A menos de una semana de la toma de posesión de Luis Arce del partido MAS como presidente de Bolivia, grupos de extrema derecha y fascistizantes están promoviendo manifestaciones en todo el país exigiendo el vuelco de las recientes elecciones y una toma militar.

Anoche, un cabildo callejero convocado por la fascista Unión Juvenil Cruceñista (UJC), reunió a miles de personas en el centro de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande de Bolivia y el principal centro de la oposición de derecha del país. El consejo adoptó los siguientes puntos: anulación de las elecciones y fiscalización del proceso electoral, bloqueando la toma de posesión del nuevo presidente, bloqueando las instituciones estatales y exigiendo que los militares “cumplan con su rol constitucional”, es decir, que tomen el control de las instituciones estatales.

La asamblea golpista celebrada en Santa Cruz fue recibida por la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, quien tuiteó esta mañana: “El Cabildo cruceño es una lección para los masistas: Arce ha ganado pero no podrá gobernar desde el abuso”. Esta es una peligrosa amenaza proveniente de alguien que preparó a los militares para un posible golpe de Estado durante las elecciones, y expresa el grado de inestabilidad política que permanece en Bolivia.

Las acusaciones de fraude electoral, realizadas solo por los llamados Comités Cívicos y sus “grupos de choque”, como la UJC, resultaron insuficientes para movilizar fuerzas inmediatamente después de la votación, que tuvo lugar el 18 de octubre. La clara victoria de Luis Arce fue reconocida casi de inmediato por el régimen golpista de Áñez y luego incluso por el candidato presidencial ultraderechista de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Las manifestaciones por la nulidad de las elecciones convocadas por la UJC no tuvieron participación inicial, pero de repente cobraron fuerza el pasado miércoles, tras una decisión tomada en la Asamblea Legislativa. Teniendo una amplia mayoría de diputados del MAS, la asamblea votó para modificar su propio reglamento, derogando el requisito de una mayoría de dos tercios, reemplazándolo por una mayoría simple, para la aprobación de una serie de medidas, entre ellas la promoción de la policía y oficiales militares.

Primero denunciada por el caucus de la Unidad Demócrata (UD), la decisión pronto se convirtió en el punto focal de la oposición de derecha en su conjunto. La representante de la UD, Claudia Mallón, dijo que el MAS buscaba desatar “una vendetta en contra de la Policía y los militares”.

El candidato del segundo lugar en las elecciones presidenciales, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), anunció que, si el MAS no retrocede en la “decisión de dos tercios”, no asistirá a la ceremonia de toma de posesión de Arce, deslegitimando virtualmente a la nueva administración. El abogado de la CC, Carlos Alarcón, afirmó que las modificaciones “son un atentado artero a la democracia y al estado de derecho”.

Camacho volvió a tomar la ofensiva y grabó un comunicado en el que decía: “El retiro de los dos tercios en el reglamento de debates del Senado y Diputados, es un claro inicio de que Luis Arce gobernará según el mismo estilo autoritario del masismo.” Y advirtió que “se vienen nuevas luchas para defender la democracia que el MAS vuelve a lastimar y pisotear”.

El actual presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, sucesor de Camacho en este cargo, calificó la medida como otro "golpe" del MAS y anunció una huelga de hambre frente a la Asamblea Legislativa.

Impulsadas por este apoyo político, las protestas encabezadas por fascistas en Santa Cruz y otras grandes ciudades como La Paz y Cochabamba comenzaron a exigir no solo la anulación del voto que derogó el requisito de los “dos tercios”, sino la anulación de las elecciones presidenciales. Liderados por la UJC y su contraparte en Cochabamba, los manifestantes de la Resistencia Juvenil de Cochala (RJC) gritaron consignas como: “¡Si no hay anulación, tampoco posesión!" y "No, no, no, no me da la gana, vivir en dictadura como la venezolana¡".

En Santa Cruz, una vigilia a las puertas del cuartel general de la Octava División del Ejército exigiendo la toma del poder por parte de los militares, que se viene desarrollando desde hace días, se intensificó el miércoles pasado, según el diario Página Siete. También se levantaron bloqueos en decenas de puntos de Santa Cruz y algunos lugares de Cochabamba.

