Una semana después de que el colapso del Banco Ueno derribara al gobierno de Santiago Peña, el primero de los regímenes de la “Escudo de las Américas” de Washington en caer, la crisis en Paraguay continúa profundizándose. El juicio político y la detención del presidente, junto a casi 30 figuras del Estado y del banco, han puesto al descubierto la podredumbre de todo el andamiaje del dominio burgués, poniendo en movimiento a la clase trabajadora, a los jubilados y a la juventud, que la clase dominante intenta desesperadamente contener.

El lunes 9 de noviembre, los maestros de escuelas públicas lanzaron una huelga nacional por tiempo indeterminado, suspendiendo clases y marchando en Asunción y en las capitales departamentales. La huelga, convocada por la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Educadores del Paraguay y la Organización de Trabajadores de la Educación, se debe al destino de unos 60 millones de dólares de fondos de pensiones docentes depositados en Ueno, que ha quedado prácticamente en quiebra.

Los jubilados, organizados a través de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Fuerzas Públicas, han realizado concentraciones frente al Congreso exigiendo la devolución de los fondos sustraídos del sistema público de pensiones y de otros organismos públicos. El coordinador Diosnel Sotelo señaló que el Estado estaba devolviendo dinero a los ahorristas individuales, pero preguntó: “El dinero que robaron del [Instituto de Previsión Social], el dinero que robaron del Fondo Fiscal… ¿cómo se recuperará?” Los jubilados están preparando una “hoja de ruta” de acciones legales y han amenazado con una “nueva gran demostración de fuerza pública”.

Detrás de estas acciones organizadas hay una explosión social más amplia. Desde la intervención del banco el 3 de noviembre, se producen movilizaciones diarias frente al Congreso, frente a la sede central de Ueno, frente a la mansión de Peña, donde los manifestantes corearon: “Robar es un delito solo para los pobres”. Las manifestaciones han convocado a jóvenes que no guardan memoria de la dictadura de Stroessner, pero que han experimentado, en el transcurso de una semana, el robo de sus ahorros y el colapso del sistema financiero “moderno” que les fue vendido como progreso.

La crisis también afectó directamente a la clase trabajadora. Los empleados de la plataforma de delivery Monchis, en nómina de la empresa tecnológica ITTI dentro del Grupo Vázquez, no han recibido sus salarios debido a las medidas cautelares impuestas sobre la empresa. Más de 900 repartidores y más de 1.000 comercios dependen de la aplicación. Los trabajadores han exigido que el dinero para salarios sea separado de los activos congelados en la investigación penal. “Detrás de cada salario impago hay una familia”, reza su comunicado. “Los trabajadores no son responsables de las decisiones financieras de la dirección”.

El juicio político y los allanamientos

La superestructura política ha sido sacudida hasta sus cimientos. Peña fue sometido a juicio político por voto unánime del Senado y fue imputado el sábado por violación de confianza y administración en beneficio propio, delitos que conllevan penas de hasta 20 años de prisión. Se encuentra en detención preventiva en una base militar. El expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, que pasó directamente de la presidencia de Ueno a la presidencia de la institución que lo regulaba, también ha sido detenido e imputado por lesión de confianza, falsificación de documentos públicos y malversación de fondos. En total, 27 personas han sido imputadas, entre ellas los ocho directores del banco, encabezados por su director ejecutivo de 36 años, Miguel Vázquez.

Los allanamientos de los domicilios de los imputados han revelado un panorama de riqueza desmesurada y descarada. En la residencia de verano de Peña en San Bernardino, la policía encontró una bóveda blindada de nivel 7 al estilo israelí, oculta detrás de una pared falsa, con reconocimiento de iris, reconocimiento facial, escáner de huellas dactilares y protección balística; un sistema “diseñado para búnkeres militares… o para la protección de reservas de oro y diamantes”. En su residencia de Asunción, los investigadores incautaron computadoras, teléfonos celulares, un DVR oculto en un compartimento secreto y una caja fuerte vacía. En el domicilio de Vázquez se hallaron nueve vehículos de lujo valuados en 1,4 millones de dólares. Los fiscales han iniciado procedimientos en Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos para rastrear y congelar activos en el exterior.

La imputación señala que Peña, accionista de la sociedad holding de Ueno hasta marzo de 2025, obtuvo dos préstamos del banco por aproximadamente 500.000 dólares en 2024 para construir su mansión, con una cuota mensual de 38.000 dólares, seis veces su salario presidencial. Su nuera habría recibido un préstamo de 1,4 millones de dólares para un local que nunca fue devuelto. El banco prestó 628 millones de dólares a empresas vinculadas a su propio accionista controlante, contra un límite legal de aproximadamente 80 millones, ocultando el exceso mediante “ingeniería contable” y empresas fantasmas.

