En enero, cuando las vacunas COVID-19 salieron por primera vez para vacunar a los trabajadores de la salud de EE.UU. las noticias rápidamente sacaron informes de que un gran número de trabajadores de la salud se negaban a vacunarse.

En una conferencia de prensa el 4 de enero, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció que aproximadamente el 60 por ciento de los trabajadores de hogares de ancianos del estado rechazaron la primera ronda de vacunas.

Otras áreas reportaron un fenómeno similar. En el condado de Los Ángeles, entre el 20 y el 40 por ciento de todos los trabajadores de la salud rechazaron la vacuna cuando estaba disponible, y el 50 por ciento en el vecino condado de Riverside también se negó.

El Dr. Jeremy Boal, director clínico del sistema del Hospital Mount Sinai en Nueva York, le dijo al Gothamist a principios de enero que en los ocho hospitales del sistema la aceptación de la vacuna varió entre 25 y 65 por ciento.

La tendencia al escepticismo sobre las vacunas entre los trabajadores de la salud es especialmente peligrosa porque estos trabajadores están en contacto más frecuente tanto con pacientes de COVID-19 como con pacientes que son más vulnerables a complicaciones mortales de COVID-19. Los trabajadores de la salud también juegan un papel crucial al influir en la población en general para que acepte la vacuna.

Los datos actualizados del monitor de la vacuna COVID-19 de la Kaiser Family Foundation (KFF) muestran que el cumplimiento de la vacuna COVID-19 está aumentando entre los trabajadores de la salud y la población en general. Sin embargo, los trabajadores de la salud siguen aceptando la vacunación a tasas alarmantemente bajas.

El monitor de vacuna KFF COVID-19 es un proyecto de investigación en curso que rastrea la actitud del público hacia la vacuna mediante una combinación de investigación cualitativa y encuestas.

Al 27 de enero, el 32 por ciento de los trabajadores de la salud encuestados dijeron haber recibido al menos la primera dosis y el 26 por ciento dijeron que planean recibirla tan pronto como puedan. El 28 por ciento dice que quiere “esperar y ver qué pasa”, mientras que el 9 por ciento dice que nunca la obtendrá. De los que rechazaron o retrasaron la vacunación, el 68 por ciento citó el miedo a los efectos secundarios a largo plazo como su principal preocupación.

Según el monitor de vacunas de KFF, a pesar de los altos niveles de indecisión por las vacunas, los trabajadores de la salud todavía están vacunados o planean vacunarse con tasas más altas que la población general. El 58 por ciento de los trabajadores de la salud encuestados han sido vacunados o planean vacunarse lo antes posible en comparación con el 47 por ciento de la población general encuestada.

Otra encuesta realizada por el grupo sin fines de lucro Surgo Ventures, centrada únicamente en los trabajadores de la salud, permite un análisis más detallado. La encuesta de Surgo encuestó a 2.500 trabajadores de la salud entre el 17 y el 30 de diciembre. Los encuestados se dividieron en tres categorías: profesionales de la salud (enfermeras, médicos, dentistas, farmacéuticos, asistentes médicos), profesionales de la salud aliados (flebotomistas, auxiliares de enfermería, técnicos de emergencias médicas, técnicos médicos), y personal de apoyo (servicios ambientales, personal de cocina, transportistas de pacientes, etc.).

En el momento de la encuesta, al 50 por ciento de los encuestados se les había ofrecido la vacuna y, en todos los grupos, un promedio del 15 por ciento la había rechazado. El grupo más propenso a rechazar la vacuna fueron los profesionales de la salud aliados, con una tasa de rechazo del 22 por ciento.

Los datos de Surgo también mostraron que los trabajadores de centros de cuidados a largo plazo (es decir, hogares de ancianos) eran más propensos a rechazar la vacuna, con 7,5 de cada 10 trabajadores de estos centros cumplían con la vacuna en comparación con 8,1 de cada 10 trabajadores de la salud en hospitales.

Según el estudio de Surgo, el 31 por ciento de los que rechazaron la vacuna manifestaron estar preocupados por la falta de pruebas y la seguridad de la vacuna. Otro 24 por ciento tenía preocupaciones sobre los efectos secundarios a largo plazo. El 16 por ciento consideró que el proceso de investigación y despliegue de vacunas era demasiado apresurado, y el 12 por ciento declaró que quería esperar para observar efectos secundarios o problemas en otros.

Los trabajadores de la salud también tienen una inmensa influencia en la opinión del resto de la población sobre la vacunación contra COVID-19. El 80 por ciento de los trabajadores no sanitarios encuestados en la encuesta de KFF afirmaron que acudirían a un proveedor de atención médica para obtener más información si no estaban seguros de recibir la vacuna COVID-19. Además, la encuesta de Surgo encontró que el 14 por ciento de los médicos que trabajan en centros de atención a largo plazo afirmaron que recomendarían a un paciente que dudaba en vacunar que rechazara la vacuna COVID-19 en comparación con el 3 por ciento de los médicos que trabajan en hospitales.

Ambas encuestas ofrecen consejos para combatir este fenómeno. Sugieren campañas educativas y estilos de preguntas o tipos de información que tienen más probabilidades de convencer a un ciudadano que duda en vacunarse. La investigación en salud pública y las estrategias sobre formas de aumentar la vacunación contra COVID-19 son cruciales en la lucha contra la propagación de enfermedades prevenibles y contra el movimiento reaccionario contra la vacunación.

