El martes, la Corte Suprema Federal de Brasil (STF) celebró una de las sesiones más turbulentas y tensas de su historia reciente. Esta sirvió para poner de manifiesto una guerra en curso entre facciones rivales de la clase dominante brasileña que se libra en el seno del máximo órgano judicial del país, en vísperas de las elecciones generales de octubre. En una situación sin precedentes en la historia de Brasil, los ministros del STF podrían convertirse ellos mismos en objeto de investigación como consecuencia del caso relacionado con el Banco Master —el banco liquidado a finales del año pasado en el mayor escándalo financiero de la historia del país—.
La audiencia, transmitida en vivo por todo Brasil, enfrentó dos informes contrapuestos. Por un lado, estaba el documento presentado por el ministro André Mendonça, nombrado para el STF por el expresidente fascista Jair Bolsonaro, en el que se alegaban 187 interacciones comprometedoras entre el ministro Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro, el ex propietario del Banco Master.
Por otro lado, estaban las impugnaciones de Moraes —quien condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023— contra la conducta de Mendonça, acusándolo de abuso de poder y de actuar con motivaciones políticas a favor del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.
En principio, el objetivo de la sesión del martes era determinar si Moraes se convertiría en objeto de investigación, mientras que el análisis de cualquier abuso por parte de Mendonça estaba programado para el 23 de septiembre. Sin embargo, el fondo de las investigaciones nunca llegó a votarse. Justo al inicio de la sesión, el ministro de mayor antigüedad del tribunal, Gilmar Mendes, planteó una cuestión de orden solicitando que los procedimientos relativos a los dos ministros se unieran y se examinaran conjuntamente.
El debate paralizó la sesión. El recuento provisional fue de 4 a 3 a favor de mantener los casos separados. El voto del ministro Flávio Dino —quien defendió la acumulación de los casos— no se incluyó en el recuento oficial después de que solicitara revisar los expedientes. Dino tiene hasta 90 días para remitir el asunto al pleno del tribunal.
Más allá de estas cuestiones de procedimiento, las maniobras de Mendes y Dino tienen un claro componente político. Según un informe de UOL, “las solicitudes de revisión también responden al interés […] de evitar que el debate se lleve a cabo tan cerca de las elecciones generales del 4 de octubre”. Junto con el ministro Cristiano Zanin, exabogado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores–PT), estos ministros creen que Mendonça “ordenó la elaboración de un informe de la Policía Federal contra su colega con fines político-electorales, para perjudicar la campaña de reelección de Lula y favorecer a Flávio Bolsonaro”, según el informe. Los cuatro ministros votaron a favor de la consolidación de los casos.
Tanto Lula como Flávio se pronunciaron sobre la sesión del STF del martes. El presidente en ejercicio acusó a Mendonça de filtrar información de manera selectiva en las investigaciones, al tiempo que buscó distanciarse de la crisis en la corte y, particularmente, de Moraes. Argumentó que el asunto debería ser “investigado con todo rigor, [y] debería levantarse el secreto telefónico de todos”. Flávio, por su parte, afirmó que Lula “decidió gobernar junto a un sector del Tribunal Supremo Federal que infringió la ley” y “compartió su poder con Alexandre de Moraes”.
Más allá del estancamiento procesal, lo que marcó la sesión fue la profundización sin precedentes de la crisis en el STF y en el régimen burgués de Brasil en su conjunto. En un escenario marcado por intercambios de acusaciones directas y discusiones acaloradas, el pleno del STF se transformó en un campo de batalla. Durante más de ocho horas, los ministros se acusaron mutuamente de delitos, mentiras, manipulación de los procedimientos y parcialidad.
La mitad del STF y todo el establishment político brasileño bajo la sombra del Banco Master
La mañana del martes comenzó bajo el impacto de nuevas filtraciones de mensajes extraídos del celular del expropietario de Banco Master, Daniel Vorcaro. Las revelaciones colocaron en el centro de la tormenta a los ministros Luiz Fux, Kassio Nunes Marques y al propio ponente del caso, André Mendonça. Las conexiones expuestas por los informes y las filtraciones detallan un mosaico de vínculos de proximidad, intermediación y contratos que llegan hasta las oficinas y las familias de los ministros.
