Las protestas por la vivienda que se extienden por todo Portugal se han convertido en un enfrentamiento político entre un movimiento social cada vez más grande y una clase dirigente decidida a defender los intereses de los propietarios, los desarrolladores inmobiliarios y los inversionistas financieros. Lo que comenzó como una oposición al aumento vertiginoso de los alquileres, los desalojos y la especulación inmobiliaria se ha transformado en una expresión más amplia de la indignación social ante la desigualdad, los bajos salarios y el deterioro de las condiciones de vida.
Las protestas se avivaron tras la presentación, por parte del gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD), de derecha, de una legislación destinada a liberalizar el mercado de alquiler mediante la reducción de las restricciones a los propietarios y a la fijación de rentas, al tiempo que facilitaba los desalojos.
Las protestas de julio se intensificaron hasta convertirse en manifestaciones masivas y campamentos de protesta en Lisboa y Oporto durante octubre y noviembre, a lo que el gobierno de coalición de derecha del primer ministro Luís Montenegro respondió con una represión cada vez mayor, desplegando la unidad especializada en orden público y control de disturbios, el Corpo de Intervenção, para desmantelar los campamentos y desalojar a los manifestantes.

Según Público, siete operaciones policiales contra los campamentos dieron lugar a 99 detenciones y a decenas de heridos. Los manifestantes recibieron impactos de balas de hule, incluso en el rostro, mientras que en imágenes que se difundieron ampliamente se veía a los agentes cargando contra los manifestantes y golpeando a quienes intentaban retirarse.
La magnitud de la crisis de vivienda es inmensa. Entre 2015 y finales de 2025, los precios de las viviendas subieron aproximadamente un 182 por ciento, mientras que los salarios solo aumentaron alrededor de un 48 por ciento, lo que generó una de las brechas más amplias entre los costos de vivienda y el crecimiento de los ingresos en Europa. La vivienda, una necesidad social básica, se ha transformado en un activo financiero cuyo valor se eleva mucho más allá del alcance de quienes dependen de un salario para sobrevivir.
El proyecto de ley de vivienda avanzó en el Parlamento después de que el partido de extrema derecha Chega se abstuviera en una etapa crucial, lo que permitió que la legislación siguiera adelante. Aunque ha buscado sacar provecho de la indignación generalizada por los costos de la vivienda, Chega se ha mostrado abiertamente hostil hacia los campamentos. El líder del partido, André Ventura, condenó un fallo judicial que permitía que los campamentos continuaran, alegando que «socava la autoridad de las fuerzas del orden» y legitima «la violencia y la anarquía». Chega ha pedido una nueva legislación que otorgue a la policía poderes más amplios sobre las manifestaciones públicas.
Más de 200 abogados firmaron una carta pública en la que denunciaban el uso desproporcionado de la fuerza y las acciones ilegales de la policía, y exigían una investigación. Amnistía Internacional acusó a las autoridades de recurrir a «golpes y fuerza excesiva», lo que provocó lesiones y hospitalizaciones.
Tal es la preocupación en los círculos gobernantes de que estallen los antagonismos de clase, que el presidente António José Seguro exigió explicaciones al gobierno sobre las operaciones policiales y convocó al Consejo de Estado, una medida asociada a asuntos de importancia excepcional. Seguro, exsecretario general del Partido Socialista (PS), se desempeñó como líder de la oposición durante los años de austeridad de la Troika (2011-2014), oponiéndose a ciertos aspectos de la austeridad, aunque aceptando el marco impuesto por los acreedores internacionales de Portugal.
La crisis de vivienda es responsabilidad de los sucesivos gobiernos, más que de una sola administración. Los precios de las viviendas comenzaron su fuerte ascenso durante la geringonça, el acuerdo «improvisado» que mantuvo al PS en el poder entre 2015 y 2019 con el apoyo del Bloque de Izquierda (BE), de pseudoizquierda, y del Partido Comunista Portugués (PCP), estalinista.
Hoy en día, el BE y el PCP buscan ocultar este historial mediante su oposición a la ley de vivienda y sus denuncias de violencia policial. Aunque critican las reformas de Montenegro, ambos partidos pasaron años respaldando a los gobiernos del PS con el argumento de que podían garantizar políticas más progresistas. Solo retiraron su apoyo en 2021, cuando el creciente malestar industrial y la oposición a la austeridad hicieron que el acuerdo fuera políticamente insostenible.
Al subordinar la oposición social a las maniobras parlamentarias, estas organizaciones contribuyeron a contener la resistencia de la clase trabajadora mientras se deterioraba el nivel de vida. La desilusión resultante ha impulsado el crecimiento de Chega. Desde las elecciones de mayo de 2025, el apoyo al gobierno liderado por el Partido Socialdemócrata (PSD) ha disminuido drásticamente, mientras que Chega y el PS han ganado terreno y ahora compiten por el primer lugar en las encuestas de opinión.
El papel de los sindicatos es igualmente traicionero. La CGTP, alineada con el PCP, ha vinculado cada vez más los costos de vivienda a la inflación, los bajos salarios y el deterioro de los servicios públicos. Sin embargo, tanto la CGTP como la UGT, alineada con el PS, rechazaron los llamamientos de los activistas por la vivienda para sumarse a la huelga general del 11 de noviembre en la vecina España. Esa huelga surgió del propio movimiento por la vivienda en España y de la creciente indignación por los desalojos, la desigualdad y la caída del nivel de vida. Millones de trabajadores participaron en lo que se convirtió en la primera huelga nacional de España en 14 años, demostrando el potencial de una movilización más amplia de la clase trabajadora europea en torno a demandas sociales comunes.
Las condiciones que impulsan las protestas en Portugal no son únicas. Se han desarrollado crisis de vivienda similares en toda Europa, a medida que los gobiernos priorizan las ganancias corporativas y los preparativos para la guerra por encima de las necesidades sociales. Los costos de la vivienda, el deterioro del nivel de vida y el aumento de la desigualdad están provocando una oposición creciente en un país tras otro.
Al mismo tiempo, los trabajadores de toda Europa se enfrentan al mismo obstáculo: las burocracias sindicales que se esfuerzan por mantener las luchas divididas según las fronteras nacionales. La reciente huelga de un día en España y las próximas en Francia, Italia y Grecia se han organizado por separado, lo que impide el surgimiento de un movimiento unificado capaz de desafiar a los gobiernos y a los patronos a escala continental.
La cuestión decisiva que enfrentan los trabajadores y la juventud es la unificación internacional de estas luchas desde una perspectiva revolucionaria. La defensa de los derechos democráticos, la lucha contra la vivienda inasequible y la oposición a la caída del nivel de vida y a la carrera hacia la guerra requieren la construcción de comités de base en los lugares de trabajo, las escuelas, las universidades y los barrios de clase trabajadora, controlados democráticamente por los propios trabajadores.
Esto exige una ruptura política con las fuerzas que se presentan como de izquierda, pero que subordinan las movilizaciones a las negociaciones parlamentarias y a la continuidad de los gobiernos capitalistas. El World Socialist Web Site y la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) promueven el programa de una lucha europea coordinada contra la guerra y la oligarquía capitalista: la creación de comités de base independientes, la preparación de una huelga general europea y el reemplazo de la Unión Europea por los Estados Socialistas Unidos de Europa.
(Artículo publicado originalmente en inglés 15 de noviembre de 2026)
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