Español
Perspectiva

Encubrimiento demócrata en juicio político envalentona al golpista Trump

El Senado de EE.UU. votó el sábado a favor de exonerar al presidente Trump por la “incitación de una insurrección” en relación con el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021.

El veredicto es un hito en el colapso de la democracia estadounidense. Un presidente buscó derrocar la separación de poderes e instalarse como dictador, y el Congreso se rehusó a tomar las acciones más básicas y obligarlo a rendir cuentas.

Los 43 senadores republicanos, al votar por absolverlo, están asistiendo y acomodando un intento de golpe fascista. Los votos mostraron qué habrían hecho si Trump hubiera tenido éxito: lo habrían acogido y habrían apoyado el derrocamiento de la Constitución.

En esta foto de archivo del 6 de enero de 2021, insurrectos intentan superar una barrera policial en el Capitolio en Washington (AP Photo/John Minchillo)

La defensa “legal” de Trump fue una combinación de sofismas incompetentes e histeria delirante, con el argumento fascista de que su insurrección fue el resultado de —o incluso la respuesta apropiada a— las manifestaciones de la izquierda contra la violencia policial. El abogado de Trump, Michael Van der Veen, declaró que la revuelta del Capitolio fue “planeada de antemano por grupos marginales de la izquierda”.

Saliendo envalentonado del juicio político, Trump se mantiene seguro en su posición como jefe del Partido Republicano. “Donald Trump es el miembro más vibrante del Partido Republicano”, se regocijó el domingo en Fox News el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, un cercano aliado de Trump. “El movimiento de Trump está vivo y bien”.

Los demócratas contribuyeron a este resultado, saboteando el enjuiciamiento de Trump. Los demócratas protegieron a propósito a los coconspiradores de Trump. Esto incluye a los 147 miembros republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado que votaron en contra de la certificación de la victoria electoral de Joe Biden, junto con aquellos que proporcionaron el marco político para la insurrección del 6 de enero con acusaciones de una elección “amañada”. También incluye a las fuerzas dentro del Estado que trabajaron en secreto con Trump para orquestar el repliegue de las fuerzas federales el 6 de enero.

A lo largo del juicio, los demócratas se dedicaron a rogarles a los mismos republicanos que alentaron y participaron en el impulso de Trump para anular las elecciones.

Los administradores demócratas del juicio político no se dirigieron ni una sola vez al pueblo estadounidense ni trataron de explicar la estrategia política detrás de la insurrección. No mencionaron ni una sola vez lo que ocurría dentro del Capitolio mientras Trump incitaba a la turba —un diputado y un senador tras otro objetaron a los totales de votos electorales certificados por los estados, en unas elecciones que Trump perdió por más de siete millones de votos—.

La única referencia durante el juicio a las objeciones de los republicanos fue un vídeo reproducido por los administradores demócratas del juicio político en el que se veía a los insurrectos saqueando los escritorios de los miembros del Senado, y en el que uno de los insurrectos declaró que el senador republicano Ted Cruz estaba “con nosotros” porque apoyaba los esfuerzos de Trump por anular las elecciones.

Los demócratas también excluyeron deliberadamente cualquier debate sobre por qué se les permitió a los alborotadores invadir el Capitolio sin ninguna oposición por parte de las decenas de miles de fuerzas federales de la Guardia Nacional y del ejército estacionadas en Washington y sus alrededores. El día después de los disturbios, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, dijo que su solicitud de desplegar la Guardia Nacional de Maryland en Washington para apoyar a la policía del Capitolio fue retenida durante 90 minutos por el secretario de Defensa en funciones, que había sido instalado por Trump después de las elecciones del 3 de noviembre. Fue el secretario del Ejército quien dio la autorización para enviar a la Guardia Nacional.

Sin embargo, no se investigó cuáles elementos de la cadena de mando militar facilitaron la retirada y si se hizo por orden de Trump.

Incluso cuando limitaron su caso a las acciones de Trump, los administradores del juicio político limitaron la acusación incluso a los motivos extremadamente limitados y legalistas para el juicio político que habían establecido.

