Después de un año del nuevo gobierno del presidente Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), marcado por la destrucción de empleos y el recorte de salarios de los trabajadores automotrices, las grandes empresas de automóviles están anunciando decenas de miles de millones en nuevas inversiones en Brasil.

En enero, Volkswagen y General Motors anunciaron paquetes de inversión adicionales de 1.800 millones de dólares y 1.400 millones de dólares, respectivamente. Stellantis, tras anunciar unos beneficios anuales de 20.000 millones de dólares en 2023, ha prometido presentar sus planes de inversión para Brasil a finales de este mes.

Estos anuncios son la culminación de una serie de reuniones entre Lula y su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y empresarios de la industria automotriz.

El 31 de diciembre, el gobierno oficializó el programa gubernamental de subsidios “Mover” para la industria automotriz, actualizado con lineamientos para la transición a la producción de vehículos híbridos y eléctricos. La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANFAVEA) estima que hasta 2028 se invertirán $20 mil millones en Brasil.

El programa automotriz de Lula es parte de una serie de medidas procapitalistas aprobadas durante el año pasado, incluida la reforma tributaria respaldada por el FMI denominada “marco fiscal” y el programa de inversión estatal “Nueva Industria Brasil”. El objetivo central de estas medidas, como han declarado incesantemente los funcionarios del gobierno, es traer “previsibilidad” y “competitividad” al país, es decir, presentar a Brasil como una plataforma de mano de obra barata para las grandes corporaciones.

Como ocurrió con los anuncios de inversión en el pasado, las sumas de miles de millones de dólares anunciadas por el gobierno de Lula no significarán una mejora en los salarios y el nivel de vida de los trabajadores. Por el contrario, en los planes de las grandes corporaciones la nueva industria de vehículos eléctricos en desarrollo funcionará bajo un régimen de explotación aún más intensa que la actual. Los vehículos eléctricos utilizan sólo una fracción de las piezas utilizadas en la producción de motores de combustión, requieren entre un 30 y un 40 por ciento menos de trabajo, y estarán acompañados de la implementación de procesos de automatización basados en nuevas tecnologías de inteligencia artificial.

Bajo el control de la oligarquía capitalista, estos avances técnicos de carácter objetivamente progresista se vuelven contra la sociedad y se utilizan para profundizar la ofensiva contra la clase trabajadora. En esta ofensiva, la clase dominante ve a los sindicatos como agentes centrales para romper la resistencia de los trabajadores e impedir un levantamiento que pondría en peligro los planes corporativos.

En las fábricas es una verdad aceptada que los sindicatos, a pesar de mantener la fachada de “organizaciones de trabajadores”, en realidad se han convertido en órganos de una burocracia privilegiada que actúa en connivencia con la dirección corporativa en contra de los intereses de la clase trabajadora. Este papel desempeñado por los sindicatos en el régimen capitalista, rara vez admitido públicamente, fue reconocido abiertamente por la dirección de Volkswagen en un evento oficial del gobierno junto con las federaciones sindicales.

El 2 de febrero, Lula, altos funcionarios del gobierno y líderes sindicales asistieron a un evento en el que se anunciaba la expansión de las inversiones de Volkswagen en Brasil. La empresa reconoció la política económica del gobierno del PT como un elemento importante en la decisión de lanzar las nuevas inversiones. Sin embargo, el presidente de Volkswagen Brasil, Ciro Possobom, señaló la capacidad de los sindicatos para reprimir la oposición de los trabajadores a favor de las ganancias corporativas como el factor decisivo para la “mayor inversión pospandemia de un fabricante de automóviles en el país”.

Dijo que el anuncio “refuerza nuestra excelente relación con los sindicatos, quienes aprobaron el acuerdo de 2023, fundamental para la realización de nuestras inversiones”.

En el mismo acto, el presidente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos ABC, Wellington Damasceno, complementó el discurso de Possobom abogando por el fortalecimiento de la alianza con el Estado y las empresas. Damasceno dijo: “El Estado brasileño debe comprometerse a fortalecer los sindicatos... Este anuncio de inversión demuestra que no es cierto que donde hay un sindicato fuerte, la empresa es menos competitiva. Todo lo contrario, aquí se discuten relaciones laborales e inversiones”.

