En su primer discurso nacional por radio y televisión desde su reelección, la noche del domingo 8 de noviembre, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT), buscó dirigirse al mismo tiempo a dos audiencias irreconciliables.

A la primera, Lula le dedicó el inicio de su discurso. Celebró las movilizaciones que aseguraron su regreso en la segunda vuelta —«Fue conmovedor ver a los jóvenes liderar manifestaciones espontáneas, impulsados por el sueño de días mejores»— y prometió que «es con la fuerza de la movilización popular que dirigiremos el gobierno de ahora en adelante». Enumeró el fin del horario laboral 6x1 (seis días de trabajo, un día libre) «sin reducción salarial», la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta 5.000 reales al mes, la eliminación de los impuestos sobre la canasta básica de alimentos y el transporte público gratuito los fines de semana.

Ante el segundo público, Lula respondió en los mismos términos que este había dictado. «Me preocupan la trayectoria de la deuda pública y las altas tasas de interés, y por eso reafirmo mi compromiso con la responsabilidad fiscal», declaró, y agregó que «todo este esfuerzo se llevará a cabo respetando las normas fiscales». Prometió que se aumentará la inversión «en colaboración con el sector privado» y que el gobierno «creará las condiciones para reducir las tasas de interés».

No se anunció ninguna medida concreta, por ninguna de las partes. Pero la propia ambigüedad del discurso es su verdad. El capital financiero ha lanzado un ultimátum al gobierno reelegido, exigiéndole el mismo programa de recortes que esperaba de Flávio Bolsonaro, el senador del Partido Liberal (PL) y candidato fascista derrotado en la segunda vuelta.

Las masas, por su parte, salieron a las calles y acudieron a las urnas para luchar contra ese programa. El gobierno del Frente Amplio promete satisfacer a ambos sectores —como si hubiera alguna compatibilidad entre ellos—. Lejos de resolver el impasse que enfrenta el cuarto mandato de Lula, el discurso pone de manifiesto el carácter crisis de este gobierno, que busca conciliar lo inconciliable: las exigencias de la oligarquía financiera y la necesidad de contener un estallido de lucha de clases que esas mismas exigencias hacen inevitable.

Promesas abstractas, austeridad concreta

El discurso coronó una semana en la que Lula y su equipo jugaron alternativamente con ambos mensajes. El 3 de noviembre, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, resumió la cuadratura del círculo que el gobierno pretende lograr: el proyecto que ganó en las urnas era «generoso con el país», comprometido «con las diferentes clases y categorías del país y, al mismo tiempo, con el saneamiento fiscal».

El jueves 5 de noviembre, según el columnista Valdo Cruz del sitio de noticias g1, Lula dio luz verde en el Palacio de Alvorada para que Durigan y el ministro de Planificación, Bruno Moretti, ultimaran las medidas para cumplir con el objetivo fiscal, sin excepciones. Ese mismo día, en el Palacio del Planalto, afirmó que nadie invierte en Brasil por simpatía hacia el presidente y que los inversionistas quieren saber si el gobierno habla en serio.

El viernes 6 de noviembre, en una reunión del Consejo Nacional de Política Energética, el presidente pareció decir lo contrario. «No es lo que quiere el sistema financiero, porque quiere todo. No, es lo que podemos hacer», dijo. «Lo único que necesitan saber es que los pobres no pagarán la cuenta». Pero esas mismas declaraciones comenzaron con una defensa del equipo económico: «Nadie en este país puede hablar más de responsabilidad fiscal que mi equipo económico».