El viernes por la noche, el diputado republicano de Washington, Jaime Herrera Beutler, publicó una declaración en la que dejaba claro que Trump apoyó activamente a los insurrectos en una conversación telefónica con el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Según Herrera Beutler, cuando McCarthy le suplicó a Trump que detuviera el ataque, Trump se puso abiertamente del lado de los insurrectos, diciendo: “Bueno, Kevin, supongo que esta gente está más molesta que tú por las elecciones”.

Con el control demócrata del Senado, no solo Herrera Beutler, sino docenas de otras personas con conocimiento de primera mano del intento de Trump de anular las elecciones y la retirada de las fuerzas federales pudieron haber sido citadas y obligadas a declarar bajo juramento.

Pero a pesar de haber ganado una votación para que Herrera Beutler y posiblemente otros testigos declararan, los demócratas se echaron atrás abruptamente, poniendo fin al juicio de forma precipitada menos de 24 horas después de la declaración de Herrera Beutler.

El expediente del primer juicio político de Trump —centrado en las diferencias de los demócratas con Trump sobre la política exterior— abarcó miles de páginas. El proceso se desarrolló a lo largo de tres meses, incluyendo a muchos testigos que fueron llamados ante los comités de la Cámara de Representantes que consideraban los cargos.

Pero después del mayor asalto al gobierno constitucional en la historia del país, los demócratas dedicaron menos de una semana al juicio en el Senado, con el argumento de que el juicio político era una distracción de otras prioridades legislativas. Esta afirmación demostró ser un completo fraude cuando el Senado levantó la sesión por una semana inmediatamente después de la votación del juicio político, y los senadores abandonaron la ciudad para un receso.

Vale la pena comparar la forma en que se llevó a cabo el segundo juicio político de Trump con la investigación del escándalo Watergate bajo la Administración de Nixon.

Las audiencias del Senado que empezaron en febrero de 1973, presididas por el senador demócrata Sam Ervin, no solo condujeron a la dimisión forzada de Nixon ante una impugnación prácticamente segura, sino también a la revelación de la participación del FBI y la CIA y a la condena penal de casi dos docenas de personas. Y todo ello fue provocado por un único robo llevado a cabo por cinco personas, en el que nadie resultó herido, y mucho menos muerto.

Las audiencias del caso Irán-Contra en 1987 también tuvieron consecuencias importantes. La investigación reveló que la Administración de Reagan violó flagrantemente la Enmienda Boland, aprobada por el Congreso para prohibir el envío de asistencia gubernamental estadounidense a las Contras nicaragüenses. También puso al descubierto la existencia del plan Rex 84 para la detención masiva de elementos “subversivos”.

El sabotaje deliberado de los demócratas a su propio caso en el segundo juicio político a Trump fue ampliamente señalado por los observadores legales. “Si la Cámara de iba a hacer un juicio político, debió haber enmarcado el caso para dificultar al máximo la absolución por parte del Senado”, escribió Michael W. McConnell, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Harvard.

“Está muy claro”, señaló, que Trump “trató de intimidar a los miembros del Congreso y a otros funcionarios para bloquear la elección del señor Biden, y que no cumplió con su deber de hacer lo que podía para poner fin a la violencia una vez que comenzó. Esos serían motivos de sobra para una condena”.

Pero cualquier investigación sobre los esfuerzos de los republicanos para anular las elecciones y la retirada de las fuerzas federales habría implicado precisamente a las fuerzas que los demócratas querían ante todo proteger.

Tras la votación del juicio político, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dejó en claro la motivación de los demócratas para proteger a los coconspiradores republicanos de Trump. “Necesitamos un Partido Republicano fuerte”, dijo Pelosi, haciéndose eco de una declaración anterior de Biden.

Los demócratas protegieron a los cómplices republicanos de Trump porque necesitan a esta miserable banda de fascistas como una base de apoyo para las políticas derechistas y proempresariales apoyadas por ambos partidos, frente a la creciente oposición de la clase trabajadora.

Al elegir entre los intereses de la élite gobernante y las formas democráticas de gobierno, los demócratas se pondrán siempre del lado de las necesidades de la plutocracia estadounidense. Los demócratas han demostrado una vez más que no tienen ningún interés en defender las formas constitucionales de gobierno en los Estados Unidos. La defensa de los derechos democráticos debe ser y será llevada a cabo solo mediante la movilización independiente de la clase obrera sobre la base de un programa anticapitalista y socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de febrero de 202l1)

Loading