El acuerdo de libre comercio mejorado de China con Perú, que entró en vigor el 1 de noviembre, constituye otro revés para el intento de Washington de reafirmar su dominación sobre América Latina mediante la 'Doctrina Donroe' de Trump.
Perú se ha convertido en un campo de batalla estratégico en el creciente conflicto entre el imperialismo estadounidense en declive y el poder económico en expansión de China.
China compra más de un tercio de las exportaciones peruanas, y sus inversiones en la minería del cobre y el megapuerto de Chancay están transformando las relaciones económicas de Sudamérica con Asia. Incapaz de revertir este proceso mediante la competencia económica, Washington recurre cada vez más a la interferencia política, la intimidación y la presión militar.
La lucha por Perú pone al descubierto la contradicción fundamental entre el desarrollo internacional de las fuerzas productivas y el sistema de Estados nacionales, que conduce inevitablemente a la guerra mientras Washington busca preservar su supremacía política y militar sobre todo un hemisferio y el mundo.
El avance económico de China: Perú y Chancay
En 2025, Perú exportó a China mercancías por US$32.600 millones, equivalentes al 36,2 por ciento de sus exportaciones totales, en comparación con US$10.150 millones, o el 11,3 por ciento, destinados a Estados Unidos. China es también el mayor proveedor de Perú, con casi el 29 por ciento de las importaciones en 2024.
Washington, que históricamente consideró a América Latina como su esfera exclusiva de influencia, enfrenta un desafío directo de China, cuya expansión industrial ha creado una enorme demanda de cobre, mineral de hierro y otros minerales estratégicos.
El megapuerto de Chancay, controlado por China, marca un avance cualitativo en este proceso. Inaugurado en noviembre de 2024, su primera fase supuso una inversión de aproximadamente US$1.300 millones. Entre enero y julio de 2026, el puerto movilizó 246.452 unidades equivalentes a veinte pies (TEU, donde 1 TEU: un contenedor de 20 pies de largo o6,1 metros), casi un 75 por ciento más que un año antes.
Aún más significativo es el ferrocarril transcontinental propuesto para conectar la costa atlántica de Brasil con la costa pacífica de Perú, que convertiría a Chancay en una importante salida para las exportaciones agrícolas y minerales sudamericanas destinadas a Asia, evitando rutas dominadas durante mucho tiempo por intereses estadounidenses. Por lo tanto, la oposición de Washington no está dirigida simplemente contra inversiones chinas individuales. Busca impedir el surgimiento de una infraestructura sudamericana integrada y orientada hacia Asia.
La respuesta de Washington: intimidación política y coerción militar
La Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump promete 'negar a los competidores extra hemisféricos' el control de activos estratégicamente vitales en el hemisferio. En un artículo de opinión publicado el 8 de septiembre en El Comercio de Lima, antes de su visita, el secretario de Estado Marco Rubio acusó a Beijing de ingresar en la región con 'promesas que ocultan prácticas depredadoras'. La Embajada de China respondió que el hemisferio occidental 'no es el patio trasero de nadie'. Sin embargo, el 10 de septiembre, junto a Rubio, la presidenta Keiko Fujimori confirmó el ingreso de Perú al 'Escudo de las Américas', encabezado por Estados Unidos.
Esta política no comenzó con Trump. Para la cumbre de APEC de noviembre de 2024 en Lima, a la que asistió el presidente Joe Biden, el Congreso peruano autorizó el ingreso de 600 efectivos armados del Ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, con aviones, aeronaves cisterna de reabastecimiento, helicópteros y rifles de francotirador, desplegados no solo en Lima, sino también en Pisco y Chiclayo. Oficialmente destinados a garantizar la seguridad de la cumbre, el despliegue demostró la capacidad de Washington para proyectar fuerza armada dentro de Perú bajo la cobertura de una reunión diplomática. Desde entonces, el Congreso ha autorizado la presencia de personal militar estadounidense en Perú durante todo 2026.
En Panamá, la Corte Suprema anuló en enero las concesiones que mantenía la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, en sus dos principales puertos. En Venezuela, Washington demostró su disposición a utilizar directamente la fuerza militar con la operación de enero de 2026 que capturó al presidente Nicolás Maduro. Las exportaciones venezolanas de petróleo a China se han detenido mientras Washington ha afirmado su control sobre las reservas petroleras del país, las mayores del planeta.
Perú presenta un problema más complicado. Chancay pertenece mayoritariamente a la empresa estatal china COSCO Shipping, y cualquier intento de desplazar al capital chino amenazaría intereses vitales de la propia clase dominante peruana.
La compra de aviones de combate por US$3.500 millones
La presión de Washington salió a la luz en abril de 2026, cuando el presidente interino José María Balcázar intentó postergar la compra de 24 aviones de combate Lockheed Martin F-16 Block 70, un programa valorado en aproximadamente US$3.500 millones. El propio comité de evaluación técnica de Perú había clasificado al Rafale francés en primer lugar y al Gripen sueco en segundo, dejando al F-16 en tercero.
