Al juramentar el martes como presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, en una sesión del recién instaurado Congreso bicameral, Keiko Sofía Fujimori Higuchi pronunció un primer mensaje a la Nación en el que fijó siete objetivos de gobierno. A la ceremonia asistieron el rey Felipe VI de España, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y varios jefes de Estado de la región. Antes de que comenzara a hablar, legisladores de oposición mostraron fotografías de los asesinados en las protestas de 2022-2023 y se retiraron del hemiciclo.

El discurso de Fujimori debe examinarse no simplemente como un programa de gobierno en el sentido ingenuo que le atribuyen los comentaristas burgueses, sino como lo que realmente es: la presentación política de un plan de guerra de clases. Cada uno de los siete “objetivos” que anunció —más allá de su envoltura tecnocrática y conciliadora— expresa los intereses no simplemente del fujimorismo, sino fundamentalmente de la oligarquía financiera peruana y del imperialismo estadounidense, en un momento de aguda crisis del dominio burgués y de una extrema polarización social.

Fujimori asume el poder como la décima persona en ocupar la presidencia del Perú en una década, un dato que por sí solo revela el ininterrumpido desmoronamiento del régimen burgués peruano. Llega al cargo fundamentalmente por la determinación de la clase dominante y de Washington de impedir cualquier indicio de reforma social que pudiera alimentar la lucha de clases en erupción.

La “emergencia nacional” y la concentración del poder

Fujimori inició su discurso declarando dos “frentes de emergencia nacional” —la mitigación del fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana—, durante los cuales “las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno”.

Para ello, agregó, empleará “recursos extraordinarios”, decretos de urgencia y facultades extraordinarias delegadas por el Congreso. Este es el núcleo político real del discurso.

El llamado a romper con “la lógica de la reacción tardía” para pasar a “la era de la prevención oportuna” no es una declaración técnica: es la justificación política para la concentración del poder ejecutivo por fuera del control parlamentario.

En 1992, su padre, Alberto Fujimori, con apoyo militar, disolvió el Congreso, despojó al Poder Judicial de toda apariencia de independencia, suspendió la Constitución e impuso la ley marcial, todo ello bajo la justificación de enfrentar una “emergencia”. Keiko Fujimori aprendió a gobernar de su padre: fue primera dama durante la dictadura, tras reemplazar a su madre, Susana Higuchi, luego de que esta fuera secuestrada y torturada en el Palacio de Gobierno por denunciar corrupción. Esto no inspira confianza alguna en sus invocaciones al “Estado de Derecho”.

Las medidas de “seguridad ciudadana” —pena de muerte, cárceles de máxima seguridad al estilo de El Salvador, coordinación entre inteligencia policial y militar— dejan intactas las leyes que protegen a las mafias con conexiones políticas en el Congreso y el Poder Judicial. Su función práctica es la intensificación de la represión contra la clase trabajadora, algo que minimizan o directamente silencian sus opositores pseudoizquierdistas y liberales.

En las semanas previas a la elección, el Congreso fujimorista aprobó una ley que transfiere los delitos cometidos por policías y militares a tribunales militares, colocando a los asesinos uniformados fuera del alcance de la justicia civil. Esta es la “seguridad” que ofrece Fujimori: impunidad para el aparato represivo del Estado.

La farsa del “empleo juvenil” y el aumento salarial

Fujimori anunció el programa “Jóvenes con Futuro”, con la meta de reducir a la mitad la tasa de desempleo juvenil del 10 por ciento, y el incremento del salario mínimo de 1.130 a 1.300 soles (US$383,75) mensuales.

El empleo informal abarca a más del 72 por ciento de la fuerza laboral peruana —la tasa más alta de América Latina—, con ingresos promedio en pequeñas empresas de 858 soles mensuales frente a una canasta básica familiar de 1.848 soles. El nuevo salario mínimo queda muy por debajo de lo que una familia necesita para subsistir, y el “bono compensatorio” para las micro y pequeñas empresas es un subsidio directo al capital: el Estado paga a los patrones para que cumplan parcialmente con la ley.

“Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, dijo Fujimori. Traducido del lenguaje burgués significa: queremos que los trabajadores acepten migajas mientras el capital mantiene sus tasas de ganancia.

Los programas como “Jóvenes Productivos” y “Capital Semilla Joven” son las clásicas políticas neoliberales de “emprendedurismo”, que transfieren la responsabilidad del desempleo estructural al trabajador individual. No crean empleo genuino; crean una capa de trabajadores precarizados que se autoexplotan bajo la ilusión de ser “emprendedores”.

Infraestructura y rivalidad interimperialista

El ambicioso plan de infraestructura —líneas de metro, trenes de cercanías, carreteras, puertos— debe ser analizado a la luz del lugar que ocupa el Perú en la rivalidad entre Estados Unidos y China. El megapuerto de Chancay, construido por la empresa estatal china COSCO con una inversión de US$3.500 millones, ha convertido al Perú en un campo de batalla de la competencia estratégica entre el imperialismo estadounidense y China.

China representa el 36 por ciento del comercio exterior peruano frente al 14 por ciento de Estados Unidos, y la inversión directa china supera los US$30.000 millones contra US$6.700 millones. Washington, con el aspirante a Hitler Donald Trump, ha respondido destinando US$1.500 millones para modernizar la principal base naval peruana, 73 kilómetros al sur de Chancay, mientras que el Departamento de Estado calificó al puerto como instrumento de “propiedad depredadora” china.

