El lunes, más de 300.000 inmigrantes haitianos quedaron sin estatus legal ni permiso de trabajo tras la cancelación de su Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta medida brutal expone a los trabajadores y a sus familias al riesgo de ser detenidos, encarcelados y deportados a un país devastado por décadas de intervención imperialista de Estados Unidos.

Un día después, el Departamento de Seguridad Nacional impuso una nueva norma de amplio alcance que permite a los funcionarios de asilo remitir cientos de miles de solicitudes directamente a procedimientos de deportación sin entrevistar primero al solicitante. La medida podría afectar hasta 444.724 casos pendientes, además de unos 132.000 futuros solicitantes cada año.

Según informes, se estaban movilizando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fuertemente armados y enmascarados, en ciudades con grandes poblaciones haitianas, entre ellas la Ciudad de Nueva York, Boston, San Diego, Orlando, Miami y Springfield, Ohio. Los lugareños han informado que las calles, que normalmente están llenas de vida y bullicio, se encuentran vacías, ya que los residentes se quedan en casa para evitar a la “Gestapo” de inmigración.

La operación tiene el carácter de un pogromo de la era moderna. Se está enviando a agentes federales sin rendir cuentas a comunidades de clase trabajadora para dar caza a trabajadores, padres, estudiantes, enfermeras y maestros que no han cometido ningún delito. Quienes son detenidos se enfrentan a encarcelamiento durante semanas, meses o incluso años en la red cada vez más extensa de campos de concentración —en su mayoría operados por el sector privado— en todo Estados Unidos, antes de ser deportados a uno de los países más peligrosos del mundo.

“Estamos recibiendo informes de personas de todo el país”, declaró Guerline Jozef, directora ejecutiva de la Haitian Bridge Alliance, al Miami Herald. “La gente tiene miedo. Está confundida. Está traumatizada porque no hay directrices claras”.

Jozef señaló que las comunidades haitianas reportaron una mayor presencia del ICE durante el fin de semana. A algunos trabajadores ya les han eliminado sus turnos, mientras que a los estudiantes que se preparaban para regresar a la escuela este otoño se les está dando de baja tras perder su estatus migratorio.

Solo en Indiana, aproximadamente 7.000 trabajadores haitianos perdieron su autorización de trabajo el lunes. Muchos trabajan en almacenes, servicios de entrega y atención médica. Unos 3.000 están empleados como almacenistas y empacadores, otros 1.000 como repartidores, y aproximadamente el 20 por ciento de los beneficiarios haitianos del TPS trabajan en el sector de la salud. Se estima que los trabajadores haitianos con TPS en Indiana aportan 209 millones de dólares al año a la economía del estado y pagan 55 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.

En Springfield, Ohio, la persecución contra los trabajadores haitianos es la culminación de una campaña de varios años iniciada por neonazis e impulsada por Trump, el vicepresidente JD Vance y el Partido Republicano.

El 10 de agosto de 2024, miembros de la organización neonazi Blood Tribe marcharon por el centro de Springfield portando banderas con esvásticas y rifles semiautomáticos. La policía permitió que los nazis marcharan sin ser molestados. Semanas después, Trump y Vance repitieron sus mentiras racistas, acusando falsamente a los inmigrantes haitianos de robar y comerse a las mascotas domésticas.

Posteriormente, Trump se comprometió a revocar la condición legal de la población haitiana de Springfield y a llevar a cabo deportaciones masivas. Esa amenaza está siendo implementada ahora por el gobierno federal.

El gobierno está ordenando a los haitianos que regresen a condiciones que su propio Departamento de Estado declara demasiado peligrosas para los estadounidenses. Un aviso del Departamento de Estado actualizado el 10 de julio clasifica a Haití en “Nivel 4: No viajar” debido a “delincuencia, secuestros, terrorismo, disturbios y atención médica limitada”. Reconoce que Haití se mantiene bajo un estado de emergencia nacional desde marzo de 2024 y que el gobierno de EE. UU. tiene una «capacidad extremadamente limitada» para brindar servicios de emergencia.

