La revelación de que las administradoras de fondos de pensiones privados de Chile (AFP) han destruido miles de millones de dólares de los ahorros jubilatorios de los trabajadores mediante especulación imprudente en derivados de tasas de interés en dólares ha producido un espectáculo político predecible. Legisladores de todos los partidos se han apresurado a expresar indignación, presentar proyectos de ley, exigir investigaciones e interponer demandas. Lo que ninguno de ellos dirá es que las pérdidas que ahora convulsionan al sistema de pensiones son el funcionamiento normal y legal de un sistema cuyo único propósito, desde el día en que fue impuesto por la dictadura de Pinochet en 1981, ha sido convertir los ahorros obligatorios de la clase trabajadora en un reservorio de capital para la oligarquía chilena y los mercados financieros internacionales.

La magnitud de la destrucción se va aclarando. El Fondo E, el fondo 'más conservador' del sistema, registró una caída real de 10,39 por ciento entre enero y septiembre de 2026, incluido un desplome de 4,92 por ciento solo en septiembre. Según cifras publicadas por Bloomberg, las posiciones de las AFP en derivados de tasas de interés extranjeros pasaron de una valorización positiva de US$1.4 mil millones hace un año a una valorización negativa de US$7,7 mil millones en septiembre. Una investigación del Diario Financiero, basada en los portafolios publicados por la Superintendencia de Pensiones, estimó que la desvalorización de los swaps de tasas de interés redujo el valor de los fondos de pensiones en aproximadamente US$11,6 mil millones en 2026, de los cuales cerca de US$,4 mil millones corresponden al Fondo E.

Siete administradoras privadas (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, PlanVital, Provida y Uno) gestionan los ahorros obligatorios de la clase trabajadora. Cada una administra los mismos cinco fondos, etiquetados de la A a la E, que difieren únicamente en la proporción de acciones y bonos. El Fondo A, el más riesgoso, permite hasta el 80 por ciento de su cartera en renta variable; el Fondo E, el más conservador, solo permite el 5 por ciento. Es el Fondo E el que se comercializa para los trabajadores en o cerca de la edad de jubilación, quienes no tienen tiempo de recuperarse de las pérdidas. Y es el Fondo E el que ha sido devastado.

La mecánica de cómo se perdió el dinero

Durante los últimos dos años, las siete AFP apostaron masivamente a los “receiver swaps”, contratos mediante los cuales recibían una tasa de interés fija a largo plazo en dólares y pagaban una tasa variable a corto plazo. La estrategia era una apuesta a que las tasas de interés de Estados Unidos seguirían bajando. Cuando las tasas caen, los instrumentos de renta fija de larga duración suben de valor, y los fondos obtuvieron ganancias considerables: el Fondo E obtuvo un retorno de 8,06 por ciento en 2025, su mejor desempeño en años.

La magnitud del juego es casi imposible de asimilar. El 'valor nocional' de los contratos de swap (el monto de referencia sobre el cual se calculan los pagos) se disparó de US$5 mil millones a comienzos de 2024 a US$500 mil millones a fines de 2025—un aumento de cien veces. Alcanzó un máximo de US$700 mil millones a principios de 2026 y se situaba en torno a US$525 mil millones en agosto, incluso después de que el regulador comenzara a imponer reducciones. Para dimensionarlo: toda la economía chilena produce aproximadamente US$350 mil millones al año. Las AFP mantenían posiciones en derivados equivalentes a aproximadamente el doble de la economía chilena, apostando a la dirección de las tasas de interés de Estados Unidos. Esto no era una gestión prudente de ahorros jubilatorios. Era un casino, y las fichas eran los salarios de millones de trabajadores.

La exposición creció a un ritmo temerario. Según un análisis de Citigroup, las posiciones de receiver swap de las AFP las exponían a oscilaciones de aproximadamente US$131 millones por cada movimiento de un punto base en los rendimientos en abril de 2026, frente a tan solo US$10,6 millones a comienzos de 2024. Eso es un aumento doce veces mayor del riesgo en aproximadamente dos años. Un “punto base” es una centésima parte de un por ciento (0,01 por ciento), un cambio microscópico en una tasa de interés extranjera que mueve más dinero del que la mayoría de los trabajadores chilenos podría ganar en mil vidas.