El plan vial de Fujimori no es un proyecto de “desarrollo nacional” ni un intento de satisfacer las necesidades de los trabajadores peruanos. Es, más bien, la creación de las condiciones materiales para una mayor penetración del capital extranjero y para nuevas oportunidades de corrupción.

Esto lo confirma el paquete de desregulación que anunció para liberar “al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas”. En la práctica significa la eliminación de las protecciones laborales, ambientales y sociales que aún subsisten como conquistas de las luchas históricas de la clase trabajadora. “Liberar al inversionista” es liberar al capital de cualquier traba para la explotación del trabajo.

La creación de una “Autoridad Nacional Digital” con “respaldo de inteligencia artificial” y una “identidad digital para cada ciudadano” no es una modernización administrativa inocente, sino la construcción de un aparato centralizado de vigilancia y control social. En manos de un gobierno con el historial del fujimorismo —el escuadrón de la muerte Grupo Colina, las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, los 69.000 muertos del conflicto interno—, la “identidad digital” adquiere un significado siniestro.

Migajas para contener una explosión social

La duplicación de Pensión 65 —de 350 a 700 soles (US$206,63) bimestrales— fue presentada como un gran avance hacia la “pensión universal”. Hagamos las cuentas: 350 soles mensuales, es decir, aproximadamente US$3,45 al día, es la “generosidad” del Estado burgués peruano para los adultos mayores en pobreza extrema, en un país donde 17 familias acumulan US$35.000 millones.

Estos no son conquistas de la clase trabajadora, sino válvulas de escape calculadas para contener la presión social. La burguesía peruana sabe —como demostró el levantamiento popular de diciembre de 2022 a marzo de 2023, que vio el asesinato de al menos 70 manifestantes— que la miseria extrema de millones es material inflamable, el combustible que amenaza la estabilidad de los grandes negocios corporativos. Las “brigadas móviles de afiliación” anunciadas para las zonas rurales no son expresión de una preocupación humanitaria: son mecanismos de contención política y de clientelismo electoral. Alberto Fujimori lo hizo; Keiko busca repetir esa experiencia.

Subordinación al imperialismo y el mito de “un solo Perú”

El énfasis en la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y el APEC, junto con la referencia a España como promotora de “la amistad y los intereses comunes de Iberoamérica”, define una política exterior de subordinación al imperialismo estadounidense y sus aliados europeos. Convertir al Perú en “el puente” entre Asia-Pacífico y América Latina no es una estrategia soberana de desarrollo: es ofrecer el territorio nacional como plataforma logística para el imperialismo. La clase trabajadora no gana nada con ser el “puente” del capital transnacional.

Su proclamado “absoluto respeto a la independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la de prensa”, pronunciado por la hija de un dictador condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, es un insulto a la inteligencia de los peruanos. La “independencia” que invoca es la del Poder Judicial que protege a los congresistas investigados —entre el 70 por ciento y el 85 por ciento enfrentan procesos penales— y garantiza impunidad a las mafias incrustadas en el aparato estatal.

Lo que el discurso oculta

El cierre del discurso —“No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú”, “sin distinciones ideológicas, porque el hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político”— es el mismo discurso burgués que plantearon todos los gobiernos anteriores: el llamado a la colaboración de clases, a que los explotados acepten su explotación en nombre de una supuesta “unidad nacional”.

Pero sí hay dos Perú. No los que imagina la mitología burguesa —el Perú “profundo” contra el “moderno”—, sino el Perú de la mayoría trabajadora contra el de la clase burguesa. De un lado, los 17 clanes familiares que acumulan US$35.000 millones; del otro, los casi 9 millones que viven en pobreza y los más de dos millones en pobreza extrema. Está el Perú de los congresistas que modifican leyes para garantizarse impunidad y el Perú de los 64 conductores asesinados en los primeros cinco meses del año por las mafias de extorsión que operan con protección estatal.

“El hambre no tiene color político”, dice Fujimori. Pero el hambre sí tiene causa: el sistema capitalista y el régimen de propiedad que su gobierno existe para defender.

La alternativa socialista

El discurso de Fujimori confirma lo que el marxismo enseña: el Estado burgués, por más que se revista de lenguaje tecnocrático y gestos conciliadores, es un instrumento de dominación de clase. Los “siete objetivos” son un plan para administrar la miseria, facilitar la explotación y reprimir la resistencia obrera y de los más pobres, todo ello bajo la cobertura de un “Estado de Derecho” que, hoy por hoy, es una farsa.

La pseudoizquierda, las burocracias sindicales de la CGTP, los remanentes del castillismo y la izquierda nominal han demostrado una y otra vez su incapacidad para ofrecer a los trabajadores una alternativa genuina. La función de todas estas corrientes es canalizar la oposición de la clase trabajadora hacia callejones sin salida electorales y sabotear su movilización independiente por cambios auténticos.

La única alternativa al fujimorismo y al régimen burgués que representa es la construcción de un partido revolucionario de la clase trabajadora, basado en el programa del Comité Internacional de la Cuarta Internacional: la lucha por los Estados Unidos Socialistas de América Latina, la expropiación del capital financiero y las transnacionales, la abolición del aparato estatal burgués y su reemplazo por órganos de poder obrero.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de julio de 2026)