Caption: Los trabajadores de la compañía de autobuses realizan protestas independientes exigiendo salarios no pagados en Bahía.

La despiadada decisión avanzada por el presidente fascista de Brasil, Jair Bolsonaro, al comienzo de la crisis del coronavirus, que los trabajadores sigan trabajando, exponiéndose al coronavirus o morir de hambre, es cada vez más concreta para millones de personas.

Mientras Bolsonaro lleva a cabo una agitación virulenta por un regreso prematuro al trabajo, en sintonía con el presidente estadounidense Donald Trump y los intereses de los capitalistas brasileños e internacionales, los despidos y recortes salariales se están extendiendo por todo el país al mismo ritmo que el nuevo y mortal coronavirus.

Una nueva medida provisional aprobada por Bolsonaro el 1 de abril permite a las empresas suspender los contratos, reduciendo las horas de trabajo y reduciendo los salarios hasta en un 70 por ciento. Con una compensación parcial del gobierno, los trabajadores se enfrentan a una escasez drástica de ingresos. El gobierno ha nombrado cínicamente su medida como el "Programa de Emergencia para el Mantenimiento del Empleo y los Ingresos".

Los sindicatos dicen representar a los trabajadores, pero este movimiento criminal no comenzó sólo la semana pasada.

Diez días antes, Bolsonaro había fracasado en aplicar otra medida provisional aún más radical, que permitía la suspensión de contratos de trabajo sin ninguna compensación económica a los trabajadores. En las pocas horas que duró la medida, antes de ser revocada en la tarde del mismo día en que se anunció, los sindicatos fueron lo suficientemente rápidos como para negociar acuerdos sobre su base.

El Sindicato de Trabajadores en Hoteles, Bares, Restaurantes en Sao Paulo y Región (Sinthoresp) firmó un acuerdo autorizando, por cuatro meses, la suspensión de contratos sin pago de salarios para los trabajadores en 32 municipios, además de Sao Paulo, las ciudades más grandes del país.

Este acuerdo fue duramente criticado. Un trabajador dijo: "Este sindicato corrupto ha firmado un acuerdo criminal que destruirá las vidas de millones de trabajadores". Otro añadió: "La intención de los sindicatos es clara, o el trabajador muere de hambre o con la pandemia, por lo que el jefe no paga nada en ambos casos; este es un claro ejemplo de por que los sindicatos deben ser EXTINGUIDOS!".

Durante las últimas semanas, las huelgas, los paros de trabajo y las protestas han sido llevados a cabo casi a diario por conductores de autobuses y cobradores de billetes en varios estados brasileños. Las empresas de autobuses proponen despidos masivos y recortes salariales que podrían afectar a más de 70.000 trabajadores en abril, según la propia evaluación de las empresas. Justo este lunes, 6 de abril, dos acciones industriales de conductores y cobradores han cerrado terminales de autobuses en Campinas, Sao Paulo, y Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Los sindicatos han estado pidiendo estas huelgas y paros para aliviar la presión de los trabajadores, y rápidamente las están suspendiendo al llegar a acuerdos parciales en interés de las empresas, reduciendo los salarios y beneficios de los trabajadores. Se hace todo lo posible para aislar a los trabajadores localmente, evitando la unificación del movimiento.

Un acuerdo hecho a espaldas de los trabajadores de Río de Janeiro, en el sureste del país, fue denunciado en Twitter. La esposa de uno de los trabajadores escribió: "Aquí en Río de Janeiro, el sindicato de trabajadores de la empresa de autobuses hizo un acuerdo que perjudica a los trabajadores. Vacaciones no pagadas, 15 días de licencia sin goce de sueldo, o firmas o te despiden".

La política procorporativa adoptada por los sindicatos en medio de la crisis del coronavirus no es sorprendente; es simplemente una continuación de su política anterior. Wagner Santana, presidente del Sindicato de Metalúrgicos de ABC (SMABC), una base histórica del Partido de los Trabajadores (PT), lo dejó claro en una entrevista con el diario de negocios Valor Economico en vísperas de la aprobación de la medida provisional de Bolsonaro.

Santana defendió, en nombre de mantener puestos de trabajo, la reanudación de los desenlaces y otras políticas en la línea con el Programa de Protección del Empleo (PPE), una versión más suave del actual programa Bolsonaro, propuesto por la Central Única dos Trabalhadores (CUT), dirigido por el PT, e implementado por la administración del PT del presidente Dilma Rousseff.

El argumento de Santana de que estas medidas "salvaron muchos puestos de trabajo" se ve completamente socavado por los datos de su propio sindicato: desde 2011 el número de metalúrgicos en la región de ABC ha disminuido de 119.000 a 68.000. El único resultado de estas políticas ha sido la salvaguardia de los beneficios corporativos, especialmente de las empresas transnacionales que operan en el país.

En General Motors, los trabajadores han pasado por amargas experiencias con varios de estos acuerdos. Durante la semana pasada, los sindicatos han coordinado la implementación de otro programa de despegue odiado.

