Miles de docentes de la educación pública, funcionarios universitarios, jubilados y estudiantes se declararon en huelga en todo Costa Rica el miércoles y marcharon por el centro de San José contra el presupuesto del Gobierno para 2027, que reduce el gasto en educación a su menor proporción del PIB desde 2007. Docentes de todas las provincias marcharon hasta la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa, al grito de “¡Fuera Laura!”.

La presidenta Laura Fernández, estrecha aliada del Gobierno de Trump, respondió con amenazas e insultos. En su conferencia de prensa de la tarde declaró: “Esa huelga es absolutamente ilegal y le vamos a rebajar el día a los vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen”. E insistió: “En todo les estamos cumpliendo, señores educadores”.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, informó que la Procuraduría General de la República solicitaría al Juzgado de Trabajo declarar ilegal la huelga en un plazo de 24 horas. Según el ministro, los sindicatos “tienen que demostrar que hay una afectación social y económica a los funcionarios y por ningún lado se ve eso”. Exigir el 8 por ciento del PIB para la educación que establece la Constitución, añadió, es “el populismo en su máxima expresión”. Y remató: “Creo que ellos creen que el dinero crece en los árboles”. Consultado sobre si el presupuesto afectaría a los centros educativos, respondió: “¿Una afectación? En lo más mínimo”.

La huelga fue convocada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), con el respaldo de las universidades públicas. Las demandas son modestas: una ruta hacia el 8 por ciento del PIB que exige el artículo 78 de la Constitución, aumentos por costo de vida para los docentes activos, el descongelamiento de las pensiones del Magisterio y el pago de la deuda del Estado con el régimen de pensiones del Magisterio Nacional.

Según CRHoy, la huelga del miércoles fue la decimoséptima jornada de protesta contra las políticas del Gobierno desde que Fernández asumió el cargo en mayo, con la participación de trabajadores de la educación, estudiantes, transportistas, pensionados y agricultores. La policía ya había detenido a estudiantes durante el traspaso de poderes y en una protesta frente a la Asamblea Legislativa.

Los insultos de “vagabundos” y la prisa por acudir a los tribunales expresan el giro de la clase dominante hacia la represión abierta contra un movimiento creciente de trabajadores y jóvenes, mientras descarga sobre la clase trabajadora una crisis económica cada vez más profunda. El desempleo subió al 6,5 por ciento en el tercer trimestre, el primer aumento estadísticamente significativo en cinco años, y se han perdido más de 6.000 empleos con el cierre de plantas de multinacionales.

Pero las armas que hoy apuntan contra docentes y estudiantes no fueron forjadas por Fernández. Las construyeron los partidos que hoy se presentan como oposición, y las hicieron posibles las burocracias sindicales que traicionaron cada una de las grandes luchas de la última década. Defender la educación pública exige romper con todos ellos.

Fabián Nájera, docente con 25 años de servicio que trabaja en Desamparados, marchó pese a una condición física que le dificulta caminar. “Me siento indignado e irrespetado por la presidenta”, dijo a CRHoy. No le pagan la anualidad desde marzo y nunca recibió el aumento prometido. Describió cómo los docentes compran materiales con su propio dinero, alimentan a estudiantes que llegan con hambre y organizan bingos para recaudar fondos para sus centros educativos.

Según el informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el presupuesto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibirá en 2027 19.230 millones de colones (42 millones de dólares) menos que este año, con lo que su presupuesto bajará al 4,9 por ciento del PIB, la proporción más baja desde 2007. El proyecto del Ejecutivo recortó en un 10,2 por ciento los recursos de Avancemos, el programa de becas que mantiene en la secundaria a adolescentes pobres, aunque en agosto 33.893 estudiantes elegibles todavía no habían sido incorporados al programa.

La Dirección de Infraestructura Educativa del MEP calcula que necesita 51.184 millones de colones (112 millones de dólares) el próximo año, pero recibirá 29.850 millones (65 millones de dólares). En junio, la Defensoría de los Habitantes informó que 389 centros educativos iniciaron el curso lectivo con órdenes sanitarias vigentes y sin un proyecto asignado para intervenirlos. Además, 101 centros se encontraban en la categoría “roja”, es decir, en “riesgo inminente de cierre total”, con plagas, techos dañados e instalaciones eléctricas expuestas.

Los trabajadores del sector público no reciben un aumento por costo de vida desde julio de 2019. Unos 46.000 docentes jubilados tienen sus pensiones congeladas desde hace más de cinco años. Cuando en marzo de 2025 se discutió un proyecto de ley para descongelarlas, Pilar Cisneros, entonces jefa de fracción del oficialismo, afirmó que los jubilados “no se están muriendo de hambre”. En vísperas de la huelga, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó un nuevo recorte de 8.048 millones de colones (17,6 millones de dólares) a las universidades públicas.

El dinero existe. La CGR proyecta para 2027 pagos de intereses de la deuda pública por 2,7 billones de colones (5.900 millones de dólares), equivalentes al 4,9 por ciento del PIB, la misma proporción asignada a todo el sistema de educación pública.

