La política de regreso al trabajo y la suspensión de todas las medidas de contención del coronavirus es la nueva realidad aceptada por los políticos brasileños, los medios de comunicación y la élite empresarial-financiera. No se ven sacudidos por la aparición de nuevos casos y muertes por la enfermedad que, según las cifras oficiales, ha matado a 45.000 personas en Brasil.

Un video comercial publicado por el Banco Bradesco declara: "Todo el mundo entiende la importancia de quedarse en casa ahora. Pero sabemos que esto no fue posible para ti". A continuación, presenta imágenes de trabajadores de industrias, limpieza, atención médica, entrega y varios otros servicios, incluyendo, por supuesto, sus propios empleados bancarios: "La gente que se levanta temprano, que trabaja duro, que se arriesga. Personas que están haciendo lo que hay que hacer".

En nombre de la reanudación del flujo de beneficios a los bancos y accionistas, estos trabajadores están siendo enviados a lugares de trabajo extremadamente inseguros que están contaminados con COVID-19. Esos trabajadores luego llevan la enfermedad a sus familias y vecinos. Esto es lo que ha garantizado el "mejor mayo desde 2009" para el mercado bursátil brasileño.

Se están produciendo brotes de coronavirus en grandes empresas, que afectan a cientos de miles de trabajadores en todo el país. Las ciudades construidas alrededor de grandes plantas de faenas cárnicas y minas están sufriendo una contaminación masiva.

Un informe publicado por la Universidad del Valle de Taquari (Univates) en Lajeado, una ciudad con una alta concentración de plantas procesadoras de carne en el interior de Río Grande do Sul, concluyó que la tasa de contaminación en la ciudad es 14 veces mayor que en el resto del estado. Entre los más de 16.000 trabajadores de las carnicerías, la posibilidad de ser infectados es 207 por ciento más alta.

A principios de mayo, una planta de BRF Foods en Lajeado fue cerrada por el Departamento de Trabajo del Estado (MPT) por suponer un grave riesgo para la salud de la ciudad. Se reabrió ocho días más tarde, tras un acuerdo que implicaba la asignación de 1.200.000 reales (unos 230.000 dólares estadounidenses) a los hospitales locales.

El mismo patrón se repite en las fábricas cárnicas de todo el Brasil. En Mato Grosso do Sul, en la región central del país, el MPT ya ha dado aviso a más de 30 industrias del sector por no seguir las recomendaciones sanitarias más básicas.

Uno de los peores brotes en el estado ocurrió en la fábrica de JBS en Dourados, donde más de 400 de los aproximadamente 4.000 empleados dieron positivo para COVID-19.

La reserva indígena de Dourados, la mayor concentración de población indígena del país, donde viven unas 16.000 personas, tiene ya 86 casos confirmados de coronavirus. La transmisión comunitaria en la reserva comenzó después de que un residente que trabaja en la planta de JBS se contaminó en el trabajo.

En una declaración de emergencia, los líderes indígenas Guaraní y Kaiowá advirtieron que la población de la reserva, que carece de infraestructura sanitaria y de viviendas adecuadas, "se enfrenta a otra masacre con la llegada de COVID-19".

JBS respondió enviando a casa a los trabajadores infectados y a los indígenas que trabajan en la planta y continuando la producción como antes, afirmando que sigue "un estricto protocolo para controlar y prevenir la enfermedad". También anunciaron una donación de 21.000.000 de reales (unos 4.000.000 de dólares estadounidenses) al sistema de salud pública de Mato Grosso do Sul, para "compensar" la devastación que está causando.

Las ya terribles condiciones de trabajo en las carnicerías brasileñas pueden empeorar. En nombre de las empresas cárnicas, el diputado federal Celso Maldaner del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), propone la eliminación de los descansos legalmente exigidos a los trabajadores que trabajan a bajas temperaturas en las fábricas de carne.