El sindicato de metalúrgicos dirigido por los morenistas de la PSTU en la planta de GM en San José dos Campos, que inicialmente afirmaba estar en contra del acuerdo firmado por los otros sindicatos, ahora está liderando una campaña para su aprobación. Después de su segunda reunión con la compañía, los líderes sindicales anunciaron que estaban dispuestos a aceptar un programa de despegue si se implementaba de la misma manera que los firmados en años anteriores, lo que implicaba pérdidas menores para los trabajadores. Esta posición fue ampliamente rechazada por las bases, que decía que no estaba dispuesto a aceptar ningún tipo de desfile.

El sindicato, después de reunirse por tercera vez con GM, informó de que las negociaciones habían terminado y que la empresa no haría ninguna concesión. Se les dijo a los trabajadores que tendrían que evaluar si la propuesta era "factible" y votar. En respuesta, la oposición de los trabajadores fue aún más abrumadora. Cientos de comentarios en Facebook denunciaron el sindicato.

"Nos hacen esperar y esperar para traernos lo mismo al final. Hacen que parezca que están peleando y luego vuelven pasivos", comentó uno de ellos. Otros dijeron: "GM no quiere ceder? Simplemente no aceptes sus propuestas".

"Este sindicato no tiene completamente sin rumbo. 3 reuniones con la empresa para presentar este... No más confianza en nuestros representantes, rechacemos este vergonzoso acuerdo..."

Las experiencias de los trabajadores brasileños apuntan a la urgente necesidad de superar la estructura reaccionaria de los sindicatos, que sólo ha sido un bloqueo contra el movimiento de la clase trabajadora.

Esto quedó radicalmente demostrado por el levantamiento de los operadores de “call centers” en todo Brasil, quienes organizaron huelgas y protestas militantes contra las condiciones inseguras impuestas por las grandes corporaciones en nombre de sus intereses lucrativos. Las empresas y los gobiernos estatales y municipales respondieron a los trabajadores dando concesiones extremadamente limitadas con una mano y, con la otra, redoblando los ataques.

Un trabajador de AlmaViva en Sao Paulo informó al WSWS que la mayoría de los operadores mantuvieron la huelga durante más de una semana. Sin embargo, la compañía ahora está tratando de forzar un regreso al trabajo. "No conseguimos la oficina en casa, tendrían que darme tanto la computadora como internet. No me lo están dando y quieren que siga trabajando normalmente. Han amenazado que después de 14 días de ausencias ininterrumpidas, te dejarán ir por causa justa... Tengo amigos que vuelven al trabajo por miedo a morir de hambre".

El WSWS también habló con los operadores de los call centers en Salvador, Bahía, quienes organizaron una página en Instagram, llamada senzala80. Informaron que aunque el ayuntamiento local ha ordenado la liberación del 30 por ciento de los trabajadores de las empresas, "hay una falta de supervisión por parte de las agencias competentes".

En la empresa ATMA, los trabajadores de senzala80 dijeron: "Todavía está muy concurrida y ahora no están respetando el 30 por ciento desde que trajeron a la mayoría de las personas que fueron expulsadas hoy ... Todos están preocupados por ser despedidos. La empresa 'estableció una constitución', donde dictan las reglas".

Una situación similar está sucediendo en Sergipe, también en el noreste del país, donde AlmaViva logró revertir una decisión judicial y obligó a la devolución del 30 por ciento de la fuerza laboral.

Luchando contra el movimiento obrero que se opone a AlmaViva, el sindicato que representa oficialmente a este sector, Sinttel-SE, publicó una nota repudiando las protestas: "El mayor enemigo al que se ha enfrentado el Sinttel-SE es el virus de la desinformación propagado diariamente por personas sin escrúpulos que, ignorando los riesgos de contagio de COVID-19 y la posibilidad de represalias patronales, tratan de inducir a los trabajadores a participar en acciones a las puertas de la empresa".

Contra este bloqueo sindical, los trabajadores de Salvador afirmaron que siguen trabajando dentro de las empresas para organizar nuevas protestas y huelgas. Dicen que la creación de la página web fue muy importante: "Es donde podemos hablar sin represalias sobre nuestras insatisfacciones e incluso el miedo. Aquí recibimos quejas, las publicamos. Aquí tenemos una voz".

También ven su lucha en el contexto de las huelgas llevadas a cabo en todo el mundo por la clase obrera contra las condiciones de inseguridad impuestas por el capitalismo. "Hemos estado pasando por muchos problemas por un tiempo... así que [el riesgo de contaminación por PARTE de COVID-19] fue una especie de chispa", dijo uno de ellos. "Sería importante tener esta unificación internacional, todos unidos para lograr un único propósito. Sería bueno porque no tenemos sindicatos, por lo general se ponen del lado de la empresa y el nuestro no es diferente".

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de abril de 2020)

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