El martes 11 de septiembre, el Partido de los Trabajadores de Brasil (Partido dos Trabalhadores-PT) retiró formalmente la candidatura presidencial del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, conocido universalmente como Lula, sustituyendo en su lugar al exalcalde derechista de São Paulo, Fernando Haddad.

La medida fue un reconocimiento por parte del PT de que sería imposible incluir el nombre de Lula en las elecciones presidenciales del próximo mes, dada su condena por lavado de dinero y cargos de corrupción pasiva derivados de la investigación de Lava Jato sobre la gran operación de soborno en torno al conglomerado de energía estatal Petrobras. Lula ahora está cumpliendo una sentencia de 12 años.

El 31 de agosto, el Tribunal Electoral de Brasil (TSE) dictaminó que el expresidente, quien gobernó Brasil desde 2003 hasta 2010, no era elegible para funcionar bajo la llamada “Ley ficha limpia" que el propio Lula firmó mientras estaba en el poder y que el PT respaldó. El estatuto prohíbe a los políticos con condenas penales confirmadas por un tribunal de apelaciones presentarse en las elecciones. El TSE proclamó el martes como la fecha límite para que el PT seleccionara a otro candidato.

El reemplazo de Lula, quien se encontraba de primero en las encuestas cuando lo incluían como candidato potencial, por Haddad, quien hasta esta semana solo contaba con un 4 por ciento de apoyo, es la más reciente sacudida en la crisis que ha precedido la votación del 7 de octubre en el país de más de 207 millones de habitantes.

El reemplazo del candidato del PT sigue inmediatamente después del intento de asesinato contra el actual favorito, el capitán de reserva del ejército y legislador federal de tinte fascista, Jair Bolsonaro, quien fue apuñalado durante un mitin de campaña en Minas Gerais el jueves pasado por un hombre que le dijo a la policía que Dios le ordenó la acometida. Bolsonaro, quien permanece en cuidados intensivos después del ataque, ha visto un leve impulso de simpatía en las encuestas, con una que muestra que su apoyo aumentó del 26 al 30 por ciento.

Aunque la prohibición de la candidatura de Lula había sido vista como una conclusión inevitable en los círculos gobernantes brasileños, estalló una breve controversia sobre una declaración del 17 de agosto del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que instaba a Brasil a "tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Lula pueda disfrutar y ejercer sus derechos políticos mientras esté en prisión, como candidato en las elecciones presidenciales de 2018".

Aunque la nota indicaba claramente que "esta solicitud no significa que el Comité haya encontrado una violación todavía" en su juicio, generó ansiedad por sugerir que la Ley ficha limpia podría estar en violación del derecho internacional.

Facciones predominantes dentro de la elite gobernante ya se habían enfurecido por el caso altamente ambiguo de un rosario que recibió Lula en prisión a principios de junio de parte de un funcionario del Vaticano, Juan Grabois, lo que aplaudió el PT como un gesto de apoyo político del papa Francisco. Asimismo, les molestaba el apoyo a la candidatura de Lula, así como a su reclamo de ser un prisionero político, por parte de varios funcionarios imperialistas. Desde su orden de arresto en abril, estos han incluido, más prominentemente, al expresidente francés François Hollande, el ex primer ministro español José Luis Zapatero y, más recientemente, el exlíder de la socialdemocracia alemana, Martin Schulz, quien declaró ante la Deutsche Welle en Curitiba, donde Lula está cumpliendo su sentencia, que había venido "a petición del líder del partido, Andreas Nahles", después de haber discutido el asunto con el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas.

La reacción de la derecha a estos eventos resalta el brusco giro hacia la derecha del sistema político de Brasil en su conjunto. Los editoriales de periódicos y las páginas de opinión se han convertido cada vez más en una reminiscencia de las protestas contra la "interferencia internacional" que alegaban tanto la junta militar brasileña de 1964-1985 como los regímenes similares en América Latina sobre los informes de derechos humanos. El periódico más antiguo del país, O Estado de S. Paulo, acusó al New York Times de "ayudar inexplicablemente" a la "campaña internacional de Lula para difamar a las instituciones brasileñas" al publicar una carta abierta de Lula el 14 de agosto. Además, la declaración del panel de derechos humanos de la ONU llevó a Bolsonaro a pronunciar una diatriba propia de Trump jurando que él "retiraría" a Brasil de las Naciones Unidas.

El 3 de septiembre, en una entrevista con el diario financiero Valor Econômico, el canciller brasileño Aloysio Nunes acusó a "los principales medios de Estados Unidos y Europa" de difundir "propaganda del PT" y un editorial de O Estado de S. Paulo del 4 de septiembre furiosamente llamó a la decisión del PT de renovar su apelación al fallo del TSE ante la ONU como "un asalto a la soberanía brasileña".

Sin embargo, lo más nefasto fue la entrevista de O Estado de S. Paulo con el jefe de las fuerzas armadas brasileñas, el general Eduardo Villas Boas, quien declaró que la candidatura de Lula sería inaceptable para los militares y denunció la declaración del Comité de Derechos Humanos de la ONU como "Un intento de invasión de la soberanía brasileña".

El general Villas Boas dijo al diario que una victoria de Lula contra la Ley ficha limpia y en las elecciones amenazaría la "estabilidad y gobernabilidad" de Brasil, aumentaría la división de la sociedad brasileña e "implicaría directamente una acción de nuestra parte, como en el caso de la huelga de camioneros".

