La administración de Biden rechazó esta semana un llamamiento de Nicolás Maduro para que se levanten las sanciones unilaterales de EE.UU. y se persiga lo que el presidente de Venezuela calificó como una política de "ganar-ganar" para beneficiar a los bancos transnacionales y las corporaciones petroleras estadounidenses.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la agencia de noticias Bloomberg que no habría ningún cambio en la política de Estados Unidos mientras el gobierno de Maduro continuara con su "represión y prácticas corruptas" y hasta que negociara un acuerdo con el títere de Estados Unidos y autoproclamado "presidente interino" Juan Guaidó para "restaurar la democracia" y organizar "elecciones libres y justas."

Cabe destacar que Washington no ha emitido ninguna declaración de este tipo exigiendo el fin de la "represión y las prácticas corruptas" del narcoestado dirigido por el presidente Iván Duque en la vecina Colombia mientras asesina, desaparece y tortura a los manifestantes. En cambio, envió esta semana al país a su máximo comandante militar en la región, el almirante Craig Faller, jefe del SOUTHCOM, en un gesto de solidaridad con el aparato militar asesino de Bogotá.

El gobierno de Biden ha mantenido tanto el "estado de emergencia nacional" iniciado por el gobierno de Obama en 2015, calificando a Venezuela como "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", como el régimen creciente de sanciones de "máxima presión" impuesto por el gobierno de Trump a partir de 2017. Estas incluyen un bloqueo de facto de las exportaciones de petróleo de Venezuela y la prohibición del acceso del país a los mercados financieros estadounidenses.

El bloqueo económico y financiero de Estados Unidos ha profundizado dramáticamente la peor depresión de la historia de Venezuela, condenando a millones de trabajadores a la pobreza y el hambre, al tiempo que ha desencadenado una emigración masiva de más de 5 millones de venezolanos al extranjero.

Se estima que la economía del país se ha reducido en un 80% desde 2012, mientras que los salarios reales de los trabajadores venezolanos se han visto diezmados por una tasa de inflación que ahora alcanza una media del 25% mensual. La producción de petróleo, principal fuente de ingresos del país, se sitúa en 500.000 barriles diarios, un ligero aumento respecto al mínimo de 310.000 del año pasado, pero una fracción de los 2,5 millones de barriles que se producían antes del desplome de los precios del petróleo y la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos.

El gobierno de Biden, al igual que su predecesor, tiene la intención de utilizar el hambre y la enfermedad como armas en su campaña para el cambio de régimen y la imposición de un títere fiable de Estados Unidos en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta.

Aunque Washington afirma habitualmente que sus sanciones ilegales eximen a los suministros humanitarios, la realidad es que la amenaza de sanciones secundarias contra las instituciones financieras que hacen negocios con el gobierno venezolano ha hecho prácticamente imposible financiar las compras de alimentos y suministros médicos de vital importancia. Un estudio realizado por el think tank Center for Economic and Policy Research en 2019 estimó en 40.000 el exceso de muertes como resultado del régimen de sanciones de Estados Unidos, una cifra que sin duda ha aumentado considerablemente desde entonces.

El impacto mortífero de las sanciones de Washington se plantea ahora de forma aún más acusada por la creciente propagación de la pandemia del COVID-19. Según las cifras del gobierno, Venezuela ha sufrido 265.000 casos de COVID-19 y más de 3.000 muertes, habiéndose duplicado el número de infecciones desde febrero y el número de muertes en los últimos tres meses.

Sin embargo, los registros hospitalarios indican que las cifras reales de infecciones y muertes son cuatro veces superiores a las oficiales, y el creciente número de casos de COVID-19 ha llevado al sistema de salud del empobrecido país al borde del colapso.

"Ahora mismo estamos en el pico de la segunda ola y ha sido un 25 por ciento más grande y un 40 por ciento más larga que la primera ola", dijo Julio Castro, médico venezolano y experto en enfermedades infecciosas, a The BMJ (antes British Medical Journal).

Sólo el 0,5 por ciento de los venezolanos ha sido vacunado en su totalidad, y sólo el 1,5 por ciento ha recibido una sola dosis hasta ahora.

El gobierno venezolano protestó a principios de este mes que su intento de recibir vacunas del programa internacional de vacunas COVAX, afiliado a la OMS, se había visto obstaculizado después de que se bloqueara la última cuota de un pago de $120 millones a la agencia como resultado de las sanciones estadounidenses.

"El sistema financiero que también se esconde detrás del lobby estadounidense, tiene el poder de bloquear recursos que pueden ser utilizados para inmunizar a la población de Venezuela", dijo la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El gobierno de Maduro había intentado inducir al "presidente interino" Guaidó a utilizar algunos de los cientos de millones de dólares de Venezuela en activos congelados en el extranjero sobre los que tiene un control ostensible para comprar vacunas. Sin embargo, el títere, al igual que su amo, se contenta aparentemente con explotar las muertes por COVID-19 como un arma más en la guerra por el cambio de régimen. Al no tener una base de apoyo significativa en Venezuela, y al haber terminado en fiasco sus intentos de fomentar un golpe militar y organizar una invasión mercenaria, sus opciones son limitadas.