Los orígenes de la estrategia son en sí mismos condenatorios. La táctica se inició tras los retiros de la era pandémica, cuando a los trabajadores se les permitió rescatar una parte de sus propios ahorros durante la emergencia sanitaria. Los retiros drenaron los fondos de bonos reales y otros activos de renta fija. En lugar de reconstruir prudentemente esas posiciones, las AFP recurrieron a los swaps como un atajo barato para obtener la misma exposición a tasas de interés y, crucialmente, para perseguir los retornos que restaurarían la base de comisiones que los retiros habían reducido. Los retiros no las obligaron a apostar; eligieron apostar, y siguieron apostando porque estaba generando fuertes retornos y cuantiosos bonos.

Pero la misma sensibilidad que produjo esas ganancias funcionó en sentido inverso cuando la apuesta falló. La guerra instigada por Estados Unidos contra Irán, el shock en el precio del petróleo resultante, y la guerra comercial desatada por la administración Trump reavivaron la inflación global, llevaron los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a un máximo en 24 años, y obligaron a la Reserva Federal a subir las tasas de interés por primera vez desde 2023. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió de 4,18 por ciento a fines de 2025 a 5,29 por ciento al final de septiembre de 2026. Las posiciones de swap de las AFP se desplomaron en valor.

Las posiciones de receiver swap por sí solas restaron 5,9 puntos porcentuales al retorno nominal del Fondo E en el año—el 80 por ciento de su caída nominal y casi el 57 por ciento de su pérdida real. Las AFP agravaron el daño apostando contra el propio dólar, vendiendo contratos a plazo equivalentes a casi el 150 por ciento de los dólares que realmente mantenían en cartera, despojando al fondo del único amortiguador que podría haber compensado las pérdidas.

Las siete administradoras perdieron dinero en proporciones casi idénticas, desde 10,93 por ciento en AFP Modelo hasta 9,91 por ciento en AFP Uno. Esto no fue coincidencia. Como reveló la investigación de Bloomberg, los propios ejecutivos de las AFP habrían pedido a los reguladores que impusieran límites a las operaciones con derivados, porque ningún administrador de fondos quería abandonar unilateralmente una estrategia mientras sus competidores continuaban beneficiándose de ella. Las reglas de retorno relativo del sistema, que penalizan a cualquier AFP que se desvíe demasiado del promedio de la industria, incentivan activamente esta imprudencia colectiva. Como señaló un experto, cuando todos cometen el mismo error juntos, nadie queda rezagado.

Crucialmente, las advertencias existían. El Banco Central señaló los riesgos en su Informe de Estabilidad Financiera de noviembre de 2025. La Superintendencia de Pensiones alertó a los administradores de fondos reiteradamente mediante reuniones y comunicaciones formales a partir de fines de 2024. En abril de 2026, el regulador finalmente impuso nuevos límites al riesgo en derivados, con un plazo de cumplimiento del 5 de noviembre. Las AFP sabían que las restricciones venían desde al menos octubre de 2025 y no hicieron nada.

El teatro de la indignación parlamentaria

Ante esta catástrofe, el establishment político ha montado una exhibición de indignación tan transparente como cínica.

El Partido Comunista (PC) y los independientes aliados presentaron un proyecto de ley titulado grandiosamente “la plata”, que obligaría a las AFP a compensar a los afiliados del Fondo E por sus pérdidas. El diputado PC Marcos Barraza catalogó las pérdidas como “especialmente preocupantes, considerando la magnitud de los montos involucrados”. La pseudoizquierdista diputada Ana María Gazmuri denunció a las AFP como un “verdadero cartel” que “actuaron como una manada desbocada, que si no viene un regulador a decirles algo más, ellos no pueden, por juicio propio, controlar sus actos”. El Frente Amplio (FA), a través de su presidenta Gael Yeomans, anunció su propio proyecto de ley para cambiar el método de cobro de comisiones y adelantar las sanciones contenidas en la reforma de pensiones de 2025. La pseudoizquierda alineada con NO+AFP llamó a auditorías financieras, demandas civiles contra las AFP, una acción subsidiaria contra el Tesoro y un “registro voluntario” de afiliados afectados.