Las protestas se intensificaron y fueron más violentas el viernes. En Cochabamba, manifestantes, supuestamente miembros del RJC, intentaron derribar el portón y ocupar la Unidad Táctica de Operaciones Especializadas de la Policía, donde se inició un motín policial durante el golpe de 2019 contra Evo Morales.

Esa misma noche, un grupo de siete periodistas de diferentes cadenas de televisión informaron haber sido agredidos verbalmente y detenidos durante unos 10 minutos por estos manifestantes. Los periodistas de Opinión también dijeron que habían sido rodeados y amenazados por miembros del RJC. Al día siguiente, ocho integrantes del RJC fueron detenidos por un tercer incidente, que involucró la destrucción de vehículos de presuntos simpatizantes del MAS. Los detenidos portaban explosivos, una bazuca casera y otras armas.

Mientras sus ramas paramilitares actuaban en las calles, los Comités Cívicos lanzaron un llamado a una auditoría internacional del proceso electoral, que fue apoyado casi de inmediato por la Iglesia Católica, también partidaria del golpe de 2019. Esta demanda, completamente infundada, solo sirve como medio para legitimar las manifestaciones fascistizantes que reclaman un nuevo golpe.

Significativamente, un miembro importante del gobierno de Áñez apoyó el llamado a una revisión de los resultados electorales. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, declaró el sábado: “Lo que está pidiendo Santa Cruz y, creo que todo el país, (es) que haya una auditoría, yo creo que lo mejor es que el Órgano Electoral ordene una auditoría pronta y rápida con veedores internacionales.”

En otra provocación política, Áñez invitó a la ceremonia de toma de posesión de Luis Arce al autoproclamado "presidente interino" de Venezuela, apoyado por Estados Unidos, Juan Guaidó. El derrocado presidente del MAS, Evo Morales, no fue invitado.

El clima creciente de violencia política que marca el período postelectoral en Bolivia se manifestó en el asesinato de Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Mineros de Bolivia y militante del MAS. Gutiérrez, que había sufrido ataques anteriores, fue golpeado cuando regresaba a casa en los días posteriores a las elecciones, en lo que parece haber sido un homicidio premeditado por la extrema derecha. Fue hospitalizado por traumatismo craneoencefálico en una clínica de La Paz el 22 de octubre y falleció días después.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, una de las figuras más brutales del régimen golpista, difundiendo calumnias para encubrir los verdaderos motivos del asesinato, dijo que Gutiérrez “farreó dos días y ahí fue golpeado”. Murillo prosiguió: “Se habla de que estaba con otros dirigentes mineros, muchos dicen que la pelea era por distribución de pegas (trabajo), que se peleaban por cargos en ministerio que le ofrecieron y ahí fue la agresión.”

Esta violencia fascistizante puede crecer gracias a la política del MAS. Desde el golpe de noviembre de 2019, los líderes del MAS han trabajado para sofocar la resistencia obrera y campesina en las calles y por un acuerdo con los militares y las capas más reaccionarias de la burguesía boliviana.

En una entrevista reciente con sus partidarios pseudoizquierdistas de la clase media de Jacobin, un destacado líder del MAS, Andrónico Rodríguez, dejó en claro que, habiendo ganado las elecciones, su partido mantendrá la misma actitud cobarde y continuará sus traiciones contra la clase obrera. Afirmó que el Gobierno de Arce "está representando a todos los sectores", incluida la "extrema derecha". Dijo: “Esperemos que se logre concertar una especie de unidad entre todos, que se logren establecer y constituir políticas de Estado para que, finalmente, gane Bolivia, más allá de los colores políticos de cada uno”.

La victoria electoral del MAS, como dejan claro los acontecimientos recientes, no ha eliminado la amenaza dictatorial que plantean los fascistas. Arce llega al poder con la promesa de formar un Gobierno de “unidad nacional” y trabajar por la “pacificación del país”, es decir, para reprimir las luchas de la clase obrera boliviana, mientras acomoda su administración a las fuerzas políticas que buscarán, a partir de ahora, derrocar su presidencia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de noviembre de 2020)