El contenido de esta «responsabilidad» no es ningún secreto. Durigan ha dicho en repetidas ocasiones que el gobierno llevará a cabo un ajuste de alrededor de dos puntos porcentuales del PIB durante el cuarto mandato, llevando las cuentas de un déficit primario del 0,4 por ciento del PIB en 2026 a un superávit del 1,6 por ciento en 2030. La Secretaría de Hacienda está analizando cambios en las normas del marco fiscal para que las congelaciones presupuestarias reduzcan de manera permanente el techo de gasto en los años siguientes, y ha anunciado su intención de actuar sobre el gasto obligatorio. La promesa de que «los pobres no pagarán la cuenta» no establece ningún límite a este programa. Se trata de una fórmula abstracta, perfectamente compatible con recortes en salud, educación y los servicios públicos de los que depende la clase trabajadora.

El capital financiero no se dejó impresionar por las palabras. El miércoles 4 de noviembre, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central mantuvo la tasa de referencia Selic en 13,75 por ciento, poniendo fin a su ciclo de recortes. Las actas publicadas el martes 10 de noviembre señalan el debilitamiento de la disciplina fiscal como un factor que podría elevar la tasa de interés neutral y afirman que es necesario un debilitamiento de la demanda para que la inflación converja hacia la meta. Entre las fuentes de presión inflacionaria, el Banco Central menciona explícitamente el fin del programa «6x1», debido al aumento de los costos laborales. La enmienda constitucional que abolió ese programa, promocionada por Lula en su discurso como uno de los logros del gobierno, aún espera su reglamentación, mientras se multiplican los intentos de restringirla: las confederaciones patronales están solicitando al Tribunal Supremo Federal (STF) que la posponga por al menos un año, el Senado está preparando una enmienda constitucional paralela (PEC) para flexibilizarla en varios sectores, y se espera que el propio decreto del gobierno refuerce la primacía de los convenios colectivos sobre la ley.

El aparato represivo para cuando llegue la hora de la verdad

Si bien el discurso fue vago en cuestiones sociales, en un aspecto fue inequívoco. «Ahora, con la aprobación de la PEC de Seguridad Pública, enviaré una Medida Provisional para garantizar la creación del Ministerio de Seguridad Pública», anunció Lula. «Integraremos y garantizaremos la acción contundente de todas las fuerzas policiales para recuperar los territorios ocupados por los delincuentes y restablecer la paz entre la población».

La PEC de Seguridad Pública, redactada por el gobierno, fue aprobada por el Senado el 3 de noviembre, con todos los partidos recomendando votar a favor. Entre quienes votaron a favor se encontraba Flávio Bolsonaro, quien votó a distancia desde Estados Unidos, donde se refugió tras las elecciones, autoproclamándose el verdadero líder de Brasil.

La enmienda otorga al gobierno federal la coordinación nacional de las fuerzas policiales, amplía las facultades de la Policía Federal de Carreteras y autoriza a los municipios a crear cuerpos policiales con funciones de patrullaje en las calles. También suspende los derechos políticos de cualquier persona que se encuentre en prisión preventiva. La reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años —que Lula declaró durante la campaña que apoyaba para delitos atroces— quedó fuera del texto por un margen de solo 38 votos contra 36 y se tratará por separado.

Hay un contraste revelador en el texto. Mientras el Ministerio de Hacienda prepara mecanismos para hacer permanentes las congelaciones presupuestarias, la PEC incorpora a la Constitución el Fondo Nacional de Seguridad Pública y el Fondo Nacional Penitenciario, con transferencias obligatorias que no pueden congelarse. El dinero para la policía y las prisiones está protegido; el dinero para la salud y la educación, no.

La promesa de «recuperar los territorios ocupados» tiene un significado concreto en Brasil. Evoca la masacre policial en los complejos de favelas de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, en octubre de 2025 —la más mortífera en la historia del país— y está en consonancia con la designación por parte de la administración de Trump de las facciones criminales más grandes de Brasil como «organizaciones terroristas». La integración nacional de la policía bajo mando federal, con el pretexto de combatir el crimen organizado, prepara al Estado para enfrentar las explosiones sociales que el programa exigido por el capital financiero provocará inevitablemente.

