El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos ha planteado planes para censurar internet en España.

El "Procedimiento de Actuación contra la Desinformación", aprobado el mes pasado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) de España y publicado este mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), le permite al Estado monitorizar y suprimir contenido en internet con el pretexto de combatir "noticias falsas" y la "injerencia extranjera".

El documento hace la estipulación legal para una constante vigilancia por parte del Estado de las plataformas de redes sociales y más en general de los medios para detectar "desinformación" y dar una "respuesta política" a tales campañas, incluyendo medidas de represalia si hay supuestamente injerencia extranjera. El Gobierno contrarrestará la "desinformación" imponiendo sus propias campañas de comunicación y también suprimirá puntos de vista opositores.

El nuevo protocolo es un peligroso ataque a la libertad de expresión con serias implicaciones para el derecho democrático a acceder y usar libremente el internet. Le da al Estado español un poder total de decisión para determinar qué constituye o no una "noticia falsa", sin ninguna participación de los periodistas ni supervisión pública.

Una Comisión Permanente operará el aparato de la censura; estará coordinada por el Secretario de Estado de Comunicación y dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de "facilitar la coordinación interministerial a nivel operacional en este ámbito". Miembros del comité provendrán del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Económicos y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otros.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ocupa un sitio en la Comisión de Asuntos de Inteligencia, que dirige y supervisa las actividades de la agencia de espionaje CNI. El partido "populista de izquierda" Podemos desempeñará así un papel destacado en la implementación de los ataques a los derechos democráticos.

El protocolo establece cuatro niveles de actividad para el sistema, que van desde monitorizar internet para detectar, analizar y rastrear la actividad de campañas de desinformación al nivel más bajo, hasta el lanzamiento de una "respuesta política" por parte de la CSN si la campaña se puede atribuir a un "tercer Estado". Etapas avanzadas podrían incluir acción diplomática contra la potencia extranjera, presentar quejas ante organismos internacionales, o medidas de represalia más agresivas.

El nuevo protocolo se basa en la afirmación de que intentos por parte de fuerzas externas por influir la opinión pública dentro de un Estado constituye un acto de agresión. Este es el caso particularmente durante los procesos electorales, dice el documento, que están siendo "cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

Aunque el documento no nombra a aquellos que supuestamente son los culpables de llevar a cabo tales campañas de desinformación, estas acusaciones de injerencia extranjera en elecciones se refieren claramente a Rusia. Este es solo el más reciente intento por parte de la burguesía española por achacar las crisis políticas sistémicas a la "injerencia rusa". Afirmaciones similares de injerencia se hicieron durante el referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2017.

Apenas el mes pasado, la Guardia Civil hizo afirmaciones absurdas acerca de que Rusia había planificado invadir Cataluña para apoyar a los independentistas, alegando sin pruebas que el Kremlin le ofreció a Carles Puigdemont —el expresidente catalán que ahora vive exiliado en Bélgica— diez mil soldados para desplegar en la región. El País, un diario posicionado cerca del gobernante PSOE, utilizó afirmaciones falsas de que la intromisión rusa había sido "acreditada" en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y el referéndum sobre el Brexit de 2017 en el Reino Unido para justificar la represión en internet en España.

Esta promoción constante de propaganda antirrusa por parte del Estado, apoyada activamente por los medios burgueses, plantea peligros inmensos a la clase trabajadora. Las afirmaciones de "desinformación rusa" serán utilizadas para desacreditar y suprimir contenido en línea que se oponga a la narrativa oficial, así como para ofrecer un casus belli potencial para una guerra contra una potencia nuclear como respuesta a actos de "agresión" potencialmente imaginarios.

El nuevo protocolo actualiza y hace pública la legislación antidesinformación que está vigente desde marzo de 2019 —aprobada bajo la presidencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez del PSOE— cuyos detalles nunca se habían compartido públicamente. Estas medidas se basan en un plan de acción planteado por la Unión Europea en diciembre de 2018 y será llevado a cabo en estrecha colaboración con la UE.

