El presidente José Antonio Kast promulgó la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social el 9 de octubre, completando así el proceso legislativo que comenzó cuando se presentó el proyecto de ley en abril y fue aprobado por el Congreso en agosto. Las primeras disposiciones entrarán en vigor el 1 de noviembre. El gobierno ha promovido esta ley como la pieza central de su programa para “poner a Chile de nuevo de pie”. En realidad, se trata de un fraude por dos motivos: sus disposiciones de “reconstrucción” son una miseria que dejará a la abrumadora mayoría de las víctimas del desastre sin hogar durante los próximos años, mientras que su contenido central es un programa de amplia envergadura de recortes de impuestos para las corporaciones y los ricos que entrará en vigor en 2027.

El World Socialist Web Site ha documentado el verdadero carácter de esta legislación desde que se dio a conocer por primera vez. Como escribimos en julio, el paquete constituye la reestructuración más ambiciosa de la relación del Estado chileno con el capital desde la dictadura de Pinochet, un “Chicago Boys 2.0” que restablece el sistema tributario totalmente integrado de la dictadura, recorta drásticamente la tasa del impuesto a las empresas y exime a los inversionistas de la rendición de cuentas democrática por hasta dos décadas.

Las disposiciones tributarias, que comenzarán a surtir efecto en 2027, son el corazón del proyecto de ley. El impuesto a las empresas de Primera Categoría bajará del 27 por ciento al 25,5 por ciento en 2027, al 24 por ciento en 2028 y al 23 por ciento en 2029, la primera reducción desde 1990. La integración total del sistema tributario permitirá a los propietarios de grandes corporaciones deducir los pagos de impuestos de sus empresas de sus impuestos sobre la renta personal, eliminando de hecho la doble imposición sobre las utilidades distribuidas. Una amnistía para la repatriación de capital permitirá a los evasores fiscales regularizar el patrimonio oculto en el extranjero a una tasa única de entre el 7 y el 10 por ciento. Un mecanismo de estabilidad fiscal, inspirado directamente en el Decreto Ley 600 de Pinochet, congelará la carga tributaria de los grandes proyectos de inversión durante 10, 15 o 20 años. Una exención de 12 meses del Impuesto al Valor Agregado sobre las viviendas nuevas es un rescate directo para las empresas constructoras que tienen un inventario de 100.000 unidades sin vender. Y una exención del impuesto a la propiedad para los propietarios mayores de 65 años, sin importar sus ingresos o el valor de la propiedad, es un regalo regresivo para las personas mayores adineradas.

La palabra “reconstrucción” se incluyó en este proyecto de ley para disimular su verdadero propósito. El sustantivo se refiere al Fondo Transitorio de Emergencia por Incendios, que financia viviendas para las víctimas de los catastróficos incendios forestales ocurridos en Valparaíso en febrero de 2024 y en las regiones del sur de Ñuble y Biobío en enero de 2026. La ley prorroga este fondo hasta diciembre de 2028 y lo aumenta de 800 mil millones a 1,2 billones de pesos chilenos (aproximadamente US$1,2 mil millones). Las sumas son miserables y cubren solo una fracción de las necesidades.

Los incendios y el fracaso de la reconstrucción

El megaincendio de Valparaíso, ocurrido del 2 al 3 de febrero de 2024, fue uno de los peores desastres en la historia del país. Causó la muerte de 138 personas y destruyó 5.186 viviendas, dejando a miles de familias sin hogar. Los incendios de enero de 2026 en Ñuble y Biobío causaron la muerte de 20 personas y destruyeron 4.547 viviendas, la gran mayoría en comunidades de clase trabajadora como Penco, Tomé y Ránquil.

El historial de reconstrucción es desastroso y, sobre todo, constituye una denuncia contra el gobierno de pseudoizquierda de Gabriel Boric. El fondo de emergencia se creó bajo el mandato de Boric, quien limitó el programa de ayuda a 864 millones de dólares estadounidenses. Para cuando dejó el cargo el 11 de marzo, había asignado subsidios a 2.748 familias, pero solo se habían reconstruido 452 viviendas y, supuestamente, 1.290 estaban en construcción, lo que dejó al 83 por ciento de las víctimas de los incendios aún sin hogar. A octubre de 2026, la mayoría de las familias afectadas por el incendio de Valparaíso siguen esperando una vivienda permanente.