Nada de esto preocupa a los partidarios pseudoizquierdistas del gobierno. Jandira Feghali, diputada federal por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) de Río de Janeiro, llegó incluso a citar la promesa de «crear un Ministerio de Seguridad Pública, incorporando al gobierno federal a la lucha por la seguridad pública» entre las medidas que serían «incompatibles con la austeridad fiscal». En su versión de la «agenda popular», el fortalecimiento del aparato represivo ocupa un lugar destacado.

La pseudoizquierda y la ilusión de las urnas

Tras las declaraciones en el Consejo Nacional de Política Energética, Brasil de Fato, vinculado al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), publicó el titular «Lula rechaza la presión por un ajuste fiscal» y aseguró a sus lectores que el presidente «no someterá a la población más pobre a recortes en los programas sociales para satisfacer al mercado». Revista Fórum aclamó el discurso del domingo como «el primer discurso de Lula tras una victoria épica», que supuestamente había despertado «emoción en las redes sociales».

Otro sector de la pseudoizquierda busca presentarse como una especie de oposición interna al gobierno. Denuncia la presión de los mercados, se distancia de la austeridad que el gobierno está preparando y promete que la «fuerza de las calles» puede seguir empujándolo hacia la izquierda. Se trata de una sucia operación política. En la división de trabajo del Frente Amplio, la tarea de esta capa es capturar la creciente oposición de los jóvenes y la clase trabajadora y mantenerla encadenada a un gobierno burgués —una perspectiva que conduce necesariamente a la derrota y la desmoralización.

Dos textos publicados la misma semana, ambos con carácter de manifiesto y de contenido similar, dan forma a esta iniciativa. El primero, «Las urnas han decidido. No a la tercera ronda del mercado», fue difundido el 30 de octubre por economistas e intelectuales, entre ellos Luiz Gonzaga Belluzzo, de la Universidad de Campinas (Unicamp), y Elias Jabbour, diputado federal electo por el PCdoB de Río de Janeiro.

El segundo, «La trampa del ajuste fiscal», apareció el 3 de noviembre en Folha de S.Paulo, uno de los principales órganos de la burguesía brasileña, firmado por el Bloque de Izquierda Radical. Este bloque de legisladores del Movimiento de Izquierda Socialista (MES) y otras tendencias del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), al que se suma el neostalinista Jones Manoel, miembro del PT, se presenta como más a la izquierda que la propia dirección del PSOL.

Ambos textos se esfuerzan por distanciar a Lula de las políticas de su propio gobierno. El manifiesto rechaza «las concesiones del ministro de Hacienda, Darío Durigan» y advierte que «el programa derrotado está regresando por la puerta del Ministerio de Hacienda». El Caucus asegura a los lectores que «Lula sabe de dónde vino la victoria» y hace un llamado: «Si el gobierno decide tocar las cuentas, que toque las ganancias de los que están en la cima». Lula respondió en persona en la televisión nacional, comprometiéndose a actuar «preservando las reglas fiscales», dos días después de defender a su equipo económico como el más responsable del país.

El Caucus guarda silencio sobre el «nuevo marco fiscal», que limita el crecimiento real del gasto a no más del 2,5 por ciento anual y ha dado lugar a una serie de recortes en salud y educación. El manifiesto incluso admite que la reelección de Lula solo se aseguró mediante concesiones de campaña «que el austericida del Ministerio de Hacienda había impedido hasta entonces», pero atribuye a un solo ministerio la orientación de un gobierno que continuó con las políticas de austeridad de Jair Bolsonaro. Esa orientación queda reflejada en la bolsa: según una encuesta publicada por Folha, el Ibovespa superó al índice MSCI Emerging Markets en cada uno de los tres mandatos de Lula, con un alza del 86 por ciento frente al 63,4 por ciento entre 2023 y octubre de 2026.