Los haitianos tampoco pueden simplemente comprar un boleto a Puerto Príncipe para escapar de la redada del ICE. “Los vuelos comerciales de EE. UU. no operan actualmente hacia o desde Puerto Príncipe”, afirma el Departamento de Estado. La Administración Federal de Aviación prohíbe a las aerolíneas estadounidenses volar allí debido a la “inestabilidad actual”.

Las condiciones en Haití no son el resultado de una catástrofe natural inexplicable. Durante más de dos siglos, el país ha sido objeto de saqueo colonial, ocupación militar, dictaduras respaldadas por EE. UU. y repetidas intervenciones imperialistas.

Cientos de miles de personas huyeron tras el catastrófico terremoto de 2010. Le siguieron nuevas oleadas tras el terremoto de 2021 y el asesinato, ese mismo año, del presidente Jovenel Moïse, respaldado por Estados Unidos. Washington respondió al colapso social de Haití deportando a los refugiados, bloqueando a los solicitantes de asilo en la frontera sur y apoyando una mayor intervención militar extranjera.

Incluso algunos funcionarios republicanos y demócratas han advertido que la expulsión de los trabajadores haitianos perjudicará a los empleadores y a las economías locales. El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, calificó la medida de “error”. Los haitianos en Springfield “han creado y ocupado puestos de trabajo”, declaró a la CBS. “Así que perderlos y que ya no puedan trabajar, y que posiblemente sean expulsados de este país, es, francamente, un golpe para Springfield y para el estado de Ohio”.

El alcalde demócrata de San Diego, Todd Gloria, también escribió: “Poner fin al TPS es un error que perjudica a las familias, a los empleadores y a nuestra economía”.

Sus objeciones se plantean, sobre todo, como una preocupación por los empleadores que se verían privados de mano de obra explotable. Ni DeWine ni Gloria han pedido la abolición del ICE ni el cierre de sus campos de concentración.

El ataque contra los haitianos coincidió con otra ofensiva de gran alcance contra los inmigrantes. El martes, el Departamento de Seguridad Nacional implementó una norma que permite a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. remitir ciertas solicitudes de asilo directamente a los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia sin entrevistar primero a los solicitantes.

La norma elimina las referencias en las regulaciones federales al “derecho” de un solicitante a una entrevista. También elimina el requisito de que las notificaciones de remisión incluyan la evaluación de un oficial de asilo sobre la credibilidad del solicitante. Dado que una sola solicitud puede abarcar a toda una familia, el número de personas amenazadas es potencialmente mucho mayor que el número de casos.

El objetivo es transformar el proceso de asilo en una cinta transportadora acelerada hacia la deportación. Los solicitantes pueden ser sometidos directamente a procedimientos de expulsión ante los tribunales de inmigración controlados políticamente sin que un funcionario de asilo llegue a escuchar su testimonio.

El camino hacia los ataques de Trump contra los inmigrantes y el derecho al asilo fue allanado por los demócratas y la administración de Biden. En junio de 2024, Biden emitió una orden ejecutiva al estilo de Trump que cerraba la frontera sur a la mayoría de los solicitantes de asilo una vez que se alcanzara un umbral diario arbitrario. Reactivó los vuelos de deportación a Haití a pesar de las condiciones catastróficas del país y envió a agentes a caballo de la Patrulla Fronteriza contra los refugiados haitianos en Del Río, Texas. Su administración amplió el aparato de detención, deportación y estado policial fronterizo que ahora maneja Trump.

El derecho a solicitar asilo se incorporó al derecho internacional tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, cuando los gobiernos habían cerrado las puertas a los judíos y otros refugiados que huían de la persecución nazi. Su destrucción es inseparable del carácter fascista de la campaña de deportación masiva de Trump y del repudio a los principios democráticos proclamados por la clase dominante estadounidense tras la derrota de la Alemania nazi.

La defensa de los inmigrantes haitianos y de todos los trabajadores no puede confiarse a los tribunales ni a los políticos capitalistas. Los trabajadores deben organizarse de manera independiente para impedir las redadas y deportaciones del ICE, exigir el restablecimiento inmediato de la situación legal de todos los inmigrantes afectados, cerrar los centros de detención, abolir el ICE y garantizar el derecho de todos los trabajadores a vivir y trabajar donde elijan.

(Artículo publicado originalmente en inglés 28  de julio de 2026)