El 18 de octubre, un día después de que hasta 800.000 estudiantes y trabajadores marcharan por toda Francia contra el deterioro de las escuelas, los recortes presupuestarios y el aumento del coste de la vida, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un mensaje en X, escrito en francés, instando a la clase dirigente francesa a seguir su ejemplo.

“He oído decir que Francia está acabada, que es demasiado tarde para salvarla”, escribió Bukele. “Pero Francia sigue siendo igual de bella, incluso envidiable”. Su propio gobierno, añadió, “superó en un año un problema cien veces más grave, sin los recursos que tiene Francia. Francia podría hacerlo en una semana”.

Bukele no mencionó el “problema”. El único logro que su gobierno se atribuye es la supresión de la violencia de pandillas mediante un estado de excepción permanente, vigente desde marzo de 2022, que suspende los derechos constitucionales, despliega tropas en el país y mantiene encarceladas a más de 90.000 personas en prisiones famosas por el uso de tortura. Las organizaciones de derechos humanos han documentado entre 458 y 570 muertes bajo custodia estatal.

Aplicada a Francia, esta fórmula implica tratar a cientos de miles de estudiantes de secundaria, profesores y otros trabajadores como miembros de pandillas.

La publicación de Bukele coincidió con el día en que Donald Trump declaró en Truth Social que “¡Francia está ardiendo!” e instó a “¡cerrar las fronteras y tomar el control antes de que sea demasiado tarde!”. Dos días después, describió los acontecimientos en Francia como una “revolución en toda regla” que solo podía contrarrestarse con deportaciones masivas.

El movimiento en Francia, que comenzó a mediados de septiembre en una escuela secundaria del suburbio parisino de Créteil, forma parte de una oleada internacional de movilizaciones de trabajadores y jóvenes. En toda Europa, se han producido protestas masivas contra la austeridad, la desigualdad y la guerra en España, Portugal, Alemania, Italia, Bélgica, Grecia y Albania. En América Latina, huelgas nacionales y marchas multitudinarias han confrontado a los gobiernos de Colombia, México, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile y Costa Rica tan solo en las últimas dos semanas.

La misma crisis capitalista global que recae sobre los hombros de la clase trabajadora está provocando explosiones sociales en todas partes.

Todos los sectores de la élite política latinoamericana se han preparado para este momento adoptando el modelo de Bukele, es decir, normalizando los estados de emergencia, criminalizando a la oposición, desplegando al ejército, construyendo megacárceles y fortaleciendo el aparato represivo.

En Costa Rica, el 20 de octubre, el partido gobernante fascistoide Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó una denuncia penal por sedición e instigación pública contra el exdiputado Ariel Robles por llamar a una protesta estudiantil a acampar frente a la Asamblea Legislativa “como está sucediendo en Francia y España”.

La marcha estudiantil en Costa Rica se produjo después de que el PPSO impusiera un recorte de aproximadamente US$17.6 millones al presupuesto de las universidades públicas para 2027. La Asamblea Legislativa, con los votos del tradicional Partido Liberación Nacional, condenó los “llamamientos a la violencia” de Robles por 42 votos contra 6. La propia denuncia reconoce que Robles publicó su mensaje el día anterior a los enfrentamientos en Francia que se le acusa de llamar a imitar. Lo que se criminaliza realmente es la comparación en sí. Una semana antes, la presidenta Laura Fernández había inaugurado una megacárcel para 5.100 reclusos y agradeció a El Salvador su asistencia técnica.

En Chile, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió el 21 de octubre que “cuando el gasto se descontrola, el orden social también se descontrola”, y que los estados de bienestar ilimitados “acaban como Francia”. El presidente fascistoide José Antonio Kast calificó las protestas del 18 de octubre contra sus propios recortes como un “estallido delictivo” y ordenó la deportación de los detenidos extranjeros.

En Argentina, el presidente Javier Milei respondió a las protestas de París el 18 de octubre republicando su discurso de Davos de 2024, en el que advertía que Occidente estaba siendo conducido al “socialismo”: “¿Reconocerán una vez más que yo tenía razón y ellos estaban muy equivocados?”.

