Los partidos pseudoizquierdistas españoles presentaron su nueva coalición electoral, el Frente Amplio, en un mitin celebrado en Madrid el 17 de octubre, en el que llamaron a abordar la crisis de la vivienda e impedir que el partido fascista Vox llegue al poder junto con el derechista Partido Popular (PP) en las elecciones del 29 de noviembre.

El lanzamiento del Frente Amplio se produce en medio de una erupción de grandes protestas y huelgas por toda España y Europa, desde Francia hasta Italia, Portugal, Bélgica y Albania. A principios de este mes, cientos de miles de trabajadores y jóvenes salieron a las calles de más de 50 ciudades españolas contra el aumento desorbitado de los alquileres, los desahucios y la crisis de la vivienda, con crecientes llamamientos a una huelga general. Las protestas llevaron a la disolución del parlamento y a la convocatoria de elecciones anticipadas.

El Frente Amplio, encabezado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, agrupa a Sumar, a la organización dirigida por estalinistas Izquierda Unida (IU), Más Madrid, Catalunya en Comú y pequeñas formaciones regionales. La coalición vuelve a presentar bajo una nueva marca a unas fuerzas políticas desacreditadas que han participado, desde 2018, en sucesivos gobiernos encabezados por el PSOE, favorables a la austeridad y a la guerra.

Busca desviar el creciente enfado de los trabajadores y la juventud contra la austeridad, el militarismo y la extrema derecha hacia un callejón sin salida nacionalista de apoyo a gobiernos capitalistas. Pretende sostener otro gobierno capitalista liderado por el PSOE o, si el PP y Vox logran la victoria predicha por las encuestas, presentarse como una oposición “de izquierdas” al primer gobierno de extrema derecha en España desde la caída del régimen del general Francisco Franco en 1978. En cualquier caso, su función es bloquear la aparición de un movimiento independiente de la clase trabajadora.

En el lanzamiento de la coalición, Colau afirmó representar a la 'mayoría social trabajadora' que protesta por el aumento vertiginoso del coste de la vida. Recordando las manifestaciones por la vivienda, declaró: “Ellos solo ven el precio al que se puede vender cada piso, a los buitres y grandes fortunas, pero nosotras nos sabemos mayoría social.”

Colau apeló entonces al PSOE, afirmando: “El Partido Socialista debe entender que no es suficiente con movilizar el miedo para frenar a la extrema derecha. … no hemos venido a gestionar la desigualdad, hemos venido a acabar con la desigualdad. Hemos venido a cambiar las reglas del juego. Hemos venido a intervenir el mercado de la vivienda para defender el derecho a la vivienda, no para defender a los especuladores, como han hecho ellos hasta ahora”.

De manera similar, la coordinadora de Sumar, Verónica Martínez Barbero, defendió el historial de sus ministros en el gobierno, citando su amenaza de que “o hay decretos de vivienda o no hay Consejo de Ministros”.

El candidato de Izquierda Unida (IU), Toni Valero, declaró: “Al PSOE hay que obligarlo a hacer política de izquierda”, antes de proclamar: “¡No nos van a parar, aquí está la clase trabajadora!”. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, afirmó que “tenemos 43 días para movilizar a la clase trabajadora”.

Han estallado enormes protestas por la vivienda en España precisamente porque amplios sectores de trabajadores y jóvenes de izquierdas ya no creen en esa retórica vacía. Sumar e IU han pasado años imponiendo austeridad, expandiendo el militarismo y reprimiendo las luchas de la clase trabajadora. Sus propias políticas contribuyeron a crear la catástrofe social que enfrentan millones de trabajadores y jóvenes, alimentando la desilusión y la ira que Vox busca explotar.

La magnitud de su descrédito político se refleja en las encuestas de opinión. La última encuesta de RTVE sitúa al PP en el 31,5 por ciento, el PSOE en el 26,8 por ciento y Vox en un 18,7 por ciento de los votos. Las proyecciones de escaños que acompañan dan al PP 135 escaños y a Vox 65, un total combinado de 200, muy por encima de los 176 necesarios para una mayoría parlamentaria. Mientras tanto, el Frente Amplio se sitúa con solo el 6,9 por ciento y Podemos el 3 por ciento, lo que expone el colapso del apoyo electoral a los partidos que entraron en el gobierno prometiendo transformar la sociedad española.

Colau fue alcaldesa de Barcelona durante ocho años. Ganando notoriedad gracias al movimiento contra los desahucios, asumió el cargo en 2015 prometiendo transformar la ciudad, especialmente en materia de vivienda. Durante su mandato de ocho años, los precios de la vivienda subieron un 29 por ciento y los alquileres un 51 por ciento. Su administración fue implacable contra la clase obrera, oponiéndose a la huelga de los trabajadores del metro de Barcelona protestando por cuatro años de salarios congelados y defendiendo la intervención de la Guardia Civil contra los trabajadores de seguridad en huelga en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. Su administración también desplegó a la policía contra los vendedores ambulantes migrantes.

En cuanto a IU, dirigida por los estalinistas, ha participado en gobiernos encabezados por el PSOE a través de Podemos y Sumar. Su principal figura, Yolanda Díaz, ocupó los cargos de ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno bajo ambas coaliciones. Más Madrid surgió del mismo entorno político que Podemos y posteriormente se unió a Sumar, mientras que Catalunya en Comú fue la principal base política de Colau. Estas organizaciones ya se habían agrupado bajo la coalición Sumar en 2023, cuando afirmaban ofrecer un nuevo comienzo tras el hundimiento electoral de Podemos.

