El 5 de noviembre, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció una nueva ronda de sanciones contra Cuba, que por primera vez incluye a empresas chinas entre sus objetivos. Estas nuevas sanciones representan una escalada de la campaña de estrangulamiento económico de la administración de Trump, que, según han advertido los expertos en derechos humanos de la ONU, podría convertir a la isla en una «Gaza silenciosa», en un intento por derrocar al gobierno castrista y reimponer el dominio sin límites de EE. UU. sobre la isla.
Las nuevas sanciones apuntan a varias empresas involucradas en el transporte de petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo. Otras empresas estatales cubanas incluidas en la nueva ronda son CUBAELECTRÓNICA, que importa sistemas electrónicos y de comunicaciones, y TECNOSIME, que exporta bienes y servicios en el sector metalúrgico, organiza eventos de comercialización para la industria cubana y actúa como empleador de una variedad de empresas de capital extranjero y mixto, incluidas muchas que operan en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel.
Las dos empresas chinas sancionadas, ambas de propiedad estatal, son la Corporación Nacional de Importación y Exportación de Electrónica de China (CEIEC) y Beijing H&C Technologies, una subsidiaria de la Corporación del Grupo de Tecnología Electrónica de China. Ambas fueron acusadas de suministrar equipo al ejército cubano a través de una empresa cubana de adquisiciones.
Al día siguiente de que se anunciaran las sanciones, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, las denunció como ilegales y como un ejercicio de «jurisdicción de largo alcance». El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, se reunió posteriormente con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en Beijing el miércoles 11 de noviembre, y un resumen oficial de la reunión informó que Wang dijo: «China está dispuesta a fortalecer la comunicación y la coordinación con Cuba en asuntos multilaterales, continuar apoyándose y cooperando mutuamente en foros multilaterales, y oponerse conjuntamente a la política de poder y a las acciones unilaterales».
Washington apunta a los lazos comerciales y políticos entre China y la isla, que se han convertido en uno de los últimos pilares que mantienen en funcionamiento la economía y la red eléctrica cubanas. La acusación que recorre el comunicado del Departamento de Estado —de que Cuba es la base de operaciones de una coalición extranjera hostil que conspira contra la «patria estadounidense»— sirve como pretexto para instalar un régimen títere en Cuba y criminalizar a la oposición dentro de Estados Unidos como «influencia extranjera».
El anuncio de las sanciones también prometió más medidas por venir. Según el Departamento de Estado, el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que mantiene la lista de sanciones, emitió una «resolución» que autoriza nuevas sanciones contra «cualquier persona extranjera que opere o haya operado en los sectores manufacturero, tecnológico, electrónico y marítimo de la economía cubana».
Si se suman a las rondas anteriores de sanciones, prácticamente no quedaría nada que no estuviera sujeto a sanciones, salvo tal vez un comercio humanitario limitado. Como Cuba es una isla, casi todas sus importaciones llegan por mar. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas pronosticó una caída del 10,3 por ciento en el PIB para 2026.
Pedro Monreal, un economista cubano que vive en España, estima que el PIB podría caer entre un 26,4 % y un 30,7 %, el doble de la contracción del 14,9 % registrada en 1993 durante el «Período Especial» que siguió al colapso de la URSS.
La campaña de sanciones de Estados Unidos ha tenido resultados catastróficos. La mortalidad infantil en la isla se ha duplicado, hasta alcanzar 9,9 por cada 1,000 nacimientos, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, y la red eléctrica nacional se ha colapsado al menos ocho veces este año. En agosto, expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron que la isla podría convertirse en una «Gaza silenciosa», con su población destruida no por bombas, sino por la privación deliberada de combustible, alimentos y medicinas.
Las sanciones se produjeron seis semanas después de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Washington, donde ambos gobiernos extendieron su tregua comercial hasta el 10 de enero. La embajada china en Washington prometió «proteger firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas», pero Beijing no ha anunciado ninguna contramedida. El régimen chino defiende los intereses del capital chino y sopesa cualquier vínculo con Cuba frente a su comercio con Estados Unidos.
