Chile se enfrenta a su crisis política más profunda desde el final de la dictadura de Pinochet en 1990, viéndose estremecida por un movimiento de huelgas masivas que han involucrado cientos de miles de docentes, trabajadores de tiendas minoristas, mineros de cobre, trabajadores portuarios y otros. Cada vez más, los trabajadores están ampliando y fusionando sus demandas en defensa de sus empleos, niveles de vida, la educación pública y otros derechos básicos.

Una huelga nacional de 80.000 docentes en Chile llegó a su día 28 y ha movilizado apoyo y dado confianza a sectores más amplios de la clase obrera. El viernes, 17.000 trabajadores de Walmart votaron abrumadoramente a favor de hacer huelga para defender sus trabajos después de 2.000 despidos este año en la mayor cadena de supermercados del país, en parte por automatización.

Los trabajadores portuarios en la ciudad sureña de Valparaíso colocaron barricadas el miércoles en la Terminal Pacífico Sur contra las listas negras de trabajadores militantes y el no pago de sesiones de entrenamiento acordadas en diciembre del año pasado, cuando el sindicato y gobierno locales, ambos controlados por el pseudoizquierdista Frente Amplio, sofocaron una huelga de 36 días.

Estas luchas han obtenido un apoyo de masas de estudiantes universitarios, colegiales, transportistas, trabajadores ferroviarios y otros que se han unido a las manifestaciones en todo el país. El sindicato de empleados del Ministerio de Educación anunció un paro de un día el lunes en apoyo de los docentes.

Los profesores están exigiendo mayores inversiones en infraestructura y materiales pedagógicos, la reintroducción de historia en el currículo en las secundarias y el pago de la “deuda histórica” —aproximadamente US$14 mil millones en bonos que 70.000 docentes dejaron de recibir en 1981—.

El Gobierno del milmillonario derechista Sebastián Piñera ha respondido a la ola huelguística reprimiendo violentamente las manifestaciones de docentes a lo largo del mes y rechazando sus demandas. La fuerza militarizada policial de los Carabineros entró en el colegio Providencia el jueves en la ciudad norteña de Antofagasta para vigilar una sentada de los estudiantes, provocando una avalancha de denuncias en línea.

En medio de una fuerte desaceleración económica y aumentos en el desempleo, el apoyo mínimo para el Gobierno de Piñera un año después de llegar al poder está despareciendo rápido. Su tasa de aprobación cayó 8 por ciento entre mayo y junio a 28 por ciento. Todos los otros Gobiernos derechistas en América Latina que fueron electos sobre una ola de oposición a la austeridad impuesta por la disque “marea rosa” se enfrentan a crisis políticas similares.

Pese a verse obligados a convocar las huelgas para soltar vapor bajo condiciones de creciente radicalización, la burocracia sindical encabezada por la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) y sus apologistas pseudoizquierdistas están apurándose para finalizar el movimiento huelguístico en cara a la negativa de la clase gobernante a hacer las mínimas concesiones.

El Sindicato Interempresas Líder (SIL) en Walmart dijo que la huelga podría iniciar el miércoles después del periodo “conciliatorio” legal. Queda por verse si lanza la huelga o no. En 2017, SIL canceló una huelga después de ser aprobada por los trabajadores, aceptando un aumento del 7 por ciento por dos años que apenas se mantenido con la inflación.

En la mina de cobre de Chuquicamata controlada por la estatal Codelco, donde 1.700 mineros fueron despedidos en junio del año pasado como parte de su transformación de la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo a operaciones subterráneas y en gran parte automatizadas, los tres sindicatos traicionaron una huelga de 14 días que había sido violentamente atacada. El jueves, impuso el mismo contrato que los trabajadores rechazaron la semana anterior. La CUT dijo “apoyar” su lucha, pero dejó a los mineros completamente aislados.

No se abordaron los beneficios de salud que los trabajadores temen perder ni el anuncio en marzo por parte de Codelco de que planea despedir a 4,000 mineros este año, incluyendo 1.211 en Chuquicamata. Los trabajadores mostraron su enojo en las redes sociales de los sindicatos. “Vendieron al resto, eso marca un precedente de que ya no hay confianza en la dirigencia”, dijo Héctor, mientras Jose Lara añadió: “Hasta los contratistas dan más pelea en una huelga”.

Cabe notar que los principales beneficiarios económicos de esta traición serán HSBC, JP Morgan, Citigroup y Scotiabank, quienes encabezaron la lista de compradores de US$1,3 mil millones de bonos de Codelco para 2020-2025.

