En una extensa publicación en X el martes, el presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo a los haitianos que sus tropas los ayudarían a “recuperar el país de las manos de los traidores que traicionan el legado de [Jean-Jacques] Dessalines, y finalmente, Haití será libre”. Los traidores que “sumieron a Haití en varias generaciones de sufrimiento y miseria”, escribió, todavía existen.
Si Bukele se parece a alguna figura de la Revolución haitiana, no es a Dessalines, quien dirigió la única revolución de esclavos exitosa de la historia, sino al general Charles Leclerc. En 1802, Leclerc, cuñado de Napoleón, desembarcó con unos 30.000 soldados, portando una proclama que decía a la población: “todos son libres e iguales ante Dios y la República”. Su verdadera misión era reimponer el dominio francés, después de que la esclavitud fuera restaurada en Guadalupe ese mismo año.
Bukele ha desplegado más de 2.000 soldados en Haití con el respaldo del imperialismo estadounidense, la misma potencia que ocupó el país de 1915 a 1934. Está ayudando a Washington a retomar el control del país para que las corporaciones estadounidenses puedan intensificar la explotación de los trabajadores haitianos, quienes producen ropa para el mercado estadounidense por unos pocos dólares al día.
El despliegue salvadoreño es la punta de lanza de la Operación Cóndor 2.0: el uso de los regímenes más represivos de la región como agentes para convertir el hemisferio en una plataforma vigilada para el imperialismo estadounidense. La primera Operación Cóndor fue una red secreta y transnacional de represión política y terrorismo de Estado creada en la década de 1970 por las dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos en Sudamérica. Hoy opera públicamente.
El 2 de noviembre, mientras las tropas salvadoreñas lanzaban su primera gran ofensiva en la llanura de Cul-de-Sac, cientos marcharon en Canaán detrás de una pancarta que decía “Kanarandebou” (“Canaán en pie de lucha”). Canaán es un asentamiento extenso al norte de Puerto Príncipe, construido por sobrevivientes del terremoto de 2010 y hogar hoy de hasta 350.000 personas. Los carteles decían: “El pueblo del llano exige justicia por sus hijos que mueren por disparos y drones”. Los participantes calificaron la operación de “genocidio” planificado e insistieron en que “no hay disparos, violaciones ni secuestros en Canaán”.
La marcha debe ser tratada con cautela. Canaán es el bastión de Jeff “Kanaran” Larose, líder de la banda de Canaán y miembro de la coalición Viv Ansanm. Tales bandas son instrumentos armados de facciones rivales de la burguesía haitiana. En julio de 2025, la ONU lo incluyó en su lista de sanciones, citando secuestros, violaciones y asesinatos.
Medios locales informaron que Viv Ansanm amenazó de muerte a los residentes de la llanura para obligarlos a salir a las calles contra el despliegue salvadoreño. El líder de Viv Ansanm, Jimmy Chérizier, ha maquillado durante mucho tiempo las operaciones de las bandas con denuncias contra los “oligarcas haitianos y estadounidenses”.
Los temores expresados en la marcha están bien fundados, y los trabajadores y jóvenes haitianos no necesitan ser coaccionados para oponerse a las tropas extranjeras. Basándose en su experiencia, saben que la llegada de tropas extranjeras para “combatir pandillas” significa civiles muertos, y una fuerza que opera fuera incluso de las restricciones formales de un mandato de la ONU implica un riesgo mayor. La misión de “estabilización” de la ONU de 2004 a 2017 realizó redadas en Cité Soleil que mataron a civiles e introdujo el cólera, que mató a unas 10.000 personas.
La ofensiva del lunes, llevada a cabo por tropas salvadoreñas en alrededor de una docena de vehículos blindados en la llanura al noreste de la capital, tuvo como objetivo a las bandas Chen Mechan y 400 Mawozo, a las que se culpa de la desaparición el 18 de octubre de cuatro técnicos de aviación salvadoreños. Los reportes de la prensa haitiana citados por EFE, ante la ausencia de un saldo oficial, dijeron que al menos una docena de integrantes de las bandas fueron asesinados.
El martes, la policía encontró el camión incendiado que habían utilizado los aerotécnicos. Wilson Joseph, líder de 400 Mawozo, dijo a la Associated Press que los hombres fueron asesinados en el ataque original. También escribió al secretario general de la ONU, António Guterres, advirtiendo que las “declaraciones vengativas… y amenazas” de Bukele traerían “una lógica de represalias, de la cual el pueblo haitiano sería la primera víctima”.