Otra serie de brotes de COVID-19 se produce en las ciudades donde la Companhia Vale do Rio Doce lleva a cabo sus operaciones mineras. En Canaã dos Carajás, en el estado de Pará, donde se encuentra el mayor complejo de Vale y la mayor mina de hierro del mundo, la tasa de contaminación por COVID-19 entre sus habitantes es de casi el 4 por ciento. El 10 de junio, la ciudad tenía 1.417 casos confirmados para una población de 36.027 habitantes.

Después de que la empresa realizara pruebas rápidas entre sus empleados, las diversas ciudades de Minas Gerais en las que Vale lleva a cabo sus exploraciones revelaron altos niveles de contaminación. En Itabirito, de los 100 casos confirmados, 94 son de empleados de Vale. En Ouro Preto y Barão dos Cocais, los mineros representan alrededor del 80 por ciento de los casos confirmados.

El complejo minero de Vale en la ciudad de Itabira—donde se realiza alrededor del 10 por ciento de la producción de la empresa—fue cerrado por segunda vez por el MPT el 6 de junio, después de una oleada de docenas de nuevos casos de coronavirus entre los aproximadamente 5.000 trabajadores. A finales de mayo, el complejo ya había sido cerrado después de que un informe mostrara que más de 200 personas habían sido infectadas.

Las condiciones de trabajo expuestas por las investigaciones son totalmente inseguras: los trabajadores se amontonan en los cambios de turno y son transportados en furgonetas muy compactas. La operación dentro de cabinas cerradas es también un factor de riesgo potencial, que ayuda a transformar las minas en zonas de reproducción de COVID-19.

Los trabajadores de la Compañía Nacional de Acero (CSN), la mayor empresa siderúrgica de Brasil y América Latina, también están bajo un alto riesgo. El MPT solicitó el cierre de una mina CSN en la ciudad de Congonhas, lo cual fue negado por los tribunales. Según el MPT, una investigación sanitaria "encontró defectos en las medidas de protección, aglomeración en el transporte y falta de distancia entre los trabajadores en algunos puntos de la empresa, como las cafeterías".

Incluso en las oficinas de la empresa, situadas en São Paulo, los empleados informaron de que la empresa mantiene sus actividades in situ funcionando en condiciones inseguras, como la falta de limpieza adecuada y las cafeterías abarrotadas, incluso después de que docenas de empleados se hubieran contaminado.

Hay una creciente ira entre los trabajadores de CSN, quienes, además del alto riesgo en el trabajo, reciben salarios muy bajos. En Volta Redonda, donde se encuentra su fábrica principal, los trabajadores se enfurecieron a principios de mes con la firma de un acuerdo del sindicato que congela los salarios durante dos años.

En cientos de comentarios en Internet, los trabajadores han denunciado el proceso de votación en línea como un fraude. Afirman que fueron coaccionados por empleados de alto rango para votar en contra de la huelga y amenazados con ser despedidos si votaban a favor. "La votación, como siempre, está manipulada, no se nos permitió seguir el proceso. No puedo creer que los trabajadores aceptaran eso. No se puede confiar en este sindicato", dijo un trabajador.

La situación de los trabajadores de las carnicerías y minerías es sólo un caso entre muchos otros. La vida de los trabajadores está en peligro en la mayoría de los lugares de trabajo.

La semana pasada, los trabajadores de Petrobras realizaron manifestaciones frente a la Refinería Presidente Bernardes en Cubatão, São Paulo, donde más de 130 trabajadores del petróleo fueron infectados y tres murieron a causa de COVID-19. Según Petrobras, hay más de 1.000 casos confirmados entre los empleados de todo el país.

Es urgente que los trabajadores de base organicen comités de seguridad en los lugares de trabajo de todo el país para elaborar procedimientos y reglamentos de seguridad e inspeccionar su aplicación. Instamos a los trabajadores a leer nuestra declaración, "Construir comités de base en las fábricas y lugares de trabajo para prevenir la transmisión del virus COVID-19 y salvar vidas!" y contactarnos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de mayo de 2020)