Hay incidentes en la sociedad estadounidense contemporánea tan bárbaros que conmocionan la sensibilidad de cualquiera que defienda la igualdad social, la justicia y la decencia humana. El intento del estado de Tennessee de ejecutar a Christa Gail Pike el miércoles por la noche es uno de esos acontecimientos.

La determinación de la mayoría derechista de la Corte Suprema de Estados Unidos de ver morir a esta mujer es reprochable, al igual que el fracaso de cualquier sector del establishment político nacional en pronunciarse enérgicamente contra la tortura infligida a Pike o contra toda la práctica bárbara de la pena capital en los Estados Unidos del siglo XXI. Todos ellos están del lado del derecho del Estado a matar. El mundo merece indignarse.

Pike, de 50 años, ha pasado tres décadas en el corredor de la muerte de Tennessee, más de un cuarto de siglo de ellas en confinamiento prácticamente solitario en una celda de 7 por 12 pies. En enero de 1995, cuando tenía 18 años, ella y su novio de 17 años, Tadaryl Shipp, atrajeron a Colleen Slemmer, de 19 años, una compañera de estudios del Knoxville Job Corps, hacia el bosque, donde la golpearon, torturaron y mataron. Fue un crimen terrible, y Pike lo ha reconocido como tal. “Le quité la vida a la hija, a la hermana, a la amiga de alguien”, escribió en su petición de clemencia. “Ahora me enferma pensar que fui capaz de cometer semejante delito”.

Pike estaba destinada a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee desde antes de la Guerra Civil, cuando era un estado esclavista. El martes por la noche, la Corte Suprema rechazó la solicitud de Pike de suspender la ejecución en una orden de dos frases, sin registrar desacuerdos. Alrededor de las 9 de la mañana del miércoles, una hora antes de la ejecución en la Institución Correccional de Máxima Seguridad Riverbend en Nashville, un panel del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos votó 2-1 a favor de suspender la ejecución. La oficina del fiscal general Jonathan Skrmetti acudió rápidamente a la Corte Suprema, denunciando “tácticas abusivas de demora”. Alrededor de las 5:50 de la tarde, los jueces accedieron, anulando la suspensión por una votación de 6-3.

Pike es una de las más de 2.000 personas condenadas a muerte en todo el país, abrumadoramente de clase trabajadora y pobres, muchas de ellas con enfermedades mentales o discapacidad intelectual. Muchas, como Pike, sufrieron infancias marcadas por abusos. Fue agredida sexualmente por el novio de su abuela entre los 2 y los 5 años, violada a los 11 por un vecino de 37 años y violada nuevamente a los 17 por un desconocido. Sus abogados citan pruebas de que el consumo excesivo de alcohol de su madre durante el embarazo causó daños en el lóbulo frontal del cerebro. Fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático solo después de ser condenada. Su abogado de oficio, sin experiencia, no presentó nada de esto ante el jurado. Fue declarada culpable y condenada a muerte.

La Corte Suprema de Tennessee programó la ejecución de Pike para el 30 de septiembre. Ese día, los testigos entraron en la sala de observación a las 6:41 de la tarde y esperaron casi una hora detrás de una cortina cerrada, escuchando los gemidos y llantos de Pike al otro lado. Sus abogados dijeron que se tardó aproximadamente una hora en colocar dos vías intravenosas; el abogado Randy Spivey contó al menos siete agujas solo en su brazo izquierdo. Cuando se abrió la cortina a las 7:26 de la tarde, Pike dijo que dejaría el mundo “con amor”, y terminó diciendo: “Este es un día feliz”.

Entonces comenzó a fluir el pentobarbital. A las 7:34 de la tarde dijo: “Siento que mi brazo está a punto de reventar”. Levantó la cabeza y preguntó si era normal el ardor que sentía. La cortina se cerró a las 7:46 y se volvió a abrir tres minutos después para la segunda dosis. Pike comenzó a roncar con fuerza; en un momento, su cabeza y sus piernas se elevaron de la camilla formando una “V”. A las 8:05 de la noche, la cortina se cerró definitivamente. Los testigos escucharon sus ronquidos hasta las 8:53 de la noche, cuando se cortó el micrófono y fueron escoltados fuera.