La situación en el sur no es mejor. Una encuesta del propio gobierno identificó 4.547 hogares afectados en Ñuble y Biobío, el 90 por ciento de los cuales sufrió la pérdida total o casi total de sus viviendas. El actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha anunciado que la reconstrucción en Biobío y Ñuble se acerca a las 1.120 viviendas iniciadas, lo que deja a cerca de 3.500 familias en ambas regiones en viviendas de transición o precarias.

La brecha entre la cobertura de la ley y la necesidad real es el dato más importante al respecto. Incluso si se toman al pie de la letra, el subsidio de Boric y el Plan de Reconstrucción de Kast, combinados, financiarán o subsidiarán la construcción de 7.175 viviendas, pero la destrucción real en Valparaíso y Ñuble-Biobío, en conjunto, asciende a cerca de 9.700 viviendas.

Excluidos: los pobres, los del sector informal, los inmigrantes

El sistema de subsidios funciona a través de un marco de múltiples niveles que incluye condiciones de elegibilidad, grados de gravedad y estatus de propiedad legal, y en la práctica ha generado exclusiones sustanciales. El filtro principal es la propiedad legal. Miles de familias que vivían en campamentos, o asentamientos precarios, y que lo perdieron todo quedaron excluidas porque sus viviendas se consideraron “ilegales”. El propio ministerio reconoció que el proceso de reconstrucción “desde el inicio se ha centrado en los propietarios-ocupantes que perdieron sus hogares”.

La gran mayoría de las víctimas pertenecía a la clase trabajadora, y muchas eran familias migrantes. El 63 por ciento de los hogares afectados por el incendio de Valparaíso se encontraba en el percentil 40 o por debajo en el registro social, lo que los sitúa en los dos quintiles inferiores de la distribución de ingresos de Chile. El 91 por ciento no contaba con seguro de vivienda. Las zonas afectadas por el incendio se caracterizaban por un fuerte crecimiento de los asentamientos informales, que presentan construcciones más vulnerables al fuego y poblaciones que, por definición, quedan al margen de los mercados formales de vivienda. En Ñuble, una región con una de las tasas más altas de pobreza multidimensional, un funcionario de la organización benéfica Hogar de Cristo señaló la paradoja de que algunas familias eran tan pobres que el desastre, al activar el apoyo estatal para la reconstrucción, mejoró su situación material.

El desprecio hacia estas familias es compartido por todo el espectro político. El gobierno de pseudoizquierda de Boric presidió durante dos años el abandono a cámara lenta de las víctimas de Valparaíso. El gobierno de extrema derecha de Kast ha formalizado ahora ese abandono en la ley, financiando solo una fracción de las necesidades y excluyendo por completo a los más pobres.

Las catastróficas inundaciones que azotaron la región de Coquimbo el pasado mes de julio, causando la muerte de 13 personas y dejando a miles sin hogar, no están contempladas en absoluto en la ley de “reconstrucción.” Kast rechazó las solicitudes de senadores y alcaldes para incluir a Coquimbo, afirmando: “…no vamos a innovar en este proyecto de ley, que es verdaderamente urgente para nosotros, porque cubre los fondos que aún se necesitan para Valparaíso y los que se destinarán a Biobío y Ñuble”.

La tormenta dejó 1.170 viviendas con daños graves o inhabitables, y 12 completamente destruidas. Se les ha dicho que esperen lo que se asigne en el presupuesto de 2027, y el ministro de Hacienda indicó que sería “uno de los temas principales” en la próxima discusión, una promesa que no significa nada en el contexto de un presupuesto que recorta el gasto social de manera generalizada.

