Unas horas antes de que docentes, estudiantes, organizaciones indígenas y sindicalistas marcharan el miércoles en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades en la primera protesta nacional contra su gobierno, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó un decreto que libera a la policía para desatar la represión contra las manifestaciones sin agotar primero las vías del diálogo y la mediación.

El decreto reescribe el protocolo de actuación en las protestas adoptado en 2021 por orden de la Corte Suprema. El diálogo pasa a ser únicamente “una regla de preferencia” y “no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga” la actuación policial contra personas acusadas de ejercer violencia. En esos casos, los agentes pueden saltarse los tres primeros pasos de la escala progresiva de intervención.

En un mensaje en video, De la Espriella afirmó que el decreto le da al Estado “los dientes que necesita” contra el “terrorismo urbano disfrazado de protesta”. El lunes calificó a los organizadores de las protestas de “instigadores del mal” y advirtió: “Si pretenden incendiar Colombia, se encontrarán con la determinación del Tigre y su gobierno”.

La marcha de Bogotá fue convocada como una “jornada preparatoria” para un paro nacional por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la coalición Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro. La Presidencia advirtió a los empleados públicos que habría “consecuencias” si faltaban al trabajo. En Cali, 600 soldados se sumaron a 1.200 policías en las entradas de la ciudad.

“Hay mucha indignación acumulada, una desesperanza de la gente frente a este gobierno reaccionario”, declaró Gabriela Delgado, de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes, a El País. “No podemos limitarnos a la agenda del Congreso”.

A primera hora de la tarde, decenas de miles de personas participaban en las marchas de Bogotá, Tunja, Cali, Bucaramanga, Pereira y Santa Marta, que fueron descritas como tranquilas. El decreto no responde a la violencia: es un acto de intimidación.

En apenas diez semanas, el gobierno ha abierto Colombia a las operaciones militares estadounidenses y ha buscado el respaldo del FMI aceptando enormes recortes sociales. La “Ley de Rescate” del gobierno reduciría el gasto en 45 billones de pesos al año, el 2,2 por ciento del PIB, en dirección a la promesa del presidente de reducir el tamaño del Estado en un 40 por ciento.

El gobierno calculó en 30 billones de pesos el costo de la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. El recorte anual previsto equivale a una vez y media esa cifra.

El terremoto causó 331 muertes, dejó 240 personas desaparecidas y afectó a 361.353. Las familias cuyas viviendas fueron destruidas reciben 875.452 pesos al mes durante tres meses, exactamente la mitad del salario mínimo. Bajo el programa de “reconstrucción asistida”, los sobrevivientes aportan la mano de obra. Fecode exige que se reparen las escuelas dañadas por el sismo.

El último paquete de rescate del FMI —2.700 millones de dólares a cambio de austeridad— fue firmado en 1999 por el mismo gobierno de Pastrana que ese año firmó el Plan Colombia con Washington.

La élite gobernante colombiana sabe que estas medidas provocarán una resistencia masiva. Las federaciones sindicales y el Pacto Histórico trabajan para mantener el movimiento dentro de los límites del “diálogo” con el gobierno que se prepara para aplastarlo.

El protocolo que el nuevo decreto está desmantelando se puso en marcha para contener la indignación por los asesinatos de manifestantes durante la última gran oleada de movilizaciones.

En su fallo del 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema constató una “intervención sistemática, violenta y arbitraria” de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. Dos semanas antes, habían estallado protestas en Bogotá y Soacha por la muerte de Javier Ordóñez, a quien dos agentes aplicaron descargas eléctricas repetidamente con pistolas táser. Durante el paro nacional de 2021, la oficina de derechos humanos de la ONU encontró motivos razonables para atribuir a la policía la responsabilidad de al menos 28 de las 46 muertes verificadas. En aquel momento, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia informó que cientos de manifestantes habían sido “desaparecidos”.

Actualmente, el sindicato de docentes de Bogotá ha denunciado descuentos salariales y procesos disciplinarios contra maestros que participaron en marchas anteriores. El 2 de septiembre, la policía antidisturbios dispersó una protesta estudiantil en la Universidad Pedagógica Nacional.

El presidente ha anunciado que la policía entrará en los campus universitarios. Las organizaciones indígenas advierten que una base de datos del Ministerio del Interior sobre las guardias indígenas “podría convertirse en un mecanismo de vigilancia, estigmatización y judicialización”.

El “Estatuto Antiterrorista” crea un registro nacional de organizaciones terroristas y la figura de un alto comisionado contra el terrorismo, nombrado por el presidente por un período de cinco años. De la Espriella ha dicho que no aceptará “el terrorismo que pretende hacerse pasar por oposición”.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos y la oficina de drogas de la ONU estaban examinando el borrador, del que se jactó de que estaba suscitando atención “en Washington y Viena”.

En realidad, la categoría de “narcoterrorismo”, bajo la cual los ataques estadounidenses contra embarcaciones habían matado a por lo menos 227 personas en la región a comienzos de septiembre, se está extendiendo ahora mediante decretos, leyes y discursos presidenciales a docentes y estudiantes.

