A la cabeza del devastador crecimiento del COVID-19 en América Latina, Brasil ha sobrepasado el millón de casos y las 50.000 muertes según sus cifras oficiales. Ha habido un aumento continuo en los promedios semanales de casos nuevos y muertes diarias desde que se informó del primero contagio en marzo. El viernes pasado se report[o un récord de 55.209 casos en un solo día, y fue el cuarto día consecutivo con más de 1.200 muertos.

A pesar de ello, todo el país ya ha adoptado políticas drásticas para reabrir las actividades económicas, lo que es justificado con afirmaciones infundadas de una "estabilización" de la enfermedad y de los sistemas de atención sanitaria.

Los estragos impactantes causados por el virus son minimizados por parte de las autoridades políticas como "por debajo de las proyecciones más altas", como declaró Patricia Ellen, la secretaria de Desarrollo Económico de São Paulo, el estado más afectado del país, que registró un récord de 434 muertes en un solo día el martes.

Pero por más miedo que den, las cifras oficiales son una enorme subestimación de la realidad, como llevan meses advirtiendo investigadores brasileños y del resto del mundo.

El lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por que en Brasil se subdeclaren los casos, lo que se revela en el alto porcentaje de resultados positivos de tests de COVID-19, de cerca del 31 por ciento en Brasil, mientras que en otros países es generalmente del 17 por ciento.

La cifra oficial de fallecidos también ha sido ampliamente cuestionada. Los investigadores señalan, por un lado, a una explosión en el número de muertes debidas al síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y, por otro lado, a las profundas diferencias entre el número total de muertes debidas a causas naturales en 2019 y 2020, que no corresponden a los números atribuidos al COVID-19. Un informe publicado por Globo el fin de semana pasado informó de que más de 21.000 muertes que se habían registrado como SARS son casos sospechosos de COVID-19.

Desde febrero, el estado de Minas Gerais ha acumulado miles de muertes registradas como SARS y no testeadas para el COVID-19. Basadas en estas cifras falsas, las autoridades decretaron a finales de mayo la reapertura del comercio en la capital de Belo Horizonte. En esa ocasión, el alcalde Alexandre Kalil del Partido Socialdemócrata (PSD) dijo que no es él el que está reabriendo la ciudad, sino "los médicos y la ciencia".

El resultado de esta reapertura irresponsable fue el aumento de la tasa de ocupación de camas de UCI en la ciudad del 40 al 74 por ciento, que el "guardián de la ciencia" Kalil atribuyó al uso chapucero de las mascarillas y al número creciente de parrilladas.

Como Belo Horizonte, muchas otras ciudades brasileñas han registrado una alta ocupación de camas de hospital en las semanas recientes. En grandes ciudades del interior del Estado de São Paulo, los hospitales dedicados al COVID-19 ya han alcanzado la ocupación plena y están rechazando nuevas admisiones; la capital de Río Grande del Norte, Natal, tiene ocupado el 100 por ciento de sus camas para COVID-19; centros de tratamiento para el COVID-19 en Curitiba, la capital de Paraná, y Porto Alegre, la capital de Río Grande del Sur, también han alcanzado el lleno total.

Por otro lado, en otras ciudades y estados, dirigentes políticos han presentado una disminución de la ocupación de las camas de UCI como muestra de que el virus está bajo control. Investigadores y autoridades médicas también se han confrontado a esta afirmación osada.

Según Domingos Alves, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, la disminución de la ocupación ocurre "por el simple hecho de que ha subido el número total de camas disponibles". "Hay gobernadores y alcaldes que están recurriendo a este truco para decir que la situación ha mejorado y para reabrir actividades comerciales, pero cuando te pones a mirar, el número de casos va en aumento", el médico le dijo a la BBC .

Una pesquisa realizada por el "Proyecto UCI" de la Asociación Brasileña de Medicina de Cuidados Intensivos concluyó que la tasa de mortalidad de los pacientes con COVID-19 en unidades del sistema público es del 38,5 por ciento, dos veces la de las unidades del sistema sanitario privado, con el 19,5 por ciento.

Esta diferencia brutal no tiene que ver, según los investigadores, tanto con la diferencia en la infraestructura entre los dos sistemas, como con la severidad de la enfermedad entre pacientes que reciben cuidados intensivos. En el sistema público, el 66,5 por ciento de los pacientes ya entran en la UCI necesitando respiración mecánica, mientras que en el sistema privado este número es el 36,8 por ciento.

La política de reapertura de la economía desprecia completamente la ciencia y sigue un solo criterio: los intereses de la ganancia capitalista. El principal defensor de tales medidas es el presidente fascista de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha estado promocionando una feroz campaña contra cualquier forma de contención del virus, que incluye la difusión de curas falsas como la hidroxicloroquina, mientras anima a terminar las cuarentenas e incluso a la invasión de hospitales por parte de sus seguidores ultraderechistas.

Sin embargo, esta política criminal de reapertura ha sido abrazada por todos los sectores del establishment político brasileño, incluyendo a la supuesta oposición del Partido de los Trabajadores y sus aliados que gobiernan en los Estados del Nordeste.