Las Condes y la respuesta de dos niveles

Muchos comentarios en las redes sociales han comparado los enormes retrasos en la ayuda de emergencia a Coquimbo con la asistencia casi inmediata que se recibió durante la inundación repentina que azotó el acaudalado municipio de Las Condes, en Santiago, el 8 de octubre. La comparación tiene su fundamento. Mientras que el estado de catástrofe para Coquimbo tardó seis días en decretarse, “cuando ya estábamos contando a nuestros muertos”, como lo expresó un diputado, el estado de catástrofe para Las Condes se declaró en cuestión de horas. El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, admitió de hecho que Coquimbo había servido como ensayo, al afirmar que “hay un proceso de aprendizaje”, y atribuyó la respuesta más rápida en Las Condes a la experiencia acumulada a partir de las emergencias de Coquimbo y Atacama. La implicación quedó clara: el gobierno necesitaba dejar que una región del norte sufriera una respuesta lenta antes de saber cómo reaccionar rápidamente ante la acomodada comuna de Santiago.

Pero la verdad más profunda es que tanto Boric como Kast fueron advertidos sobre el riesgo de inundaciones en Las Condes y no hicieron nada. Al menos dos documentos oficiales habían advertido precisamente de este riesgo meses antes del suceso. La falta de acción no fue un accidente. Fue el resultado de una política deliberada de privar de recursos a los mismos organismos responsables de la prevención y la alerta temprana. Kast es escéptico respecto al cambio climático, y su gobierno ha propuesto recortes tanto para el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) como para el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que ya operan con un presupuesto muy reducido.

En julio de 2026, el mismo mes de las inundaciones en Coquimbo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aplicó un recorte de 918 millones de pesos a SENAPRED durante el año, al margen del proceso de la ley de presupuesto. La Ley de Presupuesto de 2027 profundiza aún más los recortes: el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de SENAPRED pasaría de 842 millones de pesos en 2026 a 584 millones en 2027, lo que representa una caída de casi el 30 por ciento en el programa central de prevención. Una semana antes de la crecida repentina en Las Condes, la propia Contralora General le dijo al Congreso que el nivel de recursos de SENAPRED era “extremadamente precario”. Los propios funcionarios del Sernageomin señalaron el problema oficialmente ante el Congreso en junio de 2024, reconociendo que “los equipos son pequeños y las dietas no cubren lo necesario”. La propuesta de presupuesto para 2027 muestra que la plantilla total autorizada del Sernageomin se reducirá en 49 puestos, en un servicio que depende de geólogos que realizan trabajo de campo en uno de los países con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.

Esta es la respuesta de los gobiernos de todo el mundo ante los fenómenos climáticos cada vez más devastadores que están desplazando a la población a una escala sin precedentes. Desde las inundaciones en Valencia hasta los incendios en Los Ángeles, pasando por las tormentas que azotan a Chile, el patrón es el mismo: se deja que la clase trabajadora soporte las consecuencias de una crisis climática producida por el sistema de ganancias, mientras que se retienen los recursos que podrían mitigar y prevenir los desastres porque no generan ganancias para el capital privado.

El mismo marco institucional que permitió la privatización y el acaparamiento de los derechos de agua durante la megasequía de 15 años en Chile es el que impide que el Estado capte y almacene las aguas de las inundaciones que ahora destruyen los barrios de la clase trabajadora. Ambos fenómenos—la sequía y la inundación—son producto del mismo fracaso a la hora de ejercer control público sobre un recurso indispensable que fue privatizado bajo una dictadura y nunca se recuperó.

La lucha para que la clase trabajadora asuma el control de la sociedad es una necesidad urgente. Bajo un gobierno de los trabajadores, las finanzas y los recursos necesarios para hacer frente a tales desastres no se verían obstaculizados por los intereses de lucro privado de los ricos. Los recursos y los conocimientos científicos para reconstruir los hogares de las víctimas de los incendios de Valparaíso y Biobío, para proteger a las comunidades de Coquimbo y para construir la infraestructura que podría prevenir la próxima catástrofe ya existen. Lo que falta no es capacidad técnica, sino poder político. La tarea de garantizar las condiciones para la planificación socialista de los recursos económicos mundiales recae sobre los hombros de la clase trabajadora internacional, que primero debe arrebatarle el poder a la burguesía y derrocar su Estado, poniendo fin a la subordinación de la vida económica al lucro privado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de octubre de 2026)