La derecha se unió al coro. Renovación Nacional (RN) exigió “explicaciones inmediatas y contundentes” y una investigación “exhaustiva”. El Partido de la Gente (PDG), cuya bancada parlamentaria incluye a Pamela Jiles, la demagoga que se montó en el movimiento de retiro de pensiones para ganar prominencia flotó otro retiro del 10 por ciento. Los exministros de Hacienda Marcel, Briones y Grau, exsuperintendentes y economistas desde Sebastián Edwards hasta Álvaro Clarke, todos se pronunciaron con exigencias de rendición de cuentas, investigaciones sobre bonos ejecutivos y revisiones de las actas de directorio.

Esta unanimidad transversal es el hecho más revelador de todo el asunto. Demuestra que cada facción del establishment político, desde la llamada 'izquierda' hasta el gobierno de extrema derecha de Kast, está unida en defensa de lo mismo: el sistema privado de pensiones en sí, y el capital financiero al que sirve. Ninguna de estas fuerzas propone la abolición del sistema de AFP. Ninguna propone la expropiación de los bancos e instituciones financieras que custodian los ahorros de los trabajadores. Ninguna propone que la riqueza creada por la clase trabajadora sea retirada de las manos de la clase dominante.

Vale la pena mencionar que la pseudoizquierda, el PC, el FA, son exactamente las fuerzas que, bajo Gabriel Boric, “reformaron” el sistema de pensiones preservando la capitalización individual obligatoria y ampliando el papel del sector privado en el sistema. La postura actual del PC es la rutina habitual de un partido que denuncia los excesos del capital mientras administra su dominio.

Los tribunales como instrumentos del capital financiero

La misma semana en que el establishment político montaba su exhibición de preocupación por las pérdidas de las AFP, la Corte Suprema emitió un fallo que deja al descubierto la función real del Estado en este asunto. El 19 de octubre, la Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la ilegalidad de las instrucciones emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en 2021 para implementar el pago anticipado de hasta el 10 por ciento de las rentas vitalicias, que constituyó el tercer y último retiro de pensiones aprobado durante la pandemia, que por primera vez se extendió a quienes ya se habían jubilado bajo el sistema de rentas vitalicias.

El fallo respaldó los reclamos de las compañías de seguros—Penta Vida, 4 Life, Bice Vida y Renta Nacional—que habían argumentado que la CMF había excedido su autoridad y que los anticipos constituían un acto “expropiatorio” contra sus activos. El razonamiento del tribunal es instructivo. En tres de los casos, las compañías ya habían logrado que la disposición central de la ley fuera declarada inaplicable por razones constitucionales; sin ese fundamento, el tribunal concluyó que la instrucción de la CMF quedó 'sin sustento normativo'. Las aseguradoras habían obtenido, en la práctica, el derecho a negarse a devolver a los pensionados una parte de sus propios ahorros, y la Corte Suprema acaba de ratificar esa victoria.

El significado del fallo va mucho más allá de la cuestión técnica de la autoridad regulatoria. Es una declaración, emitida por el tribunal más alto del país, de que los derechos de propiedad de las compañías de seguros tienen precedencia sobre los reclamos de la clase trabajadora sobre sus propios ahorros. El mismo Estado que ahora profesa indignación por la destrucción de US$11 mil millones en fondos de pensiones acaba de confirmar, a través de su poder judicial, que el título de la industria financiera sobre el dinero de los trabajadores es inviolable. Los tribunales, los reguladores y el Estado son instrumentos para la protección del capital financiero frente a la clase trabajadora. Los trabajadores a quienes ahora se les dice que esperen a que los mercados se “recuperen” son los mismos trabajadores cuyos reclamos legales sobre su propio dinero acaban de ser rechazados.

El informe Riesco y la verdad histórica

Manuel Riesco, de la fundación de investigación CENDA, publicó el 12 de octubre un informe que merece particular atención, porque desmonta la mitología oficial. Riesco calcula que el fondo AFP perdió más de US$18 mil millones solo en septiembre de 2026, y que la tasa interna de retorno del sistema sobre las cotizaciones netas desde 1981 promedió apenas 0,6 por ciento anual. Los retornos brutos acumulados del fondo, que alcanzaron su punto máximo en US$179 mil millones en enero de 2021, han caído a alrededor de US$138 mil millones, un nivel no visto desde las vísperas de la crisis de las hipotecas subprime de 2008.

El punto más importante de Riesco es su demolición de la afirmación, repetida incesantemente por la industria AFP y sus defensores políticos, de que los retiros de pensiones de 2020-2021 causaron el declive del sistema. Las pérdidas fueron causadas no por los trabajadores que retiraron su propio dinero, sino por las inversiones especulativas de los administradores de fondos.