La clase dominante y sus medios de comunicación se esfuerzan ahora en presentar todo esto como prueba de que las instituciones funcionan. El argumento es que la rápida detención e imputación de los involucrados “envía una señal muy fuerte… de que ya no se puede hacer este tipo de cosas en Paraguay”. El Financial Times cita a un consultor que elogia “el inicio de medidas correctivas.” El mensaje es que Ueno fue una aberración y que el sistema ya se ha autocorregido.

Esto es una mentira. Las instituciones no descubrieron el fraude, sino que procuraron encubrirlo. El Banco Central recibió al menos diez advertencias desde el año pasado sobre los préstamos de Ueno a partes relacionadas. Un supervisor, Fernando Rivarola, hizo circular un informe de 25 páginas en julio en el que calificaba al banco de “bomba de tiempo financiera”—y fue removido de su cargo por decreto del presidente Peña, con su informe ocultado al Senado. El banco fue intervenido solo después de que la lucha política entre Peña y su patrón, el presidente del Partido Colorado y adinerado empresario Horacio Cartes, llegó al punto en que Cartes, buscando destruir a su antiguo protegido, ordenó a los senadores de su partido exigir un informe al Banco Central. Como reconoce el propio Financial Times, “esta crisis solo se resolvió porque Cartes decidió abandonar a Peña por razones políticas”.

La intervención del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, debe entenderse bajo esta luz. Rubio declaró que “hemos tenido una buena relación constructiva con el presidente Peña, pero hay un proceso interno en curso en Paraguay en el que no estamos involucrados y en el que no nos involucraremos”, y que el cambio “no afectará negativamente nuestra relación de ninguna manera.” La Embajada de EE.UU. emitió un comunicado pidiendo “civismo social y adhesión a la Constitución”.

Esta es la voz de una potencia imperialista que construyó el régimen ahora en crisis, y que está alarmada ante la perspectiva de su desintegración. La preocupación de Washington es la estabilidad de un Estado cliente que firmó un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas en marzo, se unió al “Escudo de las Américas” y fue presentado por el propio Rubio como “un ejemplo para otros países”. La declaración de Rubio es simultáneamente un mensaje tranquilizador al nuevo gobierno del exvicepresidente y sucesor de Peña, Pedro Alliana, y una amenaza a la población: Estados Unidos tolerará una reconfiguración controlada de la cúpula gobernante, pero no tolerará un movimiento independiente de la clase trabajadora. Las “instituciones” que se dice que “funcionan” son las mismas que, bajo la dictadura de Stroessner y desde entonces, han operado para suprimir a la clase trabajadora bajo la bandera de la lucha contra el crimen y la corrupción.

Los intentos de presentar a Ueno como una aberración se desmoronan ante los hechos. Paraguay es un pequeño país sin salida al mar gobernado por el Partido Colorado durante casi todos los últimos 80 años, el dominio ininterrumpido de un partido más prolongado en las Américas. El partido atravesó la dictadura de Stroessner (1954–1989) y la llamada “transición democrática” sin ninguna ruptura significativa. Es la expresión organizativa de la oligarquía terrateniente, la burguesía agroindustrial y las redes criminales-financieras. Su actual amo, Horacio Cartes, es un barón del tabaco y expresidente que gobierna entre bambalinas, cuya fortuna se construyó sobre el contrabando de cigarrillos, el lavado de dinero y, según archivos del gobierno estadounidense, vínculos con el narcotráfico.

Cartes es la clave de todo el asunto. Fue él quien eligió a Peña como su candidato en 2023, después de que él mismo fuera sancionado por la administración Biden en 2022 por “corrupción significativa”, La administración Trump eliminó las sanciones en octubre del año pasado, devolviendo a las 83 empresas de la esfera de influencia de la familia Cartes su plena competitividad. Cuando Peña procuró formar su propio movimiento dentro del partido y marginar a Cartes, este lo destruyó: anunció el apoyo colorado al juicio político, dirigió un “mando paralelo de poder” desde la sede del partido e instaló a su propio hombre, Alliana, como presidente, con su médico personal, Antonio Barrios, como vicepresidente. El propio Alliana está implicado en el escándalo Ueno.

El esquema Ueno fue el “modelo paraguayo” promovido desde la primera administración Trump. El modelo, bajos impuestos, mano de obra barata, energía barata, “inclusión financiera”, fue un mecanismo para el saqueo de la riqueza pública y el enriquecimiento de una oligarquía financiera parasitaria. El crecimiento del banco fue financiado por un circuito cerrado de autooperaciones: fondos públicos incluidos más de 500 millones de dólares de dinero de pensiones de trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS), 60 millones del Fondo de Jubilaciones del Sector Público Docente, 163,8 millones de la represa hidroeléctrica de Itaipú, y fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y del Ministerio de Salud—fueron depositados en un banco que luego prestaba a empresas vinculadas a sus propios dueños.