Fernández, que asumió el cargo el 8 de mayo como heredera política de Rodrigo Chaves, hoy su ministro de Hacienda, ha acusado a la Sala Constitucional de un “golpe de Estado” y, sobre posibles operaciones terrestres de Estados Unidos en territorio costarricense, declaró: “Evidentemente, le haría muy bien a la seguridad nacional”. En octubre, su partido presentó una denuncia penal por instigación pública contra el exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles por llamar a acampar frente a la Asamblea Legislativa, “así como está sucediendo en Francia y España”. La clase dominante trata la comparación misma como un delito.

Quién construyó la ley antihuelgas

La base legal para declarar ilegal la huelga del miércoles, sin embargo, es la Ley 9808, aprobada por 35 votos contra 13 el 16 de enero de 2020 y firmada cuatro días después por el presidente Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC). La ley prohíbe las huelgas “políticas” y las huelgas en servicios esenciales, suspende el salario de los huelguistas, establece procedimientos expeditos para declararlas ilegales y solo permite huelgas contra políticas públicas cuando los trabajadores pueden demostrar una afectación directa a sus intereses económicos. Esa es la cláusula que el Gobierno invoca ahora. La mayoría de los diputados de Liberación Nacional (PLN), el partido que construyó el régimen de zonas francas y aplicó durante décadas la austeridad del FMI, votó a favor.

El Frente Amplio formaba parte de ese Gobierno. Su presidenta, Patricia Mora, fue ministra de la Condición de la Mujer de Alvarado de mayo de 2018 a diciembre de 2020, tras respaldar la mayor parte del pacto de “Unidad Nacional” del PAC con el derechista Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En septiembre de 2018, al iniciar la huelga contra la reforma fiscal, Alvarado pidió a Mora, exmilitante del partido estalinista Vanguardia Popular y sobrina de su fundador, Manuel Mora, que ayudara en el “diálogo” con los sindicatos. Mora permaneció en el cargo durante la reforma fiscal, el fin de la huelga de 89 días y la aprobación de la ley antihuelgas, y solo renunció cuando Alvarado recurrió al FMI.

En las elecciones de febrero pasado, el pseudoizquierdista Frente Amplio se presentó en un bloque de facto con el PLN y los restos del PAC, lo que allanó el camino a Fernández. El miércoles, diputados del PLN y del Frente Amplio salieron a saludar a los manifestantes.

El historial de los sindicatos

La huelga de 89 días de 2018, la más larga de la historia del país, no fue derrotada por el Gobierno. Un juzgado laboral la declaró ilegal el 9 de octubre, y los sindicatos usaron el fallo para presionar a los trabajadores a regresar. Todavía el 29 de noviembre, el 97 por ciento de los afiliados de la APSE votó por continuar. Aun así, ANDE, APSE y el SEC la levantaron tras negociaciones a puerta cerrada, diciéndoles a los docentes que “ya no quedaba nada por qué luchar”.

La regla fiscal de la reforma, que prohíbe los aumentos por costo de vida mientras la deuda supere el 60 por ciento del PIB, es el origen del actual congelamiento de salarios y pensiones, y la CGR prevé que siga vigente al menos hasta 2033. Luego vino la Ley 9808.

Cuando las aulas reabrieron en febrero de 2021 con los docentes sin vacunar, el SEC ya contabilizaba unos 100 trabajadores de la educación fallecidos por COVID-19; para abril, la cifra superaba los 160. Los sindicatos convocaron un único paro “virtual”, y el MEP usó la Ley 9808 para rebajar el salario a los 1.354 docentes que se sumaron.

Después llegó la Ley Marco de Empleo Público de Alvarado, de 2022, con el “salario global” de dos niveles contra el que hoy protestan los docentes. Los sindicatos respondieron a cada ataque con marchas de un día.

Un movimiento internacional

La huelga en San José coincidió con una huelga general de 24 horas en España contra el encarecimiento vertiginoso de la vivienda y el deterioro del nivel de vida, tras protestas masivas en Francia, Italia, Bélgica, Grecia y Portugal. En las últimas semanas también ha habido huelgas nacionales y marchas masivas en Colombia, México, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile. Como escribió el Consejo Editorial Europeo del WSWS sobre la huelga en España:

El CICI insiste en que la era de la revolución socialista abierta por la Revolución de Octubre de 1917 no ha terminado. Frente a todos aquellos que afirman que se puede presionar a los gobiernos capitalistas y a las burocracias sindicales para que concedan las reivindicaciones de los trabajadores, lucha por construir un movimiento político en la clase obrera para transferir el poder a los trabajadores y construir el socialismo.

Un Gobierno que gasta en tenedores de bonos tanto como en sus escuelas no financiará la educación pública por una marcha de un día, y menos aún cuando la oposición oficial respalda la misma deuda y las leyes que la imponen. Los docentes necesitan comités de base, independientes de los sindicatos y de todos los partidos del establishment, para unirse con los trabajadores de la salud, los trabajadores de las zonas francas y los estudiantes, y con los trabajadores de toda América y Europa a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB).

Instamos a los docentes y trabajadores que coincidan con esta perspectiva a contactar al WSWS y a asumir la lucha por construir una sección costarricense del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13/11/2026)