El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha respondido a la explosión de una inmensa oposición desde la izquierda contra su Gobierno formado por PSOE y Sumar disolviendo el Parlamento y convocando elecciones generales para el 29 de noviembre.

Cientos de miles de personas se manifestaron durante el fin de semana en más de 50 ciudades españolas contra el aumento vertiginoso de los alquileres, los desahucios y una crisis de la vivienda que ha hecho que un lugar digno donde vivir no sea asequible para millones de personas. Sectores del movimiento plantearon abiertamente la exigencia de una huelga general. Fue este movimiento en desarrollo de la clase trabajadora y la juventud —y no las maniobras parlamentarias de la derecha— lo que precipitó la caída del Gobierno y la decisión de Sánchez de convocar elecciones.

Sánchez busca ahora utilizar la amenaza muy real que representa la extrema derecha contra el movimiento que provocó la caída de su Gobierno. Su ultimátum político a los trabajadores y los jóvenes es, en esencia: o aceptan la continuidad de mi Gobierno derechista de austeridad, militarismo y ataques al nivel de vida, o se enfrentan a un Gobierno aún más reaccionario del Partido Popular (PP) y del partido neofascista Vox.

Las encuestas indican que, si se celebraran elecciones hoy, el PP y Vox podrían obtener una mayoría parlamentaria y formar el primer gobierno español que incorpore a la derecha fascista desde el fin de la dictadura franquista en 1978.

A las pocas horas de que Sánchez convocara las elecciones, el líder de Vox, Santiago Abascal, expuso su programa para un gobierno conjunto con el PP: “Prioridad nacional, para que los españoles no sean discriminados en su propia patria; y la desregulación, para retirar de la economía las corrupciones, las ideologías y el ánimo confiscatorio que ahogan a los autónomos, destruyen a las clases medias e impiden salir adelante a las pequeñas y medianas empresas”.

Esto significa discriminación en favor de los ciudadanos españoles en el acceso a los servicios públicos, austeridad y desregulación para financiar a las grandes empresas y expulsiones masivas de inmigrantes. Esto fue visible en Ceuta este verano, donde al menos 140 migrantes murieron intentando llegar a territorio español mientras el gobierno del PSOE y Sumar desplegaba al ejército y la policía y llevaba a cabo expulsiones masivas. Vox denunció incluso esto como “traición”. Respaldó grandes manifestaciones contra los migrantes y ataques en forma de pogromos contra campamentos de migrantes, al tiempo que sigue exigiendo la deportación de millones de personas.

La derecha española también amenaza con no aceptar una derrota electoral, dejando abierta la posibilidad de que intente revertir por la fuerza un resultado de las urnas. Abascal afirmó que “Sánchez podría “manipular este proceso electoral” y que “todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, declaró: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”.

Tales amenazas resultan particularmente preocupantes porque sectores del cuerpo de oficiales español-próximos a Vox están llamando abiertamente a un golpe de Estado y a una dictadura militar.

Hace apenas tres semanas, el teniente coronel retirado del Ejército español Francisco Bendala Ayuso declaró que “es el momento de que las Fuerzas Armadas asuman su responsabilidad ante la patria” en el Casino Militar de Madrid, una institución dirigida por miembros retirados de las Fuerzas Armadas. Desestimando a la oposición parlamentaria como “inepta y pasiva”, Bendala pidió una intervención militar para que “formen un gobierno provisional de emergencia” y declarar el estado de emergencia.

En las declaraciones de Vox y el PP, dos manuales de estrategias fascistizantes se están cruzando. Uno está arraigado en la historia de la extrema derecha española: presentar una victoria electoral de la izquierda como fraudulenta para justificar un golpe de Estado. Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, la dictadura franquista alegó que las elecciones habían sido un fraude para legitimar el golpe de julio de 1936 que inició la Guerra Civil española de 1936-1939.

El otro es el precedente más inmediato establecido por el presidente estadounidense Donald Trump, cuya Administración ha estrechado sus vínculos con Vox: desacreditar sistemáticamente el proceso electoral antes de que comiencen las votaciones, señalar los votos por correo como inherentemente sospechosos y declarar fraudulento un resultado adverso. Esto culminó en el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021, cuando Trump trató de impedir la transferencia de poder establecida constitucionalmente instigando a sus partidarios a asaltar el Congreso de Estados Unidos mientras este certificaba los resultados electorales. 

