La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada del viernes la emblemática «Ley de Modernización Laboral» del presidente fascista Javier Milei, lo que garantiza prácticamente el desmantelamiento definitivo del código laboral de 1974 y allana el camino para un régimen despiadado de despidos masivos, recortes salariales y abusos en el lugar de trabajo.

La votación —135 a favor, 115 en contra y ninguna abstención— se produjo tras un paro nacional limitado y una jornada de protestas convocadas por las centrales sindicales el jueves, mientras se reunía la cámara baja.

A pesar de la indignación generalizada y la clara voluntad de lucha, las movilizaciones estuvieron estrictamente controladas, limitándose a un paro de 24 horas y a presionar al Congreso, en lugar de una huelga general política destinada a paralizar la producción y afirmar el poder de los trabajadores en sus lugares de trabajo y comunidades.

Mientras los diputados discutían el proyecto de ley, el Gobierno acordó eliminar el artículo 44, que habría limitado drásticamente el cobro por licencia de enfermedad, lo que obligará al Senado a una votación confirmatoria la semana que viene.

Como demuestran sus limitadas acciones, las burocracias sindicales sacrificaron a los trabajadores para asegurar sus propios ingresos, y el gobierno dio marcha atrás en sus propuestas de abolir las cuotas sindicales automáticas y recortar los seguros médicos gestionados por los sindicatos (“obras sociales”).

Varios gobernadores peronistas también llegaron a un acuerdo para apoyar la ley siempre y cuando se archivaran los recortes previstos en el impuesto sobre la renta, con la esperanza de mantener los flujos de ingresos a sus provincias. Estos gobernadores ordenaron a sus diputados que proporcionaran el quórum mínimo necesario para que se discutiera el proyecto de ley.

Tanto durante el debate del Senado del miércoles como durante la sesión de la Cámara de Diputados del jueves, el gobierno desplegó un gran contingente de policía antidisturbios y gendarmería. Después de que los sindicatos y las organizaciones pseudoizquierdistas finalizaran deliberadamente sus marchas y enviaran a la gente a casa, las fuerzas de seguridad intervinieron con cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma, dejando al menos 70 heridos y 11 detenidos.

Incluso diluida, la ley constituye el retroceso más radical de las protecciones laborales desde la dictadura de 1976-1983. Las vacaciones pagadas ahora pueden dividirse y programarse a discreción del empleador. Se reducen los pagos por horas extras y se legalizan en la práctica las jornadas laborales de 12 horas. Se recorta la indemnización por despido: el aguinaldo, las vacaciones pagadas y otros conceptos se excluyen del cálculo, y los pagos pueden prolongarse durante muchos meses, lo que facilita y abarata el despido de los trabajadores. El derecho de huelga queda anulado en sectores estratégicos mediante requisitos draconianos de «servicios mínimos». Las asambleas quedan prácticamente prohibidas y los casos laborales se trasladan a tribunales favorables a los empleadores.

La ley elimina la «ultraactividad», la prórroga automática de los convenios colectivos caducados hasta que se negocien otros nuevos. Esto condena a los convenios existentes a una rápida erosión, lo que abre la puerta a recortes generalizados de salarios y prestaciones. Promueve los convenios a nivel de empresa frente a los convenios sectoriales nacionales, lo que permite a los empresarios enfrentar a las distintas plantas entre sí y empeorar las condiciones.

Los límites de la respuesta de los sindicatos fueron evidentes. El paro nacional del 19 de febrero se fijó en solo 24 horas, con la única excepción de los trabajadores marítimos, cuyo sindicato convocó una huelga de 48 horas tras descubrir que la ley los excluye por completo de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que los coloca en la misma situación de desprotección legal que los trabajadores de Uber y de las aplicaciones.

El objetivo de los dirigentes sindicales y sus asesores pseudoizquierdistas del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) no era emplear todo el poder de la clase trabajadora, sino organizar una protesta controlada para «presionar» al Congreso y a la burocracia, promoviendo la ilusión de que las maniobras parlamentarias podrían frenar a Milei.

Los objetivos sociales de la reforma quedaron demostrados en la práctica incluso antes de la votación. El miércoles, la empresa de neumáticos FATE, fundada en 1940 y durante mucho tiempo símbolo de la industria nacional, anunció el cierre inmediato y definitivo de su enorme planta de Virreyes en San Fernando, provincia de Buenos Aires, lo que supuso la eliminación de 920 puestos de trabajo y al menos a otros 2.000 de forma indirecta.

La planta, que producía más de cinco millones de neumáticos al año, cerró sin previo aviso; los trabajadores llegaron y se encontraron con las puertas cerradas y un aviso de cierre. Respondieron trepando las vallas, entrando en las instalaciones y ocupando la fábrica, lo que obligó al sindicato de trabajadores del neumático SUTNA a seguirlos al interior. El cierre está directamente relacionado con la liberalización comercial de Milei.

La respuesta de la dirección del SUTNA, en manos de Alejandro Crespo, del Partido Obrero (PO), pone de manifiesto la quiebra del programa del FIT-U de «recuperar los sindicatos» eligiendo a líderes supuestamente «revolucionarios».

Crespo fue detenido brevemente junto con 15 trabajadores el miércoles por cortar la valla, y luego declaró a la prensa: «El cierre de Fate es totalmente ilegal; esta empresa acababa de firmar que no iba a realizar ningún tipo de despido hasta el 30 de junio».

