Los excomandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas brasileñas y el expresidente fascistizante Jair Bolsonaro discutieron a principios de noviembre pasado el borrador de un decreto que habría resultado en una intervención militar y la convocatoria de nuevas elecciones. La reunión se produjo poco después de que Bolsonaro perdiera las elecciones del 31 de octubre ante el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La reunión se informó por primera vez el jueves pasado luego de un acuerdo de culpabilidad entre el teniente coronel Mauro Cid, exasistente personal de Jair Bolsonaro, con la Policía Federal. Cid fue arrestado en mayo por falsificar el carnet de vacunación contra el COVID-19 de Bolsonaro.

Según Cid, el borrador del decreto fue entregado a Bolsonaro por su entonces asesor internacional, Filipe Martins, una figura fascistizante vinculada a movimientos supremacistas blancos en Estados Unidos. Una copia del documento, que llegó a ser conocido en la prensa como el “borrador golpista”, fue encontrada en posesión del exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, arrestado en relación con el intento de golpe del 8 de enero en Brasilia. En ese momento, Torres era secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El “borrador golpista” encontrado con Torres incluía la orden de implementar un “estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Federal (STF, por sus siglas en portugués)”, con la posible detención del ministro del STF, Moraes, quien en ese momento era presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, y la investigación de presuntas irregularidades en el proceso electoral a través de una “Comisión de Regularidad Electoral”.

De los 17 representantes de esa comisión, ocho serían designados por el Ministerio de Defensa, que, a finales del año pasado, participó activamente en el desafío iniciado por Bolsonaro al sistema electrónico de votos.

De los tres comandantes militares presentes en la reunión, Cid dijo que solo el entonces comandante de la Armada, el almirante Almir Garnier, apoyó el plan golpista y prometió que “sus tropas estarían listas para adherirse a un llamado del entonces presidente”. Según Valor Econômico, Cid ha declarado que, en cambio, el entonces comandante del Ejército, el general Marco Antônio Freire Gomes, amenazó a Bolsonaro diciéndole: “Si sigues adelante con esto, tendré que arrestarte”.

La escena del general Freire Gomes levantándose y gritando al presidente: “¡Alto en nombre de la ley!”, parece sacada de una película de Hollywood. Favorece directamente la narrativa promovida por los altos mandos militares y por el propio Gobierno de Lula, quienes afirman que, si bien las “manzanas podridas” deberían ser castigadas, las Fuerzas Armadas fueron las responsables de evitar un golpe de Estado en Brasil.

La existencia de tal reunión entre Bolsonaro y los generales para discutir un golpe de Estado, así como la voluntad del comandante de la Armada de seguir adelante a cualquier costo, ha sido confirmada por diferentes fuentes, incluidos funcionarios estadounidenses, como informó el Financial Times. La turbia narrativa acerca de que el Ejército salvó la democracia brasileña, por otro lado, contradice cada nueva pieza de evidencia y, ante todo –y más condenatoriamente—, las acciones públicas de los propios ex comandantes militares después de las elecciones del año pasado.

Mientras Bolsonaro se rehusó a reconocer su derrota ante Lula y sus partidarios fascistizantes bloquearon carreteras y se reunieron frente a cuarteles del ejército en todo el país para incitar a un golpe militar, el comando de las Fuerzas Armadas les dio repetidas señales de apoyo.

Once días después del encuentro con Bolsonaro, el 11 de noviembre, los tres comandantes militares emitieron una declaración conjunta titulada “A las instituciones y al pueblo brasileño”. El comunicado defendió el movimiento fascistizante para derrocar las elecciones, describiéndolo como “manifestaciones populares”, y aseveró que las Fuerzas Armadas, “siempre presentes y actuando como moderadoras en los momentos más críticos de nuestra historia”, tenían un “compromiso irrestricto e inquebrantable” con el “pueblo”.

Dos días antes de la publicación de esta nota, el 9 de noviembre, el Ministerio de Defensa, encabezado por el general del ejército Paulo Sérgio de Oliveira, publicó su informe sobre la “imparcialidad” de las elecciones. Su principal conclusión fue que los “técnicos militares” identificaron procedimientos electorales que representaban un “riesgo relevante para la seguridad del proceso”, y agregó que “no es posible afirmar que el sistema de votación electrónica esté libre de la influencia de un posible código malicioso que podría alterar su funcionamiento”.