El objetivo político de estos textos es atar de antemano las luchas que provocará la austeridad. La bancada afirma que «la fuerza del gobierno residirá menos en los cargos y las enmiendas parlamentarias que en el pueblo movilizado que lo eligió» y que «lo que quede de la movilización de esta segunda vuelta será la principal defensa del país contra el regreso del bolsonarismo». El manifiesto habla de «un gobierno elegido por un levantamiento popular». Las protestas que inevitablemente estallarán contra los recortes ya se definen, de antemano, como una base de apoyo para el mismo gobierno que los lleva a cabo.

Los firmantes del manifiesto advierten que repetir la austeridad de 2015 podría «debilitar el apoyo obtenido en las calles para la reelección de Lula y hacer que su gobierno sea vulnerable a un nuevo golpe parlamentario». En esencia, le aconsejan al gobierno que mantenga la ilusión de una política social para no perder el apoyo de las masas y ser derrocado desde adentro, por la propia burguesía. Este consejo ya se ha dado antes. En noviembre de 2014, justo después de la reelección de Dilma Rousseff, Belluzzo, Pedro Paulo Zahluth Bastos, Rosa María Marques y Alfredo Saad-Filho —todos firmantes del texto actual— firmaron el manifiesto «Economistas por el desarrollo y la inclusión social», en contra de la austeridad. Semanas después, Rousseff nombró al banquero Joaquim Levy como ministro de Hacienda e impuso la austeridad que desmoralizó a la base del PT y abrió el camino para el ascenso de la extrema derecha. Los llamamientos a un gobierno burgués no detuvieron el ataque; desarmaron a la clase trabajadora frente a él.

Ruptura con el capital financiero

Los peligros de esta política son hoy aún mayores que en 2014. En todo el mundo, la clase dominante está recurriendo a formas dictatoriales de gobierno, y en Brasil existe una amenaza real de un golpe militar promovido por la extrema derecha fascista, con el respaldo del imperialismo. Desde su refugio en Estados Unidos, Flávio Bolsonaro se autoproclama el verdadero presidente de Brasil. La política de presionar a un gobierno nacionalista que promete medidas sociales nos remite directamente a 1964, cuando la subordinación de la clase trabajadora al gobierno de João Goulart —promovida sobre todo por los estalinistas del Partido Comunista Brasileño (PCB) y sus auxiliares pablistas— desarmó a los trabajadores en el período previo al golpe militar respaldado por Estados Unidos y condujo a la peor catástrofe política en la historia del país.

La crisis del gobierno de Lula es una expresión nacional de la crisis mundial del capitalismo. Una deuda global que se encamina hacia aproximadamente 375 billones de dólares para fin de año, los precios de la energía y los alimentos por las nubes y una serie de guerras cada vez más entrelazadas —desde Ucrania hasta Irán y Gaza— están impulsando a las clases dominantes de todos los países a hacer que los trabajadores paguen por la crisis y por el militarismo. Los pagos de intereses, que consumen casi el 9 por ciento del PIB de Brasil, forman parte de una fuga mundial de riqueza hacia los acreedores. Y en todas partes, desde las protestas masivas de la juventud en Europa hasta las huelgas que se extienden por Asia y América Latina, crece la oposición a este rumbo.

Ningún gobierno nacional, por muy «progresista» que se declare, puede escapar a esta lógica mediante nuevas reglas fiscales, metas de inflación revisadas o una mayor tributación de los más ricos. Como ha insistido el WSWS, la clase trabajadora debe basar su lucha en una ruptura total con el capital financiero: cualquier cosa menos que eso, por muy «radical» que suene, significa subordinación a sus dictados. Esa ruptura requiere la movilización política independiente de los trabajadores y los jóvenes, unidos más allá de las fronteras nacionales, para la expropiación de la aristocracia financiera y la reorganización socialista de la economía mundial. La tarea decisiva es construir la dirección revolucionaria capaz de liderar esta lucha: la sección brasileña del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de noviembre de 2026)