El contrato citado por el director general de Volkswagen como representativo de la “excelente relación con los sindicatos” fue aprobado originalmente en 2020 y prorrogado el pasado noviembre. Después de anunciar recortes de empleo del 35 por ciento en medio de la catástrofe de la pandemia de COVID-19, Volkswagen exigió en agosto de 2020 que se aprobaran los términos de un contrato que garantizaba la “previsibilidad”. Los sindicatos de las cuatro plantas de Volkswagen en Brasil obedecieron rápidamente. El contrato permitía a la empresa implementar recortes “dependiendo del comportamiento del mercado”, es decir, cada vez que los accionistas decidieran recortar costos para aumentar las ganancias.

Un informe publicado por ANFAVEA muestra que se han perdido 20.000 puestos de trabajo en el sector automovilístico entre 2019 y hoy, una destrucción que continúa bajo el gobierno de Lula. Los últimos datos muestran que la producción de automóviles comerciales ligeros creció un 1,3 por ciento en 2023 y las ventas aumentaron un 11,2 por ciento. Sin embargo, entre diciembre de 2022 y el mismo mes del año pasado, el número de trabajadores de la industria automotriz había caído de 103.800 a 98.900.

Los recortes en la industria automotriz se producen en medio de un deterioro de las condiciones sociales de los trabajadores en su conjunto, con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) que muestran que el ingreso mensual promedio nacional en 2022, de 1.586 reales ($320 etadounidenses), todavía estaba por debajo de los ingresos de 2019 de 1.668 reales ($337 estadounidenses), incluso cuando el poder adquisitivo se vio significativamente erosionado por la inflación.

El papel de los sindicatos en la destrucción de empleos en nombre de la “competitividad” se manifestó aún más directamente en la reciente huelga de los trabajadores de GM en el estado de São Paulo. El objetivo central de la huelga iniciada por los trabajadores en octubre era revertir los 1.200 despidos anunciados por la empresa. Esta lucha, sin embargo, fue desviada por los sindicatos hacia una impotente campaña apelando al gobierno de Lula y a los tribunales.

El CSP-Conlutas, liderado por el morenista Partido Socialista Unificado de los Trabajadores (PSTU), jugó el papel más crítico en esta traición. Falsamente presentándose como una tendencia sindical combativa e “internacionalista”, la burocracia morenista se alió con el sindicato United Auto Workers (UAW) para aislar las huelgas simultáneas en GM y otros fabricantes de automóviles en Brasil y Estados Unidos. Junto con las otras centrales sindicales brasileñas, CSP-Conlutas enterró la huelga en las plantas de São Paulo anunciando una falsa “victoria” a los trabajadores. Semanas después, los sindicatos impusieron los recortes previstos por la empresa mediante un programa de “despidos voluntarios” y, poco después, GM anunció sus inversiones multimillonarias en Brasil.

La ofensiva contra los empleos y los salarios, que se extiende por toda la industria automotriz y más allá, no podría continuar sin los servicios del aparato sindical corporativista, que representa un componente crítico del propio programa de gobierno del PT.

El programa “Mover” –una asociación entre los sindicatos y el Estado para atraer inversiones a través de “incentivos fiscales” y la reducción de los costos laborales– tuvo diferentes nombres en los gobiernos anteriores del PT, así como en los de Michel Temer y Jair Bolsonaro. Estas medidas no han protegido los empleos ni han evitado los recortes, como quedó explícitamente demostrado con el cierre de todas las plantas de Ford en el país en 2021, devastando la economía de ciudades enteras y arrojando a decenas de miles de trabajadores a las filas del desempleo.

Sin embargo, después de años de recortes sociales impuestos por el capitalismo, se está produciendo un estallido de lucha de clases en todo el mundo, tanto en los centros del imperialismo como en países históricamente atrasados. Esto también ocurre en Brasil, donde la llegada al poder del gobierno de Lula no ha supuesto una reducción de las huelgas, que se intensificaron en el primer semestre de 2023 respecto a 2022, según datos publicados por Dieese.

En huelgas recientes en la industria automotriz, desde Estados Unidos hasta México, los trabajadores se han enfrentado con los aparatos sindicales corporativistas y han señalado el camino hacia una unificación global y un control de las luchas por parte de las bases a través de la construcción de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Bases (AIO-CB o IWA-RFC en inglés).

Los trabajadores en Brasil deben organizar la lucha contra la ola de recortes que están preparando las empresas transnacionales y el gobierno brasileño. Esta lucha requiere construir órganos de lucha independientes opuestos a los sindicatos y a todas las organizaciones que apoyan al estado capitalista, y unificarse con las luchas de los trabajadores en todo el mundo a través de la AIO-CB.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de febrero de 2024)