Los brasileños acudirán a las urnas este domingo, 4 de octubre, en las elecciones más tensas desde el fin de la dictadura militar respaldada por Estados Unidos (1964–1985). Las encuestas apuntan a una segunda vuelta entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quienes están técnicamente empatados.

Flávio se postula en nombre de su padre, el expresidente fascista Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por liderar la conspiración golpista que culminó en el asalto fascista a los edificios que albergan los tres poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero de 2023. Flávio ha jurado continuar con este proyecto, trabajando en estrecha colaboración con el imperialismo estadounidense, que está interviniendo abiertamente en las elecciones brasileñas.

La contienda electoral está, al mismo tiempo, dominada por la crisis cada vez más aguda de las instituciones burguesas de Brasil. En vísperas de la votación, la Corte Suprema Federal (STF) —que en los últimos años se ha presentado como la guardiana del orden democrático en el país— se ha visto envuelta en el escándalo de corrupción del Banco Master y dividida por una guerra abierta entre jueces que representan facciones rivales de la burguesía.

En este contexto, una ola de huelgas de trabajadores del sector público y privado choca de frente con el programa de nacionalismo y austeridad que promueven comúnmente Lula, Flávio y todos los candidatos de la clase dominante.

Ninguno de estos fenómenos es un accidente local. Son la forma nacional de la crisis mundial del capitalismo, que se expresa en la guerra global en desarrollo y en el giro de la clase dominante en todos los países hacia la dictadura.

La ofensiva imperialista

Las elecciones en Brasil se llevan a cabo en medio de una reorganización explosiva del orden político en América Latina. El imperialismo estadounidense ha adoptado como doctrina oficial la dominación militar y económica de todo el hemisferio, como plataforma para la guerra contra China, hoy el principal socio comercial de Sudamérica.

La invasión de Venezuela en enero de este año inauguró una nueva fase de intervención neocolonial abierta por parte de EE. UU. Al secuestro del presidente Nicolás Maduro le siguió la apropiación del petróleo venezolano por parte del Pentágono, en colaboración con el propio régimen chavista. A esta intervención se suman las ejecuciones sumarias de pescadores en el Caribe y el Pacífico, las operaciones militares con el pretexto de combatir el “narcoterrorismo” y el bloqueo que estrangula a Cuba, ahora directamente amenazada con una invasión.

Los gobiernos fascistoides, que continúan la tradición política de las dictaduras de la década de 1970, unidos en el llamado Escudo de las Américas y que impulsan medidas de dictadura policial en sus propios países, dominan ahora casi toda la región, impulsados por la intervención directa de Washington. Lula es uno de los últimos vestigios de la Ola Rosa, que se derrumbó en el descrédito tras traicionar las expectativas de las masas que eligieron a estos gobiernos burgueses supuestamente de “izquierda”.

Las elecciones brasileñas son hoy el punto central de la ofensiva regional de Washington. La administración de Trump impuso aranceles punitivos a Brasil, justificados abiertamente como una respuesta a la “persecución” de Bolsonaro, y designó a facciones criminales brasileñas como organizaciones terroristas, el mismo marco utilizado para justificar el ataque contra Venezuela. El presidente argentino Javier Milei, cuyo régimen de extrema derecha constituye la punta de lanza del proyecto imperialista estadounidense en la región, viajó a São Paulo para lanzar la candidatura de Flávio, donde llamó a sus seguidores fascistas a sumarse a una “gran batalla” —es decir, un nuevo 8 de enero.

La respuesta del PT fue asegurar a la población brasileña que Trump no interferiría en las elecciones, cuando la intervención ya estaba en marcha. Ahora, Lula apuesta por la presión del Partido Demócrata —que se manifestó en una carta reciente de Bernie Sanders al secretario de Estado Marco Rubio— para que Washington se comprometa a reconocer el resultado. Es un fraude político. El Partido Demócrata financia la misma maquinaria bélica que ahora se vuelve contra América Latina y no opuso ninguna resistencia seria a la invasión de Venezuela. Además, fue bajo administraciones demócratas que se planeó y llevó a cabo el golpe de Estado de 1964 en Brasil.