Los gobiernos PSOE–Podemos (2020–2023) y PSOE–Sumar (2023–2026) impusieron las directrices de la aristocracia financiera en colaboración con la burocracia sindical. Distribuyeron los fondos europeos de rescate entre las grandes empresas y los bancos, impusieron una reforma laboral reaccionaria y una reforma de las pensiones negociada con Bruselas que mantuvo los ataques anteriores a los derechos de jubilación, además de aumentos salariales inferiores a la inflación que golpearon a millones de trabajadores.

En conjunto, han sido los gobiernos más militaristas de la historia reciente de España. Según las estimaciones de la organización antimilitarista Grupo Tortuga, el gasto militar de España se disparó de 23.600 millones de euros en 2018 a más de 65.000 millones en 2025, lo que supone un incremento del 176 %. Suministraron tanques, lanzacohetes y vehículos blindados a Ucrania en el marco de la guerra de la OTAN contra Rusia. Pese a sus críticas al genocidio perpetrado por Israel en Gaza, España siguió exportando armas a Israel y adjudicando contratos a fabricantes de armamento israelíes.

El sangriento historial de estos gobiernos en las fronteras españolas contrasta claramente con su supuesta defensa de los migrantes. En junio de 2022, las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes atacaron brutalmente a miles de refugiados africanos que intentaban cruzar la frontera hacia Melilla, causando al menos un centenar de muertos. Cuatro años después, al menos 140 migrantes se ahogaron durante los cruces masivos hacia Ceuta en julio de 2026. El Gobierno respondió desplegando al Ejército y a las unidades antidisturbios de la Policía, mientras los soldados golpeaban brutalmente a los migrantes, les impedían trasladarse a la España peninsular y organizaban expulsiones en masa.

La alianza rival del Frente Amplio, formada por Podemos y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), no ofrece ninguna alternativa. La exministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, harán campaña juntos. Podemos apoyará las listas electorales de ERC en Cataluña y presentará a sus candidatos en otros lugares. Sin embargo, Sumar y Podemos han alcanzado acuerdos electorales locales en la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias. Estas alianzas subrayan que Podemos y Sumar no tienen diferencias estratégicas irreconciliables.

La lucha faccional entre estas organizaciones se ha centrado en las listas electorales y los escaños parlamentarios. Colau incluso ofreció retirar su candidatura y abandonar el nombre del Frente Amplio para asegurar un acuerdo, mientras que Podemos insistió en el liderazgo de Montero y su alianza con Rufián.

El fracaso en formar una alianza nacional refleja una crisis política más profunda, arraigada en la disminución de su apoyo y en sus intentos de bloquear la aparición de una oposición política a su izquierda. Estos problemas alcanzaron un punto crítico en 2023. Tras entrar en el gobierno liderado por el PSOE en 2020 y llevar a cabo políticas contra la clase trabajadora, Podemos sufrió una devastadora pérdida de apoyo. En diciembre de 2023, los cinco diputados de Podemos abandonaron el grupo parlamentario de Sumar, mientras que Sumar se unió al PSOE en un nuevo gobierno.

La división se produjo en medio de una oposición de masas en aumento al genocidio israelí en Gaza. Podemos abandonó el gobierno, calculando que podría contener y canalizar mejor esta creciente oposición fuera del gobierno minoritario PSOE–Sumar. Buscaba presentarse como un opositor radical a las políticas del gobierno del que había formado parte.

La crisis creciente que enfrentan los trabajadores en España no puede resolverse mediante reformas nacionales. La deuda pública española se situó en aproximadamente 1,76 billones de euros, o el 101,5 por ciento del PIB, en junio de 2026.En toda Europa, el alto endeudamiento, el estancamiento económico y la enorme expansión del gasto militar están intensificando las demandas de la oligarquía financiera para una austeridad generalizada. Los cientos de miles de millones que se destinan al rearme de la OTAN deben pagarse mediante una creciente presión sobre salarios, pensiones, sanidad, educación y otros gastos sociales.

El PP y Vox están impulsando una agenda de recortes fiscales para los ricos y las grandes empresas, deportaciones masivas de migrantes, recortes en educación y sanidad y privatización de pensiones. Su influencia no puede explicarse como producto de un giro uniforme de la sociedad española hacia la derecha. Tiene lugar en medio de inmensas manifestaciones por el derecho a la vivienda, huelgas de profesores y una hostilidad generalizada hacia la desigualdad social y el militarismo.

La lucha contra la austeridad, la guerra y la extrema derecha no puede librarse mediante una estrategia electoral que presione al PSOE por políticas menos reaccionarias. La profunda ira social expresada en las protestas por la vivienda y las llamadas a una huelga general debe transformarse en un movimiento político consciente de la clase trabajadora, independiente de todos los partidos capitalistas y las burocracias sindicales vinculadas a ellos. No se puede confiar la dirección de una lucha contra el sistema capitalista a las mismas fuerzas que han colaborado con los sucesivos gobiernos.

Los trabajadores deben crear comités de acción de base en los centros de trabajo, las escuelas y los barrios obreros, independientes de las burocracias sindicales y de la pseudoizquierda. Estos comités pueden unir las luchas sobre salarios, vivienda, servicios públicos y derechos democráticos con la oposición al genocidio de Gaza, el militarismo de la OTAN y el crecimiento de la extrema derecha en España y en toda Europa. Por encima de todo, la clase trabajadora debe prepararse políticamente para el enfrentamiento revolucionario con la oligarquía capitalista que surgirá de sus luchas contra la austeridad, el fascismo y la guerra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de octubre de 2026)