El incendio que arrasó el Hospital San Borja, uno de los principales hospitales de Santiago, a finales de enero, lleva el sello de décadas de infrafinanciación y falta de recursos del sistema de salud pública por parte de administraciones de derecha e "izquierda" por igual. En medio de una alarmante escalada de casos de COVID-19 que tiene a las unidades de cuidados intensivos nacionales al 92% de ocupación, tales catástrofes evitables sólo pueden acelerar el colapso de un sistema sanitario ya debilitado.

Tanto la suerte como la decisiva actuación y dedicación de los profesionales sanitarios y de los servicios de emergencia hicieron posible que nadie resultara herido. Alrededor de 300 bomberos, 40 camiones de bomberos y vehículos de emergencia lucharon contra el incendio después de que se diera la alerta en torno a las 7 de la mañana. En menos de dos horas, el personal sanitario evacuó a la mayoría de los pacientes, unos 300 en total, a zonas seguras del hospital para determinar quiénes podían ser dados de alta y trasladar a otros, incluidos los pacientes de la UCI, a centros sanitarios ya saturados de Santiago.

Un médico del ala pediátrica del San Borja describió conmovedoramente cómo él y otro personal sanitario, algunos de los cuales estaban de vacaciones, respondieron rápidamente a la noticia de que su hospital se había incendiado: "Recibí la noticia, me vestí y fui al hospital... el personal de pediatría se comportó de manera impecable. Había 19 niños hospitalizados, todos fueron bajados con calma, todos en orden, todo el personal sabía qué hacer, todo como siempre aprendimos sobre los traslados. Fue una maravilla el compromiso de todos".

Sigue sin estar claro el desencadenante exacto del incendio que se inició en la sala de calderas; hay una investigación en curso. El informe inicial indicaba un fallo eléctrico. Lo que sí es cierto es que, con años de negligencia financiera, mantenimiento insuficiente y equipos obsoletos, este tipo de incidentes están destinados a ocurrir.

Esta es la conclusión a la que han llegado millones de personas en el país. Se ha hecho viral un vídeo en el que un trabajador de San Borja, enfadado, se enfrenta al ministro de Salud, Enrique París, mientras daba una rueda de prensa en las inmediaciones. "¡Ustedes no han hecho nada! Vienen para la pura tele y para la foto, nada más", le dijo mientras lo trasladaban.

También se hicieron virales las imágenes de cuatro hospitales inundados por el agua de la lluvia sólo 24 horas después. El más afectado fue el Hospital El Pino, situado en el distrito de San Bernardo. Un comunicado del hospital señaló que el "establecimiento sufrió varios incidentes en sus instalaciones. En su mayoría, se trata de fugas y filtraciones menores. Pero alrededor de las 16:00 horas se produjo un incidente mayor en el Servicio de Urgencia Materna (donde) se rompió el falso techo debido al agua acumulada que superó la capacidad de los sistemas de filtración de aguas lluvias".

Las fuertes lluvias de este domingo en la Región Metropolitana también afectaron al Hospital de Buin, al Hospital Padre Hurtado y al Hospital San Borja.

Iván González Tapia es un arquitecto que participó en una investigación sobre el estado del sistema público bajo la dictadura militar que fue encargada por el entonces gobierno civil entrante en 1989. La coalición de centroizquierda "Concertación", que incluye al Partido Socialista y es apoyada desde la barrera por el Partido Comunista estalinista, mantuvo el poder consecutivamente desde 1990 hasta 2010.

Refiriéndose a la tragedia de San Borja, González planteó en un artículo de opinión que los incendios en edificios urbanos nunca son el resultado de eventos naturales imprevisibles:

"Las causas que los producen son, siempre, lo que permanentemente hemos estado reclamando para estas y otras catástrofes: la falta de planificación, gestión y mantención. Esto, que debería ser un perogrullo, en Chile no se atiende con la dedicación y provisión de medios mínimos indispensables para evitar los riesgos y catástrofes que una planificación adecuada siempre será capaz de anticipar..."

La comisión en la que participó González en 1989 comprobó que en los 17 años de gobierno militar la mayoría de los edificios urbanos habían caído en el más absoluto deterioro.

"Dentro de los cuales, el área de salud destacaba por sus enormes carencias, ya que de un presupuesto mínimo de reposición y mantención de éstos, ni siquiera se había invertido en ellos la mitad de lo requerido. No nos extraña, entonces, lo ocurrido en el hospital mencionado (que) hoy ni siquiera tiene los medios indispensables para atender a los pacientes que recibe."