Cinco de los diez ministros que actualmente integran el STF —la mitad del tribunal— han sido vinculados, directa o indirectamente, con el banquero que es, a su vez, objeto de investigaciones en ese mismo tribunal, sumándose así a Alexandre de Moraes y Dias Toffoli. Se sospecha que Toffoli mantuvo una asociación con un fondo del Banco Master en un proyecto hotelero, y fue destituido de su cargo de relator en la investigación a principios de este año, cuando Mendonça asumió el caso.
Ante la vergüenza institucional y la gravedad de las revelaciones, dos ministros se declararon inhabilitados para participar en la sesión del martes. Nunes Marques afirmó que no se sentía cómodo votando dados los hechos expuestos y su cargo como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). Dias Toffoli, por su parte, reafirmó su recusación por motivos de conciencia personal.
Que la mitad del tribunal más alto del país se encuentre bajo la sombra de un banquero fraudulento no es casualidad, ni una mera evidencia de corrupción individual. Es una demostración del carácter de clase de la institución —algo que se hace aún más evidente por el hecho de que el escándalo implica no solo a los ministros del STF, sino a todo el establishment político.
Aunque la mayoría de los implicados pertenecen a la oposición al gobierno de Lula —incluidos exministros de Bolsonaro y su hijo Flávio, quien está bajo investigación por su estrecha relación con Vorcaro en la producción de Dark Horse, la película biográfica hagiográfica sobre Jair Bolsonaro—, el caso también se extiende al propio PT. Exministros de los gobiernos del PT, como Guido Mantega, Ricardo Lewandowski y Toffoli —quien se desempeñó como Procurador General de la Unión durante el segundo mandato de Lula—, así como miembros del partido en el gobierno de Bahía, prestaron servicios de consultoría al banco y ayudaron a impulsar sus negocios.
Es precisamente esta implicación del PT la que echa por tierra la pretensión del gobierno de Lula de actuar como árbitro neutral de la crisis. Ninguna de las facciones contendientes puede afirmar estar “al margen” del escándalo, porque todas forman parte del mismo sistema de relaciones entre el capital financiero y el Estado que el escándalo pone al descubierto.
Es precisamente esta podredumbre la que explota el candidato fascista. “El gobierno actual forma parte de este sistema podrido”, declaró Flávio Bolsonaro sobre la sesión del STF del martes. La frase es formalmente cierta, pero se está utilizando de manera cínica y reaccionaria para canalizar la justa indignación popular hacia todo el establishment gobernante: la misma estrategia que llevó a su padre al poder en 2018 en medio de la desmoralización del PT en ese momento.
Ataques contra Mendonça y la acusación de “sesgo electoral”
Los ministros Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes encabezaron las duras críticas contra el ministro André Mendonça, acusándolo de instrumentalizar el escándalo del Banco Master a favor de la candidatura de Flávio Bolsonaro.
Mendes afirmó que “hasta las piedras saben” de la existencia de un sesgo político-electoral en la forma en que Mendonça llevó a cabo el informe, subrayando el momento de su publicación, en vísperas del 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, que desde 2021 ha estado marcado por manifestaciones de Bolsonaro y sus aliados contra el STF. La mayor manifestación del 7 de septiembre de este año tuvo lugar en São Paulo, convocada por Flávio bajo el lema “Fuera Lula, fuera Moraes”, en un intento deliberado de vincular la figura de Moraes con la del gobierno del PT.
Mendes también acusó a Mendonça de seleccionar mensajes y ocultar referencias a otros miembros del STF, citando como ejemplo al hijo del ministro Nunes Marques. Otro punto de fricción fue la decisión de Mendonça de destituir al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, el 8 de septiembre. Mendes calificó el hecho como un asunto de “gravedad sin precedentes”.