Después de que sus abogados presentaran mociones de emergencia, un juez federal ordenó que recibiera atención médica. A las 9:15 de la noche, mientras los testigos de los medios informaban a los periodistas, una ambulancia y un camión de bomberos llegaron a la prisión con las luces encendidas. Pike fue trasladada a un hospital, donde permanece en estado crítico. El Departamento de Corrección insiste en que “siguió cada paso” de un protocolo que proporciona jeringas de respaldo “si la reclusa no ha fallecido”.

Es la segunda ejecución fallida de Tennessee este año. El gobernador Bill Lee, quien calificó el fiasco de “tragedia” mientras insistía en que las ejecuciones deben ser “efectivas”, ha ordenado una revisión y suspendió las ejecuciones del estado por este año.

La respuesta de las figuras políticas de derecha ha sido grotesca. John Yoo, el exabogado del Departamento de Justicia que redactó los “memorandos de tortura” de la administración Bush para justificar el ahogamiento simulado, dijo a Fox News el jueves que la inyección letal es “el método más humano” y preguntó: “¿Por qué no utilizar el pelotón de fusilamiento?” Añadió que “Tennessee va a tener que volver a intentarlo”.

Pike había dicho que no temía a la muerte, sino a la manera en que ocurriría. “No tengo miedo de morir”, escribió. “Solo estoy nerviosa por el proceso”. Los expertos habían advertido a los tribunales que, dada su historia, podría “sentir y creer que está siendo violada hasta la muerte” sobre la camilla. Como lo expresó el jueves su abogado Stephen Ferrell, su mayor miedo “era un miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso es lo que ocurrió. Menos la muerte”. Mientras Pike se aferra a la vida, su pesadilla se ha hecho realidad. También podría quedar con secuelas permanentes. El doctor Joel Zivot, profesor de medicina de la Universidad Emory contratado por sus abogados, dijo a la BBC: “Es muy posible que, como consecuencia del retraso a la hora de comenzar la reanimación, sufra una lesión cerebral”.

La responsabilidad por la tortura de Pike a manos del Estado recae sobre todo el sistema de “justicia” estadounidense, y ante todo sobre la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Por qué tanta prisa por ejecutar por parte de los reaccionarios de túnicas negras en Washington? El Sexto Circuito simplemente había pedido tiempo para “abordar y resolver adecuadamente” un nuevo reclamo. En las audiencias posteriores a la condena, el estado había calificado a Pike de “mentirosa patológica” respecto a sus abusos. En agosto, admitió que “no pone en duda las cosas terribles” que sufrió.

Pero la mayoría de la Corte no podía permitir que hubiera tiempo para examinar estas cuestiones en el caso. La orden de ejecución de Pike expiraba a medianoche, y cualquier demora habría obligado a Tennessee a volver a los tribunales para fijar una nueva fecha. El estado había establecido el día y la ejecución tenía que llevarse a cabo según lo previsto.

La jueza Sonia Sotomayor, acompañada por los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, discrepó, pero en los términos más moderados, objetando que la Corte había concedido “un remedio extraordinario únicamente para permitir que el Estado ejecute a Pike” antes de que su litigio hubiera llegado a su fin. Ninguna de las tres juezas había registrado un desacuerdo el día anterior, cuando la Corte había rechazado suspender la ejecución.

La decisión de la Corte no se refería únicamente a la vida de Christa Pike; se trataba de mantener el derecho del Estado a matar. La pena de muerte se utiliza, ante todo, para aterrorizar a la población. Desde que la Corte restableció la pena capital en 1976 después de una breve interrupción, ha establecido excepciones limitadas en virtud de la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda, prohibiendo la ejecución de quienes eran menores de edad en el momento de sus delitos, las personas con discapacidad intelectual, quienes no pueden comprender por qué van a ser ejecutados y quienes fueron condenados por delitos que no resultaron en muerte. Pero ha defendido sistemáticamente el derecho de los estados y del Gobierno federal a matar a sus ciudadanos. La Corte fijó el límite para los menores de 18 años. Pike tenía 18 años.