Un estudio de la Universidad de Oxford publicado este lunes analizaba las medidas adoptadas en ocho de las principales capitales brasileñas —São Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, Manaus y Porto Alegre— y concluía que todas ellas reabrieron sin cumplir los requisitos básicos indicados por la OMS.

Además de la falta generalizada de tests, Brasil no está llevando a cabo ninguna de las medidas de rastreo de contactos, lo que podría permitir el aislamiento del virus. Hablando sobre la situación brasileña, la directora técnica de la OMS, Maria Van Kerkhove, preguntó, "¿Dónde está ocurriendo la transmisión? ¿En las instalaciones sanitarias, en las residencias de ancianos, están relacionadas con acontecimientos específicos? Hay que tener estos pormenores para controlar el virus".

La respuesta a estas preguntas está siendo bloqueada no solo por la incompetencia y la negligencia de los gobiernos, sino por su autosuficiencia en relación con la continuación de actividades ligadas a la transformación de la enfermedad. Como reportó el World Socialist Web Site la semana pasada, la operación de las plantas procesadoras de carne y compañías mineras bajo condiciones insalubres ha causado la contaminación de ciudades enteras.

Se ha informado de nuevos brotes de COVID-19 en muchísimos lugares de trabajo en todo Brasil apenas en los días pasados. Estos casos han recibido, en el mejor de los casos, una atención marginal por parte de los medios y no los presentan como el fenómeno generalizado que claramente han llegado a ser.

La industria cárnica sigue siendo el principal escenario de las nuevas explosiones. El viernes pasado, en una planta de JBS en Caxias do Sul, en Río Grande del Sur, 412 trabajadores dieron positivo del nuevo coronavirus. El sitio ya había sido cerrado a principios de mes por los tribunales, después de la confirmación de más de 20 trabajadores infectados, pero se reabrió a los cuatro días y sigue funcionando actualmente.

A otra procesadora cárnica, en Cabreúva, en la campaña de São Paulo, el Ministerio Público de Trabajo (MPT) le ordenó cerrar la semana pasada después de que los más de 50 trabajadores dieran positivo y las investigaciones revelaran condiciones de trabajo extremadamente arriesgadas, tales como falta de ventilación y espacios hacinados. Pero la planta siguió operando con empleados infectados hasta que los trabajadores celebraron una protesta el lunes, que la obligó a cerrar.

También se informó de nuevos brotes en sucursales del banco Bradesco en todo el país. En Feira de Santana, Bahia, el MPT ordenó el cierre de las sucursales del banco, afirmando que la patronal mantuvo a empleados con síntomas de COVID-19 en el trabajo durante días, e incluso después de que cinco de ellos dieran positivo, se negó a adoptar las recomendaciones mínimas e impidió la inspección de sus instalaciones.

El viernes pasado se informó de una explosión de casos de coronavirus en una unidad de Petrobras en Bahia. Según Correio 24 Horas, hay más de 200 trabajadores infectados en la refinería Landulpho Alves, la mayoría trabajadores subcontratados. Uno de ellos, el operador de perforadora de 36 años de edad Johnny Mafort, murió a mediados de abril.

Brotes en varias refinerías y plataformas de Petrobras están siendo encubiertos a propósito. Con la excusa de la confidencialidad médica, no se revela el número de trabajadores muertos por COVID-19. Desde mayo, los boletines de la empresa ya no publican la tasa de infección entre los trabajadores subcontratados, lo que excluye de sus informes a dos tercios de los trabajadores. No obstante, la cantidad de casos confirmados hasta el 15 de junio sobrepasa los 1.300.

La semana pasada, Estadão informó de que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) alertó a la administración de Bolsonaro de la difusión acelerada del COVID-19 entre los trabajadores de Petrobras desde mayo. Una de las principales preocupaciones presentadas por Abin fue que los trabajadores reaccionarán yendo a la huelga.

Las huelgas y protestas en los lugares de trabajo son la oposición más poderosa a las políticas anticientíficas que permiten que el coronavirus se extienda libremente. Diferentes sectores de la clase trabajadora brasileña encuentran esta respuesta cada vez más atractiva. Profesionales de la salud están llevando a cabo huelgas contra las condiciones insalubres esta semana en Piauí y Espírito Santo y también trabajadores del metro en Minas Gerais.

En Brasil el movimiento está directamente conectado con la oposición creciente de los trabajadores de todo el mundo a las políticas mortales aplicadas por el capitalismo, y es fortalecido por esta. En los días pasados, el WSWS ha informado de huelgas por parte de los trabajadores automotores de México y trabajadores postales en Inglaterra, en respuesta a la contaminación de sus lugares de trabajo.

La pandemia es un problema global y solo se lo puede superar mediante la colaboración entre todos los países. Mientras los capitalistas defienden sus "intereses estratégicos" nacionales que impiden la lucha efectiva contra el virus, la clase trabajadora global está defendiendo los intereses comunes que trascienden las fronteras. La unificación global de las luchas obreras en torno al programa del derrocamiento del sistema capitalista y la implementación de políticas socialistas surge como la única manera de derrotar la pandemia y asegurar el futuro de la humanidad.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de junio de 2020)