La respuesta del gobierno venezolano a la crisis cada vez más desesperada del país ha sido abogar por un acercamiento al imperialismo estadounidense y acomodar sus políticas a los intereses tanto del capital extranjero como de la burguesía nacional.

Esta estrategia reaccionaria encontró su expresión más desnuda en una entrevista que Maduro concedió a principios de este mes a Bloomberg en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. Insistió en que su objetivo era "regularizar" las relaciones entre EE.UU. y Venezuela para allanar el camino a la afluencia de inversión extranjera directa.

"Venezuela se va a convertir en la tierra de las oportunidades", dijo. "Invito a los inversores estadounidenses a que no se queden atrás". Continuó afirmando que el capital extranjero es consciente del potencial de ganancias. "El sector financiero, los tenedores de bonos, con los que hemos tenido una relación impecable saben que es posible invertir en Venezuela y tener un `ganar-ganar'. El sector petrolero, que ha invertido en Venezuela y sigue manteniendo inversiones, lo sabe."

Aunque Maduro ha hecho varios gestos de acomodación hacia el imperialismo estadounidense — liberar de la cárcel a seis ejecutivos de CITGO, entre ellos cinco estadounidenses, y dar a la oposición derechista cinco puestos en el Consejo Nacional Electoral— reconoció que de Biden "no ha habido ninguna señal. Nada".

A continuación, se quejó de que las sanciones eran "irracionales". Dijo a Bloomberg: "Si Venezuela no puede producir petróleo y venderlo, no puede producir y vender su oro, no puede producir su bauxita y venderla, no puede producir hierro, etcétera, y no puede obtener ingresos en el mercado internacional, ¿de dónde va a poder sacar lo que necesita para pagar a los tenedores de la deuda venezolana?"

Que el pago a los tenedores de bonos y a los banqueros extranjeros sea la motivación para el levantamiento de las sanciones es revelador en un país asolado por los apagones, la escasez de agua, las averías de todos los servicios esenciales y con dos tercios de la población viviendo en la pobreza.

Dentro de Venezuela, el gobierno de Maduro ha introducido lo que equivale a un "programa de ajuste estructural" al estilo del FMI que incluye la reducción de los subsidios estatales, la eliminación de los controles de precios, la eliminación de las restricciones a las importaciones y la dolarización efectiva de la economía.

Según documentos del gobierno citados por Bloomberg, las empresas privadas representaron el 92 por ciento de las importaciones de alimentos y materias primas en 2020, en comparación con sólo el 25 por ciento un año antes, una indicación gráfica del gobierno cediendo el control a los grandes intereses empresariales.

Mientras tanto, el gobierno de Maduro ha impulsado una serie de paquetes legislativos diseñados para atraer la inversión extranjera directa y allanar el camino para la privatización de las empresas públicas, hasta la corporación petrolera estatal PDVSA. A la "Ley Antibloqueo" promulgada el año pasado, que ofrece incentivos fiscales y laborales para "estimular y favorecer" al sector privado, le ha seguido una Ley de Inversiones Extranjeras y ahora una Ley de Zonas Económicas Especiales, que está siendo aprobada por la Asamblea Nacional.

El objetivo de estas leyes es subastar los recursos de Venezuela a las transnacionales extranjeras que están siendo invitadas a explotar el país y su mano de obra con una serie de incentivos que incluyen una moratoria de 10 años en los impuestos, la suspensión de los cargos de importación y exportación, la garantía de repatriación del capital invertido y la promesa de que las empresas extranjeras serán compensadas en su totalidad por cualquier pérdida incurrida como resultado de las acciones del gobierno.

Las medidas cuentan con el apoyo de los dos grupos clave de Maduro, el mando militar y la llamada boliburguesía, la capa de capitalistas que se ha enriquecido con la especulación y los vínculos corruptos con el Estado, incluso cuando el resto de la población se ha enfrentado a la miseria. Estas capas están ansiosas por consolidar su control y ampliar su riqueza mediante el reforzamiento de los vínculos con el imperialismo estadounidense.

La desigualdad social ha aumentado a niveles sin precedentes, con el Banco Central de Venezuela informando que en 2017, sólo el 18 por ciento del producto interno bruto fue a los 13 millones de trabajadores del país, mientras que la mitad se embolsó directamente por sus capitalistas. Esta enorme brecha no ha hecho más que aumentar desde entonces. El resultado ha sido un aumento de las protestas populares y de la lucha de clases, que el gobierno ha respondido con represión y detenciones.

La evolución hacia la derecha del gobierno de Maduro ha acabado con las ilusiones promovidas por la pseudoizquierda en el "Socialismo del Siglo XXI", pregonada primero por Hugo Chávez, junto con similares pretensiones nacionalistas y "antiimperialistas" de otros representantes de la llamada Marea Rosa en América Latina.

La amarga experiencia de la clase obrera en Venezuela, Brasil, Ecuador y otros lugares del continente ha demostrado que es imposible combatir la agresión imperialista y la explotación capitalista fuera de la movilización políticamente independiente de la clase obrera contra todos los sectores de la burguesía sobre la base de un programa de internacionalismo socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de junio de 2021)