Donald Trump está intensificando sus intentos de manufacturar un pretexto para de declarar ley marcial y desplegar el ejército en las calles de Estados Unidos. El presidente ha emprendido una serie de provocaciones en la medida en que sale a la luz más información sobre cuán cerca estuvo Trump de instigar un baño de sangre militar a inicios de la semana pasada.

Pocas horas después de que las últimas tropas de la Guardia Nacional fueran retiradas de Washington DC, Trump realizó otra amenaza de emplear violencia militar contra una importante ciudad estadounidense, esta vez Seattle. En declaraciones en Twitter el miércoles por la noche, Trump exigió que el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee y la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, ambos demócratas, actuarán para suprimir las protestas en un pequeño barrio del cual la policía se ha retirado temporalmente. “Si no lo hacen, yo lo haré”, tuiteó. “Esto no es un juego”.

Trump estaba aprovechando una serie de protestas menores en la ciudad en que los manifestantes contra la violencia policial declararon una “Zona Autónoma Capitol Hill” compuesta por seis cuadras enteras de la ciudad delineadas por señales pintadas con aerosol, campamentos y otra parafernalia que recuerda a las protestas de Ocuppy Wall Street de 2011. Esta realidad no ha prevenido que Trump presente los acontecimientos en los términos más incendiarios. “Seattle, por supuesto gobernada por demócratas de la izquierda radical, ha sido tomada por terroristas nacionales”, tuiteó luego, añadiendo, “¡Ley y orden!”.

Trump anunció el jueves que celebraría su primer mitin público de campaña desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en Tulsa, Oklahoma el 19 de junio. Esto es extraordinariamente provocativo, dado que las protestas de masas contra el asesinato de George Floyd continúan. El 19 de junio ha sido celebrado tradicionalmente por los afroamericanos como el “Juneteenth”, el día en que la Proclamación de Emancipación por fin entró en vigor en Texas en 1865, mientras que Tulsa es el lugar de el peor incidente de violencia racista contra afroamericanos en la historia, la masacre de Greenwood de 1921, en la cual fueron asesinadas hasta 300 personas.

La elección de la fecha y el lugar para un mitin de campaña debe ser visto como un esfuerzo deliberado para escenificar un enfrentamiento entre fuerzas pro-Trump y anti-Trump para “justificar” el uso de militares.

La crisis política sin precedentes en EE.UU. fue subrayada por los comentarios el miércoles por la noche del oponente demócrata de Trump en la elección presidencial, Joe Biden, en un programa de Comedy Central con el presentador Trevor Noah. “Este presidente intentará robarse estas elecciones”, declaró Biden. En respuesta a la pregunta de Noah sobre si espera que Trump se rehúse a dejar su cargo si fuera derrotado el 3 de noviembre, el exvicepresidente dijo que ese es “mi mayor temor”.

Biden luego aplaudió los ataques públicos de una serie de exlíderes militares contra Trump la semana pasada, después de que Trump amenazara con desplegar a militares contra aquellos protestando el asesinato policial de George Floyd. “Estoy tan orgulloso. Tienes a cuatro jefes de personal saliendo y arrancándole la piel a Trump”, dijo, añadiendo que él contaba con que los militares depongan a Trump si él se rehusaba a respetar los resultados del voto. “Les prometo, estoy completamente convencido de que lo escoltarán fuera de la Casa Blanca en un, con un gran despliegue”, concluyó Biden.

Esta declaración es notable: en primer lugar, porque Biden reconoce que Trump no tiene ninguna intención de aceptar el resultado de la elección y, en segundo lugar, porque les concede a las fuerzas armadas el papel decisivo en la deposición de Trump de su cargo. Noah no preguntó y Biden no dijo qué haría si los militares no deponen a Trump y le permiten quedarse en el poder.

Los reportes de prensa han arrojado más luz a los eventos del 1 de junio y los días siguientes, confirmando completamente las advertencias del World Socialist Web Site y el Partido Socialista por la Igualdad de que Trump estaba buscando lanzar un golpe militar. El lunes 1 de junio, se proclamó el “presidente de la ley y el orden” y amenazó con aplicar la Ley de Insurrecciones de 1807, bajo la cual el presidente puede desplegar tropas en caso de que los Gobiernos locales y estatales no puedan mantener el orden.

