El miércoles, vigésimo séptimo día consecutivo de la huelga general indefinida de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley que abroga toda restricción legal al despliegue militar contra la población civil.

La medida derogó la Ley 1341 — conocida como la 'ley de estado de excepción', vigente desde 2020 en la estela de las masacres cometidas por el régimen golpista de Jeanine Áñez, que limitaba jurídicamente la facultad del presidente de desplegar las Fuerzas Armadas contra la conflictividad interna. Con su abrogación, Paz puede ahora enviar al ejército a las calles a masacrar al pueblo boliviano en el momento que lo decida.

La nueva ley fue aprobada con más de dos tercios de los votos en ambas cámaras. El proceso se completó en menos de 48 horas mediante un procedimiento de urgencia que eludió la deliberación ordinaria. La Cámara de Diputados celebró su sesión del martes de forma virtual, dado que el acceso físico a La Paz había sido cortado por los mismos bloqueos que la ley busca aplastar.

Los argumentos en el recinto fueron ideológicamente desnudos. El diputado Carlos Alarcón, de la alianza oficialista Unidad, describió la Ley 1341 como 'el principal obstáculo que tiene el Gobierno y el presidente para poder decretar el estado de excepción' — una admisión sin rodeos de que todo el ejercicio consistía en eliminar un impedimento legal a la represión, no en restituir ningún principio constitucional. El diputado Manolo Rojas, del PDC (Demócrata Cristiano), fue aún más explícito: 'La ley 1341 fue creada para quitarle prerrogativas constitucionales a nuestro presidente. ¿Cómo quieren que los paceños reaccionemos a conductas de violencia? ¿Con florcitas, con pañuelitos blancos? No.' Y concluyó: 'Aquí hay dos facciones: el pueblo boliviano y los terroristas.'

El movimiento de masas que la élite capitalista criminal califica de 'terrorista' continúa expandiéndose. Al amanecer del 28 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registraba 66 puntos activos de bloqueo en seis departamentos, mientras que las cifras policiales, que desagregan cada punto individualmente, superaban los 150 a nivel nacional.

Informando sobre la expansión de los bloqueos por parte de los campesinos movilizados en la región de Chuquisaca, el Correo del Sur reportó este jueves: 'Sucre continúa aislada de toda vinculación vial con el país por una medida de presión que obedece a un pedido de renuncia del presidente Paz.' El periódico escribió que 'una fuente campesina aseguró que este jueves los bloqueos se masificarán aún más', con cinco nuevos puntos de bloqueo sumándose a los seis ya existentes.

Las huelgas obreras también se expanden en las ciudades. Los choferes de La Paz declararon un paro indefinido el 27 de mayo, citando escasez de combustible, daños causados por gasolina adulterada e incumplimientos del gobierno en materia de resarcimiento. En una declaración que resulta reveladora tanto del estado de ánimo predominante entre los trabajadores como del papel que juega la burocracia sindical, el dirigente Santos Escalante, de la Federación Chuquiago Marka, señaló: 'Las bases pedían sumarse al pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, pero la dirigencia persuadió para no incorporar este tema.'

La administración Paz, respaldada plenamente por el imperialismo estadounidense y sus aliados regionales, ya encubre sus crímenes mientras se prepara para multiplicarlos.

El sábado pasado, durante un operativo policial-militar de 3.000 efectivos para abrir la carretera La Paz–Oruro, cínicamente denominado 'Corredor Humanitario de las Banderas Blancas', el comunario Víctor Cruz Quispe, de 24 años, fue baleado en el municipio de Calamarca y murió en cuestión de minutos. La autopsia forense es inequívoca: causa de muerte, traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego.

El gobierno negó inicialmente cualquier muerte durante el operativo e intentó desacreditar las fotografías que circulaban en redes sociales alegando que eran de 2024. La Fiscalía confirmó el homicidio y abrió una investigación. Cuando las evidencias se volvieron irrefutables, el gobierno reconoció la muerte de Quispe pero insistió en que a los efectivos se les había instruido no portar armas de fuego ni balas de goma. 'Esto tiene una causa específica', señaló la presidencia, insinuando fraudulentamente que la responsabilidad recaía en otros. Su cuerpo fue velado sobre la propia carretera. La Defensoría del Pueblo ha registrado siete muertos, 23 heridos y 321 detenidos.

Es en este marco que Paz, el mismo día en que despejó el camino legal para una intervención militar contra las manifestaciones, hizo un llamado al 'diálogo'.

'Vengan a hablar. Vengan a explicar sus motivos. Que la gente nos vea en la cara', dijo al anunciar la creación del Consejo Económico y Social de la Patria.