El sistema AFP fue creado por la dictadura de Pinochet en 1981, bajo la dirección de los “Chicago Boys”, como un mecanismo para canalizar los ahorros obligatorios de la clase trabajadora hacia los mercados financieros. Nunca fue un sistema de seguridad social. Fue un sistema de acumulación primitiva, un robo legalizado en el que una parte del salario de cada trabajador era desviada, mes a mes, hacia un puñado de clanes oligárquicos y la banca internacional. Las comisiones pagadas a los corredores de bolsa, que Riesco estima en US$20 mil millones, son solo la expresión más visible del carácter parasitario de todo el esquema.

El carácter parasitario del capital financiero se expresa con brutal claridad en la crisis actual. Las AFP cobran sus comisiones independientemente de si los fondos ganan o pierden. Los ejecutivos que autorizaron las temerarias posiciones en swaps probablemente fueron recompensados con bonos por los retornos de corto plazo que generaron en 2025, mientras que las pérdidas que produjeron en 2026 son asumidas íntegramente por los trabajadores cuyos ahorros apostaron. Mientras tanto, la mayoría de los adultos mayores en Chile recibe pensiones insuficientes para sobrevivir. Los propios datos del sistema muestran que los subsidios tributarios directos del Estado cubren casi dos tercios del costo de las pensiones que pagan las AFP, una confesión de que el sistema privado ni siquiera puede cumplir la función mínima para la cual supuestamente fue creado.

Las pérdidas de pensiones se están desarrollando en medio de una crisis general de la economía chilena y un colapso de la autoridad política del gobierno de Kast. El desempleo ha alcanzado el 9,6 por ciento, su nivel más alto desde 2021. La economía se ha contraído durante meses, con la producción minera desplomándose 17,4 por ciento solo en agosto. La inflación se sitúa en el 4 por ciento anual, impulsada por los costos de alimentos y transporte: papas con un alza del 8,6 por ciento, lechuga con 10,5 por ciento, gasolina con 2,7 por ciento, diésel con 10,2 por ciento en un solo mes. La decisión del gobierno de poner fin al mecanismo de estabilización del precio del combustible ha disparado los precios del diésel, con otro aumento proyectado de 90 pesos por litro para esta semana.

La aprobación de Kast se ha desplomado al 30 por ciento, con una desaprobación del 65 por ciento, una caída de 27 puntos en siete meses. El gobierno está sangrando personal, con 51 autoridades que han dejado sus cargos desde marzo. Este es el contexto en el que deben entenderse las expresiones teatrales del establishment político sobre las pérdidas de las AFP. Los partidos de la derecha y la pseudoizquierda por igual están aterrorizados ante la explosión social que la combinación de desempleo masivo, precios en alza y la destrucción de los ahorros jubilatorios está gestando. Sus maquinaciones buscan contener esa rabia canalizándola hacia los tribunales y el Congreso, donde puede ser gestionada con seguridad.

Los eventos chilenos no son una peculiaridad nacional, sino una expresión específica de la profundización de la crisis de la economía capitalista mundial, en la que las principales potencias imperialistas, lideradas por Estados Unidos, recurren a la guerra, el proteccionismo y la militarización del comercio para lidiar con contradicciones que no pueden resolver pacíficamente. El mecanismo mismo de las pérdidas de las AFP, el alza de las tasas de interés en Estados Unidos fue puesto en marcha por la guerra de Estados Unidos contra Irán, el shock petrolero que desató y la guerra comercial de la administración Trump. Los trabajadores de Chile están siendo obligados a pagar, mediante la destrucción de sus ahorros jubilatorios, por una guerra librada al otro lado del mundo en los intereses del imperialismo estadounidense.

Este es el carácter esencial del capital financiero en su época de decadencia. No produce nada. Se apropia de todo. Convierte el trabajo acumulado de la clase trabajadora en un casino para la especulación, y cuando las apuestas fallan, exige que sean los propios trabajadores quienes absorban las pérdidas. La dominación parasitaria del capital financiero sobre todos los aspectos de la vida económica y social es el hecho fundamental del período actual, y solo puede ser terminada mediante la expropiación de los bancos e instituciones financieras y el establecimiento de una economía planificada y socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés 24 de octubre de 2026)