En las primeras horas del martes 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un “procedimiento de resolución” contra el Banco Ueno tras el derrumbe de su índice de solvencia hasta el 5,56 por ciento, menos de la mitad del mínimo regulatorio del 12 por ciento. La aplicación del banco, las tarjetas y las transferencias quedaron suspendidas de la noche a la mañana, dejando a 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones sin acceso a sus cuentas.

En pocos días, ocho altos directivos habían sido detenidos, el presidente del Banco Central había renunciado y el presidente de la república, Santiago Peña, había anunciado su propia salida en una crisis que sigue cobrando cabezas, tras tres noches consecutivas de protestas masivas frente al Congreso.

El Congreso rechazó la renuncia de Peña el jueves, dado que aceptarla lo habría convertido en senador vitalicio con inmunidad procesal, y la Cámara de Diputados votó 78 a 0 para destituirlo. El viernes, el Senado rechazó su solicitud de una prórroga de 72 horas para preparar su defensa y le ordenó comparecer en media hora. Ese mismo día renunciaron su jefe de gabinete, Javier Giménez, su asesor legal, Roberto Moreno, y su ministro del Interior, Enrique Riera.

El gobierno de Peña es el primero del Escudo de las Américas de Trump en caer. Llega dos semanas después de la derrota del candidato de Trump, Flávio Bolsonaro, en Brasil y tres días después de la masiva reprobación de los republicanos en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Pone al descubierto la fragilidad de los regímenes que integran la alianza de extrema derecha establecida por Washington para controlar el hemisferio, la mayoría de ellos profundamente impopulares y enfrentados a la recesión y las protestas.

Las autoridades y la prensa financiera han insistido al unísono en que el Ueno fue una anomalía. “Las autoridades dicen que la crisis se limita al Ueno y no refleja debilidades más amplias en el sistema bancario de Paraguay,” informó Reuters.

En realidad, el colapso de un banco importante, respaldado en Wall Street por JPMorgan y Bank of America, es una advertencia sobre la fragilidad de los llamados mercados emergentes. Estos están siendo estrujados por una deuda récord, las tasas de interés estadounidenses cerca de máximos de dos décadas y la inflación impulsada por la guerra y los aranceles.

La avalancha para abrir cuentas en otros bancos colapsó las aplicaciones de otras entidades, mientras el guaraní paraguayo perdía un 8,8 por ciento frente al dólar durante la semana y el riesgo país subía un 23 por ciento.

La magnitud del desastre es difícil de exagerar. El Ueno tenía aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos unos 380 millones pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), que financia las pensiones y la atención médica de los trabajadores. Solo el 30 por ciento del valor de sus depósitos estaba asegurado.

Cuando el Banco Central inició los pagos el jueves por la noche, solo quienes tuviesen hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.600 dólares), no tuviesen deudas y contasen con una cuenta en otro banco eran elegibles. Benicia Sosa, empleada doméstica de Luque, describió haber amanecido “sin poder hacer nada, sin ni un peso,” con su esposo y sus ocho hijos bloqueados en el acceso a sus cuentas.

Hasta hace pocos días, el Ueno era celebrado como la joya de la corona del “milagro” económico paraguayo, y su emisión de bonos por 350 millones de dólares en marzo fue la mayor colocación corporativa en la historia del país.

Detrás de la fachada, su crecimiento fue financiado por un circuito cerrado de autogestión corrupta. El banco prestó a empresas vinculadas a su propio accionista controlante, el Grupo Vázquez, “solo con la firma,” a firmas con patrimonio neto negativo. Los préstamos a partes relacionadas alcanzaron los 628 millones de dólares contra un límite legal de aproximadamente 80 millones, y el banco ocultó el exceso mediante “ingeniería contable” y una cadena de empresas fantasma. El exjefe de supervisión del BCP, Fernando Rivarola, documentó estas maniobras en un informe de 25 páginas en julio. Fue prontamente removido de su cargo por decreto del presidente Peña, y el informe fue ocultado al Senado.

La fusión del Estado y el capital

Peña, execonomista del FMI, fue accionista de Ueno Holding, la empresa matriz del grupo controlante del banco, hasta marzo de 2025, bien entrado su mandato presidencial. Nombró a Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, la predecesora del banco, al frente del Banco Central, la misma institución responsable de supervisar al Ueno.

Dos meses después, el Ueno obtuvo su licencia bancaria. Los depósitos del gobierno en el Ueno se dispararon de menos de 100 millones de dólares en enero de 2024 a aproximadamente el 20 por ciento de todos los depósitos del sector público en septiembre de 2026. Cuando los problemas de solvencia del banco se hicieron públicos, Peña desestimó las críticas calificándolas de “campaña mediática mezquina, mentirosa”.

La puerta giratoria no era un escándalo para exponer; era el principio de funcionamiento del Estado. Cuando el esquema colapsó, no fueron los capitalistas quienes cargaron con las pérdidas, sino los jubilados, las trabajadoras domésticas y los pequeños ahorristas.

