En una medida asombrosamente imprudente, el gobierno derechista chileno saliente recortó en octubre 8.000 puestos de trabajo en el sistema de salud pública y planea eliminar 31.000 antes de fin de año. Las camas críticas y de UCI se reducirán a la mitad desde las 4.300 actuales. La operación de recorte es tanto más significativa cuanto que la variante Delta del COVID-19 se ha convertido en la cepa dominante, y el Ministerio de Sanidad está eliminando progresivamente las restricciones, incluso a los viajes internacionales.

El 30 de septiembre, la administración del presidente Sebastián Piñera no sólo puso fin al Estado de Emergencia que puso a las profundamente impopulares fuerzas de Defensa Nacional a cargo de las fronteras regionales y nacionales desde marzo de 2020, sino que simultáneamente puso fin a los cierres y suspendió el fondo de salud suplementario para hacer frente a la pandemia.

Existe una división del trabajo donde el gobierno de ultraderecha propone, la izquierda parlamentaria dispone y los sindicatos corporativistas imponen. El Ministerio de Salud anunció a bombo y platillo que la comisión mixta del Senado había aprobado el presupuesto del gobierno para 2022. Mientras tanto los sindicatos sanitarios realizan desmoralizantes protestas simbólicas, paros y marchas que no convencen a nadie ni cambian nada.

El Ministerio de Salud pregona la alta tasa de inoculación del país para justificar un retorno homicida a la actividad prepandémica que incluye la reducción del gasto en la plantilla de la sanidad pública. Está preparando recortes previstos en el gasto público de hasta el 22,5% el próximo año, a pesar de que no hay signos de que la pandemia vaya a remitir. Los casos diarios se redujeron durante agosto y septiembre, pero los casos de octubre volvieron a superar los 2.000 en Chile, mientras que en el hemisferio norte Europa está impulsando un nuevo repunte mundial.

Mientras la salud, la educación y otras áreas sociales sufrirán duros recortes, un área que recibirá un aumento de fondos es la de las fuerzas de represión que desde las masivas movilizaciones anticapitalistas de 2019 han sido acusadas de innumerables abusos a los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad.

En un discurso televisado, Piñera informó que el Presupuesto 2022 aumentará 'los recursos para modernizar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología de Carabineros y de la PDI [Policía de Investigaciones de Chile], para fortalecer la prevención del delito y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo...'

En septiembre, los hospitales de Santiago y los centros regionales informaron acerca de que no contaban con fondos suficientes para pagar a miles de empleados a plazo fijo y se vieron obligados a reducir el número de camas críticas disponibles. Los centros de Atención Primaria de Salud, gestionados a través de los municipios, se vieron obligados a recortar miles de personal dedicado a supervisar la trazabilidad de los contactos, las pruebas y las medidas de aislamiento. Los conglomerados sanitarios privados, como BUPA Chile, realizaron sus propios despidos masivos a mediados de año.

Estas políticas socialmente criminales están en línea con las demandas del capital internacional de que la clase trabajadora 'aprenda a vivir con el virus', un latiguillo de doble lenguaje que en realidad significa sacrificar vidas en aras de las ganancias. Está en consonancia con la respuesta del Estado chileno desde el principio.

Las políticas de libre mercado impuestas por la dictadura fascista-militar del general Augusto Pinochet, que duró 17 años, y luego predicadas bajo cuatro décadas de administraciones civiles de centroizquierda y derecha, han dejado un sistema de salud pública carente de recursos, EPP, infraestructura y personal. Esto es lo que transformó la emergencia pandémica de Chile en una catástrofe.

A partir de marzo de 2020, mientras el virus se extendía por América Latina, el Banco Central de Chile y el gobierno de Piñera priorizaron una agenda proempresarial de bajas tasas de interés, ofreciendo miles de millones en liquidez y compras de activos, y proporcionando garantías de préstamos que equivalían al 15 por ciento del PIB.

El gobernador del Banco Central, Mario Marcel, dijo en un discurso anual ante el Senado que la medida es 'comparable a los recursos que se han comprometido en Brasil, pero muy por encima de lo que se ha hecho en otros países de América Latina'.

La minería, una industria no esencial pero estratégica para el país, se mantuvo abierta a pesar de que las regiones del norte donde se encuentran las principales minas de cobre se convirtieron en focos del virus. Tan favorables fueron las ayudas y las políticas que los magnates de la minería y las forestales, la banca, las inversiones y el comercio minorista—Luksic-Fontbona, Ponce Lerou, Paulmann, el presidente Piñera, Salata, Angelini, Saieh, Yarur, Solari-Falabella—aumentaron sus fortunas en un 70% en los últimos dos años.

Y tan insignificantes fueron las dádivas del gobierno a la población sumida en la pobreza en 2020 y principios de 2021, que el virus se extendió sin freno por las congestionadas y superpobladas comunas obreras y entre los sectores más pobres de la población. Los campamentos, muchos de los cuales carecen de las necesidades básicas de la vida moderna —alcantarillado, agua potable, electricidad— brotaron como setas, especialmente en las regiones del norte durante 2020 y 2021, ya que miles de familias indigentes, especialmente migrantes, se enfrentaron a la crisis sin ayuda.