Al mismo tiempo, los docentes en huelga han denunciado en línea que el sindicato Colegio de Profesores está llevando a cabo asambleas a puerta cerrada y manteniendo un secretismo total en torno a la propuesta del Gobierno el viernes antes de ser votada el lunes.

En todos los sectores, los trabajadores se enfrentan a la necesidad inmediata de tomar la lucha en sus propias manos. La serie interminable de traiciones demuestra que los sindicatos en Chile e internacionalmente se convirtieron hace mucho en herramientas de la gerencia y la política procapitalista. Históricamente, en Chile, como en la mayoría de los países latinoamericanos, esto fue facilitado ante todo por el estalinista Partido Comunista (PCCh), el cual explotó al prestigio de la Revolución Rusa para obtener y traicionar el apoyo y las aspiraciones revolucionarias de las masas obreras en pro de sus lazos con la burguesía nacional y el imperialismo.

El Colegio, por ejemplo, fue fundado en 1974 como un instrumento corporativista de la dictadura fascista de Pinochet para aplastar la oposición a la “terapia de shock” de recortes y privatizaciones más agresiva que el mundo había visto. A mediados de los años ochenta, su dirigencia pasó al control de los líderes conservadores del PCCh para impedir los esfuerzos de construir una organización independiente respaldados por la “inmensa mayoría” de docentes, como o menciona el historiador Christian Matamoros Fernández.

El PCCh también bloqueó el desarrollo de organizaciones propias y una dirección revolucionaria por parte de la clase obrera antes del golpe de Estado de 1973 y el terror contrarrevolucionario que fueron organizados por la CIA para instalar a Pinochet. Junto con las organizaciones castristas y pablistas, el estalinista PCCh afirmó que el Gobierno nacionalista burgués de Salvador Allende representaba un “camino parlamentario y pacífico hacia el socialismo”. Esto, sin embargo, no detuvo que los estalinistas elevaran a las capas fascistizantes del ejército exigiéndole a Allende a ordenarles reprimir las huelgas en 1972, particularmente de los mineros de cobre.

Durante y desde la “transición a la democracia”, los estalinistas y los socialdemócratas desempeñaron el papel crucial en prevenir una nueva explosión social, mientras retenían esencialmente intactas la liberalización económica, el sesgo estatal religioso, las estructuras policiales-estatales y las relaciones sindicales corporativistas de la dictadura.

El grupo Luksic, el más rico y poderoso del país y cuya matrona Iris Fontboná controla US$15,4 mil millones, “pudo aprovechar las políticas de laissez faire [liberales] de la dictadura de Pinochet, pero transpiró un salto cualitativo en su poder económico, político y cultural bajo los Gobiernos centroizquierdistas de Concertación” liderados por el Partido Socialista y el PCCh., escribe el investigador Fernando Leiva.

Desde 1990, una capa de la clase media-alta de ejecutivos, burócratas estatales, oficiales sindicales y académicos también se ha enriquecido, con la porción de chilenos con más de US$100.000 en activos aumentando a 11,4 por ciento (comparado con el promedio mundial del 9,4 por ciento según el Global Wealth Report). Mientras tanto, como lo reportó la Fundación Sol el año pasado, el 50 por ciento de los trabajadores de tiempo completo gana menos de 410.000 pesos (US$600) por mes y 70 por ciento en el sector comercial, el más grande en la fuerza laboral chilena, gana menos de $420.000 pesos (US$620).

La clase gobernante y el imperialismo han promovido al Frente Amplio como una nueva cubierta “progresista” para el statu quo. El Frente Amplio integró una capa de líderes más jóvenes de las protestas estudiantiles masivas de 2011 —más prominentemente a Giorgio Jackson y Gabriel Boric— mientras reciclaba muchas de las fuerzas del periodo de transición como el Partido Humanista.

Un proceso paralelo ocurrió en los sindicatos. El Frente Amplio ha tomado control de cada vez más sindicatos, incluyendo el Colegio de Profesores encabezado por Mario Aguilar del Partido Humanista. Por su parte, la CUT está actualmente bajo la dirección de Bárbara Figueroa del PCCh., otra líder estudiantil de 2011.

Los sindicatos, las fuerzas políticas en su cúpula y las organizaciones pseudoizquierdistas que insisten en que pueden ser reformados y empujados hacia la izquierda han desempeñado por demasiado tiempo el papel clave en subyugar a los trabajadores a la imperativa de lucro del capitalismo.

El camino hacia adelante yace en la construcción de organizaciones independientes controladas democráticamente por los propios trabajadores y una dirección revolucionaria que asimile cuidadosamente la historia de traiciones de los movimientos nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses en América Latina, así como de la lucha intransigente por la independencia política de la clase obrera librada por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de julio de 2019)