Peña fue también un entusiasta participante en la reorganización reaccionaria de la política latinoamericana bajo los auspicios del imperialismo estadounidense. Calificó al equipo de política exterior de Trump de “sueño hecho realidad” y se sumó al “Consejo de Paz” de Trump, diseñado para legitimar la campaña genocida de Israel en Gaza. En marzo, en el resort Doral de Trump, se incorporó al Escudo de las Américas, cuyos gobiernos se comprometieron a cooperar con Washington en el uso de la fuerza militar contra las masas oprimidas de la región y la oposición política, decorosamente rebautizada como “narcoterroristas”.

El padrino político de Peña es Horacio Cartes, el barón del tabaco y expresidente que sigue siendo la figura dominante del Partido Colorado. Cartes ha estado vinculado desde hace tiempo al contrabando de cigarrillos. La administración Biden lo sancionó por “corrupción significativa,” y la administración Trump levantó las sanciones.

Este es el aparato de seguridad del imperialismo funcionando como siempre lo ha hecho: no para suprimir la corrupción y los vínculos con los cárteles de la droga, sino para suprimir a la clase trabajadora bajo el estandarte de la lucha contra el crimen.

El Partido Colorado, que ha gobernado Paraguay durante casi todos los últimos 80 años, atravesó tanto la dictadura de Stroessner como la “transición democrática” sin ninguna ruptura significativa. Es la expresión organizativa de la oligarquía terrateniente, la burguesía agroindustrial y las redes crimino financieras, y Peña era su estrato gerencial modernizado.

Su “milagro”—un crecimiento del 6,6 por ciento en 2025 y calificaciones de grado de inversión obtenidas con bajos impuestos y mano de obra barata—descansaba sobre una desigualdad extrema y una especulación financiera desenfrenada. Más del 60 por ciento de la fuerza laboral trabaja en la economía informal, y la recaudación fiscal del Estado equivale al 11,3 por ciento del PIB, una de las más bajas de la región. La celebrada “inclusión financiera” del Ueno consistió en emitir un millón de tarjetas de crédito a personas sin capacidad de pago.

Una demolición controlada y la respuesta de los trabajadores

La caída de Peña quedó sellada cuando Cartes anunció el apoyo del Colorado al juicio político, declarando: “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados.” Esto no es justicia; es la burguesía ejecutando una demolición controlada para proteger el sistema que produjo a Peña.

Según El País, Cartes pasó el jueves dirigiendo “un mando político paralelo” desde la sede del Partido Colorado junto al vicepresidente Pedro Alliana, su elegido como sucesor. Su objetivo era que la renuncia de Peña fuera aceptada, con la inmunidad que conllevaba, y que Alliana fuera juramentado con rapidez. Cuando legisladores de la oposición y colorados disidentes lo bloquearon en una sesión conjunta irregular, los legisladores de Cartes abandonaron la sala para romper el quórum. Esa misma mayoría colorada ya había votado en contra de una moción para destituir a Alliana, 48 a 30.

Peña, por su parte, amenazó con “exponer [su] verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos.” Las facciones no pelean por el destino de los depositantes del banco, sino por quién controla las palancas del Estado y los fondos saqueados.

En 1999, el asesinato de un vicepresidente y la masacre de manifestantes obligaron al presidente Raúl Cubas Grau a abandonar el cargo, y la crisis terminó en un reordenamiento del clan dirigente. Hoy, la clase dominante intenta lo mismo en condiciones mucho más explosivas.

El jueves por la noche, manifestantes frente a la sede del Ueno expulsaron a Paraguayo “Payo” Cubas, el líder de extrema derecha de la Cruzada Nacional, que llama a la dictadura y es promovido como el “Milei paraguayo”. Le bloquearon el paso gritando “oportunista” y lo denunciaron por los senadores elegidos en sus listas que se pasaron al bando de Peña. “Santiago Peña y el Partido Colorado nos han robado todos nuestros ahorros”, les dijo un manifestante a los periodistas. “Estamos hartos de 70 años de saqueo”,

Esta ira no puede encauzarse fácilmente detrás de otra figura de extrema derecha. Representa el potencial objetivo de un movimiento independiente de la clase trabajadora: por la restitución plena de todos los ahorros y fondos jubilatorios, la apertura de los libros del Ueno, del Grupo Vázquez y del Banco Central, y la confiscación de los activos de todos quienes se beneficiaron.

La teoría de la Revolución Permanente de León Trotsky sostiene que en los países de capitalismo tardío la burguesía nacional es orgánicamente incapaz de resolver incluso sus propias tareas democráticas, y el caso Ueno lo confirma. La clase dominante paraguaya nunca ha roto con su carácter comprador y delictivo, y las tareas de la verdadera soberanía nacional y el fin del saqueo de la riqueza pública solo pueden ser llevadas a cabo por la clase trabajadora, organizada independientemente de todos los partidos y facciones burgueses.

Lo que se requiere es la construcción de una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en Paraguay, armada con el programa de la revolución socialista: la expropiación de la oligarquía financiera, la nacionalización de los bancos bajo el control de los trabajadores y la unidad internacional de la clase trabajadora.