Destacó que los salarios no eran el problema: «Estamos hace 14 meses sin aumento salarial, claramente no fue el salario una ecuación con la que tenga problema la empresa. Acá el problema es la importación y el tipo de cambio, situaciones que no manejamos los trabajadores. La parte macroeconómica la maneja el gobierno y la parte de inversiones la maneja la empresa: tienen que ponerse de acuerdo y arreglar esto porque los trabajadores no vamos a permitirlo… Llamamos a la CGT a que se haga presente y que tome el compromiso de solucionar este problema».

Tras una década de recortes salariales reales, despidos y otras concesiones justificadas como medio para evitar el cierre, ahora Crespo exige que el Gobierno y los empresarios «solucionen» el problema, mientras que supuestamente se confía en la burocracia de la CGT para representar a los trabajadores. Se trata de una declaración de total postración e impotencia.

No obstante, en la manifestación de huelga del jueves, el líder del PO, Eduardo Belliboni, respondió a la declaración de la CGT de que la huelga de 24 horas era su «plan de lucha» definiendo un plan «real» como continuar protestando frente al Congreso por ante cada nuevo proyecto de ley, al tiempo que elogiaba al SUTNA como una dirección sindical «emblemática y revolucionaria».

En realidad, esta estrategia solo puede servir para encadenar a los trabajadores al mismo aparato que acaba de aprobar la ley de Milei. Las demandas a la burocracia sindical y a los legisladores peronistas, como la ocupación de la planta, no se conciben como un paso hacia la defensa de los trabajadores, y mucho menos hacia la lucha por el poder. Los mezquinos burócratas sindicales y los políticos burgueses del FIT-U solo buscan fichas para las negociaciones con el Estado y la patronal para obtener un lugar más destacado en la mesa y mayores privilegios.

Esta orientación se ve confirmada por la defensa que el FIT-U ha hecho desde hace tiempo del nacionalismo económico, que en esencia no difiere del peronismo. El legislador del PO, Néstor Pitrola, explicó recientemente su voto en contra de un acuerdo comercial con la UE sobre esta base: «somos uno de los 22 países con industria automotriz y la van a destruir… sectores como el neumático y el textil ya muestran niveles críticos de importación y capacidad ociosa, como anticipo de un desmantelamiento mayor del tejido productivo».

Como ya ha explicado anteriormente el WSWS sobre el chovinismo del FIT-U: «todas estas tendencias defienden el 'derecho' de la burguesía de los países atrasados a defender sus fronteras estatales y explotar a los trabajadores, los recursos y los mercados dentro de ellas».

La defensa de un «tejido productivo nacional» bajo propiedad capitalista es incompatible con los intereses de clase independientes de la clase obrera; enfrenta a los trabajadores argentinos con sus hermanos y hermanas de clase en el extranjero en nombre de la defensa de «sus» patrones y «su» Estado.

Mientras sus tropas de choque agredían a los manifestantes en Buenos Aires, Milei se sentaba en Washington D. C. en el llamado «Consejo de Paz» de Trump, ofreciendo los Cascos Blancos argentinos —«al servicio de la fuerza de estabilización»— para su despliegue en Gaza.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) ha subrayado repetidamente que el genocidio en Gaza y la campaña para instalar regímenes respaldados por Estados Unidos en toda América Latina forman parte del mismo proceso: una nueva división neocolonial del mundo por parte del imperialismo en condiciones de profunda crisis capitalista.

El ataque a los derechos laborales en Argentina, destinado a imponer la austeridad social, facilitar los despidos masivos y reestructurar la economía para el capital financiero global, es un frente en una ofensiva mundial para imponer la dictadura, el militarismo y el enriquecimiento sin precedentes de la oligarquía financiera. Sus raíces se encuentran en el declive a largo plazo de la supremacía industrial estadounidense, el dominio del «capital ficticio» y la financiarización, y el aumento vertiginoso de la desigualdad social.

Trump y el FMI han invertido miles de millones en el programa de Milei como laboratorio para extraer superganancias de la clase trabajadora argentina y convertir al país en un bastión de la contrarrevolución y la guerra, armándolo con F-16 e integrándolo en los planes estratégicos de Estados Unidos.

La única forma en que los trabajadores argentinos pueden luchar contra esto es movilizándose de forma independiente y uniendo su lucha a la de los trabajadores de toda América y más allá. Esto requiere romper con todas las fuerzas nacionalistas, incluido el peronismo y sus cómplices pseudoizquierdistas, cuya perspectiva se limita al marco del Estado nación capitalista y cuyas traiciones y desarme de la clase trabajadora allanaron el camino para la dictadura militar fascista de 1976, que ahora sirve de modelo para Trump y Milei.

El papel de la FIT-U es fundamental para bloquear el surgimiento de una alternativa genuina. Denuncia los acuerdos de la CGT mientras apela continuamente a la misma burocracia para un «paro activo» y un «plan de lucha que conduzca a un paro general». Una vez que la CGT convocó a regañadientes un paro de 24 horas, la FIT-U se limitó a exigir que fuera «activo», es decir, acompañado de marchas, sin cuestionar el control de la CGT ni el aparato sindical como tal.

El ataque a los trabajadores de FATE, la aprobación de la ley de Milei y el sabotaje deliberado de los sindicatos demuestran que la defensa de los puestos de trabajo, los salarios y los derechos democráticos exige la formación de comités de base en todos los lugares de trabajo y barrios, independientes de las burocracias sindicales y basados en un programa socialista internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de febrero de 2026)