El peligro es muy real. Pero la conclusión a la que deben llegar los trabajadores es la opuesta a la que han propuesto Sánchez, Sumar y Podemos. La lucha contra el peligro del fascismo y la dictadura militar no puede librarse subordinando a la clase trabajadora al Gobierno PSOE-Sumar ni suprimiendo la lucha de clases en nombre de impedir una victoria PP-Vox.

Sánchez hizo explícito este chantaje político al anunciar las elecciones. Presentó el 29 de noviembre como una elección entre una “ola de ultraderecha” y la continuidad de un Gobierno supuestamente progresista. Presumiendo de que su Gobierno había cosechado “los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país”, reconoció la “insatisfacción” existente entre una parte de esa mayoría social, pero sostuvo que “para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”. Llamó a movilizarse para lograr “una mayoría mucho más amplia, progresista”, con la que “conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”.

Los aliados pseudoizquierdistas del PSOE se alinearon inmediatamente. Mónica García, dirigente del nuevo Frente Amplio liderado por Sumar y socia de coalición del PSOE, respaldó la decisión de Sánchez. Declaró que desde Sumar “están preparados” para devolver “la mayoría social” al Congreso, para que “tenga la representación ciudadana y no los fondos buitres y los especuladores”, y afirmó estar “dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”.

Una de las dirigentes de Podemos, Irene Montero, reclamó unas primarias abiertas para elegir una candidatura común a la izquierda del PSOE que, según afirmó, representara a la mayoría social que exige acabar con el negocio de la vivienda, reducir los alquileres y defender la paz. “No hay tiempo que perder y tenemos mucho trabajo que hacer”, insistió.

Todas estas posiciones buscan convertir el movimiento que se desarrolla en las calles en votos para una u otra formación parlamentaria y evitar que se convierta en una lucha política independiente de la clase trabajadora.

Todos ellos evaden la cuestión decisiva: ¿Cómo es posible que, tras casi nueve años de gobiernos liderados por el PSOE, incluidos seis años en coalición con Podemos o su escisión Sumar, los herederos políticos del franquismo estén más cerca del poder que en cualquier otro momento desde el fin de la dictadura?

La respuesta no reside en un supuesto desplazamiento de la población española hacia la derecha. Radica sobre todo en el historial de los gobiernos encabezados por el propio Sánchez y en el papel que desempeñó la pseudoizquierda en la represión de la oposición independiente a ellos. 

Más de una de cada cuatro personas en España —el 25,7 por ciento de la población— estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, incluyendo un tercio de todos los niños. El desempleo juvenil se situó en el 23 por ciento. En el polo opuesto de la sociedad, los seis mayores bancos de España acumularon un récord de 34.000 millones de euros en beneficios en 2025, un 7 por ciento más que el año anterior.

La misma contradicción recorre la afirmación de Sánchez de ser un pacifista. En su discurso anunciando las elecciones, Sánchez se jactó de “apoyar a Ucrania”, es decir, al Gobierno respaldado por la OTAN que libra una guerra con Rusia que amenaza con convertirse en un conflicto directo entre potencias dotadas de armas nucleares. Bajo Sánchez, el gasto en defensa alcanzó el nivel récord de 66.000 millones de euros en 2025, alrededor del 4,1 por ciento del PIB, con más de 80.000 millones proyectados para 2026. Este es el mayor aumento militar en la historia de España tras el franquismo. 

En ningún lugar la brecha entre las reivindicaciones del gobierno y la realidad social es más visible que en la vivienda. El coste medio del alquiler de una vivienda equivale ya al 98,7 por ciento del salario medio de un trabajador joven. El desahucio de una inquilina madrileña de 87 años se convirtió en el detonante de la indignación social acumulada, desencadenando protestas masivas.

Ante la creciente presión, el PSOE y Sumar aprobaron apresuradamente medidas limitadas de emergencia para la vivienda, que fueron derrotadas en el parlamento el pasado viernes por el PP, Vox y los nacionalistas catalanes de derechas Junts.

Al día siguiente, cientos de miles de personas se manifestaron en más de 50 ciudades españolas. Sectores del movimiento llamaron abiertamente a una huelga general.

Esta sucesión de acontecimientos pone al descubierto el fraude político que encierra el ultimátum electoral de Sánchez. Los trabajadores y los jóvenes han entrado en lucha contra las condiciones sociales creadas bajo su Gobierno. Sánchez responde no atendiendo sus demandas, sino disolviendo el Parlamento y diciéndoles que continuar oponiéndose a su Gobierno podría entregar el poder a la extrema derecha. 