Esta es una admisión significativa de alguien alineado con la Concertación de centro-izquierda (hoy la Nueva Mayoría) y una acusación a toda la casta política de la izquierda parlamentaria que ha tratado de echar toda la culpa del imperdonable estado de la infraestructura social y pública únicamente a la dictadura militar y sus políticas económicas de libre mercado. En realidad, intensificaron esas mismas políticas al destinar un mísero 4% del PIB al presupuesto de salud, creando una de las peores proporciones de personal por paciente de la OCDE y un sistema de salud pública carente de recursos e infraestructura.

Estos son los antecedentes de la catástrofe de San Borja en unas condiciones en las que los casos de COVID-19 están aumentando rápidamente en Chile, alcanzando hoy las altas tasas de incidencia del pasado invierno en pleno periodo estival. El número de casos diarios notificados ha alcanzado los 4.000. Hasta el 28 de enero, el número total de casos confirmados y sospechosos ascendía a 821.130, junto con 24.429 muertes, según el último informe del Ministerio de Salud.

La catástrofe se ve agravada por el hecho de que los hospitales regionales están enviando a sus pacientes críticos a Santiago, ya que no disponen de más camas. Este es el caso de la región que rodea a Valparaíso, la segunda ciudad más grande de Chile. Tanto el hospital Carlos Van Buren como el Gustavo Fricke alcanzaron el 100% de ocupación, mientras que la región minera de Antofagasta se vio obligada a recurrir al Hospital Militar por falta de personal.

Durante toda la pandemia, la principal preocupación del gobierno ultraderechista del presidente Sebastián Piñera ha sido mantener abiertos los sectores rentables de la economía. Su anterior ministro de Salud, Jaime Mañalich, que se vio obligado a dimitir tras ser sorprendido proporcionando cifras falsas sobre el coronavirus al público en general, implementó un régimen de cuarentena "dinámico" que permitió que la minería y otras industrias orientadas a la exportación siguieran abiertas al público. Esto condujo directamente a la propagación del COVID-19 a otras regiones, especialmente a las que cuentan con mano de obra minera.

En los lugares en los que se aplicó la cuarentena, no se prestó una asistencia significativa a los millones de personas que, bien por estar de baja sin sueldo o por trabajar en el sector informal, se vieron obligadas a romper los toques de queda para conseguir comida o trabajo. Esto creó las condiciones para que el virus se extendiera rápidamente en los barrios obreros y las poblaciones marginales densamente pobladas de Santiago, Valparaíso y otros lugares.

El último ministro de Salud, Enrique París, ha intensificado las criminales políticas de "inmunidad de rebaño" del gobierno que han contribuido directamente a la actual segunda ola. A finales del año pasado, el gobierno tomó la decisión extraordinariamente imprudente de abrir el país al turismo internacional.

En todo este proceso, el gobierno derechista ha contado con la ayuda de la izquierda parlamentaria y de los sindicatos corporativistas dominados por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que aceptaron que las industrias exportadoras no esenciales siguieran funcionando. Aceptaron la congelación de la negociación colectiva, los recortes salariales y el despido de trabajadores en beneficio de los empresarios, y se han negado rotundamente a convocar cualquier acción industrial contra la pobreza, el hambre, la inseguridad y los desahucios que afectan a la clase trabajadora.

Una huelga indefinida convocada por los sindicatos de la sanidad a finales del año pasado terminó tan rápido como empezó, una vez que se cerró un acuerdo traicionero. Una de las principales demandas-el pago de un mísero Bono COVID de 200.000 pesos (275 dólares), reducido de los 500.000 pesos (650 dólares) prometidos originalmente por el Congreso a principios de junio-aún no se ha pagado.

Un estudio publicado la semana pasada por el colegio de enfermeras en el que se evaluaban variables como el número de nuevos casos, las tasas de mortalidad, las características de la segunda ola en Europa, la mala gestión del gobierno y los procesos de vacunación, concluía que los casos podrían cuadruplicarse para el periodo invernal. Pero incluso bajo este inminente escenario catastrófico se niegan a movilizar a la clase trabajadora.

Con este historial de negligencia criminal e indiferencia insensible por parte de toda la élite política, la clase obrera necesita sacar lecciones críticas e intervenir con su propia agenda. Debe romper con la política burguesa, especialmente con el estalinista PCCh, el pseudoizquierda del Frente Amplio y la izquierda del poder fáctico, que se aferran al parlamentarismo y defienden la propiedad privada capitalista. Debe rechazar la dominación de los sindicatos corporativistas y crear nuevos órganos de poder político integrados y controlados por las bases.

Sólo con una perspectiva socialista revolucionaria puede avanzar la lucha de la clase obrera. El Comité Internacional de la Cuarta Internacional está elaborando una auténtica respuesta socialista a la pandemia. Animamos a los trabajadores y a la juventud de Chile a ponerse en contacto con el CICI para iniciar esta lucha.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de febrero de 2021)