Durante el periodo más difícil, la tasa oficial de desempleo superó el 13%, aunque varios estudios universitarios demostraron que la cifra real se acercaba al 29% si se incluía a los suspendidos y a los que no buscaban trabajo activamente. Muchos se vieron obligados a buscar trabajo en el sector informal, que ahora representa el 27% de la mano de obra total. Como resultado, el grupo demográfico más devastado por el virus fue la clase trabajadora.

Ante la pandemia del COVID-19, el gobierno comenzó su respuesta con mentiras descaradas sobre la naturaleza del virus para evitar en lo posible el desembolso de recursos financieros. Durante meses minimizó la importancia de la pandemia; el ex ministro de Salud Jaime Mañalich llegó a afirmar que sería benigna, 'algo así como un resfriado común'.

De no conocerse ningún caso a principios de marzo de 2020, el número acumulado de contagios pasó a 184.500 a mediados de junio de 2020; a 622.000 contagios y 20.473 muertes a finales de noviembre. En marzo de este año, había algo menos de un millón de infecciones y 27.000 muertes, duplicándose a 2 millones de casos confirmados y sospechosos y 48.553 muertes confirmadas y sospechosas a finales de octubre.

Tras la destitución de Mañalich por falsear reiteradamente las cifras de contagio y mortalidad por COVID-19, su sucesor, Enrique Paris, amplió una 'red sanitaria integrada' entre el sector público y el privado. Esto puso a disposición de las clínicas privadas de conserjería enormes recursos del Estado, mientras que entregó sólo una parte al sistema de salud pública.

El sitio de noticias liberal El Desconcierto dio un ejemplo de cómo se beneficiaron las redes privadas: 'El costo básico de una cama de UCI en la Clínica Alemana es de 1.066.094 pesos mientras el Estado paga 159.760 pesos a los hospitales públicos por el mismo servicio. Las clínicas privadas cobran 6,7 veces más y la cuenta la paga el 80 por ciento de la población suscrita al Fondo Nacional de Salud (FONASA)'.

Con sólo 2,5 médicos, 2,7 enfermeras y 2,0 camas por cada 1.000 habitantes, antes de la pandemia, miles de personas en listas de espera morían mucho antes de que llegara el COVID-19.

La Tercera publicó en septiembre un detallado informe sobre el número de pacientes que han fallecido mientras esperaban consultas y cirugías de especialistas en los últimos cinco años, alcanzando un punto máximo en 2020 con 16.300 muertes durante el primer semestre, tantas como en todo 2016. El tiempo medio de espera quirúrgica se sitúa hoy en día en más de 18 meses, aunque hay casos de pacientes que esperan cinco años para una operación.

La lista de espera aumentó astronómicamente en 2020 debido a la priorización de los pacientes del COVID-19, excluyendo todas las enfermedades crónicas. En los primeros seis meses de 2020, había 2,3 millones de personas que estaban en lista de espera y un número incalculable de pacientes crónicos se quedaron sin recibir derivaciones por miedo a infectarse. Hasta aproximadamente agosto de este año, los hospitales habían incluso suspendido el tratamiento del cáncer, según un informe de Cooperativa.

Incluso con la inyección puntual de recursos y personal, el sistema hospitalario sufrió varios colapsos desde marzo de 2020. La tasa de ocupación de camas en el sistema hospitalario metropolitano llegó a un máximo de 98 por ciento, y los pacientes tuvieron que ser dirigidos a regiones periféricas para recibir atención crítica.

Los casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores de la salud han superado los 52.000, y 129 trabajadores han muerto debido a la falta de recursos y equipos de protección personal, las largas jornadas de trabajo y el pluriempleo en el sistema de salud.

'Tenemos un 30 por ciento de los trabajadores con licencia médica y de esa cantidad tenemos al 18 por ciento por salud mental', dijo Patricia Valderas, responsable de la Confederación de Trabajadores de la Salud (FENATS Nacional). 'Hoy las listas de espera son enormes y requerimos una buena dotación de personal capacitado, para atender las necesidades de la población'. Su solución fue pedir al gobierno que prorrogue el estado de emergencia.

Aldo Santibáñez, dirigente nacional de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), dijo al Diario Concepción: 'Hay personas que no se han tomado vacaciones en un año y medio o dos. Y en ese sentido uno entendía que los refuerzos Covid, que ya tienen un año y medio de experiencia, era idóneo para mantenerse en los servicios de salud para afrontar las listas de espera...'

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, dijo: 'Esperábamos que después de la pandemia se estableciera un nuevo estándar en la forma de prestar la atención. Desgraciadamente, esa brecha sigue existiendo'.

Pero el gobierno, con el respaldo del Senado, puede ignorar completamente estas y cualquier otra demanda, sabiendo perfectamente que los sindicatos corporativistas mantendrán a sus miembros a raya, es decir, hasta que no puedan. El trágico número de víctimas de los trabajadores de la salud, y más ampliamente de la clase obrera, no sólo es una acusación condenatoria contra el gobierno de Piñera, la izquierda parlamentaria y los sindicatos, sino que presagia una erupción de la lucha de clases que empequeñecerá los acontecimientos de 2019 y entrará en conflicto directo con todos los defensores del Estado capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de noviembre de 2021)