La Corte ha dictaminado sobre la constitucionalidad de los numerosos métodos de asesinato estatal ideados por los estados y el Gobierno federal —electrocución, inyección letal, asfixia con nitrógeno, pelotón de fusilamiento—, pero se ha negado sistemáticamente a declarar inconstitucional la propia práctica de la pena capital. Las disputas de los jueces sobre los distintos métodos espantosos de matar tienen como objetivo garantizar que la cadena de montaje de la muerte siga funcionando. En cuanto al sufrimiento infligido a los condenados, fue defendido por una mayoría de la Corte que declaró en 2019 que la Octava Enmienda “no garantiza a un preso una muerte sin dolor”.

La pena de muerte es el arma definitiva del dominio de clase. El mismo Estado que ata en su propio país a una mujer traumatizada a una camilla para someterla a tortura y muerte está librando una guerra contra Irán y armando el genocidio en Gaza, matando a decenas de miles de personas. La Gestapo del ICE acorrala a los inmigrantes, detiene a decenas de miles en campos y este año ha matado a tiros a cuatro personas inocentes a sangre fría en las calles. En promedio, casi 2 millones de personas están encarceladas en las prisiones y cárceles de Estados Unidos.

El apoyo popular a la pena de muerte se encuentra cerca de mínimos históricos, con una caída particularmente pronunciada entre los jóvenes. Un número creciente de estadounidenses está horrorizado por el tipo de espectáculo macabro que se exhibió ayer en la cámara de ejecución de Nashville. La misma indignación se refleja en el auge de las luchas de la clase trabajadora y en las protestas contra el ICE y el terror militar estadounidense. Pero es necesario localizar la fuente de esta violencia y miseria.

El socialista Eugene V. Debs, señalando la base de clase de la desigualdad y la miseria sociales, dijo al tribunal que lo condenó en 1918: “Si todavía hay vastos sectores de nuestro pueblo que son víctimas de la pobreza y cuyas vidas son una lucha incesante desde la juventud hasta la vejez, hasta que finalmente la muerte llega a su rescate y adormece a estas desventuradas víctimas en un sueño sin sueños … se debe enteramente al sistema social caduco en el que vivimos, que debería ser abolido no solo en interés de las masas trabajadoras, sino en el interés superior de toda la humanidad”.

Karl Marx, al localizar la fuente del delito en el orden social capitalista, escribió en el New-York Daily Tribune en 1853: “¿No existe la necesidad de reflexionar profundamente sobre una alteración del sistema que engendra estos delitos, en lugar de glorificar al verdugo que ejecuta a una serie de delincuentes para hacer sitio únicamente a la llegada de otros nuevos?”.

El pensador de la Ilustración Cesare Beccaria escribió en 1764 que la pena de muerte no es un acto de justicia sino “una guerra de la nación contra un ciudadano” cuya destrucción considera útil o necesaria. Al matar, el Estado hace lo que prohíbe hacer a sus ciudadanos y enseña la crueldad con el ejemplo. A este pasaje de Beccaria hay que añadir una corrección: es “una guerra de la clase gobernante contra un individuo”.

El Partido Socialista por la Igualdad sigue estas tradiciones. Nos oponemos incondicionalmente a la pena capital, tanto para culpables como para inocentes. La Christa Pike que cometió un crimen terrible siendo adolescente fue a su vez producto de una sociedad que la sometió a abusos indecibles durante su infancia, le falló en cada momento y luego respondió a la violencia que había engendrado con la aguja del verdugo.

La lucha por abolir la pena de muerte no puede confiarse a los tribunales, que han sancionado cada etapa de este horror, ni al Partido Demócrata, que ha respaldado durante décadas las ejecuciones estatales y permanece en silencio mientras Trump intenta ampliarlas. Es parte de la lucha de la clase trabajadora contra la desigualdad, la guerra y la violencia del Estado policial, una lucha contra el propio sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 02/10/2026)