Mendonça alegó durante la sesión que existía una supuesta “policía federal paralela” que investigaba a los ministros —una referencia al informe de Moraes en su contra—. La decisión fue revocada por Flávio Dino al día siguiente, con el argumento de que la salida del director general perjudicaría investigaciones delicadas, como las operaciones contra la película Dark Horse y el caso que involucra al congresista Cezinha de Madureira, un político cercano a Mendonça y aliado del expresidente Bolsonaro.
En uno de los momentos más dramáticos, Moraes afirmó desde el estrado que contaba con testigos —entre agentes de policía y abogados de Vorcaro— de que Mendonça había ordenado un acuerdo de culpabilidad en su contra. Según Moraes: “Tengo testigos de que el ministro André, en una reunión, dijo: ‘incluyan al ministro Alexandre’. ¿Por qué? Porque está al servicio de un grupo político que quería dar un golpe de Estado en este país”. Mendonça interrumpió repetidamente a su colega, gritando “mentira, mentira, mentira”.
La amenaza de la Ley Magnitsky y la intervención de EE. UU. en las elecciones brasileñas
La sesión del STF del martes se llevó a cabo en medio de la ofensiva de EE. UU. contra Brasil y América Latina en su conjunto. Como parte de su corolario a la Doctrina Monroe, Trump busca subordinar a América Latina a los objetivos estratégicos de Washington, cuyo blanco principal es China —que ha superado a EE. UU. para convertirse en el mayor socio comercial de la región—. Parte de esta estrategia es la elección de gobiernos afines, lo que ha incluido la intervención directa de Washington en numerosos procesos electorales de la región.
Los aranceles punitivos contra Brasil y las recientes provocaciones diplomáticas tienen como objetivo debilitar a Lula y apoyar electoralmente a Flávio, cuyo hermano Eduardo ha trabajado en estrecho contacto con funcionarios de la administración de Trump en Estados Unidos desde principios del año pasado. El gobierno de Trump, que sigue de cerca la crisis en el STF, la aprovechará para reforzar su control sobre el proceso electoral brasileño.
Dos ministros hicieron referencia directa a esta amenaza antes y durante la sesión. Alexandre de Moraes, en un informe entregado al presidente del tribunal el lunes por la noche, denunció que el informe utilizado por André Mendonça en su contra contó con “la ayuda de un organismo externo, probablemente extranjero, lo que demuestra un claro intento de injerencia externa en las elecciones brasileñas de 2026”.
Durante la sesión, el ministro Flávio Dino leyó titulares de informes que indicaban que Estados Unidos podría invocar la Ley Magnitsky —que prevé sanciones contra funcionarios extranjeros acusados de violaciones a los derechos humanos o corrupción— contra tres ministros del STF: Moraes, Gilmar Mendes y él mismo. En julio del año pasado, Estados Unidos aplicó la Ley Magnitsky contra Moraes por su papel en el juicio contra Bolsonaro y por la supuesta censura de las redes sociales.
Dino describió la situación como de enorme gravedad, repitiendo el marco que el gobierno de Lula le ha dado a la ofensiva estadounidense. “Este es el Tribunal Supremo de un país soberano. Este ambiente de presión ilegítima debe ser motivo de indignación para todos los brasileños”.
Por muy grande y legítima que sea esta amenaza, esta defensa de la “soberanía nacional” no es la expresión de la indignación popular ante la descarada injerencia imperialista de EE. UU. en los asuntos internos de Brasil, sino de los intereses materiales de una facción de la burguesía brasileña afectada por la guerra comercial de Washington.
“Paz social”, huelgas y la sombra de una nueva intervención militar
La burguesía brasileña sigue la crisis en el STF con creciente aprensión. Su temor es que el descrédito del tribunal se convierta en un amplio cuestionamiento de todo el régimen burgués en Brasil. Frente a esta posibilidad, ya está trabajando para encubrir la crisis y desviarla hacia canales seguros.