La respuesta no puede ser retirarse de la lucha de clases. Al contrario, el único camino progresista a seguir reside en su expansión sistemática y su desarrollo político.

Una huelga general plantearía la cuestión fundamental de qué clase decide las prioridades de la sociedad: si la vivienda, los salarios, las pensiones y los servicios públicos deben subordinarse al beneficio privado, el gasto militar y el enriquecimiento de una oligarquía financiera, o estar organizados según la necesidad social.

El auge de Vox demuestra la bancarrota de la afirmación de que el fascismo puede combatirse mediante el apoyo del “mal menor” al PSOE y sus satélites pseudoizquierdistas. Son las políticas seguidas por estos partidos —desigualdad social, austeridad, guerra imperialista, ataques a los inmigrantes y el fortalecimiento del aparato represivo del Estado— las que han creado las condiciones políticas en las que la extrema derecha ha podido crecer.

Medio siglo después de que España comenzara su tan aclamada 'transición' hacia la democracia tras la muerte de Franco en 1975, todo el marco político establecido en ese periodo se está desmoronando.

En medio de las huelgas de masas y las luchas sociales de los años setenta, el PSOE y el estalinista Partido Comunista de España (PCE) trabajaron para evitar un ajuste de cuentas revolucionario con el franquismo. Dijeron a los trabajadores que la integración en la Comunidad Económica Europea y la OTAN garantizaría a España un futuro próspero y democrático. Se preservaron los aparatos militares, policiales y estatales heredados del franquismo, mientras que la clase trabajadora quedó subordinada al Estado capitalista a través de las burocracias sindicales y los partidos parlamentarios.

Estos arreglos, codificados en la Constitución española de 1978, se están desintegrando ahora bajo el impacto de la crisis capitalista, la guerra y un movimiento emergente de la clase trabajadora.

La crisis española forma parte de un proceso internacional más amplio. En toda Europa, la clase dominante se está desplazando rápidamente hacia la derecha, reforzando el aparato militar, imponiendo la austeridad y ampliando los poderes represivos del Estado, mientras los trabajadores y los jóvenes entran en lucha contra las consecuencias de estas políticas.

En Francia, las huelgas y las protestas masivas de trabajadores y jóvenes están sacudiendo al establishment político. En Portugal se están desarrollando luchas en el sector público, mientras decenas de miles de jóvenes en Alemania han protestado contra el servicio militar obligatorio y el empeño en preparar a toda una generación para la guerra.

La contradicción decisiva se encuentra entre una élite gobernante capitalista que avanza hacia la guerra, la dictadura y el fascismo, y una clase trabajadora que se ve cada vez más empujada a la oposición, pero que sigue viéndose impedida de desarrollar su propio programa político independiente.

En España, el movimiento por la vivienda debe ampliarse a una lucha de toda la clase trabajadora contra la austeridad, el militarismo, la represión estatal y la amenaza del fascismo. Los trabajadores deben rechazar todos los intentos de dividir a los trabajadores españoles e inmigrantes y unificarlos en torno a sus intereses comunes de clase.

Esto exige construir organizaciones independientes de base en los centros de trabajo y los barrios, capaces de unificar las luchas entre distintos sectores y regiones, oponerse a las traiciones de las burocracias sindicales y movilizar a la clase trabajadora contra la austeridad, la represión policial y cualquier intento de golpe de Estado. 

Por encima de todo, requiere un ajuste de cuentas político con el PSOE, Podemos, Sumar y la perspectiva de subordinar a los trabajadores a los partidos capitalistas en nombre de luchar contra el “mal mayor”.

La extrema derecha no puede ser derrotada apoyando a una facción de la clase dominante capitalista contra otra. Una política así no ha detenido a Vox. Lo ha fortalecido.

La tarea decisiva es construir una nueva dirección revolucionaria en la clase trabajadora: una sección española del Comité Internacional de la Cuarta Internacional. Esta debe luchar por unificar las luchas por la vivienda, los salarios, las pensiones, los derechos democráticos y la guerra en un movimiento político independiente de la clase trabajadora, vincular las luchas en desarrollo en España con las que estallan en toda Europa e internacionalmente, y luchar por el poder obrero y la reorganización socialista de la sociedad como parte de la lucha por los Estados Socialistas Unidos de Europa.

La alternativa que plantea la crisis no es Sánchez ni PP-Vox. Es la reacción capitalista—sea cual sea la forma parlamentaria que adopte—o la movilización política independiente de la clase trabajadora en torno a un programa socialista internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de octubre de 2026)