El guaraní ha perdido el 8,8 por ciento de su valor en una semana, convirtiéndose en la moneda de peor desempeño en el mundo. El riesgo país ha subido un 23 por ciento. Los comercios informan una caída del 80 por ciento en las ventas. El programa de alimentación escolar ha sido suspendido. Y la respuesta de la clase dominante ya está tomando forma: el nuevo gobierno pidió la renuncia de todos los ministros, nombró leales de Cartes en el Ministerio del Interior (Ariel Martínez, quien dirigió la represión policial de las protestas de 2017) y en Obras Públicas, y se prepara para trasladar los costos de la crisis sobre la clase trabajadora.

Un presagio para el continente

La crisis paraguaya no es un asunto local. Es un presagio de los procesos en curso en todo el continente. Como ha documentado el WSWS, huelgas y protestas masivas se extienden de México a Chile contra la austeridad, la guerra y los gobiernos instalados con el respaldo de Washington. La alianza de ultraderecha establecida por Trump para vigilar el hemisferio está compuesta por regímenes profundamente impopulares, que enfrentan recesión y protesta. La caída de Peña se produjo dos semanas después de la derrota del candidato de Trump en Brasil y tres días después del masivo rechazo a los republicanos en las elecciones de medio término de EE.UU. La fragilidad de estos regímenes está ahora a la vista de todos.

Se han creado las condiciones para que la clase trabajadora de todo el continente una sus luchas contra la oligarquía reaccionaria, sus apoyos de derecha y sus apologistas “de izquierda”. Pero esto exige una ruptura política con las organizaciones que dicen hablar en nombre de los trabajadores mientras los subordinan a la burguesía.

La crisis ha expuesto la bancarrota de cada tendencia que se presenta como alternativa al Partido Colorado mientras permanece dentro del marco de la política burguesa.

El Partido Comunista Paraguayo (PCP), a través de su órgano Adelante!, si bien produce un relato factual detallado de la crisis, llama a un “frente amplio e independiente” para defender la “soberanía nacional” frente al capital “extranjero,” y sustituye “el pueblo” y “la mayoría trabajadora” por la clase trabajadora. Esta es la fórmula frente populista que ha traicionado a la clase trabajadora en todos los países y en todas las épocas. El nacionalismo del PCP sirve objetivamente a la propia oligarquía que denuncia, canalizando la rabia de la clase trabajadora hacia una defensa del “interés nacional” que la propia burguesía define.

E'a, un medio de izquierda nacionalista es aún más explícito. Su conclusión es que “dependerá de los ciudadanos y de la madurez de la oposición unirse de cara a las próximas elecciones”. Esta es la política de la pequeña burguesía en su forma más pura: la exigencia de que la clase trabajadora se subordine al Partido Liberal opositor y sus aliados, tan implicados en el saqueo como los colorados, en nombre de una “confluencia” electoral que no cambia nada.

Las consecuencias del colapso de Ueno ya son internacionales. En Argentina, unos 900 empleados bancarios fueron despedidos sin cobrar. Allí, La Izquierda Diario, órgano del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) morenista, ha cubierto extensamente la crisis, solo para avanzar en una orientación sindicalista de presionar a la gerencia y al gobierno colorado existente. “La prioridad es que las empresas en cuestión den explicaciones, liquiden sus pagos y garanticen los derechos de quienes sostuvieron sus operaciones”, concluyen. Es decir, no ofrecen a los trabajadores ningún programa de partido independiente, socialismo ni toma del poder político.

Todas estas tendencias comparten una oposición común a la movilización independiente de la clase trabajadora contra el capitalismo. La clase trabajadora no puede avanzar en sus intereses a través de “mesas de diálogo” y “frentes amplios”, ni esperar a las próximas elecciones parlamentarias. El Estado que robó el dinero es el Estado de la oligarquía. Debe ser derrocado.

La indignación en las calles de Asunción encierra el potencial objetivo de un movimiento independiente de la clase trabajadora. Para realizarlo se necesita un programa y una dirección político.

Las demandas que emanan de la crisis son claras: la restitución íntegra de todos los ahorros y fondos de pensiones; la apertura de los libros de Ueno, del Grupo Vázquez y del Banco Central; la confiscación de los activos de todos quienes se beneficiaron; la nacionalización de los bancos bajo control obrero; y la expropiación de la oligarquía financiera. Estas demandas no pueden satisfacerse dentro del marco del Estado capitalista. Exigen la movilización de la clase trabajadora como fuerza política independiente, organizada en comités de base contra las burocracias sindicales, y la construcción de un partido revolucionario.

La construcción del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en todo el continente es la tarea política central planteada por la crisis. Todo lo demás—el juicio político, los allanamientos, la reconfiguración del gabinete—es la burguesía reordenando las sillas de la cubierta. La clase trabajadora debe construir su propio barco.