El 9 de septiembre, la poderosa FIESP (Federación de Industrias del Estado de São Paulo) y otros sectores empresariales publicaron el “Manifiesto a la Nación Brasileña”. Su argumento puede resumirse en una sola frase: la conducta de los ministros del STF es la base indispensable para la estabilidad económica y social del país. Según el manifiesto, “si se cuestiona la legitimidad, todo lo demás se vuelve incierto: la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la propia paz social”.
La referencia a la “paz social” es lo más revelador del manifiesto. Si la población ve cada vez más a los líderes de los tres poderes del Estado como peones de negocios turbios, el cuestionamiento deja de centrarse en un solo ministro y se convierte en un cuestionamiento de todo el sistema político y económico de Brasil. Por eso, el manifiesto funciona como un intento de detener la hemorragia antes de que el descontento se derrame en las calles.
Y este temor no es abstracto. El manifiesto surge en un momento de escalada de paros laborales y movimientos de huelga. Los trabajadores de Correios (Servicio Postal) y de la Caixa Econômica Federal (Banco Federal de Ahorros) están en huelga nacional indefinida desde la semana pasada contra la política de austeridad del gobierno de Lula. Los maestros de educación básica y los conductores de autobús han llevado a cabo huelgas continuas desde principios de año. Los repartidores que trabajan a través de aplicaciones —uno de los sectores más precarios de la clase trabajadora brasileña— se declararon en huelga a principios de este mes, mientras que los trabajadores automotrices de GM en São José dos Campos amenazaron con ir a huelga en las últimas semanas.
La combinación de la precarización laboral y el aumento de la inflación impulsado por las guerras en Ucrania e Irán crea un terreno fértil para que la indignación moral por la crisis del STF se sume a la indignación social, incluida la que surge por la pérdida de derechos básicos y del poder adquisitivo. Para las grandes empresas, “resolver” rápidamente la crisis del STF es una forma de evitar que las huelgas sectoriales se conviertan en una revuelta política generalizada.
Pero hay una segunda opción que la burguesía mantiene en reserva. En caso de que la solución “institucional” fracase, ya están en marcha los preparativos para una intervención militar —como ha ocurrido a lo largo de la historia de la República Brasileña, en la que los militares han actuado como árbitros de la situación política desde 1889. El golpe de Estado de 1964, con el apoyo de Estados Unidos, y el papel de las Fuerzas Armadas en la crisis que culminó con la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff (PT) en 2016 y en los gobiernos de Michel Temer (2016-2018) y Bolsonaro (2019-2022) son expresiones de esta tradición.
Según un informe del estado de São Paulo basado en entrevistas con miembros del Alto Mando y ministros del Tribunal Superior Militar, “la elección —creen— no restablecerá la credibilidad de las instituciones. Y la crisis continuará. Peor aún. La salida institucional no parece clara, como lo fue en los casos de los juicios políticos contra Dilma Rousseff y Fernando Collor” en 1992.
La pregunta que se impone es: ¿cuál sería esa “salida”, si no un golpe de Estado para “restaurar la moralidad política”? No se ha resuelto nada desde el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Esta elección es la continuación directa de la crisis que se desató en 2022, con la burguesía brasileña, dividida entre la facción alineada con la administración de Trump y la facción que se resiste a los aranceles de EE. UU., incapaz de alcanzar un acuerdo estable desde arriba.
La crisis en el STF no se resolverá institucionalmente en los pasillos del tribunal, ni “desde arriba” entre las facciones de la burguesía brasileña. Lo que estamos presenciando en Brasil —el reflejo nacional de una crisis creciente del capitalismo global— apenas está comenzando. La única salida para la clase trabajadora es la movilización independiente: romper con el PT, sus apéndices pseudoizquierdas y los sindicatos burocratizados que sofocan cada huelga. Esto requiere construir comités de base y unirnos internacionalmente contra el capitalismo, la guerra y el fascismo, a través del Grupo Socialista por la Igualdad de Brasil y el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.
(Publicado originalmente en inglés el 17 de septiembre de 2025)