No se ha resuelto nada

La principal ilusión promovida en estas elecciones por el PT, las federaciones sindicales y la pseudoizquierda es que, a pesar de todas las críticas al gobierno, ahora es necesario unirse en torno a Lula para evitar el desastre de un regreso de los Bolsonaros. El historial de los últimos cuatro años deja en evidencia que esta afirmación es una farsa.

En 2022, ante la conspiración de Bolsonaro y los militares, los sectores decisivos de la clase dominante se reagruparon en torno a Lula para estabilizar un régimen en crisis. El Frente Amplio con los banqueros, el agronegocio y los partidos tradicionales de derecha fue el instrumento de esta operación. Desde que Lula asumió el cargo, el gobierno ha proclamado repetidamente la “victoria de la democracia” y ha asegurado al público que lo peor ya había pasado, solo para que se demostrara que estaba equivocado poco después, comenzando con la insurrección del 8 de enero.

El PT delegó en el poder judicial la tarea de contener el fascismo para impedir cualquier movilización de la oposición de masas que pudiera escapar a su control y volverse contra el propio régimen capitalista. Trabajó sistemáticamente para rehabilitar la imagen de las Fuerzas Armadas, la base de la conspiración fascista de Bolsonaro, elevando el gasto militar a niveles históricos. Desvió sistemáticamente la atención de las masas preocupadas por la amenaza dictatorial y su historia en el país, tratando el golpe de 1964 y la dictadura como un capítulo cerrado. E implementó medidas de austeridad, privatizaciones y ataques sociales que fortalecieron a las fuerzas fascistas.

La condena penal de Bolsonaro, junto con la de los oficiales de alto rango que respaldaron el golpe, castigó a individuos, pero preservó al ejército como institución y dejó intactas las raíces sociales de la conspiración. Su heredero —políticamente inepto y profundamente despreciado— ha llegado a la perspectiva de un empate con Lula, y la amnistía para los golpistas es el programa común de toda la oposición de derecha.

Portavoces militares en la prensa informan que el Alto Mando considera que las elecciones no restablecerán la credibilidad de las instituciones y que no se vislumbra una salida institucional. En una república donde los militares se han arrogado el papel de árbitros desde su fundación, la intervención militar sigue siendo una opción sobre la mesa para la clase dominante.

El STF, elegido por el PT para resolver la crisis, se ha convertido él mismo en un campo de batalla. El caso Master puso al descubierto los vínculos de jueces de facciones rivales del tribunal con un banquero fraudulento que, al mismo tiempo, financiaba al círculo de Flávio Bolsonaro y hacía negocios con figuras vinculadas a los gobiernos del PT. Las medidas con las que la clase dominante intentó contener la crisis, desviando la atención de sus raíces sociales, acumularon tensiones que ahora están estallando en esta coyuntura política crítica.

El terreno electoral refleja la descomposición del orden burgués. Las órdenes judiciales para la eliminación masiva de publicaciones en redes sociales son revocadas y restablecidas por jueces rivales en cuestión de días. El PT rebaja el nivel de su campaña a apelaciones religiosas y acusaciones hipócritas de corrupción. Los candidatos huyen de los debates. El sistema político ya no puede mantener ni siquiera una fachada de democracia.

La lucha de clases en aumento

Detrás de esta descomposición se esconden profundos antagonismos sociales. El régimen construido sobre la base de la Constitución de 1988 fue la respuesta de la burguesía a las huelgas masivas que derrocaron la dictadura, y el PT y sus sindicatos fueron durante décadas el principal mecanismo para contener la lucha de clases. Ese mecanismo se ha agotado.