Sin embargo, ninguna de las encuestas aborda el contexto político, social e histórico en el que se están produciendo las dudas sobre las vacunas COVID-19 entre los trabajadores de la salud. No hay duda de que la respuesta inadecuada, criminal, caótica y desorganizada de la clase dominante a la pandemia del coronavirus ha contribuido a la renuencia de los trabajadores de la salud a adoptar una vacuna segura y eficaz.

En abril, el entonces presidente Trump instó a los estadounidenses a inyectarse desinfectante e insertar luces ultravioletas en sus cuerpos, medidas que matarían a los desafortunados que siguieran el consejo del presidente. Afirmó que el COVID-19 no era peor que la gripe, dijo que su instinto le decía que la pandemia terminaría en abril y promovió el uso de hidroxicloroquina contra las advertencias de la FDA. En septiembre, Trump hizo afirmaciones falsas de que la Casa Blanca podría anular a la FDA si la agencia mantenía sus estándares para la aprobación de las vacunas COVID-19.

El constante bombardeo de mentiras descaradas de la administración Trump sobre la lucha contra el coronavirus ha llevado a millones de personas que odian a Trump a desconfiar de las vacunas COVID-19 y a dudar de su eficacia, en contra de la evidencia científica. A esto hay que añadir, por supuesto, otros millones que se han dejado engañar por la propaganda de la derecha —abrazada inicialmente por Trump— de que el coronavirus en sí es un "bulo", o no es peor que la gripe, y por tanto no es necesaria una vacuna contra él. Los trabajadores de la salud se encuentran en estos dos segmentos de la población.

Los trabajadores de la salud también han sido víctimas de primera línea de la estrategia homicida bipartidista de "inmunidad colectiva", que permitió que la enfermedad se extendiera en contra de todos los consejos médicos y científicos. Esto ha tenido un efecto directo en las vidas de todos los trabajadores, especialmente en las del personal sanitario que ve y siente cada aumento y brote. Les duele la espalda por tener que atender a más pacientes en la UCI. Su piel facial se rompe por llevar más tiempo el equipo de protección personal (EPP). Sus cerebros están nublados por el agotamiento después de hacer más turnos de horas extras para compensar a los compañeros de trabajo que han enfermado o muerto. Cuando se les ofrece una vacuna de la misma clase dominante que les ha hecho pasar por un infierno, algunos trabajadores sanitarios lo interpretan como otro experimento, en el que ellos vuelven a ser las ratas de laboratorio.

El rechazo de la vacuna por parte de los trabajadores de la salud también ha sido probablemente influenciado por la continua campaña de la clase dominante para minimizar la gravedad del SARS-CoV-2 y normalizar la muerte. Esta perspectiva está arraigada en los intereses de la clase dominante, que prioriza la "salud" económica sobre la vida humana. Los medios de comunicación, el establishment político, en ambos partidos, y los oligarcas financieros abrazan esta perspectiva.

Después de asumir el cargo, el presidente demócrata Joe Biden declaró que "no hay nada que podamos hacer para cambiar la trayectoria de la pandemia en los próximos meses". Esto es una mentira descarada, tan descarada como cualquiera que haya salido de la boca de Trump. Esto también contribuye a la atmósfera de impotencia y fatalismo que subyace en la desconfianza hacia la vacunación por parte de los más necesitados.

Una aproximación paciente a la reticencia de algunos sanitarios a vacunarse no implica ninguna conciliación con el reaccionario movimiento antivacunas, cultivado en un pequeño sector privilegiado de la clase media alta, basado en un rechazo total a la ciencia moderna.

Los famosos estudios defectuosos e inventados, como la publicación de Lancet de Andrew Wakefield que relacionaba falsamente la vacuna triple vírica con el autismo, siguen desempeñando un papel en la desinformación que propaga el movimiento antivacunas.

A pesar de su pequeño tamaño, los esfuerzos antivacunación han tenido un efecto significativo y perjudicial para la salud pública. El sarampión requiere tasas de inmunidad del 93 al 95% para crear un paraguas de protección para la comunidad. Niveles incluso ligeramente inferiores han provocado recientemente brotes mortales de sarampión en todo el mundo. El año pasado, Estados Unidos registró el mayor número de casos de sarampión de los últimos 25 años, según la OMS.

La antigua campaña antivacunación se ve ahora reforzada por un importante elemento de derechas movilizado por Trump en sus esfuerzos por construir un movimiento fascista. El 30 de enero, un lugar de vacunación masiva en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles fue cerrado durante cerca de una hora por 50 manifestantes que bloquearon la entrada.

La manifestación fue organizada por el grupo "Shop Mask Free Los Angeles", que declaró que la protesta se escenificaría para estar en contra de "todo lo que es COVID, la vacuna, las pruebas de PCR, los bloqueos, las máscaras, Fauci, Gates, Newsom, China, el seguimiento digital, etc." A este pequeño grupo de manifestantes de extrema derecha se les permitió interrumpir una importante operación de salud pública mientras los agentes de la policía de Los Ángeles se quedaron mirando. La manifestación fue promocionada públicamente en las redes sociales y no fue inesperada. A la policía de Los Ángeles no le pilló desprevenida, pero optó por no actuar, en línea con la respuesta policial a anteriores protestas contra el bloqueo, así como a la insurrección del 6 de enero.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de febrero de 2021)