En una reunión el lunes por la mañana, Trump exigió el envío de tropas federales a Washington DC, donde lo habían asustado significativamente las protestas fuera de la Casa Blanca. Según un informe el jueves del New York Times, “El general Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, se opuso, diciendo que era una idea terrible tener tropas de combate entrenadas para luchar contra adversarios extranjeros en una guerra contra estadounidenses. Se produjo una salvaje disputa sobre utilizar otra opción: llamar a las tropas de la Guardia Nacional de otros estados para reforzar las 1.200 tropas de la Guardia de DC que ya habían sido llamadas”.

Once estados contribuyeron 3.900 tropas de la Guardia Nacional, incluyendo estados más lejanos que los vecinos Maryland y Nueva Jersey como Carolina del Sur, Florida, Mississippi, Tennessee, Ohio, Indiana, Missouri e incluso Utah y Idaho. Diez de los once estados tienen gobernadores republicanos. Ante la insistencia del Pentágono, las tropas de la Guardia Nacional guardaron sus armas y municiones en una armería local y salieron a patrullar desarmados para evitar una repetición de la masacre de Kent State hace 50 años, cuando las tropas de la Guardia Nacional abrieron fuego contra estudiantes manifestándose contra la guerra, matando a cuatro.

Queda claro, sin embargo, que Trump quería un encontronazo violento como tal y buscó provocar un enfrentamiento esa noche que le daría el pretexto para realizar maniobras militares mayores y más expandidas. Los reportes de prensa indicaron que la orden del secretario de Defensa, Mark Esper, de que las fuerzas de la Guardia Nacional debían operar sin armas a su alcance no fue aprobada por la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, según el Times, el general Milley y el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, “le advirtieron a la Guardia durante el día que, si no podían controlar las protestas, el Sr. Trump probablemente llamaría a la 82ª Aerotransportada”. Estas tropas, así como la policía militar de la 10ª División de Montaña estacionadas en el norte del estado de Nueva York, fueron llevados al área de Washington DC, pero permanecieron en bases fuera de la ciudad.

A pesar de la ausencia de cualquier violencia significativa en la capital estadounidense, no fue hasta la noche del jueves 4 de junio, que Trump aceptó que las tropas regulares fueran enviadas a casa. El domingo 7 de junio, les permitió a las tropas de la Guardia Nacional en las afueras de DC a regresar a sus estados. Este repliegue, completado hasta el miércoles, no ha puesto fin a la amenaza de una intervención militar.

El miércoles, el secretario Esper y el general Milley respondieron por medio de una carta a la demanda de la comisión sobre servicios armados de la Cámara de Representantes de que se presentaran para rendir testimonio sobre el uso planificado de los militares contra las protestas de masas por la muerte de George Floyd. Ambos se han rehusado a testificar hasta ahora, acatando las instrucciones inconstitucionales de la Casa Blanca bloqueando cualquier cooperación con la Cámara de Representantes controlada por los demócratas.

En su carta, Esper y Milley dijeron que las fuerzas militares en servicio activo “nunca estuvieron en el distrito para propósitos de aplicación del derecho civil”. Pero declararon que Trump aún cuenta con la autoridad para invocar la Ley de Insurrecciones de 1807 y enviar tropas federales a cualquier parte de Estados Unidos para suprimir los disturbios. “En caso de que un presidente tome dicha decisión, podrá hacerlo sin la aprobación del Gobierno estatal en que se utilicen las fuerzas”, indica. Esto aplicaría directamente para el estado de Washington, el blanco actual de las amenazas de Trump.

Como advirtió el PSI en una declaración, “Los conspiradores en la Casa Blanca no han dejado de complotar. Las fuerzas armadas están aguardando su oportunidad y considerando sus opciones. La policía sigue estando armada hasta los dientes”.

Como lo han dejado en claro los comentarios de Biden, los demócratas consideran que los militares son el último árbitro en la política en Estados unidos.

Ni el Congreso ni el Partido Demócrata levantaron ni un dedo en oposición a la declaración presidencial de gobierno autoritario. Solo fue debido a la oposición desde la cúpula del Pentágono, la cual consideró que dicha acción militar estuvo mal preparada y no era necesario aún, que Trump echó marcha atrás.

La responsabilidad de oponerse a los preparativos de Trump para una dictadura recae sobre la clase obrera, la única fuerza cuya mera existencia está vinculada a la defensa de los derechos democráticos, como lo demuestran las continuas protestas de masas contra los asesinatos policiales. Esto necesita seguir adelante por medio de la construcción de un movimiento político independiente de la clase obrera con base en un programa socialista.

(Publicado originalmente en inglés el 12 de junio de 2020)