Los trabajadores bancarios, postales, docentes y metalúrgicos están en huelga, en un enfrentamiento directo con el gobierno de Lula y con los tribunales que actúan para romper sus luchas. Las mismas federaciones sindicales que aíslan estas huelgas están haciendo campaña a favor de la reelección de Lula. Los llamamientos del gran capital a la preservación de la “paz social” ante la crisis del STF —expresados en un manifiesto de la Fiesp (Federación de la Industria de São Paulo) y otras organizaciones patronales en defensa de la legitimidad del tribunal— revelan lo que la clase dominante realmente teme: que la indignación por la podredumbre de las instituciones se fusione con una revuelta contra la austeridad. El aplazamiento de una confrontación con el capitalismo —propuesto por los sindicatos y los partidos de la pseudizquierda que apoyan al Frente Amplio de Lula— solo envalentona a los defensores del fascismo y la dictadura.

En toda América Latina y a nivel internacional, el movimiento obrero está cobrando fuerza. La brutalidad de los regímenes de extrema derecha en la región es proporcional a su fragilidad. Impopulares, corruptos y sin una base social propia, dependen de Washington y del aparato represivo del Estado.

El caso de Fernando Cerimedo, socio comercial del exjefe de campaña de Trump, pone al descubierto la podredumbre de la red que ayudó a instalarlos en el poder. Como propagador de la narrativa fraudulenta que alimentó los acontecimientos del 8 de enero en Brasil, trabajó en las campañas electorales de Milei en Argentina, Asfura en Honduras, Kast en Chile y De la Espriella en Colombia, y se convirtió en el principal asesor de Rodrigo Paz en Bolivia —donde ahora se encuentra encarcelado por ordenar un intento de asesinato y está bajo investigación por vínculos con el narcotráfico—. Estos mismos gobiernos ya se enfrentan a levantamientos masivos contra sus políticas de ataque a los derechos sociales y democráticos.

La situación política en Brasil y en toda la región encierra graves amenazas para los trabajadores y la juventud. Pero un enfrentamiento serio con la realidad no debe fomentar la desesperanza. El grado de crisis del orden político burgués es una expresión de la magnitud de los desafíos históricos que la clase trabajadora está llamada a resolver, y para los que cuenta con el poder objetivo necesario. Hoy es la fuerza social mayoritaria en América Latina, concentrada en las grandes metrópolis e integrada en la producción mundial. Su levantamiento contra este orden social podrido se desarrolla al unísono con un movimiento de la clase trabajadora internacional contra el capitalismo y sus políticas de austeridad, guerra y represión.

Por la movilización política independiente de la clase trabajadora

Este movimiento en desarrollo no encuentra expresión alguna en estas elecciones ni en los decadentes sistemas políticos burgueses, tanto en Brasil como en todo el mundo. El rechazo masivo a los dos principales candidatos es la expresión distorsionada del abismo que separa a las masas trabajadoras de todo el sistema de dominio capitalista. La pseudoizquierda cumple la función de intentar cerrarlo. Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que forma parte del gobierno, hasta los grupos que están lanzando sus propias candidaturas con el fin de volver al bando de Lula en la segunda vuelta, todas sus variantes encadenan a los trabajadores al PT, a la burocracia sindical y al Estado nacional burgués.

Independientemente de los resultados en las urnas, el período que se avecina será de agudización de la crisis y los trabajadores deben prepararse rompiendo políticamente con el PT, las federaciones sindicales y la o que gira en torno a ellas. Esto requiere construir comités de base, independientes y en oposición a la burocracia sindical, vinculados internacionalmente a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB). Requiere unir la lucha de los trabajadores brasileños con la de sus hermanos y hermanas de clase en toda América Latina, en Estados Unidos y a nivel internacional contra el imperialismo, el fascismo y la guerra. Y requiere la adopción de un programa socialista e internacionalista que considere los recursos naturales, la tecnología y la producción como patrimonio común de la humanidad, que debe planificarse internacionalmente bajo el control de la clase trabajadora.

La tarea decisiva es construir el Partido Socialista por la Igualdad (PSI) como la sección brasileña del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, el partido mundial de la revolución socialista. Hacemos un llamado a los trabajadores y a los jóvenes que buscan una salida a esta crisis para que se unan a nosotros.

(Artículo publicado originalmente en inglés 2 de octubre de 2026)