En una cumbre del Departamento de Estado del 16 de julio con ministros de distintos países sobre el “terrorismo político”, Rubio agrupó a “anticapitalistas o antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas” como una sola amenaza. “El terrorismo urbano disfrazado de protesta” es la versión colombiana de esa política.

En agosto, el Pentágono anunció que Bogotá había autorizado operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Colombia en territorio colombiano. El 27 de agosto, helicópteros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobrevolaron el puerto pacífico de Tumaco durante una visita del jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan. El Senado nunca lo autorizó, como exige la Constitución.

Tras recibir al secretario de Estado Marco Rubio en Barranquilla el 9 de septiembre, De la Espriella se jactó de haber autorizado 105 extradiciones en 53 días. El 6 de octubre, The New York Times informó que se habían trasladado drones MQ-9 Reaper de África a Colombia y Ecuador.

Una fuente del Ministerio de Defensa declaró a CNN que los drones se utilizarían para vigilancia y para “posibles ataques de precisión contra objetivos estratégicos de alto valor”.

Anticiparse a la indignación social para contenerla

La CUT fijó el 14 de octubre como fecha de las manifestaciones durante una reunión de su junta nacional los días 9 y 10 de septiembre, junto con un paro nacional “en los primeros días de noviembre”. Todavía no se ha fijado una fecha.

Tras las elecciones, la CUT denunció al gobierno entrante como “fascista”. Su presidente, Fabio Arias, habla ahora de “el frente más amplio por la vida para oponerse a este gobierno”.

Sin embargo, una parte importante de la burocracia y de los grupos de protesta vinculados al Pacto Histórico se está alineando abiertamente con la nueva administración. El 1 de octubre, 11 de los 21 miembros de la ejecutiva de la CUT formaron una nueva mayoría. La facción de Arias afirma que incluye a la dirección del sindicato de trabajadores agrícolas Sintrainagro, que “proclamó su adhesión” a De la Espriella.

La Confederación General del Trabajo (CGT), más pequeña, se negó a marchar. “Resolvemos los problemas de los trabajadores… directamente a través de los canales institucionales con el gobierno”, afirmó su presidente, Jorge Iván Diez Vélez. El ministro del Interior, Lara, elogió la decisión como “democrática e independiente”.

Gerardo Jumí, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, una presencia habitual en las marchas de apoyo a Petro, no acudió y pidió un diálogo nacional que “garantice la convivencia”.

El Pacto Histórico, el bloque más grande en ambas cámaras del Congreso, respondió al decreto represivo anunciando una demanda ante el Consejo de Estado. Petro llamó a una marcha “pacífica y contundente”, centrada en la defensa del salario mínimo.

Petro prometió desmantelar el escuadrón antidisturbios ESMAD y en 2023 lo rebautizó como UNDMO, pero conservó a sus aproximadamente 4.800 agentes y sus vehículos blindados. El miércoles, unidades de la UNDMO fueron desplegadas en el Congreso, junto a tropas armadas con rifles de francotirador.

El historial de Petro forma parte del mismo patrón que el de toda la llamada “marea rosa” y repite la lección de Chile. El 20 de julio, Petro elogió a las fuerzas armadas como “un ejército del pueblo y para el pueblo”, haciéndose eco de la expresión del expresidente chileno Salvador Allende, “el pueblo uniformado”. Doce semanas después, esas mismas fuerzas están listas para actuar contra docentes y estudiantes al amparo del decreto de De la Espriella.

Allende, al frente de un gobierno “de izquierda” de Unidad Popular, firmó la Ley de Control de Armas en octubre de 1972. En 1973, las tropas la utilizaron para allanar fábricas y locales de la Unidad Popular en busca de armas de los trabajadores. El 23 de agosto de 1973, Allende nombró a Augusto Pinochet comandante en jefe del Ejército. Diecinueve días después, Pinochet encabezó el golpe de Estado que causó la muerte de más de 3.000 personas.

En México, Andrés Manuel López Obrador dijo a 32.000 soldados que “el soldado es el pueblo uniformado” y luego puso a la Guardia Nacional, integrada por 130.000 efectivos, bajo el mando del Ejército. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, envió 10.000 de sus integrantes a la frontera con Estados Unidos por exigencia de Trump. En Bolivia, el propio comandante de las fuerzas armadas de Evo Morales “sugirió” su renuncia en noviembre de 2019, abriendo el camino al régimen golpista de Áñez.

El imperialismo estadounidense y las élites clientelares de la región avanzan rápidamente hacia formas de gobierno fascistizantes. El fascismo no se detendrá mediante demandas ante el Consejo de Estado ni apelando a la lealtad del Ejército.

Solo podrá ser derrotado mediante la movilización política independiente de la clase obrera para tomar el poder y poner fin al sistema capitalista basado en el lucro, bajo una nueva dirección armada con un programa internacionalista y socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15/10/2026)