En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella advirtió de “tolerancia cero” ante los bloqueos previos al paro nacional del 14 de octubre contra sus medidas de austeridad y, horas antes de las marchas, firmó un decreto que autorizaba a la policía a intervenir sin intentar primero el diálogo, calificándolo como una medida contra el “terrorismo urbano”. La policía antidisturbios respondió a los manifestantes pacíficos con gases lacrimógenos, balas de goma, vehículos blindados y detenciones en al menos seis ciudades.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nominalmente de izquierda, declaró el 19 de octubre que los subsidios a los combustibles siguen siendo necesarios para evitar un mayor aumento del costo de vida, y añadió: “Miren lo que está sucediendo en varios países del mundo”, en referencia a las protestas en Francia. Las protestas y ocupaciones estudiantiles por la seguridad, el acoso sexual y la corrupción ya han paralizado las clases presenciales en las escuelas preparatorias 1 y 8 de la UNAM en la Ciudad de México, y los estudiantes lideran protestas fuertemente reprimidas por los derechos al agua en Guadalajara. Esto se suma a una creciente rebelión contra la austeridad por parte del personal sanitario del IMSS, que también ha sufrido represión policial.

En Brasil, ni el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ni su rival fascistoide Flávio Bolsonaro han mencionado públicamente las protestas francesas de cara a la segunda vuelta electoral del 25 de octubre. Sin embargo, ambas campañas dan por sentado un mayor fortalecimiento del aparato represivo junto con el “ajuste fiscal”.

Sin duda, las élites gobernantes de toda la región están atormentadas por el recuerdo de cómo el levantamiento estudiantil y la huelga general de mayo-junio de 1968 en Francia contribuyeron a impulsar el levantamiento estudiantil de julio en la Ciudad de México y precedieron al Cordobazo de 1969 en Argentina y a los levantamientos obreros en Bolivia, Chile, Perú y otros países.

El mensaje de Bukele y el de otros líderes regionales iban dirigidos principalmente a sus respectivas clases dirigentes e inversores extranjeros, como garantía de que las medidas adoptadas en nombre de la lucha contra el crimen por todas las facciones del sistema político tienen como objetivo final reprimir un levantamiento obrero y juvenil. Como en la década de 1970, la respuesta del imperialismo y la burguesía es recurrir a un régimen fascista y policial.

Milei lo dejó claro durante un viaje a Washington D.C. el 14 de octubre, instando a los líderes latinoamericanos a seguir el ejemplo de Trump y construir “un verdadero escudo contra el socialismo” para defender “la vida, la libertad y la propiedad”. El lema evoca el Escudo de las Américas, la alianza que Trump lanzó en marzo con aliados regionales, inspirada en la Operación Cóndor, la coalición de dictaduras militares de la década de 1970. Si bien se lanzó ostensiblemente para combatir el “narcoterrorismo”, el verdadero blanco del Escudo ahora está claramente definido como las luchas masivas de la clase trabajadora y la juventud contra la desigualdad social y la explotación capitalista.

Sin embargo, la publicación de Bukele se produjo cuando su propio modelo muestra sus limitaciones. Bajo un programa de préstamos de 1.400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, su gobierno ha despedido a unos 15.000 trabajadores del sector público desde 2024. Entre el 15 y el 17 de octubre, Bukele anunció que 10.629 presos a los que ahora denomina “colaboradores ocasionales” de las bandas podrían ser liberados anticipadamente, y el 20 de octubre su ministro de Seguridad presentó un presupuesto para 2027 que recorta más de 25 millones de dólares de la Policía Nacional Civil y congela el gasto en las cárceles superpobladas.

Este es el viejo dilema de gastar en “armas o mantequilla”, donde los gobiernos latinoamericanos ahora no pueden costear ninguna. Un informe sobre la economía regional publicado por el Banco de España el 20 de octubre, y resumido por El País, constató que la “seguridad” ha desplazado al crecimiento y al desarrollo del centro de las agendas gubernamentales en los últimos cuatro años, incluso mientras esos mismos gobiernos reducían los impuestos a los más ricos. Y lo hacen con cada vez menos margen de maniobra.

La deuda pública se encuentra en máximos históricos, los déficits superan el 5 por ciento del PIB en México y Colombia y alcanzan el 9,4 por ciento en Brasil, y solo los pagos de intereses absorben enormes porciones del PIB. Cada nueva unidad policial y prisión debe financiarse a expensas del gasto social.

En una región tan dependiente del capital extranjero y del mercado mundial, cada nueva crisis global repercutirá en los trabajadores mediante recortes e inflación. Ante la creciente crisis del capitalismo mundial, las élites gobernantes a ambos lados del Atlántico no tienen nada que ofrecer a los trabajadores y a la juventud salvo dictadura, fascismo, guerra y ataques implacables contra los niveles de vida.

La clase trabajadora, que hoy es más numerosa, está más interconectada internacionalmente y es objetivamente más poderosa que nunca, debe construir un movimiento global, con total independencia política de toda facción de la clase dominante y de la burocracia sindical, para derrocar el sistema capitalista de lucro y establecer el socialismo mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23/10/2026)