En vísperas de la toma de posesión de Lula, el general Freire Gomes se resistió a una orden de retirar el campamento de los partidarios de Bolsonaro a las puertas del Cuartel General del Ejército en Brasilia, donde se movilizó la turba que invadió la sede del gobierno el 8 de enero.

Ante las últimas revelaciones de Cid, el ministro de Defensa de Lula, José Múcio, se vio obligado a reconocer que “a cómo van las cosas cuando se habla de las Fuerzas Armadas, parece que todos son sospechosos”. Pero, en la misma declaración, redobló los esfuerzos del Gobierno para promover a los militares como salvadores de la democracia. Múcio afirmó: “Solo tengo una cosa muy clara: el golpe nunca fue un interés de las Fuerzas Armadas; éstas son actitudes aisladas de ciertos componentes de las fuerzas”. Concluyó: “Le debemos al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea mantener nuestra democracia”.

La participación de militares activos y de reserva en el complot golpista que desembocó en el 8 de enero también puede verse en las numerosas investigaciones del Ministerio Público.

El 15 de septiembre, el Tribunal Superior Federal condenó a los tres primeros acusados por el ataque fascista del 8 de enero contra los tres poderes del Gobierno en Brasilia. Fueron condenados a entre 12 y 17 años por haber cometido los delitos de asociación para delinquir, golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho, daño calificado a bienes federales y deterioro de bienes catalogados. Estos delitos fueron considerados “multitudinarios”, en los que no es necesario individualizar la conducta del imputado.

En su votación, el ministro que reporta del caso, Alexandre de Moraes, afirmó: “La idea era que, a partir de esta destrucción [de las sedes de los tres poderes], surgiera la necesidad de una GLO (Garantía de Ley y Orden) y, con ello... obtener una intervención militar, lograr el golpe de Estado y derrocar al Gobierno democráticamente elegido”.

Además de estos condenados, hay casi 1.400 otras personas ya acusadas por el Ministerio Público Federal como ejecutores del golpe que serán juzgadas en los próximos meses por el STF. La investigación del Ministerio Público también incluye, además de los “ejecutores”, a los financistas de la trama golpista, a los partícipes por instigación, a los autores intelectuales y ejecutores, y a las autoridades estatales responsables de no impedirlo. Bolsonaro está siendo investigado como uno de los autores intelectuales.

Es innegable que Bolsonaro pasó su mandato presidencial conspirando y construyendo su movimiento fascista que condujo al golpe del 8 de enero. Es difícil predecir si Bolsonaro será arrestado y cuándo. Eso correría el riesgo de exponer todo el podrido sistema capitalista brasileño que dio lugar a Bolsonaro y su amenaza golpista, así como al Gobierno de Lula que ahora está encubriendo el papel de las Fuerzas Armadas el 8 de enero.

Lo que se puede decir con certeza es que el eventual arresto del expresidente no pondrá fin a la amenaza de un nuevo intento de golpe de estado respaldado por los militares en Brasil. El origen de esta amenaza está en la enorme crisis que atraviesa el sistema capitalista mundial, con consecuencias explosivas en Brasil, uno de los países más desiguales del mundo.

Además, todo el poder que un sector de la elite gobernante brasileña invierte en una figura reaccionaria como el ministro Alexandre de Moraes en la persecución de Bolsonaro solo hará que el Gobierno burgués brasileño se desvíe aún más hacia la derecha. Los precedentes legales que se están sentando, como la sentencia antidemocrática contra Bolsonaro en julio de ocho años de inelegibilidad como candidato, se utilizarán con toda su fuerza contra las protestas sociales y las luchas de los trabajadores y jóvenes que están por venir.

La clase trabajadora no puede confiar en los métodos de la burguesía ni siquiera contra una figura fascistizante como Bolsonaro, que se hará pasar por víctima de persecución política para fortalecerse a sí mismo y a sus partidarios reaccionarios. Su respuesta debe basarse en el desarrollo de una lucha independiente e internacional contra la fuente de la amenaza de la dictadura en Brasil y a nivel internacional, el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de septiembre de 2023)