El 17 de abril, horas antes de una firma programada, Balcázar declaró que la decisión debía dejarse al gobierno que asumiría el 28 de julio. El embajador estadounidense Bernie Navarro respondió ese mismo día que cualquiera que tratara con Estados Unidos 'de mala fe' podía esperar que Washington 'utilizara todas las herramientas disponibles' en su contra.
En el plazo de una semana, el asunto quedó resuelto por encima de la autoridad del presidente. El primer contrato, por 12 aeronaves valoradas en US$1.540 millones, fue firmado en una ceremonia a puertas cerradas en la Base Aérea Las Palmas el 20 de abril. El 22 de abril, los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Balcázar renunciaron, acusándolo de mentir sobre el estado del acuerdo, y al día siguiente el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió un primer pago de US$462 millones.
El episodio puso al descubierto lo que significa la 'soberanía' peruana. En un país con enormes déficits en educación, salud, vivienda e infraestructura, se han comprometido miles de millones para aeronaves cuyo propósito la Fundación Heritage expresó claramente: la compra demuestra el 'compromiso de Perú con una mayor interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses'. La fuerza aérea peruana está siendo integrada en los preparativos de Washington para una guerra con China.
El derrocamiento de Pedro Castillo
La influencia de Washington sobre el Estado peruano fue evidente en la destitución del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. El 6 de diciembre, la embajadora estadounidense Lisa Kenna, veterana de nueve años de la CIA, se reunió con el ministro de Defensa Gustavo Bobbio, un general retirado del Ejército que había jurado el cargo el día anterior. El 7 de diciembre, Castillo anunció la disolución del Congreso. Bobbio renunció pocas horas después, las fuerzas armadas y la policía se negaron a respaldar al presidente, el Congreso lo destituyó y fue arrestado esa misma tarde.
Nunca se ha revelado lo que se discutió. Pero el contacto de la embajadora con el ministro de Defensa en vísperas de la crisis, seguido por la rápida condena de Washington a Castillo y su reconocimiento de la sucesión, demuestra el peso de los vínculos estadounidenses con el Estado peruano en el momento decisivo.
Washington mantuvo estrechas relaciones con la sucesora de Castillo, Dina Boluarte, mientras su régimen mataba a decenas de manifestantes, sobre todo en el sur de Perú, predominantemente indígena.
El dilema de la burguesía peruana
La clase dominante peruana enfrenta una contradicción que no puede resolverse mediante declaraciones de neutralidad. Sus intereses económicos dependen cada vez más de China, mientras que sus instituciones militares y políticas están vinculadas a Washington.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y exembajador en Washington, afirmó que el enfoque de Fujimori demostraba que 'ella va a ser pragmática', y añadió que esto 'ha sido parte de nuestra política exterior durante mucho tiempo'.
Pero ¿qué significa semejante pragmatismo cuando Washington exige la exclusión de empresas chinas de la infraestructura estratégica? Las empresas chinas han invertido fuertemente en cobre, electricidad, transporte y puertos, y su influencia no puede eliminarse por decreto sin amenazar las ganancias de poderosos sectores de la clase capitalista peruana. Al mismo tiempo, esa clase depende de las instituciones militares, policiales y judiciales mediante las cuales se mantienen su propiedad y su dominio. Intenta beneficiarse de ambas potencias, pero a medida que su rivalidad adquiere un carácter cada vez más militarista, ese equilibrio se vuelve imposible.
El peligro de guerra y la perspectiva independiente de la clase obrera
Estados Unidos, a pesar de su relativo declive económico, conserva un poder militar abrumador y una red mundial de bases. Su determinación de preservar su supremacía crea el peligro de que la competencia económica se resuelva por medios militares. La ubicación de Perú, su riqueza mineral y sus vínculos con China lo sitúan directamente en el camino de esta confrontación. La lucha entre las grandes potencias podría llevar el conflicto militar a América Latina y al territorio peruano, con consecuencias devastadoras para su población.
Ni Washington ni Beijing representan los intereses de la clase obrera. El primero busca preservar la dominación imperialista; el segundo persigue los intereses comerciales y estratégicos del capitalismo chino.
En 1914, Trotsky advirtió: 'La guerra es el método mediante el cual el capitalismo, en la culminación de su desarrollo, busca resolver sus contradicciones insolubles. A este método, el proletariado debe oponer su propio método, el método de la Revolución Social'.
La lucha de clases ya está comenzando a estallar. El 16 de noviembre, los transportistas de carga pesada iniciaron una paralización nacional de 72 horas contra el aumento de los precios del diésel, rechazando por insuficiente el subsidio ofrecido por un gobierno de Fujimori que ha encontrado miles de millones para los F-16. Los organizadores esperan que participen unos 20.000 conductores.
Los trabajadores peruanos deben rechazar la subordinación a Washington, Beijing y su propia burguesía, y unir su lucha contra la guerra y la represión con los trabajadores de toda América Latina, Estados Unidos, China y a escala internacional. La alternativa al creciente peligro de guerra no es la neutralidad entre potencias capitalistas rivales, sino la movilización política internacional independiente de la clase obrera por el socialismo. Esto requiere la construcción de su propio partido revolucionario, una sección peruana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.
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