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En el mes que ha transcurrido desde que el diario en línea Público revelara que la inteligencia española y la europea monitorizaron intensamente a los perpetradores del atentado terrorista de agosto de 2017 en Barcelona hasta el propio día en que este tuvo lugar, una despiadada batalla se ha venido desarrollando dentro del establishment mediático y político español. El informe de Público brindó pruebas detalladas, basadas en documentos internos, de un conocimiento previo del atentado, que fue conducido por un agente de la inteligencia española. Sin embargo, el establishment gobernante se está uniendo para denunciar el informe y desprestigiar la idea de que hubiera una conspiración oficial.

En julio, Público publicó un informe de cuatro partes después de una investigación de un año de las relaciones entre el imán Abdelbaki Es-Satty, el líder de la célula terrorista, y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Público basó su informe en fuentes del CNI e informes confidenciales sobre Es-Satty y su célula, extractos de lo cual publicó en su sitio. Refutando la versión oficial de que estos atacantes volaban por debajo del radar, cogiendo por sorpresa a las agencias de inteligencia europeas mientras preparaban el atentado terrorista más mortífero en España desde los atentados con bombas de Al Qaeda en Madrid en 2004, la documentación de Público muestra que:

• El CNI reclutó a Es-Satty como informante por lo menos ya desde 2014, usando una cuenta de Gmail para la comunicación entre Es-Satty y su contacto del CNI.

• Los servicios de inteligencia falsificaron sus archivos legales para evitar su expulsión después de que se lo encontrara culpable de tráfico de drogas. Incluso recibió ayuda del CNI para ser nombrado imán en el pequeño pueblo catalán de Ripoll, aunque se lo conocía por haberse radicalizado desde hacía tiempo, ya desde 2004, cuando se lo vinculó con los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003.

• El CNI borró los registros de Es-Satty para que la comunidad musulmana de Ripoll no conociera su pasado; esto también obstaculizó a la policía regional catalana cuando esta comenzó a investigar los atentados.

• El CNI sabía de los movimientos de algunos de los miembros de la célula en Francia, Alemania, Bélgica y Suiza, y monitorizaba las conversaciones telefónicas entre ellos. Es-Satty tenía contactos con fuerzas islamistas en varias partes de Europa implicadas en las guerras mediante terceros dirigidas por la OTAN contra Siria, incluyendo círculos yihadistas en Bélgica. La monitorización intensa del CNI de su célula requería la colaboración de agencias de inteligencia europeas, incluyendo la inteligencia francesa, que ha reconocido que espiaba a miembros de la célula de Es-Satty que viajaron a París poco antes del atentado en Barcelona.

• El CNI dedicó un nivel extraordinario de vigilancia a los miembros de la célula, incluyendo a los que no tenían antecedentes penales hasta el día de los atentados. El CNI, escribe Público, estaba “ escuchando y transcribiendo todas las conversaciones entre esos jóvenes musulmanes, que supuestamente todavía no estaban relacionados con ningún complot yihadista —ejecutando los controles de inteligencia más exhaustivos posibles, que requieren considerable material y recursos humanos”.

• Después del atentado, funcionarios del CNI implicados en tratativas con Es-Satty fueron destinados a un lejano país africano, y otro fue “trasladado a la capital de un país latinoamericano con su familia”.

El informe de Público es políticamente devastador. Hasta la fecha, ninguno de sus detractores ha intentado examinar o desacreditar los documentos en los que se basa. Brinda pruebas poderosas de que el gobierno español, que estaba buscando públicamente un pretexto para imponer la ley marcial antes de la declaración de independencia de Cataluña de octubre de 2017, sabía que existía una célula terrorista en Barcelona pero decidió no actuar para desmantelarla, lo que costó cientos de víctimas. Esto tiene implicaciones políticas de amplio alcance.

El giro hacia formas de gobierno de Estado policial y la legitimación oficial del fascismo que tiene lugar actualmente en España y en Europa se basan en la criminalidad del Estado y en mentiras políticas. Después de que la célula perpetrara su atentado, el CNI intentó esconder las pruebas de su complicidad. Y al tiempo que la policía española atacaba brutalmente a votantes pacíficos en el referéndum catalán, la clase gobernante española se desplazaba drásticamente hacia la derecha, promocionando al partido Vox, que es favorable al fascismo y está contra los nacionalilstas catalanes. Lo que es más llamativo, el Tribunal Supremo español declaró que Francisco Franco, el dirigente del golpe de 1936 contra la república española y el fundador de una dictadura fascista de cuatro décadas, fue el jefe de Estado legítimo del país inmediatamente a partir de su golpe, que provocó la Guerra Civil española.