El jueves, Paz lanzó un 'último llamado' a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari para que participen en las negociaciones. 'Vuelvo a invitar por última vez', declaró Paz. Se trata de un teatro político podrido, diseñado para aparentar razonabilidad mientras se cargan las armas. Los dirigentes a quienes Paz ordena 'venir a hablar cara a cara como humanos' enfrentan órdenes de aprehensión por terrorismo y no pueden aparecer en público.

La respuesta de la burocracia sindical a este chantaje revela sus propios límites políticos. Según reveló a El Deber el senador José Sánchez (Libre), la COB y los Túpac Katari enviaron emisarios para solicitar garantías de que no serán aprehendidos si se presentan a la mesa de negociación. Desde la clandestinidad, Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, denunció la abrogación de la Ley 1341 como una 'traición de estos señores que fueron elegidos' y añadió: 'Nos quieren hacer pelear con nuestros hermanos policías y militares. Les decimos que nosotros no somos el enemigo. El enemigo nos está haciendo pelear.'

Paz viaja a Santa Cruz para reunirse con los presidentes de los comités cívicos de los nueve departamentos del país. Se trata de organizaciones de carácter fascista que representan a la oligarquía agroindustrial y financiera, con una larga tradición de movilización paramilitar contra la clase obrera y las comunidades indígenas bolivianas.

El 21 de mayo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, dio al gobierno un ultimátum de 48 horas para desbloquear las carreteras, amenazando con que 'somos miles los ciudadanos que vamos a salir a desbloquear' y denunciando a 'grupos delincuenciales financiados por el narcotráfico y ONGs desestabilizadoras'. La amenaza fue teatralmente suspendida tras la mediación de la Iglesia. Ahora, mientras se completa el andamiaje legal para la represión militar, Paz vuela a reunirse con ellos. El significado de esta cumbre es inequívoco: el gobierno coordina con fuerzas fascistas para organizar una represión sangrienta contra la clase obrera. Esto tiene un precedente inmediato en el golpe de 2019 y las masacres posteriores, para las cuales estas mismas fuerzas aportaron los grupos de choque civiles.

La abrogación de la Ley 1341 tiene una profunda significación política. Fue aprobada en 2020 por un Congreso controlado por el MAS (Movimiento al Socialismo), el partido burgués nacionalista que gobernó Bolivia de 2006 a 2019 y nuevamente de 2020 a 2025, como respuesta directa a los asesinatos cometidos por el régimen golpista de Áñez — una restricción formal a la capacidad del ejecutivo de desplegar las Fuerzas Armadas contra su propia población, escrita con la sangre de los muertos en El Alto y Senkata.

El retorno del MAS al poder no representó una ruptura con las políticas que lo habían derribado. Su política reaccionaria, que lo desacreditó profundamente ante las masas trabajadoras, abrió la puerta directamente a Paz y a las fuerzas en continuidad con el golpe de 2019. El hecho de que la Ley 1341 haya sido barrida en menos de 48 horas, en el momento en que los trabajadores irrumpieron en la escena política, expone una verdad estratégica que toda la trayectoria del MAS confirma: el Estado burgués no puede ponerse al servicio de la clase obrera pintándolo de colores progresistas. Lo que se requiere es su derrocamiento revolucionario por parte de la clase obrera.

Los trabajadores bolivianos han sostenido 28 días de huelgas, bloqueos y resistencia a la represión con notable determinación. Pero la determinación por sí sola no puede resolver el problema político fundamental: las organizaciones que encabezan el movimiento — la burocracia de la COB y las distintas facciones del MAS, incluida la de Morales — no representan los intereses independientes de la clase obrera. Representan a sectores de la burguesía y la pequeña burguesía boliviana cuyo objetivo, independientemente de sus disputas tácticas actuales con Paz, es contener la lucha de clases dentro del marco de la gobernabilidad capitalista y eventualmente negociar un acuerdo. Los trabajadores no pueden depender de estas fuerzas para conducir una lucha que ya ha avanzado más allá de lo que ellas están dispuestas a hacer.

El estado de excepción de facto hace que la situación sea inequívoca. No hay nada que negociar con este gobierno. Lo que se requiere es la movilización política independiente de la clase obrera — a través de comités de base, responsables ante los trabajadores en las minas, escuelas, hospitales y bloqueos, y unidos al movimiento obrero internacional que enfrenta los mismos ataques capitalistas y la misma represión fascista en todos los continentes. Los trabajadores de todo el mundo deben hacer propia la defensa de la clase obrera boliviana.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de mayo de 2026)