El protocolo les pone un sello de aprobación legal a las medidas de censura que existen actualmente en España desde hace varios años —particularmente desde el referéndum catalán de 2017, cuando el Gobierno del presidente Mariano Rajoy del Partido Popular (PP) lanzó una vasta campaña por monitorizar y censurar las redes sociales para detectar la supuesta "desinformación" independentista.

Aunque Podemos se opuso nominalmente a los intentos del PP por recoger estas medidas reaccionarias en una ley en 2018, acusando al gobierno de intentar crear un "ministerio de la verdad" orwelliano, dos años después están en la primera línea de los intentos por suprimir la libertad de expresión. A finales de octubre, el Congreso de los Diputados de España aprobó una moción, presentada por Podemos, que obliga al gobierno a adoptar medidas para impedir la diseminación de "discursos de odio" en redes sociales imponiendo su monitorización y su eliminación inmediata.

La propuesta de Podemos pondría en pie mecanismos para facilitar denuncias de este contenido por parte de usuarios de internet y requeriría a los operadores de plataformas de internet que eliminaran posts que "incitan al odio" en 24 horas, o en una hora si el objetivo es un menor de edad. A los operadores de internet se les requeriría también que almacenaran este contenido y que lo entregaran a las autoridades para su investigación.

Aunque Podemos intente pasarle un barniz progresista de oposición al discurso del odio a sus políticas reaccionarias, en última instancia las medidas para censurar internet van contra la clase trabajadora. Mientras crece el descontento en España y en el mundo como respuesta al manejo homicida de los gobiernos de la pandemia de COVID-19 —lo que agrava el desempleo, la falta de acceso a la sanidad, y la pobreza— Podemos está intensificando los esfuerzos por silenciar la oposición política doméstica. Se propone impedir el estallido de manifestaciones de masas y huelgas contra su propia política homicida.

Compareciendo ante el congreso español, Podemos declaró que la pandemia había creado una "creciente polarización" en la opinión pública, lo que se refleja en internet.

Podemos afirmó que la pandemia se está "instrumentalizando con fines ideológicos", lo que plantea el riesgo de "linchamientos" digitales. Esto implica que las críticas legítimas del propio Podemos y su socio de gobierno, el PSOE, por sus políticas criminales sobre la pandemia de COVID-19, son de hecho intentos por intimidar y "linchar" a políticos burgueses y deberían por lo tanto suprimirse.

La organización global de la prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el nuevo protocolo como un ataque a la libertad de expresión. El presidente de RSF en España, Alfonso Armada, dijo: "Deploramos que un documento redactado tan vagamente constituya la base de una iniciativa para combatir la desinformación. En todo el mundo, condenamos las leyes que tienen que combatir las noticias falsas y que, en realidad, están diseñadas para erosionar la libertad de prensa por medio de una ambigüedad deliberada".

Como respuesta a tales críticas, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid, así como desde partidos derechistas que se las dan engañosamente de defensores de los derechos democráticos, el Gobierno de PSOE-Podemos hizo una declaración. Intentó encubrir la naturaleza reaccionaria de la legislación del PSOE y Podemos.

Dijo: "El objetivo [del protocolo] es evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales en nuestro país". Hacía hincapié en la supuesta necesidad de aumentar la "integridad electoral" y afirmó que las nuevas medidas no apuntan a las "noticias falsas" sino a las "campañas de desinformación".

La distinción es falaz. En realidad, este protocolo es parte de un giro más general de la clase gobernante española hacia un régimen de Estado policial. Expone una vez más a los partidos "populistas de izquierda" de la pudiente clase media alta como Podemos en España, Syriza en Grecia y sus afiliados en toda Europa, quienes, una vez están en el gobierno, implementan entusiasmados las políticas de austeridad, el militarismo y los ataques a los derechos democráticos, políticas que no se distinguen de las de la derecha.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de noviembre de 2020)