En respuesta a los recortes brutales de empleos y salarios y las condiciones extremadamente inseguras en sus puestos de trabajo, una ola de huelgas de conductores y recolectores de tarifas ha dominado los sistemas de buses de todo Brasil durante el año pasado.
Un informe publicado la semana pasada por la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Urbano (NTU) lo dejó claro. Entre marzo de 2020 y abril de 2021, los trabajadores llevaron a cabo 238 movimientos de huelga, protestas y manifestaciones que interrumpieron la circulación de 88 sistemas de transporte de autobuses diferentes en el país. Y dado que estas luchas han continuado a un ritmo febril durante los últimos meses, este número ya debe ser considerablemente mayor.
El intenso movimiento de huelga de los trabajadores de los autobuses en Brasil es parte de un resurgimiento internacional de la lucha de clases que se ha acelerado por la respuesta catastrófica de los Gobiernos capitalistas a la pandemia de COVID-19.
La pandemia tuvo un impacto tremendo en los sistemas de transporte. En Brasil, aunque se considera un servicio público, el transporte en autobús está a cargo de empresas privadas con fines de lucro que han incurrido en pérdidas sustanciales que han intentado, en la medida de lo posible, hacer pagar a los cientos de miles de trabajadores que emplean.
El informe de la NTU afirma que desde que comenzó la pandemia, se han eliminado unos 77.000 puestos de trabajo en la industria. Aquellos trabajadores que han logrado mantener sus puestos de trabajo han sufrido fuertes recortes en sus salarios, implementados oficialmente a través de un proyecto de ley de reducción de salarios y horarios aprobado el año pasado por el Gobierno de Jair Bolsonaro, y por retrasos en los pagos que se han generalizado.
Los ataques a los trabajadores de los autobuses durante la pandemia son solo los más recientes de un proceso de varios años. Las empresas de autobuses han declarado por años que sus operaciones no son lo suficientemente rentables, y en respuesta han elevado las tarifas, despedido a trabajadores y buscado eliminar los puestos de trabajo de los recaudadores de tarifas, intensificando la carga de trabajo de los conductores.
La inmensa ira que se ha acumulado entre los trabajadores contra las condiciones cada vez más intolerables impuestas por el capitalismo quedó expuesta por la explosión de huelgas en los últimos 14 meses. Además de paralizar los sistemas de transporte, los trabajadores de los autobuses ampliaron sus luchas con protestas que se apoderaron de las calles de las capitales de todo Brasil.
En Teresina, capital de Piauí, los conductores y recaudadores de tarifas iniciaron una huelga en mayo de 2020 contra el despido de 400 compañeros de trabajo y recortes en sus salarios y beneficios. Marcharon casi a diario por las calles y frente al Palacio de la Ciudad, levantando carteles hechos a mano que decían: “No tengo suficiente para comer hoy, imagina mañana” y “La vida de los conductores de autobús importa”.
Aunque el sindicato terminó la huelga después de 50 días, los problemas que enfrentan los trabajadores no se han resuelto. El lunes pasado, los conductores de autobuses de tres empresas de Teresina realizaron su séptima huelga desde principios de 2021, exigiendo sus salarios impagos.En Vitória, capital de Espírito Santo, estalló una serie de huelgas militantes en diferentes empresas de autobuses de la ciudad a lo largo de 2020. Los trabajadores autobuseros realizaron varias manifestaciones y utilizaron los autobuses para bloquear el tráfico en las principales avenidas de la ciudad. Aunque sus demandas eran esencialmente las mismas, la unificación de la lucha de los trabajadores se vio socavada por los sindicatos que negociaron el cese de las huelgas con cada empresa.
En una de las huelgas más largas y militantes de Vitória, en la empresa de autobuses Tabuazeiro, los trabajadores continuaron su movimiento desafiando los decretos tanto de los tribunales como del sindicato. “Ahora estamos en la puerta de la empresa para convencer a los trabajadores de que acepten la orden judicial [que impide la huelga], pero no están cumpliendo con la solicitud del sindicato”, declaró el presidente del sindicato de conductores de autobuses.