Bajo estas condiciones, la campaña del PT "Lula Libre" ha sido el principal vehículo para las aperturas del partido a los círculos empresariales de todo el mundo para reconocer la utilidad de Lula en el mantenimiento de la paz de clase en Brasil. Ha atraído a las fuerzas reaccionarias del "imperialismo democrático", como el Partido Demócrata en los Estados Unidos, el Partido Socialista en Francia y el Partido Socialdemocracia de Alemania, que están completamente comprometidos con el militarismo en el extranjero y la censura y la normalización de la ultraderecha en casa, esto con el objetivo de enfrentar violentamente la creciente militancia de la clase trabajadora.

Los acontecimientos recientes solo han acelerado este impulso, planteando los problemas más serios para la clase trabajadora. Lo que se requiere es una exposición consciente e implacable de la campaña fraudulenta de “Lula Libre" del PT y las organizaciones pseudoizquierdistas que lo rodean.

La Ley ficha limpia en sí fue el primer paso de un giro a la derecha del PT que enajenó a sectores decisivos de la clase trabajadora en los principales sectores de apoyo del PT en las regiones industriales del país. Esto llevó a la clase gobernante a abandonar el PT y derrocar a la presidenta Dilma Rousseff en el juicio político de 2016, que fue recibido con indiferencia por los trabajadores después de que su Gobierno se había doblegado ante la derecha en todos los asuntos importantes, incluyendo las medidas de austeridad hasta la privatización del gigante petrolero estatal, Petrobras.

El PT reaccionó ante la destitución de Rousseff en 2016 bloqueando, mediante la colaboración de la federación sindical CUT, cualquier intento de los trabajadores de luchar contra la aceleración de las medidas de austeridad, ya que esto enviaría a la clase dominante la "señal equivocada" sobre la disposición del PT a volver al poder y continuar la guerra contra los niveles de vida de los trabajadores.

A pesar de su fraseología populista, la campaña "Lula Libre" está saturada de desprecio hacia, y en el caso de sus líderes más aduladores, odio hacia la clase trabajadora, que ven como responsable del ascenso de la extrema derecha.

Siendo un partido burgués, el PT no mira a las masas de trabajadores brasileños, sino a las potencias imperialistas como una base de apoyo para su regreso al poder. De esta manera, el medio portavoz y adulador del partido, Brasil247, publicó un artículo titulado "La asociación alemana advierte a las corporaciones multinacionales: no inviertas en un Brasil fascista", una referencia a una posible victoria de Bolsonaro.

El 22 de agosto de 2017, Brasil247 celebró el nerviosismo dentro de los círculos gobernantes brasileños sobre la exclusión de Brasil de la primera gira latinoamericana del vicepresidente estadounidense Mike Pence con el titular "[Diario financiero] Valor: con Temer Brasil se ha convertido en un paria global". Tras la destitución, el partido ha explotado artículos en Le Monde, el Financial Times y el New York Times que advierten a la clase dominante brasileña de que Lula es un valioso activo político como una reivindicación de sus políticas.

El 1 de septiembre, después de la exclusión de la candidatura de Lula, Brasil247 entrevistó a Gilberto Maringoni, exmiembro del PT y líder del PSOL (Partido Socialismo y Libertad, dentro del cual operan los morenistas y pablistas). Planteó los problemas en juego para el PT en los términos de clase más claros posibles, diciendo que la política exterior del actual Gobierno de Michel Temer representaba "una regresión de 100 años" en comparación con el plan "exitoso" previsto por el fundador monárquico de la diplomacia brasileña en el comienzo del siglo XX, según el cual los dictados de Estados Unidos para el resto de América Latina, "tendrían que ser mediados por Brasil como la principal potencia regional".

Frente a estas declaraciones de fe derechistas de innumerables autoproclamados socialistas, uno debe preguntarse: ¿Cuál sería la reacción de un nuevo Gobierno del PT ante una explosión de la lucha de la clase obrera que desafíe los intereses del imperialismo? Solo una respuesta es concebible: la represión más feroz.

Estas fuerzas, cuya base social es la burguesía y las clases medias-altas, culpan a la clase trabajadora por la pérdida de una posición internacional "nunca antes alcanzada" por Brasil, en palabras de Maringoni. Están abandonando sus pretensiones de "oposición de izquierda" adoptadas en relación con la administración Lula después de la fundación del PSOL en julio de 2004.

Su frustración con la clase trabajadora está dando paso al más desnudo odio de clase, como lo expresan los escritos de Eliane Brum de El País sobre la última gran erupción de la lucha de la clase obrera en Brasil, la huelga de camioneros de mayo. Brum había escrito que Lula era intolerable para la clase dominante porque "los programas sociales y las acciones afirmativas de los gobiernos del PT acabaron poniendo en peligro" la conciliación de clases en Brasil ("Lula, el irreconciliable", 11 de abril).

El 4 de mayo, ella escribió que la demanda derechista de una intervención militar hecha por algunos de los camioneros "canalice” previsiblemente resentimientos sobre "esa masculinidad amenazada por el crecimiento del protagonismo de las mujeres y de la comunidad LGBT". Ella concluyó que "no hay mayor símbolo" de estos supuestos sentimientos "que la imagen agresiva de los camiones en un planeta en el que es necesario deducir las emisiones de CO2" y que el efecto más subestimado de la huelga fue la disminución de la contaminación en la ciudad de São Paulo.

Esta retórica neomaltusiana es el lenguaje de odio de clase de los promotores de la campaña "Lula libre", para quienes la mayor amenaza no la plantea la extrema derecha, sino la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de setiembre de 2018)