Los métodos de Washington se han vuelto cada vez más descarados. Tras las noticias de que el Pentágono estaba elaborando planes para invadir y tomar el control de la isla, en octubre el secretario de Estado Marco Rubio utilizó su cuenta oficial para publicar lo que equivale a un anuncio clasificado en busca de espías. La CIA siguió con un video en español y una guía de siete pasos para que los posibles informantes se postulen. El oficial de mayor rango del Comando Sur de EE. UU., el general Francis Donovan, se sumó al llamado, denunciando «una clase de élite que vive en el lujo mientras se ignora a los ciudadanos», una declaración notable viniendo de un general al servicio de un gabinete de multimillonarios.
A principios de noviembre, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Browne, reveló en su programa semanal de radio que el país había sido amenazado por Estados Unidos debido a su voto en la resolución de las Naciones Unidas del 28 de octubre, que pedía el fin del embargo estadounidense contra Cuba. Browne dijo que el país inicialmente planeaba votar a favor de la resolución, pero recibió una llamada del Departamento de Estado advirtiéndole que votar a favor «socavaría las negociaciones» entre los dos países sobre las restricciones de visas que Estados Unidos impuso en enero. Browne ordenó a su embajador que se abstuviera, y finalmente se registró que el país no participó en la votación, la cual se ha llevado a cabo anualmente durante los últimos 34 años y que en esta ocasión se aprobó por 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.
El 10 de noviembre, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que su oficina estaba emitiendo una citación a los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA) para determinar si habían aceptado apoyo de «fuentes extranjeras de preocupación», incluidos los gobiernos de Cuba y China. Anteriormente, Uthmeier había obtenido una orden de aprehensión estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunto papel en el derribo de dos aviones pertenecientes a la organización anticastrista con sede en Miami «Hermanos al Rescate», que había orquestado la provocación con el fin de provocar una represalia de Estados Unidos.
La citación de Uthmeier se produce después de que, en mayo, la administración de Trump tomara como blanco al streamer Hasan Piker, a la cofundadora de CODEPINK, Medea Benjamin, y a unas 40 personas más que viajaron a Cuba en una misión humanitaria y periodística, llevando suministros médicos a hospitales pediátricos e informando sobre las condiciones provocadas por el bloqueo. Como señaló el WSWS en ese momento, a los agentes de la derecha se les permite viajar a Cuba para producir propaganda anticomunista, mientras que los activistas contra la guerra que llevan ayuda médica son objeto de investigaciones federales.
En consonancia con su historia política como facción del Partido Demócrata y apéndice del imperialismo estadounidense, las figuras más destacadas de la DSA en Florida se han apresurado a distanciarse de cualquier asociación con la isla. El caso de Angie Nixon, la miembro de la DSA de Florida que perdió la elección especial al Senado de EE. UU. del 3 de noviembre frente a la republicana Ashley Moody —con un 48,0 % frente a un 50,9 %, según la Associated Press—, es revelador.
Durante la campaña, en una entrevista con la CBS, se le preguntó a Nixon si Cuba era una dictadura. Al principio se mostró evasiva, diciendo que nunca había visitado el país. Luego, bajo la presión de ambos partidos, capituló por completo, describiendo a Cuba como un «sistema fallido» y una «dictadura» en un mitin junto a Alexandria Ocasio-Cortez.
El poder para detener el estrangulamiento de Cuba y los planes del gobierno de EE. UU. para su toma militar recae en la clase trabajadora, no en el régimen castrista ni en Beijing. Sin embargo, la unificación de los trabajadores en Estados Unidos, Cuba y en todas las Américas en esa lucha solo puede lograrse mediante una ruptura con la pseudizquierda, que expresa los intereses más profundos del imperialismo estadounidense. Lo que se requiere es la construcción de una dirección socialista e internacionalista que haya asimilado las lecciones de la lucha del Comité Internacional de la Cuarta Internacional contra el revisionismo pablista, el cual aclamó al régimen de Castro como un estado obrero y a las guerrillas pequeñoburguesas como sustitutas de los partidos revolucionarios de la clase trabajadora.
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