Mientras la noticia del informe de Público se difundía por las redes sociales, provocaba la indignación en amplias capas de la clase trabajadora. Las Ramblas, la avenida del centro de Barcelona donde sucedieron los atentados, fue llenada de pegatinas que decían “17-A. Basta. Silencio cómplice”. Pero la élite gobernante ha estado trabajando incansablemente para minimizar, tergiversar y desacreditar el informe. El gobierno en funciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) afirmó sin rodeos que el exdirector del CNI ya había dado las explicaciones necesarias en el Congreso. A finales del mes pasado, el PSOE, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox bloquearon —por segunda vez— llamamientos de los partidos nacionalistas catalanes para una investigación parlamentaria de los atentados de 2017.

De importancia particular fue la respuesta de las fuerzas políticas y mediáticas afiliadas a Podemos. Habiendo buscado durante meses formar un gobierno de coalición con el PSOE, que está encubriendo el contexto del atentado de Barcelona, sus facciones se unieron para insistir en que este informe no tiene ninguna importancia.

Un ejemplo típico fue el diario en línea eldiario.org, un destacado sitio web “izquierdista”. Después de días de no tratar la noticia, su director Ignacio Escolar tuvo que responder a suscriptores furiosos que lo acusaban de complicidad en una conspiración de silencio. Sin intentar explicar el largo seguimiento por parte del Estado a la célula de Barcelona revelado por Público, de manera complaciente escribió que “no es raro que algunos perpetradores de atentados hayan sido investigados por fuerzas de seguridad o servicios secretos. Así es como muchos otros atentados terroristas son evitados, aunque esto no siempre se logre”.

Los periodistas Antonio Maestre y Elisa Beni, ambos destacadas figuras que salen a menudo en la televisión para representar el punto de vista de Podemos, también atacaron el informe. En un intercambio en Twitter con Carlos Enrique Bayo, el autor del informe de Público, Maestre lo acusó de publicar trabajo de hackeo basado en notas obtenidas de independentistas catalanes “fanáticos”. Beni defendió a Maestre, diciendo que el informe de Público era un “sinsentido” y un “uso político del terrorismo”.

Jaume Asens, portavoz de En Comú Podem, la confluencia catalana de Podemos, insistió en que los lectores evitaran hacer “lecturas conspirativas” del informe de Público .

Gaspar Llamazares, exdirigente de la estalinista Izquierda Unida, denunció a todo aquel que plantee preguntas sobre el papel de la inteligencia española: “En la mayoría de los grandes atentados [terroristas] del mundo, un informante ha aparecido o ellos [los terroristas] eran monitoreados por los servicios de inteligencia. En ninguna parte excepto en España se los ha acusado de ser cómplices”.

De manera semejante, los independentistas catalanes están ayudando a encubrir al Estado. Un mes después de enviar una carta pro forma apelando a que Madrid establezca una comisión para salvar las apariencias para investigar los atentados y así “terminar la alarma social generada”, el gobierno catalán ha estado guardando un silencio absoluto.

La pequeñoburguesía catalana también ha atacado a Público. Natàlia Sànchez, del partido nacionalista catalán Candidaturas de Unidad Popular (CUP), atacó a Bayo en la comisión del Parlamento catalán sobre los atentados de 2017. Acusó a Bayo, que había viajado desde Madrid para testificar ante la comisión, de “ayudar a generar una sensación de conspiranoia que no ayuda a las víctimas ni al trabajo de esta comisión”.

Hay mucho más en juego que el reporte de Bayo. Los nacionalistas catalanes y los sectores de la clase media acomodada en los que Podemos y sus confluencias hunden sus raíces —orientados al PSOE, el Estado capitalista español, y la Unión Europea— temen las implicaciones de desacreditar las guerras imperialistas en el Medio Oriente y el aparato estatal español. Se están adaptando al rápido desplazamiento de la burguesía hacia formas de gobierno autoritarias y fascistas.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de septiembre de 2019)