS, “el acontecimiento más progresista de la historia mundial en su época”. Hoy, la clase dominante estadounidense invoca el nombre de Washington para santificar la misma dominación colonial contra la que él luchó.

Gran parte de los comentarios sobre las elecciones de medio mandato sostiene que un Congreso demócrata pondrá freno a estos abusos. El Atlantic Council anunció que “los acuerdos petroleros y las operaciones militares en Venezuela serán objeto de escrutinio” cuando la nueva mayoría asuma el cargo en enero.

El historial demuestra lo contrario. La conversión de Venezuela en una semicolonia, que Trump llama abiertamente un “territorio”, es el producto de una política bipartidista.

Los demócratas se oponen al manejo del botín, no a la conquista ni a la “Doctrina Donroe” en su conjunto, que afirma el dominio estadounidense total sobre el hemisferio occidental. La oposición a la recolonización de Venezuela solo puede provenir de la clase trabajadora, en Venezuela y en Estados Unidos, independientemente de ambos partidos de Wall Street y del Pentágono.

En marzo de 2025, como vicepresidenta de Nicolás Maduro, Rodríguez acusó a ExxonMobil de haber pasado “más de una década conspirando contra Venezuela” para robar sus recursos. El lunes calificó el memorando de “una firma muy importante” que abarca yacimientos con “miles de millones de barriles de reservas”.

ExxonMobil, cuyo director ejecutivo calificó al país de “no invertible” en enero, estableció sus condiciones: cualquier inversión requeriría “políticas estables, regulaciones claras, fuertes protecciones para las inversiones y rendimientos competitivos”. Un tribunal estadounidense ordenó a Venezuela el año pasado pagar a la empresa más de 985 millones de dólares por las expropiaciones de 2007.

La ley de electricidad responde a meses de protestas contra apagones de hasta 12 horas al día con la privatización. Las empresas privadas pueden recibir activos estatales en concesiones de hasta 25 años. Las tarifas se fijarán en moneda extranjera y los consumidores enfrentan multas de entre 50 y 10.000 dólares por uso no autorizado.

Rodríguez ha dicho a los manifestantes que “quemar neumáticos no añade ni un solo megavatio a la red eléctrica”. El 29 de octubre, ordenó que los activos estatales declarados “no esenciales” fueran “ofrecidos al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios”.

Esto se suma al acuerdo de agosto que entregó a North American Blue Energy Partners derechos por 100 años sobre 17 campos petroleros con unos 65.000 millones de barriles. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono posee una participación del 35 por ciento, de modo que el ejército estadounidense es ahora propietario directo del petróleo venezolano.

La publicación pseudoizquierdista CounterPunch celebra la reelección de Lula en Brasil como una “interrupción de la consolidación” del giro a la derecha en toda la región y recuerda la era de la “Marea Rosa” como el “epicentro internacional de la independencia ante Washington”. Sin embargo, el chavismo, buque insignia de esa Marea Rosa, es la fuerza que ahora administra un “territorio” en nombre de Washington.

Una Doctrina Monroe bipartidista

Las bases legales de toda la operación están podridas. En un artículo de opinión del 30 de septiembre, The Hill describió “una bomba de tiempo constitucional”. En virtud de la Orden Ejecutiva 14373, firmada el 9 de enero, Trump declaró una emergencia nacional y ordenó al Tesoro retener los ingresos petroleros venezolanos “en calidad de custodia y de carácter gubernamental”, con desembolsos decididos por el secretario de Estado, Marco Rubio. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se ha negado a decir al Congreso dónde está el dinero, cuánto hay o quién lo recibe. Al ser preguntado si las cuentas contenían solo ingresos petroleros, respondió: “Son muchos activos venezolanos”.

Dando voz al alcance de la oposición de los demócratas, la revista concluyó: “El problema aquí no es Venezuela. Es Trump”.

El 30 de septiembre, las demócratas de mayor rango en cuatro comisiones del Senado, Jeanne Shaheen, Jack Reed, Elizabeth Warren y Martin Heinrich, escribieron a Rubio, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario de Energía, Chris Wright, sobre el acuerdo petrolero. Se quejaron de que era “poco probable que redujera los altos costos energéticos para los estadounidenses”, de que “crea nuevos riesgos de corrupción” y de que el estatuto que rige la oficina del Pentágono “no otorga explícitamente autoridad para adquirir participaciones accionarias en empresas petroleras privadas”. La carta no dice nada sobre el bombardeo de Caracas del 3 de enero, el secuestro de un jefe de Estado, la Constitución o la soberanía venezolana. Sus seis demandas son solicitudes de documentos.

Cuando se trató de la guerra en sí, los demócratas no entregaron nada. El 8 de enero, cinco días después del ataque, el Senado avanzó una resolución sobre poderes de guerra por 52 a 47. Fracasó el 14 de enero. El senador John Fetterman votó a favor de avanzarla mientras declaraba que “la detención de Maduro fue un desarrollo positivo para Venezuela y su pueblo”.

El martes, la Cámara de Representantes dio muerte a un juicio político contra Hegseth al votar 211 a 204 a favor de remitirlo a una comisión. La resolución fue llevada al pleno no por los demócratas, sino por el republicano Thomas Massie. Entre sus ocho cargos estaban el “secuestro de un líder extranjero soberano” y las “ejecuciones extrajudiciales” en los ataques contra presuntas embarcaciones de drogas en el Caribe y el Pacífico, que han matado al menos a 243 personas. Los líderes demócratas no presionaron para que se votara, y 11 demócratas, incluida Nancy Pelosi, no votaron. Sus votos habrían sido suficientes para derrotar la remisión.

La pasividad de los demócratas no es cuestión de timidez. La política que condujo al 3 de enero es tan suya como de Trump. En marzo de 2015, Barack Obama emitió una orden ejecutiva que declaraba a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, la base legal de las sanciones que siguieron.

La primera administración de Trump impuso sanciones financieras y un embargo petrolero que devastaron la economía. Joe Biden siguió reconociendo al “Gobierno interino” de Juan Guaidó, el presidente autoproclamado que había lanzado un intento de golpe en 2019, hasta que la propia oposición lo disolvió en diciembre de 2022. Biden reimpuso las sanciones petroleras en abril de 2024 y, en enero de 2025, elevó la recompensa por la captura de Maduro a 25 millones de dólares. Trump la duplicó en agosto de ese año y luego capturó al prisionero por la fuerza.

Entre los millones de trabajadores estadounidenses que votaron contra Trump el 3 de noviembre, un factor motivador importante fue la oposición a las interminables guerras neocoloniales. Si hay algún cambio, los demócratas solo buscarán una mayor “supervisión” en Venezuela que deje en pie la ocupación, la participación del Pentágono en el petróleo y los ataques a embarcaciones. Mientras tanto, los trabajadores venezolanos enfrentan apagones, un salario mínimo congelado en unos pocos centavos y el saqueo de sus recursos e infraestructura.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12/11/2026).