Las huelgas han adquirido cada vez más un carácter político. El día de las elecciones de la segunda vuelta de las elecciones municipales de Brasil, unos 2.500 conductores de autobuses se declararon en huelga en Río de Janeiro, la segunda metrópoli más grande de Brasil, exigiendo sus salarios impagos. La protesta de los trabajadores estuvo interconectada con el repudio generalizado al sistema político capitalista en las urnas en todo Brasil, que alcanzó niveles récord en las últimas elecciones. En Río de Janeiro, casi el 50 por ciento de los electores se negaron a elegir entre los dos odiados candidatos.
Este proceso de radicalización política de la clase obrera se expresó con especial claridad en un episodio ocurrido en Maceió, capital de Alagoas. En septiembre del año pasado, un grupo de trabajadores de autobuses despedidos de la empresa Veleiro bloquearon una de las principales avenidas de la ciudad, exigiendo el pago de sus sueldos pendientes siete meses después de su despido.
Un trabajador entrevistado durante la manifestación por un canal de televisión local dijo: “Esto les va a pasar a todos los trabajadores, a los trabajadores como clase. Esto es absurdo, somos padres de familia. Esto le está sucediendo al sistema en su conjunto, es el sistema el que está permitiendo todo esto. No es Veleiro; si fuera solo la empresa, ya estaría resuelto. El sistema no puede resolverlo”.
La protesta fue recibida con una brutal represión por parte del Gobierno de Renan Filho del partido MDB. El Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar se movilizó para realizar un escenario bélico en las calles de Maceió, atacando a los trabajadores con balas de goma y granadas de gases lacrimógenos mientras cantaban canciones de batalla.
Un comunicado oficial de la empresa Veleiro, en repudio a la protesta obrera, demostró el terror con el que la clase dominante percibe las implicaciones revolucionarias de estas luchas crecientes. La empresa declaró: “Si todos los problemas tienen que resolverse de esta manera, la sociedad vivirá en la anarquía”.
Además de las demandas económicas, las luchas de los conductores de autobuses y los cobradores de tarifas fueron impulsadas por las condiciones altamente inseguras en el transporte que llevaron a tasas explosivas de infecciones entre sus trabajadores.
Los conductores de autobuses representaron el mayor número de trabajadores cuyos contratos laborales fueron rescindidos por muerte durante el año pasado. En São Paulo, la ciudad más grande del país, la tasa de mortalidad por COVID-19 entre los conductores es tres veces mayor que el resto de la población. Hasta abril, según el sindicato, 131 conductores de autobuses habían muerto a causa de la enfermedad en las inmediaciones de la ciudad.
El estallido de la segunda ola de COVID-19 en Brasil desde principios de este año ha alimentado la ira masiva entre los trabajadores contra las condiciones mortales en sus lugares de trabajo. En los primeros cinco meses de este año, las infecciones y las muertes se dispararon, pasando de 195.000 muertes el 1 de enero a más de 470.000 en la actualidad.
El 16 de abril, los conductores de autobuses en Salvador, la capital de Bahía, cerraron los garajes de autobuses y bloquearon las avenidas con sus autos tras la noticia de la muerte de dos compañeros de trabajo por COVID-19. En el mismo período, los conductores de autobús en Vitória realizaron una huelga de un día para protestar por la insegura reanudación del transporte público, que estuvo cerrado durante dos semanas para contener la propagación del coronavirus. Otras protestas similares han tenido lugar en diferentes regiones del país.
Al mismo tiempo en que los trabajadores autobuseros emprenden huelgas, otros sectores de la clase trabajadora brasileña han respondido de forma combativa al peligro de infecciones en sus lugares de trabajo. También han estallado huelgas y protestas contra las condiciones mortales en los sistemas de transporte ferroviario y subterráneo, entre los maestros contra la reapertura insegura de las escuelas y los trabajadores petroleros por los brotes de infecciones en sus plantas y plataformas marinas.