La ONU se ha distanciado de la operación. El portavoz Stéphane Dujarric dijo que solo unos 200 de los salvadoreños quedan bajo la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF, por sus siglas en inglés) autorizada por la ONU, y calificó al resto de “asunto bilateral”. Según el Miami Herald, responden ante un comandante salvadoreño, no ante el comandante mongol de la fuerza de la GSF. Llegaron sin la capacitación en derechos humanos exigida por las normas de la ONU y antes de cualquier acuerdo firmado con Haití.
Washington ha contratado para el trabajo a un régimen que tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo y ha registrado cientos de muertes bajo custodia y la tortura de deportados enviados a sus prisiones por la administración Trump. En 2020, Bukele hizo marchar a soldados hacia la Asamblea Legislativa para forzar la aprobación de un préstamo para sus fuerzas de seguridad.
Trump le habría dicho a Bukele que “hiciera lo que tuviera que hacer”. Los primeros refuerzos salvadoreños llegaron a Puerto Príncipe a bordo de un C-130 militar estadounidense que, según el Miami Herald, fue “proporcionado por el Pentágono a solicitud del Departamento de Estado de Estados Unidos”. Un Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia siguió, y los helicópteros de combate salvadoreños entraron a Haití desde una base del ejército dominicano en la frontera.
Los tres gobiernos pertenecen a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, dirigida por Estados Unidos, que se reunió en Santo Domingo días antes del despliegue. Canadá, copatrocinador junto con Washington de todos los regímenes haitianos recientes, no ha dicho nada públicamente.
El primer ministro de Washington
El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé insistió el martes en que “las fuerzas internacionales no vinieron a reemplazar al Estado. Vinieron a apoyarlo”. El Estado haitiano en cuestión es un régimen instalado y mantenido en el poder por Washington.
Fils-Aimé es un empresario y exdirector del Banque de l’Union Haïtienne. Presidió la Cámara de Comercio de 2011 a 2016 bajo Michel Martelly, el presidente instalado por Estados Unidos a quien Washington sancionó posteriormente por tráfico de drogas, y se postuló para el Senado en 2015. En noviembre de 2024 fue nombrado primer ministro, con el respaldo del sector privado, por el Consejo Presidencial de Transición que Estados Unidos y Canadá habían reunido. Reemplazó a Garry Conille, cuya familia tenía estrechos vínculos con la dictadura de los Duvalier.
Cuando cinco de los siete miembros con derecho a voto del consejo se propusieron destituirlo el 22 de enero de este año, el Departamento de Estado declaró que su permanencia era “integral” para la lucha contra las bandas, y el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó para reafirmar el apoyo estadounidense. Tres días después, Washington anunció que revocaría las visas de dos miembros del consejo por “apoyar a las bandas”.
El 7 de febrero expiró el mandato del consejo y el poder pasó a Fils-Aimé en solitario. Ottawa declaró que “Canadá confía en el primer ministro Fils-Aimé”.
Su oficina también supervisa el grupo de trabajo de drones operado por la empresa mercenaria de Erik Prince, Vectus Global, cuyos ataques mataron a 1.243 personas entre marzo de 2025 y enero de 2026, según Human Rights Watch.
Una masacre en preparación
Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que 30 personas, incluidas mujeres y niños, resultaron heridas por disparos y explosiones de drones en los ocho días posteriores al 18 de octubre. “Tememos que este conflicto armado causará aún más víctimas y desplazará a aún más personas en los próximos días, particularmente con la llegada de fuerzas de seguridad internacionales adicionales”, dijo Davina Hayles, jefa de la misión de MSF en Haití.
El peligro se extiende también a los propios soldados salvadoreños. Romain Le Cour Grandmaison, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, señala que los grupos armados de Haití “han adquirido un perfil más cercano al de milicias”, con territorios que abarcan cientos de kilómetros y “armas y municiones de grado militar”.
Bukele desestimó tales advertencias con la promesa de que, “cuando Dios nos conceda la victoria”, sus críticos cambiarían de tono. Ha denunciado a una ONG haitiana que reportó muertes civiles por bombas extranjeras como “firmas de cabildeo para criminales y cárteles”.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 06/11/2026)