Esto demuestra claramente que la ola de huelgas entre los trabajadores de buses en el último período representó un poderoso movimiento de la clase trabajadora en defensa de amplios intereses sociales. ¿Cómo es posible entonces que estas luchas hayan permanecido profundamente aisladas unas de otras hasta hoy?
Como en todos los países, la radicalización de los trabajadores brasileños está exponiendo la absoluta contradicción entre sus intereses y los de los sindicatos corporativistas que pretenden representarlos oficialmente.
La Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Terrestre, que incluye más de 300 sindicatos, lo dejó muy claro en una carta abierta que envió al Gobierno a fines de febrero. El sindicato exigió que el Estado financie a las empresas de autobuses, la misma demanda que hizo la asociación de empresas, con el objetivo declarado de “mitigar el creciente movimiento de huelga general” entre sus filas.
En los meses posteriores a la publicación de esa carta, que estuvieron marcados por una creciente revuelta de las bases contra la situación cada vez más catastrófica de la pandemia, los sindicatos realizaron una serie de maniobras criminales con el objetivo de sabotear el movimiento obrero hacia una huelga general.
Buscando desviar el llamado cada vez más amplio de los trabajadores a favor de la implementación de medidas científicas para combatir el virus mortal, las federaciones sindicales convocaron a una acción el 24 de marzo denominada “cierre de la clase trabajadora”. El evento fue un completo fraude. Ni siquiera la inofensiva huelga de un día anunciada por los sindicatos se organizó en los lugares de trabajo. Los burócratas se limitaron a realizar manifestaciones simbólicas exigiendo la aceleración de las vacunaciones.
Con la misma estrategia, los sindicatos de transporte público del estado de São Paulo convocaron a una huelga general el 20 de abril, también denominada “bloqueo del transporte”. La llamada coincidió con el pico más alto de muertes por COVID-19 en Brasil, que superó el promedio de 3.000 muertes por día. Solo en el estado de São Paulo, se registraron 1.389 muertes en un solo día de abril.
Una huelga de transporte en estas condiciones tendría un impacto colosal en la circulación de personas y la tasa de transmisión del virus, y apuntaría hacia una respuesta independiente de la clase trabajadora a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el movimiento fue cancelado el día anterior por los sindicatos luego de una negociación teatral con el Gobierno estatal, que acordó incluir a los trabajadores del transporte en un grupo prioritario en el calendario de vacunación.
Esta grotesca traición ha sido ampliamente utilizada como modelo por los sindicatos locales de todo el país, que continúan realizando huelgas teatrales de un día para liberar la presión de los trabajadores de base, que invariablemente terminan en su inclusión en la vacunación local.
La amplia ira popular contra el manejo criminal de la pandemia y la crisis social por parte de la Administración fascistizante de Bolsonaro se ha reflejado en las manifestaciones masivas en todo el país el sábado pasado.
Al aislar y traicionar estos movimientos, los sindicatos corporativistas están desempeñando un papel clave en la implementación de la política de inmunidad colectiva contra las políticas homicidas de Bolsonaro y la clase dominante. Los líderes corruptos detrás de estos sindicatos, conectados con el Partido de los Trabajadores y sus aliados pseudoizquierdistas, están tratando de desviar el creciente movimiento contra Bolsonaro hacia un acuerdo sucio dentro del Estado burgués.
La lucha contra el desarrollo catastrófico de la pandemia y la creciente crisis social en Brasil solo puede avanzar si la clase trabajadora se moviliza como una fuerza social independiente.
Esto hace imperativo una ruptura definitiva con los sindicatos y partidos que representan al capitalismo y el establecimiento de comités de base que representen directamente los intereses de los trabajadores y avancen una política socialista.
(Publicado originalmente en inglés el 5 de junio de 2021)